Elementos filtrados por fecha: Lunes, 12 Noviembre 2018

Con más de 300 activistas, especialistas e investigadores de todas las partes del mundo se dio inicio, el día de hoy, lunes 12 de noviembre, en Johannesburgo – Sudáfrica, al Foro mundial que tiene como objetivo principal la construcción de una plataforma política común y global que pueda consolidar la resistencia y adelantar alternativas al modelo económico dominante.

Durante las últimas décadas, hemos constatado una intensificación del extractivismo, un modelo destructivo basado en el abuso de los denominados “recursos naturales”, del que la minería es un caso ejemplar. En nombre del progreso y del desarrollo, este modelo ha tenido efectos devastadores y degradantes. Ha conllevado la sobre explotación de la clase trabajadora, la desposesión sistemática de comunidades, la intensificación de las condiciones detrás del calentamiento global y la injusticia climática. Se impone así en las economías locales una lógica de acumulación que sólo beneficia a las transnacionales – los nuevos dirigentes mundiales. Mujeres, clase asalariada, trabajadores sin tierra y poblaciones campesinas resisten y luchan por otro mundo; señala el texto de inicio del Programa del Foro.

“Para los organizadores del “Foro Social Temático sobre Minería y Extrativismo”, a medida que la crisis ecológica se profundiza y dado el impacto destructivo del extractivismo, muchas veces es difícil decirle a la gente “no debemos extraer” cuando es la única manera que ven para salir de la pobreza; muchas personas dicen: “es nuestro turno de desarrollar y progresar”. Pero, felizmente muchas comunidades, personas y sus movimientos están encontrando diferentes formas alternativas de luchar contra la pobreza y de salir adelante sin perjudicar los ríos, el medio ambiente, la naturaleza y sus culturas”. (fuente: Foro Social Temático sobre Minería y Extrativismo)

Este Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista aspira a consolidar un amplio movimiento de resistencia, imponiendo el control social sobre las actividades extractivas. Aspira también a lanzar una Campaña por el “Derecho a Decir NO” frente a proyectos que conlleven degradación social y medioambiental.

El encuentro finalizará con la elaboración de un documento con lineamientos alternativos hacia una transición lejos del capitalismo extractivista, que se presentará para su adopción a los organismos internacionales pertinentes. Asimismo, como Red Muqui estamos participando con la mesa: El diálogo como un instrumento transformador.

 

Programa general del Foro:

 

Debates estratégicos claves

  1. Nuevo mapa geopolítico y los retos del cambio climático – bajo consideración de los nuevos marcos propuestos (Objetivos de desarrollo sostenible, Energía verde, Economía azul, Iniciativas del Banco Mundial, etc.)
  2. Conexión entre las grandes empresas y sus alianzas con el gobierno – tomando en cuenta las regulaciones, legislación fiscal, derechos humanos
  3. Cómo unir las luchas en común desde abajo
  4. ¿El trabajo y la comunidad tienen interés en común?
  5. La conexión entre economía extractiva y asistencial

Ejes temáticos claves

  1. Ecofeminismo y extractivismo
  2. La campaña del derecho de decir no
  3. Comunidades afectadas por ciertas compañías (Valé SA, Glencore, Anglo Ashanti, etc.)
  4. Solidaridad con las comunidades y las víctimas afectadas por desastres y masacres por empresas mineras
  5. Criminalización de defensores de derechos humanos y líderes o miembros de comunidades que trabajan en problemas del extractivismo
  6. Minería artesanal vs minería a gran escala: ¡qué se hace?
  7. Casos exitosos de comunidades en su lucha
  8. Qué se debe proponer para procesos transitorios
  9. Financiarización de las actividades extractivistas
  10. Trabajo, salud y seguridad, transición justa
  11. Justicia energética
  12. Derechos de la naturaleza y luchas sociales
  13. Trabajo vs intereses comunitarios
  14. Liderazgo tradicional – una herramienta de progreso o un instrumento de represión o de formación de clases

