Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 10 Julio 2019

La presidenta de CONFIEP María Isabel León, había anunciado hace unos días, luego de la presentación de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial, que había planteado al Presidente Vizcarra como prioridad y “señal importante” para el empresariado, dar autorización al proyecto minero Tía María. Finalmente ha sucedido tal como ella lo propuso.

Vivimos una dictadura minera en su mayor apogeo, donde las agendas de los grupos de poder económico se imponen como “agendas de gobierno”, sus decisiones y propuestas se convierten en normas legales, políticas públicas que favorecen la imposición de proyectos económicos, fundamentalmente mineros, sin considerar las preocupaciones y prioridades de las poblaciones y comunidades afectadas, y los riesgos para su vida, salud, modos de vida y actividades económicas que no son medidos antes de tomar decisiones.

El presidente Vizcarra había anunciado respecto al proyecto Tía María “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”, pero una vez más ha faltado a su palabra, y como ha dicho el Presidente Regional de Arequipa, ha traicionado a la población del Valle de Tambo, cuando había planteado enviar al Premier Del Solar para realizar un diálogo previo a la decisión que se ha tomado.

Lo que ha hecho el gobierno del presidente Vizcarra con ésta decisión, es abdicar a su rol garante de derechos, a exigencia de la CONFIEP, para convertirse en un simple mediador entre la empresa minera y la población afectada, porque ya no está en sus manos la decisión del proyecto, ya la tomó. Ahora cualquier “diálogo” que se anuncie, sería una mera “negociación” sobre cuándo y en qué condiciones se iniciaría el proyecto, ya no si va o no va, y por eso la población movilizada del Valle de Tambo ya ha convocado a un paro indefinido a partir del día lunes 15 de julio.

De antemano ya la Policía Nacional había anunciado el destacamento de 400 policías para “la prevención y control de probables acciones contra el orden interno y el orden público en vista del otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María”. Ya como Red Muqui nos habíamos pronunciado hace unas semanas por el anuncio del Presidente Vizcarra encargar a las Fuerzas Armadas la seguridad de las instalaciones de los llamados “Activos Criticos”, entre las que se encuentran las empresas mineras, y habíamos prevenido como escenario de aplicación de ésta medida el Valle del Tambo, en caso se autorice el inicio de operaciones del proyecto Tía María.

En pocas palabras lo que nos esperaría con estas decisiones, es nuevamente la imposición a sangre y fuego de un proyecto minero como Tía María, con 10 muertos en el conflicto, en el primer caso donde se ha aplicado la figura penal de la “asociación ilícita para delinquir”, como si los dirigentes que defienden sus derechos fueran delincuentes comunes, imponiendo un proyecto con graves irregularidades en su aprobación, en una zona de gran actividad económica agrícola, agroindustrial y agroexportadora, de importancia para la macroregión sur, todo ello sin importar las consecuencias para la vida y salud de las personas, sus modos de vida y el futuro de sus actividades económicas que es por lo que vienen luchando desde el año 2009.

Publicado en OPINIÓN

El día lunes se llevó a cabo en el Congreso de la República la “Audiencia pública: avances para la prevención y atención integral de los afectados en salud por metales tóxicos”, impulsada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), comisión encabezada por el Congresista Wilbert Rozas.

Ésta audiencia es el resultado de las seis sesiones de la mesa técnica de la CPAAAAE que mediante control político dio seguimiento a las gestiones que el Ejecutivo debe desarrollar para la implementación de una política nacional multisectorial y especializada para atender el tema.

La Audiencia Pública es una vía institucional donde la ciudadanía puede plantear sus necesidades de manera democrática. A ésta audiencia fue convocado el actual Presidente del Consejo de Ministros (PCM) Salvador del Solar a pedido de la CPAAAAE y como demanda de las comunidades andinas y amazónicas que conforman la “Plataforma Nacional de Afectados en salud por Metales Tóxicos”, ya que es clave que se pueda conformar una Comisión Multisectorial de Alto Nivel impulsada por la PCM y con participación efectiva de ministerios como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de quienes dependen decisiones de éste tipo.

Sin embargo, a pesar de la importancia de este espacio en que los afectados por metales tóxicos expusieron sus demandas y propuestas, el Premier no asistió a la cita, con lo que la PCM ha evidenciado que no tiene la voluntad política ni prioriza impulsar una política en salud a pesar de ser una demanda no resuelta por décadas y que los afectados por metales tóxicos en todo el país exigen un solución con urgencia.

En la audiencia se presentó el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros Yuri Pinto Ortiz, quien informó sobre las gestiones que vienen desarrollando para la remediación de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto y muy alto riesgo, sin embargo el MINEM no informó sobre los avances en el compromiso que asumió en la mesa técnica respecto al desarrollo de un marco normativo que regule del “reaprovechamiento” de PAMs.

De Igual forma la representante del Ministerio de Salud (MINSA) no informó sobre mayores avances para la coordinación multisectorial necesaria para que lo establecido en los Lineamientos Sectoriales que emitió el año pasado puedan implementarse. Recordemos que el MINSA retiró a pedido de la PCM el proyecto de Resolución que crea la Comisión Multisectorial para desarrollar una política nacional sobre el tema, al parecer por presiones de la PCM. En la audiencia tampoco se señaló avances concretos de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el cumplimiento de la identificación de las fuentes hídricas contaminadas, y el mapeo de las rutas de contaminación.

Como lo señaló Karem Luque, Bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, institución miembro de Red Muqui, el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones de protección a la salud ambiental y humana y de atención especializada a las personas afectadas, el Estado está declinando a su responsabilidad de identificar las causas de la contaminación y de realizar una atención integral y efectiva de salud en las zonas contaminadas.

Por su parte Yolanda Zurita, representante de los afectados de La Oroya (Junín) y vocera de la zona andina de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos, señaló que hasta la fecha las zonas con antiguo PAMs como La Oroya siguen sin ser remediadas, y aun así el Estado sigue permitiendo actividad minera en la zona. Señaló también que nada de lo informado en la audiencia se implementará sin un nivel de coordinación multisectorial y presupuesto asignado a nivel nacional y de gobiernos regionales.

Publicado en Minería
  1. Últimas Noticias

Calendario

« Julio 2019 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31