Presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, participó en protestas contra Tía María en el año 2011

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Era el 30 de marzo de 2011. Aquel día se había dado a conocer, por canales extraoficiales, el resultado de la evaluación que hiciera la UNOPS (organismo técnico de evaluación de proyectos de las Naciones Unidas)  al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, en el que se consignaron más de 300 recomendaciones y 138 observaciones.

El gobierno de Alan García Pérez y su Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, se habían empeñado, desde hacía meses, en defender el EIA, que “había pasado por todas las revisiones pertinentes” y cumplía todos los requisitos de la legislación peruana, según decía ardorosamente el propio ministro. Ante las protestas y claras omisiones del Estudio, en noviembre de 2010, accedió a su revisión por UNOPS; pero cuando el informe estaba a punto de culminarse, con graves observaciones, el gobierno rompió unilaterlamente el contrato argumentando problemas presupuestales e intentó evitar que se hiciera público. (ver investigación de IDL reporteros aquí El escándalo de la Unops, el ministro y Tía María)

Finalmente UNOPS hizo público el estudio el 30 de marzo, “colgándolo” en Internet a pesar de que el gobierno peruano no le había cancelado sus servicios. Esto ocurrió en pleno paro indefinido decretado por el Frente de Denfensa del Valle de Tambo, que había iniciado el 24 de marzo. El gobierno -idem que el actual- había enviado al Ejército a apaciguar la protesta, en plena efervescencia.

Ana María Solórzano, quien era la candidata número 1 del nacionalismo en Arequipa, participó activamente en esa protesta. Aquí la vemos en una marcha, junto al hoy alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, quien en días pasados le envió un mensaje a Ollanta Humala, irreproducible por su obcenidad, pero al parecer, muy sentido.

Pocos días antes, el entonces candidato presidencial, Ollanta Humala, había estado en Cocachacra, alentando la protesta y prometiendo defender sus pedidos y hacerlos respetar, frente a la imposición del gobierno central. “Hasta en esto se ve que el gobierno central favorece a los grandes grupos económicos, antes de escuchar al pueblo… la voz del pueblo es la voz de Dios y se hará respetar…el presidente de la República, tendrá que venir aquí personalmente y no mentir, y si miente, tendrá que ser vacado”.

Como no podía ser de otra manera, tras el ingreso del Ejército, pocos días despues, el lunes 3 de abril se produjo la primera muerte como consecuencia del enfrentamiento de la población con las fuerzas del orden. La Defensoría del Pueblo intervino intentando buscar una tregua, pero no lo consiguió: el jueves 7 de abril se produjeron dos muertes más, enlutando a humildes familias campesinas del lugar. Los tiros nunca alcanzaron a los revoltosos, radicales, antimineros y proterroristas que, según el gobierno, eran los que impulsaban la protesta.

Solo después de estas muertes y ante la aplastante evidencia del estudio de Unops, el gobierno finalmente cedió y suspendió el proyecto.

Tras los problemas en la provincia arequipeña de Islay, que dejaron cuatro muertos, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró ayer “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, dirigido por la Southern Copper Corporation.

“Hemos anunciado la emisión de una resolución directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa debe abstenerse de ejecutar cualquieractividad minera en la zona”, declaró el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, tras una reunión con dirigentes de los manifestantes y autoridades arequipeñas.

Agregó que también se ha dispuesto que Southern inicie el retiro de equipos, maquinaria e insumos que ya había llevado al lugar del proyecto.

Sánchez recordó que una de las medidas que planteó el MEM para resolver la problemática sobre este caso fue que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la que evalúe la viabilidad del EIA, pero la empresa no levantó las observaciones de esta entidad, lo cual deriva en la nulidad del proyecto.

Cuando ingresó el gobierno de Ollanta Humala, hubo un significativo cambio. En su interpretación, el proyecto no estaba suspendido, sino solo tenía el EIA anulado. Acordó con la empresa que admitirían la presentación de un nuevo EIA y podía seguir con el proyecto. Así, Southern inició una nueva estrategia de aproximación a ciertos sectores de la población y mandó elaborar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que presentó en 2014, siendo aprobado 3 meses después.

Cuatro años después de aquella marcha, Ana María Solórzano volvió a participar activamente en un nuevo conflicto alrededor del proyecto Tía María, pero esta vez lo hizo desde el otro lado del mostrador. Vino junto a una delegación de congresistas, ministros y alcaldes a intentar “persuadir” a los opositores de que, ésta vez, el EIA es perfecto, que no es necesaria la revisión de Unops, que es necesario deponer la protesta y que los opositores son solo “radicales antimineros”.

Fuente: El Buho
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