Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 06 Noviembre 2019

TÍA MARÍA: LA INVERSIÓN NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

RED MUQUI y la COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional y en particular al Presidente de la República, Martín Vizcarra, para manifestar lo siguiente:

  1. Nuestra profunda preocupación por la resolución del 30 de octubre emitida por el Consejo de Minería, la cual en última instancia administrativa declaró improcedente los recursos de revisión presentados por el Gobierno Regional de Arequipa, la Junta de Usuarios de Riego de Valle de Tambo y la Asociación Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de la Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca y Anexos; los cuales buscaban impugnar la resolución del Ministerio de Energía y Minas dada en julio del presente año, mediante la cual se aprobó la Licencia de Construcción de la Planta de Beneficio del Proyecto Tía María. Con esta reciente resolución estaría autorizada la construcción de la Planta de Beneficio.
  2. Esta resolución se emitió pese a que la ciudadanía de Islay se opone a la realización del proyecto porque considera que la actividad minera pone en grave riesgo la existencia del Valle de Tambo debido a la posible afectación de las aguas superficiales y subterráneas y del acuífero que alimenta al río Tambo en un 100% en temporada de estiaje. La poca rigurosidad del EIA aprobado ha sido corroborada por especialistas nacionales y extranjeros.
  3. Además, los temores de la ciudadanía de Islay son alimentados dado los antecedentes de la empresa minera Southern Perú, correspondientes a sus operaciones en Moquegua y Tacna, en donde ha incurrido en 12 infracciones ambientales. A ello se suma, los reclamos de las poblaciones afectadas de México por las actividades del Grupo México, al que pertenece Southern, los cuales se relatan en una carta que dichos afectados hicieran llegar al Presidente Vizcarra.
  4. El gobierno ha anunciado la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin dejar claro su finalidad y sus efectos jurídicos. Es necesario que se expliquen los alcances de la intervención del OEFA. De lo contrario, puede generarse expectativas que incluso pueden agravar la actual situación de conflictividad.
  5. Consideramos que la insistencia del sector minero y el gremio empresarial con sus agendas para que se tome una decisión de esta naturaleza, constituye un error pues agrava el conflicto social; así como el hecho que el gobierno no haya podido delinear salidas viables que canalicen la preocupación legítima de la ciudadanía de Islay.  
  6. Además, es necesario que el proyecto minero no se imponga a la población que podría verse afectada. La empresa Southern debe cumplir con su compromiso ético de contar con la licencia social, y respetar la decisión de la ciudadanía respecto de la actividad minera en su localidad. Igualmente, el gobierno no deber permitir que el proyecto se imponga. En consecuencia, utilizar la fuerza pública y la cuestionada norma de los activos críticos con este propósito es un grave error y contraviene el Estado de Derecho Constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos. Cabe recordar que en setiembre del 2009 se realizó una consulta vecinal en la que más del 90% de la ciudadanía de Islay rechazó la minería en su territorio.
  7. El caso Tía María da cuenta de las debilidades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental ya que se le ha dado viabilidad ambiental a un proyecto que podría poner en riesgo uno de los pocos valles costeros exitosos existentes en la costa peruana.
  8. En ese sentido, es importante recordar que nuestro país solo tiene el 6% de sus tierras aptas para actividades agrícolas, por lo que estas tierras deben estar protegidas a fin de garantizar la seguridad alimentaria, nuestras exportaciones agropecuarias y nuestro lugar como país líder en la gastronomía mundial.
  9. Por lo tanto, la discusión de una nueva ley general de minería, la revisión de la legislación minera y minero ambiental en general y de la ley de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, es una necesidad en términos de alcanzar un desarrollo diversificado y garantizar los derechos de las personas en Islay y en todo el Perú.  

Finalmente, pese a la decisión del Consejo de Minería consideramos que el gobierno del Presidente Vizcarra tiene el enorme desafío de recuperar su rol garante de derechos, y encontrar una salida pacífica y definitiva a un conflicto que lleva ya más de 10 años sin resolverse y de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en Islay, entre ellos el de decidir cuál es su proyecto de vida y desarrollo.

