DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE

La Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) y representantes de organizaciones amázonicas, dieron inicio a la Semana Internacional de la Vigilancia Indígena (del 24 al 28 de octubre) al respaldar el proyecto de ley que pretende reconocer la labor de los monitores ambientales de ríos y nacientes.

En el marco de este evento, las organizaciones indígenas y vigilantes desde distintas partes del Perú, anunciaron que compartirán sus experiencias de sistemas de vigilancia y monitoreo ambiental de los impactos negativos producto de los desastres ambientales, así como de las actividades extractivas que se desarrollan en sus zonas.

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Por parte de RED MUQUI, Ronal Gabriel (AMAS), invitó a que los legisladores conozcan cómo es que las comunidades se organizan para cuidar la calidad del agua de sus ríos y los resultados que han venid obteniendo en los últimos 12 años en la sierra de la región La Libertad.

“Es necesario involucrar a los más de treinta comités de vigilancia ambiental que se encuentran en nuestra sierra a nivel nacional, ya que son poblaciones que se vienen empoderando en el monitoreo ambiental tras varias capacitaciones y talleres que siguen para mejorar su labor”, señaló.

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Por su parte el congresista por el Frente Amplio, Oracio Pacori, recordó que esta iniciativa legislativa es resultado de más de dos años de trabajo participativo entre las organizaciones indígenas y las de sociedad civil, que impartió una serie de talleres, capacitaciones y salidas de campo.

Asimismo, remarcó que existió un proyecto de ley similar que fue revisado por diversos ministerios y órganos adscritos de los sectores Ambiente, Agricultura, quienes presentaron recomendaciones de mejora, a excepción del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que mostró rechazo por la iniciativa.

“Desde hace 10 años existe una demanda por reconocer la vigilancia y monitoreo ambiental. Los pueblos indígenas conocen, gestionan y protegen sus territorios. Además existe un trabajo sostenido y desarrollado por los monitores comunitarios que pueden identificar impactos ambientales”, resaltó.

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Finalidad

La vigilancia y monitoreo socioambiental indígena y ciudadano, tiene el potencial de prevenir conflictos socioambientales a través de la instauración de un diálogo directo e institucionalizado entre el Estado y las organizaciones representativas de la población local.

De igual manera, ayudaría a mejorar y fortalecer el sistema nacional de gestión ambiental aportándole mayor información sobre la realidad del campo y alertando de forma temprana acerca de potenciales desastres ambientales. Al prevenir estos desastres, también se generaría un ahorro importante en términos, por ejemplo, de remediación y salud pública.

Desde siempre, los pueblos indígenas y poblaciones locales vienen realizando labores de vigilancia, la cual se presenta como una estrategia de gestión territorial, ambiental y social en zonas remotas de nuestro país, donde muchas veces el Estado no está presente.

En definitiva, este proyecto de ley propone recoger una labor que ya se viene realizando desde los pueblos indígenas y poblaciones locales, reconociéndola e institucionalizándola para permitirle aportar y mejorar la gestión territorial, ambiental y social en nuestro país.

Los congresistas del Frente Amplio, Oracio Pacori y Tania Pariona, expusieron la finalidad de la propuesta legislativa (N° 336/2016-CR) para la ARTICULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL CIUDADANO E INDÍGENA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL para mejorar la gestión territorial y ambiental en el Perú.

Ahora se espera que este proyecto de ley -ingresado el 29 de setiembre- sea discutido próximamente en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE), presidida por la congresista María Elena Foronda, quien además es la autora de la propuesta.

Estas experiencias y ventajas ubicadas a lo largo del territorio nacional, se reunirán del 24 al 26 de octubre en la SEMANA DE LA VIGILANCIA INDÍGENA a realizarse en la ciudad de Lima. En esta jornada se presentarán aprendizajes y avances sobre las tareas de vigilancia que vienen desarrollando y que se evidencian como una solución frente a emergencias ambientales como las vividas en los últimos años en el país.

Organizaciones que apoyan y aportaron en la propuesta:

RED MUQUI a través de sus instituciones miembro que trabajan experiencias de monitoreo ambiental como AMAS (La Libertad), Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco); AIDESEP, sus bases regionales y federaciones como Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU; la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca - ACODECOSPAT (Loreto); Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU (Cusco); y la Central Asháninka del Río Ene – CARE (Junín), Organizaciones Indígenas que conforman el Pacto de Unidad como ONAMIAP y CNA. 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Lima, 15 de agosto de 2016

Señor Presidente de la República del Perú

Señor Presidente del Consejo de Ministros

Señores Congresistas de la República

Presente. -

Asunto: Condiciones mínimas para mejorar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las actividades extractivas e inversiones a gran escala.

