MUQUI PROPONE: Cómo podemos hacer que funcionen los mecanismos de diálogo

Mar 10, 2018

Crear un Sistema nacional de prevención y atención de conflictos sociales a nivel local, regional y nacional donde el primer estadio de atención sea la municipalidad distrital, que debe contar con una instancia de prevención y atención de conflictos sociales, con funciones claras y definidas, con profesionales capacitados y que cuente con el presupuesto necesario para dicha labor.

Que las instituciones del Estado asuman como prioridad impulsar los procesos de diálogo de manera transversal, como política de Estado aplicable a toda decisión o normativa, para lo cual debe existir un marco legal que lo respalde. Asimismo se debe asegurar un nivel de institucionalidad que lleve adelante el sistema, con mecanismos administrativos que confluyan y sean parte de un sistema nacional, tal como lo hemos propuesto.

Que Estado recupere su rol garante de derechos, priorizando su defensa por encima de los intereses económicos, lo que debe ser una premisa que guíe el establecimiento de marcos normativos, políticas públicas y decisiones administrativas.

Que las entidades del Estado brinden la información necesaria y oportuna, y se otorgue el debido asesoramiento técnico y legal independiente, condiciones mínimas para que las comunidades y poblaciones, puedan tomar decisiones informadas y adecuadas, haciendo respetar sus derechos colectivos e individuales.

La representación de la población en los procesos de diálogo debe ser equitativa, debiendo garantizarse la presencia de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes, mujeres, y pueblos indígenas.

El derecho a la consulta previa debe ser entendido como un proceso a través de las diversas etapas del proceso minero, y por ello debe ser aplicado desde incluso el momento en que se solicita el petitorio de una concesión minera, la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o Estudio de Impacto Ambiental (EIA) semi detallado para las actividades de exploración, la aprobación de DIA o EIA semi detallado o detallado para actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, labor general, transporte minero y otras, en la aprobación de actualización de EIA y en el plan de cierre de minas y de pasivos ambientales.

Se requiere que los procesos de consulta previa de los pueblos indígenas cumplan con una duración adecuada, que permita que las etapas de publicidad, informativa y la de evaluación interna, brinden el tiempo para una debida revisión, y la necesaria asesoría técnica de parte de la población, para que con la información suficiente y comprensible, permita equiparar las asimetrías, con el fin de tomar la decisión más idónea.

Debe respetarse los espacios de decisión política de las comunidades nativas y campesinas, respetando sus derechos colectivos como se establece en el convenio 169 de la OIT.

Modificado por última vez en Sábado, 10 Marzo 2018 16:05
  1. Últimas Noticias