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<p  style="   margin: 12px auto 6px auto;   font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif;   font-style: normal;   font-variant: normal;   font-weight: normal;   font-size: 14px;   line-height: normal;   font-size-adjust: none;   font-stretch: normal;   -x-system-font: none;   display: block;"   ><a title="View Agenda Muqui 2018 - 2021 on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/396106674/Agenda-Muqui-2018-2021#from_embed"  style="text-decoration: underline;">Agenda Muqui 2018 - 2021</a> by <a title="View prensamuqui's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/257337199/prensamuqui#from_embed"  style="text-decoration: underline;">prensamuqui</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Agenda Muqui 2018 - 2021" src="https://www.scribd.com/embeds/396106674/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true&access_key=key-WsZL2L4naTPlwnPF3sbm" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.7069913589945012" scrolling="no" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones de 11 regiones de nuestro país, saluda y reconoce el avance en la reciente publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Mediante nuestro Pronunciamiento: En Defensa del Protocolo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, aclaramos, frente al discurso interesado del Fujimorismo junto a otros sectores políticos y grupos empresariales que quieren tergiversar el alcance del Protocolo señalando que sería un instrumento para la defensa de terroristas y que otorgaría privilegios a determinados grupos; que la norma señala qué a quiénes alcanza la definición de las personas defensoras de derechos humanos son aquellas “personas naturales que actúan de manera individual o como integrantes de un grupo, organización, institución pública o movimiento social, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad es la promoción, protección, o defensa de los derechos humanos, dentro del marco del derecho nacional e internacional”.

Desde la Red Muqui, como señalamos en el Pronunciamiento, “sentimos un gran avance, al ver recogidos en dicha definición a las y los dirigentes sociales de comunidades campesinas y nativas, pueblos originarios o indígenas, y de frentes locales y otras articulaciones representativas de poblaciones, que en la mayor parte de los casos, sufren de persecución y criminalización de su protesta pacífica, ante la pasividad de un Estado que no cumple con los acuerdos suscritos en los procesos de diálogo, o que impone decisiones sin mecanismos de consulta y participación adecuada, que sólo sirven como meros trámites o “requisitos” que cumplir para que en el caso de la minería los proyectos se lleven adelante.” Según cifras de la CNDDHH desde el año 2011 al menos 122 personas defensoras fueron asesinadas.

Asimismo, recalcamos mediante nuestro comunicado “que la política de los gobiernos en los últimos 25 años ha buscado abordar los conflictos socio ambientales con estados de emergencia “preventivos”, convenios de la Policía Nacional con las empresas mineras para posibilitar la “represión” de las protestas sociales, criminalización de la protesta creando nuevos delitos en el Código Penal, aplicando figuras delictivas como la “asociación ilícita para delinquir” y el “crimen organizado” en casos como los proyectos “Tía María” en Arequipa y en el propio “Las Bambas”, impulsando la aplicación del delito de terrorismo en casos como el del Proyecto “Río Blanco” en Piura.”

Quiénes también se han pronunciado, es el organismo internacional: Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos”, que destacan “que lejos de otorgar privilegios, lo que hace el protocolo es cumplir una obligación internacional del Estado y romper la excepcionalidad peruana que situaba al país como uno de los pocos que no tenía ningún elemento de política pública sobre personas defensoras en un contexto regional en el que numerosos Estados ya están avanzando en esta dirección.”

La defensa del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos se da en un contexto en el que la nueva presidenta de la CONFIEP señala que no hay más consenso al que llegar en Arequipa para que el proyecto minero Tía María se implemente de una vez, cuando hay población en contra; o que el gobierno no debe ceder ante las comunidades en las Bambas que exigen la modificación de las normas que posibilitan la criminalización de la protesta, que ha desencadenado que a la actualidad hayan más de 500 comuneros enjuiciados según lo relatado por los dirigentes de las comunidades de Cotabambas.

Finalmente, la Red Muqui rechaza que sectores del fujimorismo hayan amenazado con llamar al ministro de Justicia para una posible interpelación por impulsar este instrumento desde el Estado, que por fin cumple con compromisos asumidos ante las normativas internacionales de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Normas y políticas públicas que afectan derechos fundamentales, colectivos y ambientales 2016 - 2018

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