De nuestra mayor consideración,

Mediante la presente, las organizaciones indígenas y de la sociedad civil abajo firmantes les hacemos llegar nuestras recomendaciones para la mejora del proceso de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, dado las iniciativas manifestadas por el nuevo gobierno de darle prioridad a la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura a gran escala, y de facilitar la inversión en actividades económicas incluyendo las extractivas.

A ello se suma los esfuerzos que se vienen realizando para que el Perú forme parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- OCDE1. Además, el trabajo realizado ha tenido como resultado por el momento, que se hayan emitido una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de nuestro país.

Por otro lado, es de considerar que el desarrollo de inversiones ya ha generado impactos ambientales y sociales y que su incremento podría traer consigo riesgos mayores y en consecuencia mayor conflictividad, si no se adoptan las medidas del caso. Es por ello necesario contar con inversiones sostenibles que cumplan claros estándares ambientales y sociales, y con una institucionalidad ambiental que tenga las herramientas normativas y el presupuesto necesario para ejercer una adecuada evaluación de estudios y la debida fiscalización.

Por esta razón, presentamos las siguientes condiciones mínimas2 para contribuir a un equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la protección de la salud y el ambiente, ayudando a generar confianza de la población en las autoridades que promueven las inversiones:

1. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental-SEIA

2. Asegurar la independencia y la sostenibilidad financiera y operativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental-SINEFA.

3. Fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en el proceso de evaluación de impacto ambiental.

4. Mejorar la institucionalidad para la transparencia y el acceso a la información

pública que contribuya a los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión a gran escala.

5. Aplicar la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en las diferentes etapas de los proyectos, cuando estas inversiones puedan afectar sus derechos colectivos y el régimen comunal de sus tierras.

6. Reconocer e institucionalizar la Vigilancia y el Monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental-SNGA

7. Planificar estratégicamente la inversión enmarcándola en procesos de Evaluación Ambiental Estratégica-EAE aplicables a las propuestas de políticas, planes y programas de inversión

8. Fortalecer y articular los sistemas de información ambiental (nacionales, regionales y locales) existentes para contar con datos actualizados y fidedignos sobre la calidad del ambiente.

Asimismo, estas condiciones mínimas requieren el impulso a los procesos de planificación del ordenamiento territorial, a cargo de los gobiernos locales y regionales, eliminando las trabas que le impiden asumir su carácter vinculante en la toma de decisiones sobre la ocupación y uso del territorio nacional, y siendo este un paso previo (incluyendo sus instrumentos técnicos como la Zonificación Ecológica Económica-ZEE, entre otros) para la evaluación de los impactos sociales y ambientales de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en el país.

Por lo expuesto, instamos a las nuevas autoridades a fortalecer la institucionalidad para la gestión ambiental, mejorando el marco legal. Para lograrlo es importante que se considere los más altos estándares ambientales y sociales, así como los compromisos internacionales asumidos por el Perú relacionados al ambiente y derechos de pueblos indígenas. Esperamos que, con ello nuestro país consolide su desarrollo en el siglo 21.

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestra voluntad de seguir aportando en la mejora de las políticas públicas nacionales desde nuestra experiencia y trayectoria institucional.

Atentamente,

1. Asociación ARARIWA

2. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

3. Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca -ACODECOSPAT

4. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP

5. Asociación Pro Derechos Humanos

6. Asociación Nacional de Centros-ANC

7. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica-CAAAP

8. CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

9. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad

10. Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES

11. Consejo Machiguenga del Río Urubamba - COMARU

12. CooperAcción

13. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR

14. Environmental International Agency- EIA

15. Foro Ecológico del Perú

16. Forum Solidaridad Perú

17. Instituto del Bien Común-IBC

18. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS

19. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú- ONAMIAP

20. Organización Regional AIDESEP Ucayali - ORAU

21. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú - ORPIAN-P

22. Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO

23. Paz y Esperanza

24. RED MUQUI Perú

25. Red Peruana por una Globalización con Equidad-RedGE

26. SERVINDI-Servicios de Comunicación Intercultural

27. Suma Ciudadana

28. Urku Estudios Amazónicos

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1 OCDE-CEPAL (2016) Evaluaciones del desempeño ambiental Perú 2016. Aspectos Destacados y recomendaciones.

