Elementos filtrados por fecha: Jueves, 04 Octubre 2018

Esta semana se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en EE.UU. un informe donde se señala la “Grave situación de la salud de los trabajadores mineros en Perú y responsabilidad del Estado y las empresas”. Estuvieron presentes para dar su testimonio, dos ex trabajadores mineros: Saúl Juárez y Richard Herrera Gálvez, ambos con serios problemas de salud. El Estado por su parte afirmó que no tiene la información suficiente respecto a este tema.

Las organizaciones que sustentaron el documento ante la CIDH fueron la Red Muqui - Perú, Instituto Natura – Chimbote, Perú y el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible- GRUFIDES – Cajamarca, Perú. La abogada Mirtha Vásquez quien expresó su preocupación por la situación de salud de trabajadores y poblaciones expuestas a metales tóxicos en zonas de minería. “Detectamos que vacíos e insuficiente regulación, incluso el Estado ha flexibilizado normas ambientales para beneficiar a empresas y esto ha generado que se incremente el riesgo en la salud de las poblaciones”, afirmó.

Agregó que “se tiene conocimiento de varios casos, por ejemplo, en La oroya donde se ha detectado que el 99% delos niños tiene plomo en la sangre. También en una situación similar se encuentran los poblados de Simón bolívar en Pasco. Otra población afectada es la de Hualgalloc en Cajamarca y el caso emblemático de Choropampa donde ocurrió un derrame de mercurio que afectó gravemente la salud de la personas”.

Alan Richard Herrera Gálvez, ex trabajador de Minera Yanacocha, afirmó que laboró de 1998 hasta fines del 2012, durante el tiempo que trabajó tuvo problemas de alergias, luego, presentó   una ginecomastia. En los exámenes que la empresa le realizaba no se registraban mayores problemas. “Sin embargo, mi persona presenta altos niveles de mercurio, bario y arsénico” en el organismo y añadió que ello fue a causa de la exposición en el desempeño de sus labores.

Juárez Flores, ex trabajador de Antamina, aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos, que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

"Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes", expresó Juárez Flores.

Por su parte, Guillermo Martínez, director del Instituto Natura en Áncash, aseveró que se demanda al Estado, la atención inmediata a la problemática de salud. También, que se trabaje una normativa que coloque los derechos de las personas por sobre un interés económico. El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke sostuvo ante la CIDH: “ Consideramos que el Estado debe asumir un rol fiscalizador y garante de derechos humanos. Debe apostar por un desarrollo que sea sostenible y respetuoso de la vida y la salud, no solo los trabajadores mineros porque los trabajadores viven con sus familias en las zonas donde hay actividad minera. Hay personas que están afectadas directamente por las actividades mineras”.

El procurador del Estado lamentó la situación de salud de los trabajadores presentes y aseguró que el Estado , tiene entidades encargadas de supervisión de la seguridad y la salud en el trabajo. Afirmó que tiene un sistema de reglamentación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo y leyes que “aseguran un dialogo social”. Afirmó que se están generando instrumentos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El comisionado cuestionó si existen investigaciones en curso y ya con resultados sobre la problemática de salud, trabajadores mineros y poblaciones afectadas Y qué mecanismos de remediación existen en materia salud para los trabajadores. Las organizaciones sociales, por su parte, señalaron en su informe que se debería “ Establecer normativa y políticas públicas de prevención y protección de la salud, que exijan a las empresas mineras asumir y brindar una atención primaria, prioritaria y especializada a todos sus trabajadores afectados por los impactos generados por la actividad minera durante su época laboral activa como posterior, y también a sus familias y personas en general, afectadas por la exposición crónica a metales tóxicos”. También suscriben que el Estado sebe “asumir un rol supervisor, fiscalizador y garante de un desarrollo sostenible que permita el goce de un ambiente equilibrado en respeto a la vida y la salud humana de los trabajadores mineros, sus familias y las personas que habitan en entornos mineros”.

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Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente, el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

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