Publicado en Minería

“La comisión multisectorial se crearía a través de una resolución suprema, la cual esperamos pueda ser emitida en octubre. En ella participarían representantes de la plataforma, la Defensoría del Pueblo y de los sectores involucrados. El objetivo es instalar la comisión en noviembre para empezar a trabajar”, señaló el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, a través de una nota oficial del gobierno el 05 de octubre, tras la reunión sostenida con los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. En ese entonces, los voceros de la Plataforma presentaron una agenda con propuestas para lograr una atención integral que permita atención especializada en salud, prevención para que no haya más afectados y remediación de zonas contaminadas para reducir la exposición a metales tóxicos; entre otras propuestas que involucran a diferentes ministerios del Ejecutivo.

El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros también señaló: “dependerá de nosotros trabajar seriamente para elaborar un plan de trabajo, definir prioridades y abordar los diversos aspectos de este problema nacional”. Sin embargo, ya estamos en el mes de noviembre y a la fecha no hay resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial y tampoco se está en proceso de instalación de la Comisión, señala Yolanda Zurita, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos. “Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna explicación del por qué no se avanza con este compromiso asumido por el gobierno”, precisa.

“Nosotros habíamos planificado realizar plantones frente a la PCM y Ministerios, pero por la disolución del Congreso decidimos postergarlo y ahora estamos evaluando retomar esas acciones porque el Gobierno no cumple lo que promete”, agrega Yolanda, quién finaliza enfatizando que el objetivo de la instalación de la Comisión Multisectorial es para que se elabore el Plan Nacional de Atención Integral especializado para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas.

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Presupuesto reducido

De acuerdo a una investigación de Convoca, que cruzó información respecto a la cantidad de afectados por regiones con el presupuesto destinado por el Estado a esas regiones; se visibiliza que el presupuesto actual es menor respecto a los montos invertidos en el 2012 y 2013. Actualmente el presupuesto destinado a la atención a personas expuestas a metales representa el 0.06% del total del presupuesto del sector Salud con 12 millones 258 mil 88 soles.

Mala distribución de recursos

La investigación también muestra que las regiones con mayor cantidad de afectados sufrieron el recorte de presupuesto. “Las regiones que registraron más personas expuestas a metales hasta diciembre de 2018 fueron Pasco, Callao, Junín, todas con más de mil afectados en cada departamento. Sin embargo, al año siguiente, en 2019, el presupuesto de esta región para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados se redujo en más del 75%”, señala el informe de Convoca.

“Pasco y Callao aparecen este año por debajo de las 10 regiones con más recursos para atender a pobladores expuestos a metales tan nocivos como el plomo, el cadmio y el arsénico. Si se revisa las cifras en los últimos siete años, la historia se repite. Entre 2012 y 2018, Pasco recibió para la detección y tratamiento de personas afectadas por metales pesados, 5 millones 180 mil 762 soles (1 millón 702 mil 597 dólares), menos de la mitad de lo que obtuvo el Callao en solo un año, el 2013, con 10 millones 903 mil 849 soles (3 millones 583 mil 423 dólares)”, agrega el informe.

El Informe finaliza señalando que los departamentos amazónicos de Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas que han sufrido derrames de petróleo y contaminación de la minería informal, son los que reciben menor presupuesto.

A nivel nacional, de acuerdo al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, existen 5135 personas expuestas a metales pesados; sin embargo, la denuncia de miles de personas de diversas comunidades a nivel nacional, que han sido muestreadas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS), muestran que el número de afectados por metales tóxicos supera la cantidad de personas expuestas a metales pesados. Ello sin contar a las personas que no han sido muestreadas por CENSOPAS y viven en áreas de influencia directa de las empresas mineras y petroleras.

Afectados sin atención especializada

Desde hace años los afectados por metales tóxicos vienen denunciando que la atención que reciben en los hospitales no es especializada y en los centros de salud tampoco hay medicamentos para los dolores que padecen. A nivel nacional, según el propio Ministerio de Salud, existe solo un especialista en Toxicología. Sumado a ello, los afectados denuncian que las campañas que realiza el Ministerio de Salud en sus localidades no se dan de forma permanente.

Publicado en Ambiente
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