2 Las mismas que se desarrollan en el anexo de esta comunicación.

 

  • Proceso comenzó el 1 primero de julio y concluiría en noviembre de este año

Luego de ser anfitrión de la VII Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), Perú enfrenta un nuevo reto en el marco de esta iniciativa.

Representantes del Secretariado Internacional del EITI conversaron con miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la transparencia en las industrias extractivas y organizaciones de pueblos indígenas para conocer sus impresiones sobre la iniciativa. El encuentro se desarrolló en el marco del proceso de validación de la implementación del EITI en Perú.

El EITI es una alianza estratégica entre 51 países que busca transparentar los pagos que realizan las empresas (de gas, petróleo y minería) a los gobiernos y los pagos que estos reciben producto de la extracción de nuestros recursos naturales.

Cada país cuenta con un organismo, espacio, comisión u otros integrada por gobiernos, empresas y sociedad civil para implementar la iniciativa –en nuestro país se denomina Comisión Nacional EITI Perú–, una de sus principales tareas es propiciar la elaboración de los Informes EITI, llamados estudios de conciliación nacional (ECN), en el caso de Perú.

Perú integra el EITI desde 2005. Con solo un ECN publicado, su primera validación fue en 2012, recibiendo la categoría de “país cumplidor”. En esta oportunidad, nuestro país ya cuenta con cinco estudios, en el último participaron voluntariamente 60 compañías del sector extractivo (18 compañías del sector hidrocarburos y 42 del sector minero), tres empresas menos que el cuarto estudio. Además cuenta con iniciativas regionales en Piura y Moquegua.

Proceso de validación

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“La validación permite afinar la implementación del EITI” explicó a los asistentes Francisco Paris del Secretariado Internacional, quien junto a Aida Amot se encuentran en Lima recogiendo los comentarios de la sociedad civil, empresas y gobiernos –insumos que servirán en el proceso de validación. Por ello parte de su trabajo es conocer cómo la sociedad civil del país está involucrada, asimismo cómo se relaciona y articula.

El papel de la transparencia de las empresas extractivas chinas –como la empresa Chinalco quien aún no participa en los ECN–, la mejora de la comunicación de los resultados de los ECN, al igual que la prontitud de la data de los informes –el V ECN contiene cifras del año 2014– fueron algunos de los aspectos mencionados en el diálogo. Asimismo, representantes de las organizaciones de pueblos indígenas pusieron en agenda la actual coyuntura de la Amazonía tras los derrames de petróleo.

El espacio sirvió también para explicar al Secretariado las expectativas que tiene la sociedad civil frente al EITI. Una de ellas fue su propuesta de incorporar información socio-ambiental para generar confianza en los reportes y fomentar mayor vigilancia al EITI, a través de la participación de más miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas. Respecto al estándar ambiental, el Secretario del Internacional precisó que aunque no es obligatorio, más de 14 países ya vienen incorporando información ambiental y que corresponde a la Comisión EITI Perú dar respuesta a ese pedido.

Otra expectativa fue que se transparente la información sobre los gastos y compromisos sociales, así como a los beneficiarios reales de las industrias extractivas (personas naturales propietarias de las empresas)[1] y que se profundice la transparencia en la información fiscal (tributaria y no tributaria), el aporte, la distribución y el uso de los recursos obtenidos por los gobiernos de las industrias extractivas.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo Propuesta Ciudadana como representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional EITI –titular y alterno, respectivamente– seguirán informando sobre cómo se viene desarrollando la evaluación del país.

Para más información sobre la iniciativa visita el portal web de DAR dedicado al EITI.

Conoce en qué consiste el proceso de validación aquí.

Accede aquí al estándar actual del EITI.

 [1] La obligación de trasparentar la información de los beneficiarios reales es un compromiso del Estándar EITI aprobado el febrero de 2016 durante la VII Conferencia en Lima.