Objetivos del foro temático

  1. Consolidación de una red de organizaciones de base comunitaria, movimientos sociales, ecológicos y de trabajadores, de ONGs, de académicos trabajando en alternativas a minería y extractivismo
  2. Desarollando perspectivas hacia el camino de una transición justa a nivel local y global
  3. Crear un diálogo entre trabajo y comunidades afectadas por la minería y extractivismo
  4. Consolidar campañas comunes contra mineras claves con el marco del Derecho de decir No y reafirmando campañas existentes como el acuerdo de la ONU legalmente obligatorio referente a Corporaciones transnacionales y derechos humanos; implementación del acuerdo climático de Paris; Pacto Mundial sobre los Refugiados
Publicado en Minería

Desde el 30 de octubre las y los comuneros de Alto Huancané en Espinar – Cusco – se encuentran en estado de protesta frente a las instalaciones de la empresa minera Glencore Antapaccay. Exigen un nuevo acuerdo de Convivencia responsable en el cual se respeten los derechos colectivos y se mitiguen las afectaciones producidas por las actividades mineras.

En el comunicado publicado en el facebook de la la comunidad, se exige que se inicie un diálogo en un marco de buena fe y cordialidad este martes 13 de noviembre, reunión convocada por la Subprefectura de Espinar, para la atención de la problemática socioambiental. Además, las y los comuneros reclaman que se han presentado una serie de acciones en las que la empresa minera buscaría dividir a la comunidad y acallar los reclamos de la población local. La comunidad denuncia la entrega de granos y semillas sin autorización alguna para influir en la opinión y reclamos de la comunidad.

Se exige a las autoridades correspondientes garantizar un proceso de diálogo pacífico y con tranquilidad, así como se solicita que la empresa deje sus intenciones de dividir e influir a la comunidad a través de dadivas u otras acciones y que se respete sus derechos.

 

Pronunciamiento de la Comunidad Alto Huancané:

Ante el inicio del diálogo con la Compañía Minera Antapacay SAC – Glencore, la Comunidad Originaria de Alto Huancané se dirige a la opinión pública en general para manifestar lo siguiente:
1.- El pasado viernes 09 de noviembre del 2018, nuestra comunidad y la Compañía Minera Antapacay SAC – Glencore, nos comprometimos a iniciar este martes 13, desde las 09:00 am, un proceso de diálogo en el que hemos exigido que se desarrolle en el marco de la buena fe de ambas partes. Desde la Comunidad reiteramos que apostamos por la vía del diálogo como el principal camino para la atención de la problemática socio ambiental generada por los más de 60 años de explotación minera en nuestras tierras, por ello ratificamos nuestra asistencia a la reunión convocada por la Subprefectura de Espinar.
2.- Pese a nuestro pedido que este diálogo se desarrolle en un marco de buena fe y cordialidad en los últimos días hemos sido informados que la empresa ha puesto e marcha una serie de acciones con las que se busca dividir acallar los justos reclamos de nuestros hermanos comuneros. Denunciamos públicamente que sin autorización alguna, la empresa ha ingresado a varios sectores de nuestra comunidad para hacer entrega de granos y semillas, con el único fin de cambiar la voluntad de quienes reclamamos atención a los problemas generados por la explotación minera.
3.- Frente a esta situación, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a fin de garantizar que este proceso de diálogo se desarrolle en un ambiente de calma y tranquilidad, por lo solicitamos que la empresa cese en sus intenciones de dividir a nuestra comunidad a cambio de dadivas y otras acciones que lo único que demuestran es que no tiene ninguna intención de atender la problemática, como lo ha venido haciendo desde hace años atrás.
Finalmente reiterar que estamos dispuestos a establecer los canales de diálogos necesarios para la atención de nuestras demandas, pero también con la misma fuerza y firmeza estaremos preparados para tomar las medidas necesarias a fin de que se escuche nuestra voz y se respete nuestros derechos.
Alto Huancané, 12 de noviembre de 2018

