Era el 16 de septiembre de 2007 cuando las poblaciones de los distritos de Ayabaca, Huancabamba y Carmen de la Frontera, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba; rechazaron la imposición del proyecto minero Majaz, ahora llamado Río Blanco perteneciente a la empresa minera china Zijin.

En aquel día, a través del voto en la consulta vecinal organizada por los municipios locales; el 95% de la población, que incluye a comunidades campesinas y ronderas, optó por un modelo de desarrollo económico que rechazaba la actividad minera en sus territorios en favor de un modelo basado en la agricultura y el turismo. La consulta del 2007 marcó un hito importante en terminos de empoderamiento de la sociedad civil que antes solo se había dado en el caso de Tambogrande en el 2002; también en Piura. Actualmente la empresa china continúa implementando una estrategia para imponer su proyecto minero Río Blanco en la zona.

A pesar de que la misma constitución incluye en el artículo 197 que “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local”; el Estado peruano aún no atribuye el carácter vinculante a la consulta vecinal para las decisiones locales.

Después de doce años el tema sigue muy actual. Los enfrentamientos en Arequipa entre la población de Valle de Tambo que rechaza el proyecto minero Tía María y los policías que impiden el desarrollo de la protesta, continúan desde que el Gobierno otorgó la licencia de construcción a la empresa minera Southern. El día de ayer, lunes 16 de septiembre se realizaron protestas en la ciudad de Arequipa. En este escenario, en el cual las decisiones del Estado sobre la implementación de los proyectos mineros no incluye la aprobación social de las poblaciones –llamada también licencia social- en sus procedimientos formales obligatorios; es fundamental que la consulta vecinal sea parte del marco normativo como forma de prevención de los conflictos y fortalecimiento de la democracia. En la actualidad, la licencia social que debería tener todo proyecto extractivo para operar, es solo un mecanismo voluntario de la empresa. Las audiencias públicas que realizan las empresas para presentar sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y así recoger observaciones, no tienen un mecanismo de participación efectiva de parte de la población. Además, como ocurrió en la audiencia pública del EIA del proyecto Tía María hace varios años; la empresa no dejó participar a la población que se oponía al proyecto. Asimismo, la consulta vecinal realizada en Valle de Tambo en septiembre del 2009, le dijo NO en un 97% al proyecto minero Tía María, y esa decisión no está siendo respetada.

Por estas razones, es importante que la licencia social se convierta en un requisito para que los proyectos mineros puedan desarrollarse. La consulta vecinal, como parte de un proceso informativo transparente, es un mecanismo que puede ayudar a resolver este entrampamiento entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y las poblaciones que habitan los territorios que serían impactados por la actividad minera.

Al respecto, desde el Congreso de la República, hay iniciativas que se están presentando como proyecto de ley para regular la licencia social para las actividades extractivas, como la última iniciativa presentada hace unos días por el congresista Marco Arana.

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