Fuente / Fotos: DAR

LO QUE NOS DEJÓ LAUDATO SI’ WEEK

  • Señala Obispo uruguayo, Monseñor Julio Bonino en Conferencia on line
  • Webinar sobre primer aniversario de “Laudato Si, también trató tema de los medios digitales y consumo distorsionado

El Obispo de Tacuarembó (región de Tacuarembó, Uruguay), Monseñor Julio Bonino, afirmó que la movilización ciudadana es la única la manera de hacerse escuchar y evidenciar los estragos de la  contaminación ante los gobiernos latinoamericanos, que en su mayoría, han tomado una posición extrema y favorable a la megaminería, sin tomar en cuenta los reclamos de quienes son directamente.

“La única manera para hacer frente a esta situación es la movilización. En los lugares en donde hay una población que grita, aunque sean débiles, es más posible que uno ahuyente las propuestas extractivas que envenenan para siempre los acuíferos. Esto se logra a través de la movilización, y de la concientización de que las cosas son nuestras, que somos parte de lo que nos rodea, y que por lo tanto, existe un derecho sobre lo que se decida”, enfatizó, Monseñor.

En el marco de la Conferencia On Line que organizó el Movimiento Católico Mundial por el Clima al cumplirse el primer aniversario de “Laudato Si”, Bonino señaló que hoy en día, aquellos que cuestionan o exigen la opinión ciudadana sobre ciertos megaproyectos, son vistos como ingenuos u opositores al desarrollo, aun así la movilización no debe dejar ser la opción.

“A uno le saben decir que está en contra de las fuentes de trabajo, le dicen de todo para mitigar una postura. Aun así el organizarse y el manifestar está en torno a tener que moverse, y manifestar públicamente la negativa a que envenenen el futuro de nuestros hijos”, comentó.

Asimismo, el Obispo uruguayo afirmó que con el aporte de “Laudato Si”, el método “ver, juzgar y actuar” tiene posibilidad de transformarse en “contemplar, discernir y proponer”. Además propuso que para introducir los nuevos valores que la encíclica requiere, sería necesario modificar el año litúrgico y darle un mayor sentido a las cosas naturales.

El Papa y los medios digitales

Otra de las ponentes en esta conferencia On Line, fue la Hermana Xiskya Valladares, Cofundadora del movimiento #Imision, quien habló sobre la apartado 47 de Laudato Si’, en donde Francisco advierte sobre el uso inadecuado del mundo digital y la superficialidad en que este nos hace vivir, en cuanto a relaciones humanas.

Para ello resaltó tres ideas del apartado 47: “Vivir sabiamente el mundo digital”, sin que estos lleguen a ser omnipresentes en nuestra vida. “Evitar la contaminación mental”, tomando en cuenta que Internet esta sobresaturado de información que muchas veces nos lleva a la superficialidad. Ante ello, el Papa insiste el diálogo y el encuentro generoso entre las personas, que no se consigue con una mera acumulación de datos.

“La calidad de nuestras relaciones digitales”, que no implica estar ‘amarrados’ a tantos dispositivos, ni tener relaciones superficiales con los demás. En esta parte de la encíclica, el Papa dice que “los medios digitales permiten que nos comuniquemos y compartamos conocimientos, sin embargo, nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor o la alegría del otro, es decir, con la complejidad de la experiencia personal.

“No podemos vivir con doble personalidad, una en lo digital, y otro en lo presencial. En ambos espacios somos una sola realidad. En ambos somos cristianos”, replica la religiosa, quien además  sugiere colocarnos un horario de acceso a Internet.

Valladares recordó que Benedicto XVI decía que un versículo de la Biblia cabe en 140 caracteres y tiene un mensaje profundo. Entonces, antes de emitir un tuit, es necesario orar, pensar mucho en algo que impacte y conecte, en poco espacio, y sobre todo, y transmitir valores que estén interiorizados en nosotros, de los contrario no podremos difundir el mensaje de Laudato Si’.

Replantear la economía y el consumo

Pablo Canziani, Doctor en ciencias físicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) remarcó la importancia de que en Laudato Si’ se haya integrado la ciencia y la fe, ya que la necesidad de encarar este problema es única y no por separado.

“Un solo camino y una sola solución con avances en la ciencia, lo cual queda en claro en la primera parte de la encíclica. Francisco reclama avances no solo en las ciencias naturales, sino en las económicas y sociales. La economía es la que está más rezagada en los avances porque nos manejamos con conceptos del siglo XIX”, puntualizó.

En ese sentido, Canziani dijo que era necesario replantear el sistema planteado por la economía de hoy, que nos invita a realizar un consumo salvaje y distorsionado, el cual puede ser revertido a través de un cambio individual.

