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Walter Pereda, director de la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) consideró que los reportes de las OVMAS pueden completar y aportar a la labor que realizan los organismos de gestión ambiental del Estado, y sobre todo, reforzar la participación ciudadana.

En otra parte de la sesión ordinaria de la comisión de Pueblos del Congreso, también participaron algunos líderes de comunidades indígenas en cuyas comunidades se ha llevado a cabo la experiencia de las OVMAS. Aquilio Marcelo, Jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU, cuestionó como es que las acciones de monitoreo ambiental a cargo del Estado dependen mucho de lo que las empresas permiten en la zona.

Para, Ruth Buendia, dirigente de la Central Asháninka del río Ene, incorporar una ley de monitoreo y vigilancia ambiental social, no solo implicaría reducir los impacto en el ambiente y en la cultura indígena, sino también en los derechos humanos.

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