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A partir de la audiencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos del Congreso de la República en la provincia de Espinar, región Cusco; ésta Comisión ha emitido dos informes de asesoría: “Contaminación, conflicto y demandas asociados a la minería a tajo abierto y las políticas de gobierno” e “Impactos en la salud por contaminación por metales pesados”. Estos informes documentan el proceso de afectación a la salud humana y ambiental que existe en Espinar cuyo conflicto data del 2012 y evalúa las medidas que desde el gobierno local se ha podido hacer frente a la problemática.

Los informes señalan que las contribuciones de la minería por concepto de regalías mineras y canon minero al presupuesto público de la Municipalidad Provincial de Espinar para el año 2017, ascendió a 44 millones de soles; lo que representó el 44% del valor total. Se tiene que en los últimos 10 años el valor de la regalía minera ha superado el valor del canon minero en la región.

Se señala también que un subtotal equivalente al 51.8% del presupuesto del Municipio de Espinar financiaron las obras de transporte y actividades de planeamiento (mantenimiento de obras de infraestructura pública, transferencias para proyectos de inversión, entre otros). Otro subtotal de casi 16% a los sectores agropecuario y comercio; mientras que fueron montos mucho menores los que fueron destinados a la atención de necesidades básicas como saneamiento (7.9%), educación (7.8%) y salud (2% que forma parte del casillero “Otros”).

En la práctica el aporte de los titulares mineros para garantizar las necesidades básicas de la zona es bastante limitado, así también los informes señalan que existen límites constitucionales al crecimiento económico basado en la minería cuando colisiona con los derechos que el Estado se obliga a garantizar. Por lo que la CPAAAAE señala que en el caso Espinar se vienen vulnerando las siguientes garantías constitucionales: (a) derechos ambientales, de salud, de tranquilidad social, de prioridad del agua para consumo humano y de seguridad agroalimentaria; (b) conservación ecológica y la sustentabilidad de los recursos naturales; (c) los derechos colectivos de las comunidades campesinas originarias (Convenio 169-OIT).

Sobre la situación de la atención integral de la salud humana en la zona; la CPAAAAP también señala que a pesar que ha solicitado al MINSA información respecto a la situación de la población de Espinar; ésta no ha sido brindada, y la CPAAAAP señala lo siguiente:

“Si bien no existe un resultado oficial que identifique la causa de la contaminación de las aguas, suelos y aire de la Provincia de Espinar, sí existen pruebas irrefutables de que ello viene afectando gravemente la salud de su población. Desde el 2010 hasta el 2017, se han realizado dosajes por DIRESA y CENSOPAS cuyos resultados evidencian ello (…) La no identificación de la fuente de contaminación referida, si bien no es impedimento para brindar una atención integral en salud, sí resulta grave, pues no permite la adopción de medidas preventivas efectivas y necesarias, ni tampoco la identificación de los responsables, quienes además de reparar los daños ocasionados deben indemnizar a los afectados”.

Una mirada desde Espinar - Cusco

Asimismo, la especialista Karem Luque de la institución Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, que hace parte de la Red Muqui, señala sobre los informes, que las comunidades aledañas a los proyectos mineros de la empresa Glencore en sus distintas etapas, y la población urbana de Espinar, exigen unánimemente que el MINAM haga público los estudios de causalidad que encargó al Instituto Peruano de Energía Nuclear el 2016 y que a la fecha no se conocen los resultados públicamente. Recalcó que la última protesta realizada en Espinar, que contó con miles de participantes, exigió ello y que se construya una nueva Planta de Tratamiento de Agua para que el agua potable tenga un tratamiento adecuado previamente y no consuman agua contaminada.

“Es importante saber la causalidad de la contaminación para realizar una política preventiva en aquellos lugares donde se reconozcan las fuentes de la contaminación”, y, agregó, para que se pueda pensar también en la posibilidad de reubicación de las comunidades afectadas por metales pesados, teniendo claridad de los responsables de la contaminación. Señaló, finalmente, que las personas de las comunidades están cansadas porque tras años de mesas de diálogos y promesas del Estado, no se ha cumplido ni en la atención en salud a las personas que tienen metales pesados en su organismo, contrariamente a lo que señaló la ministra de salud en su visita al Congreso de la República hace unas semanas.

Propuestas de la Red Muqui

Finalmente, como señalamos en nuestra Agenda Muqui (hacer clic), en el punto 1, sobre las propuestas en “Salud Ambiental y humana, y remediación de pasivos ambientales mineros”; es necesario:

  • “Desarrollar una política de salud que se proponga lograr el bienestar general, buscando prevenir enfermedades, no solo curar, sino que realice promoción de la salud. Ello implica una respuesta articulada desde el Estado, para mejorar los determinantes ambientales que influyen en ella”.
  • “Identificar e inventariar los focos de contaminación en las diferentes zonas del país y sus causas a fin de reducir sus impactos en la salud” (pág 16).

Como Red Muqui seguiremos dando seguimiento a la problemática de la minería en Espinar conjuntamente con la institución Derechos Humanos Sin Fronteras, y seguiremos participando en la recientemente instalada “Mesa Técnica sobre Políticas para Atención Integral”, para lograr que el Estado cumpla con su responsabilidad de ser garante de derechos de las personas y comunidades de su país.

Publicado en Minería
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