“Hay que trabajar con el concepto de consumidor responsable y ciudadano exigente. Los cambios vienen de abajo a arriba. Esto parte por analizar cómo es que consumimos y cuál es nuestro rol en lo que usamos. Empezar a verificar como es que se produce lo que consumimos, porque muchas veces se usan esclavos modernos, que pueden ser más de los que imperios de la antigüedad. Es un imperativo moral”, agregó.

VIDEO DE LA CONFERENCIA ONLINE 

Foto: finanzas.com / arequitadigital.com / 1080.plus

Video: The Global Catholic Climate Movement 

 

RED MUQUI SOBRE ENCÍCLICA AMBIENTAL

  • Francisco señala que actividades extractivas no deben someterse a presiones políticas y económicas
  • Conversatorio “Laudato Si’ un año despúes” formó parte de las actividades internacionales sobre la carta encíclica

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, señaló que en la encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco hace referencia a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos extractivos, y cuestiona la falta de participación de todos los actores desde antes de su aprobación.

“En el Perú, las decisiones sobre donde hacer actividad –minera en este– son exclusivas del gobierno y la empresa, no existe participación de las poblaciones en esos procesos, es decir hay decisión desde los poderes económicos y políticos, algo que el Papa cuestiona en Laudato Si’”, comentó el representante de la RED MUQUI.

Pese a que el sumo pontífice menciona la importancia de la transparencia de la información en un proyecto extractivo y que esta no debe ser posterior a la aprobación de una EIA, Jahncke Benavente recordó que en el Perú, a las comunidades que habitan en zona de influencia del proyecto, solo se les informa sobre el EIA en términos técnicos sin que se recoja su opinión.

Desde el punto de vista eclesiático, Monseñor Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo, remarcó que la última encíclica es una aire fresco que Francisco ofrece al mundo y a la iglesia católica, y que se resume a la interconexión de Dios, el ser humano y la naturaleza, una armonía que hoy en día está dislocada, y que Laudato Si’ propone curar esta herida.

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Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), dijo que es necesario reconocer que la carta encíclica ha remecido los cimientos de la iglesia católica al ser una invitación a rehacer los vínculos con Dios y el planeta: la defensa de la vida y de la creación de Dios.

“Para el Papa Francisco, al actual paradigma económico es un sistema idolátrico y perverso porque antepone el dinero a las necesidades de los más pobres. Como iglesia no debemos callar, y lo hemos ido planteando en ocho conferencias episcopales en Latinoamérica se han pronunciado sobre este tema que no nos es ajeno al ser una cuestión humana”, refirió Monseñor Barreto.

De igual manera, Rocío Valdeavellano del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), destacó la labor del Papa Francisco como líder espiritual que no cae en el espiritualismo, y vive la realidad sin caer en un discurso de autoridad política o científica. Esta posición es la que lleva a Francisco a dirigir la encíclica a la humanidad entera, no solo a los católicos en el mundo.

Es así que la representante del MOCICC, recoge la postura del papa frente al actual modelo de producción y consumo que impulsan un estilo de vida que nos responsabiliza a todos en la falta del cuidado de nuestro planeta.

Asimismo, Valdeavellano resaltó como Laudato Si’ ha influido en el movimiento ciudadano e iglesias no católicas, pero sobre todo, el reconocimiento del Santo Padre a los movimientos socioambientales que defienden la protección del medioambiente, y que son considerados como “estorbos” por el status quo. Es por ello, que la encíclica llama a la acción ciudadana.

“Quienes buscamos ser seguidores de Jesús hoy en día, tenemos el reto de decidir si defendemos el futuro de la vida y del planeta, no solo de ceñirnos al evangelio. Una forma es difundir y aplicar la encíclica en la realidad peruana, identificarnos con el desarrollo de un estilo de vida sostenible y solidario”, convocó.

Por su parte, Eduardo Calvo, Presidente Adjunto del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), estuvo presente en el conversatorio a título personal  para comentar el segundo capítulo de la encíclica, el mismo que se ocupa del diálogo intenso entre la ciencia y la religión, y que ha dejado de lado las diferencias para concordar una posición sobre el cambio climático. Asimismo, expuso sobre el nuevo concepto de ecología integral que nos trae Laudato Si’ en su cuarto capítulo.