 

Publicado en Comunidades

Por César Reyna Ugarriza  - abogado y consultor en temas sociales y asesor en procesos de negociación de convenios entre comunidades y empresas

La participación del Estado en los conflictos[1] se ha caracterizado por la falta de herramientas idóneas, enfoques adecuados y capacitación pertinente de sus funcionarios. Si bien el Estado fue creado para ser garante de derechos fundamentales, este no ha llegado a cumplir esta función a cabalidad. En los últimos años afronta el dilema de proteger derechos humanos y el medioambiente[2] y el de promover inversiones en el sector extractivo para el aprovechamiento de recursos naturales. El Estado se debate entre estos dos extremos, aparentemente irreconciliables, pero no lo son tanto si actuara objetivamente.

La presencia del Estado se hace efectiva a través de las actuaciones de ministerios, gobiernos regionales, provinciales y locales, y distintos organismos públicos descentralizados. En muchos casos ha asumido el papel de parte interesada (actor principal con la empresa extractiva y comunidad), mediador o facilitador del diálogo (siempre que las otras partes lo soliciten o estén de acuerdo), observador, supervisor y garante del proceso (en el caso de Defensoría del Pueblo). Dado que el Estado representa la manifestación del poder político en la negociación, debe poner en una balanza los legítimos intereses de las partes, configurando lo que en este trabajo denominamos “el dilema del Estado”, que exige una actuación imparcial, oportuna y predecible de este al momento de ponderar derechos e intereses.

 

El dilema del Estado

 

El Estado, principalmente a través del Gobierno Central, debe velar por los derechos de los pueblos indígenas y originarios (comunidades campesinas y nativas), ronderos y pobladores rurales en general, así como por la protección y conservación del medioambiente; pero también debe promover y proteger las inversiones privadas destinadas a la explotación de recursos naturales. A esta doble obligación la hemos llamado “el dilema del Estado”, pues debe colocar sobre una balanza –abstracta o imaginaria- la obligación de proteger los derechos fundamentales de las poblaciones vulnerables (impactadas por actividades extractivas) y el cuidado del medioambiente, y ofrecer además garantías e incentivos a los inversionistas privados en la ejecución de actividades extractivas.

El papel de protector de derechos humanos y del ambiente, y de promotor de inversiones, la libertad de hacer empresa y el respeto a la propiedad privada solo puede realizarse si la extracción de recursos naturales se hace de manera sostenible y responsable, es decir, por medio del cumplimento de adecuados estándares de supervisión y fiscalización. Entonces, la viabilidad de las inversiones en el sector minero, petrolero y energía, e infraestructura pública de gran envergadura depende, en gran medida, de la armonización gubernamental de los derechos e intereses y la sostenibilidad social y ambiental por parte de las empresas en las zonas donde operan.

Iván Mendoza, responsable de la antigua Unidad de Investigación y Análisis de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS, hoy Secretaría de Gestión Social y Diálogo, también adscrita la PCM), considera que queda pendiente por resolver: “las contradicciones del Estado en tanto promotor de inversiones y representante del interés general y los derechos de la ciudadanía[3].

Al respecto, refirió que se trata “(…) de un problema de fondo y una fuente de tensión permanente que enfrenta el gobierno nacional para abordar los conflictos. Por un lado, es el promotor y garante de las inversiones privadas en el país, como ocurre por ejemplo con las mineras y las industrias extractivas, justamente las que en estos años producen la mayor cantidad de conflictos. Por otro lado, el gobierno nacional es (o debe ser) también un garante y defensor de los derechos de la ciudadanía, incluyendo los de aquella que se ve afectada por los impactos potenciales o reales de tales inversiones, y del interés general de la sociedad. Esto implica la obligación de cautelar también el medioambiente, preservar los recursos naturales de la nación, entre otras responsabilidades[4].

