Elementos filtrados por fecha: Martes, 02 Octubre 2018

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el día de ayer, 1 de octubre, denuncias de mineros de Perú, que sufren enfermedades porque su organismo tiene una concentración de metales pesados por encima de los estándares normales debido a su trabajo. A la fecha no han recibido respuestas de parte de las empresas: Antamina y Yanacocha donde trabajaron.

Dos mineros, Saúl Alejandro Juárez Flores y Alán Richard Herrera, testificaron hoy durante el 169 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en la Universidad de Colorado, en Boulder.

Juárez Flores aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos. que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

"Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes", expresó Juárez Flores.

El hombre, de 53 años, comenzó a trabajar para la Minera Antamina en 1999 y fue despedido en 2011 después de que le diagnosticaran el cáncer.

Junto a él, se sentó Alán Richard Herrera, de 44 años y que trabajó para la Minera Yanacocha entre 1998 y 2012.

En declaraciones a Efe, Richard Herrera dijo sentirse en una "ruleta rusa", porque su cuerpo tiene concentraciones de mercurio, arsénico y talio por encima de los niveles normales y no sabe qué consecuencias tendrá para su salud o la de sus hijos.

El minero tiene tres hijosy uno de ellos, de 12 años, tuvo problemas de caída de cabello cuando era más pequeño.

Durante la audiencia, los representantes del Estado peruano aseguraron que el Gobierno y en concreto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tienen en marcha mecanismos y regulaciones para atender los problemas que puedan derivarse de la inversión minera, que ocupa un importante lugar en la economía peruana.

De hecho, de enero a mayo del 2018, las inversiones mineras ascendieron a 1.569 millones de dólares, lo que supone un incremento del 34,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Informe Audiencia CIDH Salu... by on Scribd

Publicado en Minería

Se usa la fuerza policial contra población civil en zonas de conflicto socio ambientales y existen convenios que entre la policía nacional peruana y empresas mineras, así lo sustentaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos. La Audiencia se realizó este lunes 1 de octubre en EE.UU. La Comisión Interamericana cuestionó estos convenios y fue enfática al señalar el conflicto de intereses en estas acciones.

Organizaciones como la Red Muqui, Derechos Humanos sin Fronteras, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); GRUFIDES presentaron información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el uso irregular de las fuerzas policiales en el Perú con el fin de proteger los intereses de empresas privadas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales.

En el documento de solicitud de la audiencia se afirma que “dicho patrón viene consolidándose en desmedro de los derechos fundamentales de personas y comunidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos de inversión”. Un ejemplo claro de ello, sería el uso de fuerzas policiales para desalojo de pobladores en Las Bambas, donde las organizaciones han reportado varios atropellos y violencia hacia poblaciones vulnerables.

Existen 23 convenios entre la policía y empresas extractivas, así lo reconoció el Procurador del Estado peruano, Carlos Reaño Balazero Afirmó a la Comisión Interamericana que se establece convenios con empresas mineras dentro de un marco normativo, respetando a los derechos humanos. También, aseveró que el Ministerio del Interior (MININTER) por resolución aprueba los convenios y que no hay relación de subrogación de los policías a las empresas, el pago se realiza al MININTER. “Esta actividad no limita cumplir con sus funciones a la policía”, aseguró. Sin embargo, las organizaciones sociales mostraron en su informe que la realidad es otra.

Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, declaró que en el Sur del Perú, en la zona del Corredor minero entre Cusco y Apurímac existe uso de la fuerza indebida. Así, hasta el día de hoy esta zona de encuentra en Estado de Emergencia, anulando derechos fundamentales como la libertad de reunión. También afirmó que existe una persecución sistemática hacia líderes sociales, dirigentes y organizaciones de derechos humanos en la zona.

Por su parte, el Comisionado de CIDH, Joel Hernández, aseveró que “no queda claro el contenido del convenio. En que consiste la obligación a cargo de la policía nacional, cuál es la retribución que recibe la policía nacional por brindar ese servicio”. Fue enfático al señalar que “en otros países hay asociaciones de derecho privado y no se entra en conflicto de tener que distraer a la policía nacional de sus tareas”. Aseguró que en la práctica, quien dirige es la empresa privada.

El representante del Estado peruano respondió que el objetivo del convenio es mejorar los servicios en la zona de influencia del proyecto minero, para preservar el orden interno, orden público y seguridad ciudadana y pidió disculpas por los fallecidos durante los conflictos sociales. Sin embargo, ratificó que el uso de la fuerza se hace dentro del marco constitucional.

En el informe presentado ante la Comisión, las organizaciones sustentaron la desnaturalización de la función constitucional y de la actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y, el pago irregular de dinero por parte de empresas mineras a la Policía Nacional por servicios de seguridad privada, así como la ausencia de fiscalización y control, por parte del Ministerio Público, de los convenios firmados entre tales empresas y el Ministerio del Interior.

El caso del sur andino peruano (Regiones del Cusco y Apurímac), el informe presentando ante la Corte, demuestra el patrón en torno a los pagos irregulares que empresas mineras han realizado a la Policía Nacional del Perú. Así entre los años 2010 al 2014 la retribución económica de las que fueron beneficiarias las fuerzas policiales por parte de las empresas mineras Quechua, Las Bambas, Hudbay y Tintaya fluctúa entre montos muy semejantes; además se debe precisar que en el caso de la minera las Bambas y Hudbay la retribución económica se extendía a los oficiales superiores que se encontraban a cargo del convenio; entiéndase a éstos como los que firmaban el convenio o se les designaba alguna labor respecto al convenio sin que se encuentre en el destacamento minero

Los montos que los convenios contemplan pueden verse en el siguiente cuadro:

Minera Quechua Minera Las Bambas Minera Hudbay Minera Tintaya
Jefe de destacamento 100.00 soles por día 110.00 soles por día 110.00 soles por día 110.00 soles por día
Efectivo policial 80.00 soles por día 100.00 soles por día 100.00 soles por día 100.00 soles por día
Oficiales superiores supervisores del convenio o a cargo el convenio -- 110.00 soles por día 110.00 soles por día --

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de de Red Muqui, afirma que estos convenios y pagos irregulares que se dan entre la Policía y las empresas vulneran la Convención interamericana de Derechos Humanos, más allá de que en el Perú sean legales. Así nada garantiza la protección de  los derechos de  las personas en zonas de conflictos sociales. Comisionado de CIDH, Joel Hernández, finalmente, hizo mención que a pesar de que la policía actué en tiempo libre, como señaló el procurador se trata de agentes del estado que representan al país, y se sujetan a normas del país e internacionales.

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