“Este concepto nos habla de tener una ecología económica, política y social, cultural y de la vida cotidiana, el principio de bien común; que no es otra cosa que la justicia entre las generaciones y una urgente y renovada solidaridad intrageneracional. Esta ecología integral es una base para pasar a la acción a través del diálogo que impulse a la política y a la economía al servicio de la vida humana; así como el diálogo entre las religiones y la ciencia”, subrayó.

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Como parte de las actividades oficiales de la Semana de Laudato Si’ (del 12 al 19 de junio), RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizaron el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN LATINOAMÉRICA
• Eduardo Gudynas estuvo en el Foro público:"Alternativas al Extractivismo: Los retos para el nuevo gobierno”, organizado por RedGe y CLAES

Eduardo Gudynas, Investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES Uruguay), puso sobre la mesa 8 retos que todos los países de Latinoamérica tienen en común, para hacer frente a la caída de precios de los minerales e hidrocarburos; situación que ha llevado a los gobiernos latinoamericanos –incluyendo al Perú– a tomar medidas que van en contra de las poblaciones indígenas, incluso de su propia institucionalidad ambiental.

A menor precio, mayor volumen extractivo
El coordinador ejecutivo de CLAES observó que la caída del precio de las materias primas no ha causado ninguna disminución en las actividades extractivas, sino todo lo contrario; se ha visto un aumento de presión en presión en minería e hidrocarburos, a través de los gobiernos y las medidas para compensar esta pérdida en los mercados internacionales.

Gudynas citó como es en que Bolivia ha exonerado a las empresas extractivas de evaluaciones ambientales, y sobre todo del mecanismo de consulta ciudadana a los territorios indígenas y de protección de áreas protegidas, pese a que su propia normativa exigía lo contrario. El investigador uruguayo mencionó que para alentar las inversiones, el gobierno de Evo Morales decretó un paquete de medidas de apoyo económico, en base a subsidios y exoneraciones fiscales, por un valor de solo US$ 3,500 millones para la explotación petrolera.

“La lógica es “bajan los precios, aumento el volumen extractivo”, sin embargo el resultado ha sido el incremento de conflictos con las comunidades ahondar las fracturas con los pueblos indígenas y el gobierno, así como una serie de impactos ambientales y sociales”, indicó.

Licencias y normas que debilitan
Gudynas expuso que ante una caída de precios en las materias primas, en Latinoamérica ya es común flexibilizar y minimizar la normativa, así como las vías administrativas del Estado para hacer el control ambiental en diferentes rubros.

Desde hace algunos años, en Colombia se decidió aligerar la presión normativa y de control, al otorgar títulos y concesiones de manejo en menor plazo, las llamadas licencias ambientales “express” que solo conllevaron al aumento de conflictos locales y resistencias ciudadanas. Esta situación les demuestra a los gobiernos que “Si yo aligero el licenciamiento, no se resuelven los problemas con los grupos locales”.

A ello se suma la dudosa legalidad de estas normas que contradicen a otras ya establecidas, o pretenden debilitar las funciones de las instituciones ambientales del Estado. Un ejemplo, es como en Uruguay se creó por decreto una nueva agencia de rango en la Secretaría Nacional de Agua, Ambiente y Cambio Climático, una “agencia” que causa vacíos y va haciendo innecesarias las propias gestiones y competencias del actual ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente.

“Esta debilidad de institucionalidad ambiental en Latinoamérica hace que los problemas ambientales se acumulen. No hay otra solución más que fortalecer las instituciones ambientales, aplicando la normativa ambiental”, indicó como uno de los retos.

Corrupción y extractivismo
Eduardo Gudynas dejó en claro que el flagelo de la corrupción en los procesos de concesión, es independiente con que los gobiernos sean conservadores o progresistas. Por ello, consideró que es necesario asumir que en realidad, los megaproyectos en basados en actividades extractivas solo son viables si aprovechan cierta ilegalidad para conseguir permisos. Algo ante lo cual los Estados deben protegerse.

“Todos los países latinoamericanos tienen casos de corrupción en el sector extractivo; algunos que van desde otorgamientos ilegales de concesiones mineras hasta sobornos para que no diga nada sobre el uso excesivo de contaminantes. Para todos los regímenes de propiedad encontramos casos de corrupción en Extractivismo, entre empresas estatales, empresas mixtas, empresas privadas bajo manejo estatal como la minera brasilera Vale, y de las que son netamente privadas”, subrayó.