Mendoza concluye que “En la medida en que la posición de un gobierno en su conjunto priorice su papel de promotor de inversiones, verá afectado su rol como defensor del interés general y de la ciudadanía, dificultando así su capacidad para lograr acuerdos consensuados en torno a los conflictos, más aún para transformarlos en oportunidades de desarrollo. Esto es materia de una política general que requiere decisiones que están fuera del alcance de una oficina especializada como la ONDS y sus contrapartes en los sectores[5].

La desactivada Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales (2006-2011)[6] reconoció, en su primer eje estratégico, la necesidad de establecer un Estado soberano y garante de derechos de la siguiente manera:

“El nombre de este eje estratégico hace referencia a la voluntad política del Gobierno Nacional de que el Estado peruano en tanto organización jurídica y política de nuestra sociedad ejerza su soberanía, es decir, su poder con autonomía de otros poderes internos o externos, en todo el territorio nacional, para garantizar los derechos en general y los derechos fundamentales en particular, en el marco de la Constitución Política de 1993 y de garantizar las inversiones internacionales, no sólo para garantizar “el derecho a gozar de un “ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (artículo 2º, literal 22), sino, a su vez, para asegurar que el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales se haga en un marco en que las condiciones ambientales y sociales estén orientadas a asegurar el bienestar colectivo[7]. (El subrayado es nuestro)

Estado actual de la balanza (Figura N° 1)

Dilema del Estado

 

Fuente: elaboración propia

 

La Figura N° 1 muestra el desequilibrio existente entre los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y la protección del medioambiente, versus los importantes e innegables beneficios que genera el sector minero para la economía del país materializados a través inversión nacional y extranjera directa, empleos directos e indirectos, crecimiento de exportaciones tradicionales, encadenamientos productivos, generación de valor social[8], entre otros.

Este desbalance indica la preferencia del Estado por el sector extractivo, y se expresa en la promulgación de normas e implementación de políticas destinadas a promover inversiones en desmedro o descuido de determinadas obligaciones en materia ambiental o de derechos humanos. Entre las normas destaca el “paquete reactivador” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinado a recuperar el impulso de la economía en 2014[9] y los años siguientes. Esta parcialidad con respecto a la industria extractiva debe revertirse porque descredita las actuaciones del Estado frente a la ciudadanía, lo que a su vez incide en la escasa confianza que merecen las autoridades de turno y los instrumentos de gestión ambiental como los EIA.

La preferencia genera además desprotección o un sentimiento de abandono de la tutela que debe brindar el Estado a los ciudadanos. En nada ayuda a la sostenibilidad de la industria minera los “favores” que recibe de la autoridad estatal, ni tampoco a su imagen o reputación frente a la sociedad, y en particular a las comunidades locales, quienes tienen razones para creer que tanto el Ejecutivo como las empresas extractivas han alineado sus intereses en perjuicio de los suyos.

¿Por qué ocurre el dilema del Estado?

Las causas de este fenómeno son varias y no se agotan o reducen a las aquí presentadas. Entre las estudiadas tenemos:

Debilidad institucional.- se trata de una deficiencia estructural y de larga data del Estado peruano. La falta de consolidación institucional obedece a causas históricas, políticas, económicas y sociales. Esto produce un Estado precario en todos sus niveles que es incapaz de cumplir sus metas y reaccionar eficaz y oportunamente ante distintos desafíos o eventos.

Escasa separación entre intereses públicos y privados.- en parte se debe a la práctica de la denominada “puerta giratoria” por la que funcionarios del sector privado ingresan a laborar en puestos clave del organigrama gubernamental. Lo cual no tiene nada de malo, pero ha generado algunos casos de conflicto de interés ante la carencia de una carrera pública para formar funcionarios y servidores estatales.

El gran peso del sector extractivo, en particular del minero en la economía.- este peso se revela en materia de exportaciones no tradicionales, presencia de inversión privada directa, generación de empleo calificado bien remunerado, contribución tributaria, encadenamientos productivos, etc.

No creemos que el Estado se encuentre cooptado o capturado por intereses privados, pero es permeable a dicha injerencia. Los últimos casos de corrupción que involucran a cuatro gobiernos desde la caída de Alberto Fujimori (1990-2001) revelan el grado de penetración de intereses ajenos a los nacionales en la gestión gubernamental[10].

 

¿Cómo superar el dilema del Estado?

En principio no hay una solución mágica ni instantánea, sino algunos pasos que dar como parte de un profundo proceso de cambio. Y esto supone que el propio Estado, es decir, sus funcionarios, empiecen a darse cuenta de que algunas de sus actuaciones y políticas erosionan la institucionalidad que deberían crear o consolidar. Este riesgo socava las bases de la confianza en el Estado al desviarse de sus objetivos primordiales, incrementando con ello los índices de desaprobación de las instituciones.

De alguna manera se sugiere que la superación del dilema pasa por elevar los índices de institucionalidad estatal, que a nuestro juicio se sustenta en cuatro criterios o pilares básicos tales como:

Imparcialidad - elemento ligado a la legalidad o cumplimiento del marco normativo vigente y al deber de objetividad en las intervenciones públicas de los funcionarios o responsables. Este criterio supone un uso correcto del poder (arreglado a la ley), así como de los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para el cumplimiento de las funciones.

Oportunidad - se trata de que las acciones estatales se realicen en el momento indicado, esto es, el funcionario interviene cuando debe hacerlo y no antes ni después. La oportunidad representa un factor clave para generar confianza entre los ciudadanos, ya que actuaciones oportunas, además de imparciales, la propician.

Predictibilidad - es necesaria en la vida social para eliminar o reducir la incertidumbre. A través de la predictibilidad se genera seguridad jurídica en el caso del sistema de justicia e instancias administrativas. La predictibilidad implica saber que el Estado actuará de manera una determinada en un caso futuro ante una situación similar, es decir, aplicará los mismos procedimientos, disposiciones y reglas.

Eficacia - se entiende por eficacia que una institución alcance sus fines y objetivos con los recursos disponibles, siendo capaz además de mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda en determinados ámbitos. En la medida que un Estado eleve estos indicadores referenciales la ciudadanía percibirá que es un medio o instrumento efectivo para atender las necesidades generales –a fin de cerrar brechas sociales- y propiciar el bien común.

De otro lado, el Estado cuenta con algunos mecanismos para conciliar los derechos e intereses involucrados en el desarrollo de proyectos extractivos, tales como la consulta previa a pueblos indígenas, la participación ciudadana, la evaluación y fiscalización ambiental, mesas de diálogo, entre los más conocidos. Sin embargo, estos procesos o procedimientos no se han consolidado por la debilidad de nuestras instituciones.

En los mecanismos antes mencionados, precisamente, pueden o deberían identificarse los problemas o potenciales afectaciones antes de que se manifiesten, vale decir, los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que podrían lesionar derechos fundamentales de las partes interesadas.

Armonizar o conciliar intereses, en algunos casos contrapuestos, no es nada sencillo, pero debe hacerse para evitar perjuicios mayores que amenacen la vida democrática y el estado de derecho. El Estado cuenta con el marco constitucional para hacerlo y no debe olvidar que es un medio o vehículo para la realización de las personas y la promoción del bienestar general.

Conclusiones

Necesitamos más Estado, no en tamaño ni que tenga necesariamente más funciones de las que ya posee, sino uno eficiente o competente, lo que pasa por su reforma para que ofrezca mejores servicios e inspire más confianza. Debe haber una reingeniería que elimine redundancias en la gestión, sobregastos, ineficiencias y la mala asignación del presupuesto destinado a inversión pública.

Pero no solo eso, porque en el sector minero se requieren mejoras significativas en materia de fiscalización ambiental y supervisión de compromisos sociales contenidos en los EIA, actas y convenios entre el Estado, empresas extractivas y comunidades. En el caso particular de los EIA –que deben ser evaluados en plazos razonables- los estudios sociales y culturales son insuficientes o no del todo considerados.

Asimismo, se precisa que los procesos de participación ciudadana y consulta previa a pueblos indígenas cumplan con determinados estándares nacionales e internacionales como los establecidos en sentencias del Tribunal Constitucional (TC), el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que sean percibidos como idóneos y legítimos.

Finalmente, el sistema de tratamiento de conflictos sociales de entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) debe mejorar en prevención, gestión y transformación de conflictos, así como la articulación con otros sectores para encaminar los procesos de diálogo a su cargo a fin de generar oportunidades y recomponer la relación entre Estado, empresa y comunidad.

 


[1] Martín Tanaka identificó tres factores relevantes para entender la respuesta del Estado a los conflictos. El politólogo del IEP resume en tres los principales fallos del Estado en el abordaje de los conflictos: la falta de capacidades institucionales, la ausencia o insuficiencia de desarrollo normativo y la falta de políticas de Estado y de gobierno (visiones contradictorias). En Economía y Sociedad N° 79. ¿Por qué el Estado no responde adecuadamente a los conflictos sociales? ¿Qué hacer al respecto? CIES, marzo, 2012, pp. 36-43.

[2]Los ciudadanos, según la Constitución, debemos disfrutar de un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado,contenido en el artículo 2.22.    

[3] Mendoza, Iván. El Estado y los conflictos sociales en el gobierno de Ollanta Humala. Desco. Págs. 47-48. Disponible en: http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/03%20I.%20Mendoza%20Per%C3%BA%20Hoy%20julio%202014.pdf

[4] Ob. Cit. p. 48.

[5] Ob. Cit. p. 49.

[6]La Comisión fue creada por la Resolución Ministerial N° 380-2006-PCM y fue modificada por el Decreto Supremo N° 056-2009-PCM. Sus funciones fueron precisadas por la Resolución Ministerial N° 380-2006-PCM. Disponible en: http://www2.pcm.gob.pe/InformacionGral/ogcs/RM-380-2006-PCM%20.pdf

[7] Informe de la Comisión Multisectorial. Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental. Pág, 9. Disponible en: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/EJES-ESTRATEGICOS-DE-LA-GESTION-AMBIENTAL.pdf

[8]Martín Beaumont sostiene, al respecto: “el consorcio internacional de investigación Social Enterprise Knowledge Network, conformado por diez escuelas de negocios de Iberoamérica y la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, propuso la siguiente definición basada en su análisis tipológico: valor social es «la búsqueda del progreso social, mediante la remoción de barreras que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente debilitados o que carecen de voz propia y la mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica» (SEKN, 2006, p. 296). Valor social es, por tanto, cumplir objetivos socialmente deseables (p. 286) o, lo que es lo mismo, «se crea valor cada vez que se da respuesta a una necesidad insatisfecha» (p. 284)”. En Gestión social: estrategia y creación de valor (2016), Departamento Académico de Ciencias de la Gestión – PUCP, Lima, marzo de 2016, P. 22.

[9] En junio de 2014, el Gobierno envió al Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trataba del proyecto de ley –hoy ley- que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de contrataciones del Estado. Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían “deteniendo” el desenvolvimiento de las grandes inversiones. Estos trámites, según entendidos del sector extractivo, agobian al sector minero-energético. El paquete también acortó a treinta días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión, con lo cual se privilegia las inversiones privadas y resta importancia a los temas ambientales. 

[10] Las empresas, por su parte, podrían hacer mucho en este campo si propiciaran relaciones sanas, transparentes y duraderas con la población de sus áreas de influencia. Estas, cabe mencionar, no solo se encuentran obligadas a cumplir con las normas, sean laborales, tributarias, mineras, de seguridad, ambientales, etc., sino también a contribuir con la sociedad -de la que naturalmente forman parte- por medio de la generación de valor social.

Publicado en OPINIÓN
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