Minería ilegal
En este tema, el autor de “Extractivismos” dijo que no se debe dejar de lado la contribución de las empresas formales que le compran a los mineros ilegales, y que habría que comenzar a preguntarse si es necesario implantar una moratoria.

Mirar hacia las zonas rurales
Durante su participación en el Foro Público sobre Alternativas al Extractivismo 2016 en Perú, Gudynas remarcó que los grupos afectados corresponden a poblaciones rurales -numéricamente pequeños-pero no menos importantes. De manera que la presión política y el caudal electoral que ejercen, también lo son, si se compara con las grandes ciudades.

“Para muchos partidos, esta población comunal no es necesaria para una elección, y esto se repite en todos los países latinoamericanos. Un caso dramático es el de Brasil de los pueblos indígenas, donde las organizaciones que trabajan, como el Consejo misionero de la iglesia católica, indican los últimos gobiernos han tenido las peores políticas para estas poblaciones”, comentó.

No dejar otros desarrollos alternativos
Tras aclarar que no propone la erradicación de la minería. El especialista en temas extractivos, indicó que en Latinoamérica, es preocupante la tendencia de combatir cualquier iniciativa o propuesta de plan alternativo de desarrollo, desde los mismos gobiernos.

“Esto contribuye a generar la imagen de que no existen alternativas posibles al extractivismo de inserción a la globalización y quienes las proponen no son alentados por el gobierno. Para buscar otras Alternativas de desarrollo, es necesario que participen los gobiernos y las universidades, porque las organizaciones locales tienen capacidades limitadas para abordar semejantes desafíos. No es su rol”, lamentó.

Democracia y valores
Para Gudynas los gobierno no deben dejar de lado que políticas ambientales también deben discutirse en términos de justicia y de moral, ya que en Latinoamérica también se evidencia la tolerancia –desde las grandes ciudades– a ciertas formas de represión y hostigamiento que se ejercen sobre comunidades locales que cuestionan un proyecto extractivo.

“El habitante urbano señala que “son indios que impiden el desarrollo” y en la sociedad estamos tolerando expresiones de injusticia y hasta algunas violaciones a los derechos humanos como algo normal”, agregó.

Dar valor a la naturaleza
Para el investigador de CLAES es necesario avanzar un paso más, desde los derechos humanos, y comenzar a discutir cuál es el valor de la naturaleza en un debate que incorpore la categoría de los ‘derechos de la naturaleza’.

“No debemos olvidar la innovación que ha hecho la nueva constitución del Ecuador, como el reconocimiento de los valores propios de la naturaleza, lo cual cambia buena parte de los procesos de decisiones sobre evaluaciones de impacto ambiental, y como acompasar proyectos de inversión con la protección del medio ambiente”, explicó.

No obstante, lamentó que en este país se entre en contradicción y se opte por el extractivismo, debilitando la propia idea constitucional de “derechos de la naturaleza”. En este punto, Eduardo Gudynas culminó su intervención con la siguiente reflexión:

“Escuchar a los mercados es la función del ministerio de Economía y Finanzas, y no del ministro del Ambiente, quien debe ocuparse de la naturaleza , escuchar a las plantas y a los animales, algo que suena raro pero que corresponde a una nueva sensibilidad, a la que apunta el nuevo marco constitucional del Ecuador”, finalizó.

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DATO:
Gudynas estuvo junto a José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental y subdirector de CooperAcción, César Ipenza, jefe del programa ambiental del partido Peruanos Por el Kambio, y María Elena Foronda, congresista electa por la agrupación política Frente Amplio.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú*, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente:

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “... las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°).

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay - párrafo

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor Pedro Pablo Kuczynski:

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas.

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas.

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, 15 de junio de 2016

 

(*) A la que pertenece RED MUQUI

La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación por parte de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.

Desde 2005, Perú es miembro de la iniciativa y ha venido cumpliendo con los criterios y exigencias del estándar, ha sido el primer país en América Latina en recibir la categoría de país cumplidor y en implementar dos experiencias descentralizadas que permiten a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos del canon en sus localidades, tales son los casos de Piura y Moquegua.

Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido propuestas concretas en materia de transparencia en el sector extractivo y la prevención de conflictos sociales. El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales.

En febrero de este año, la Comisión Nacional EITI Perú presentó los resultados del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN) del EITI (elaborado por la Consultora E&Y) correspondiente al año fiscal 2014. En este estudio participaron 59 empresas. Para asegurar amplia cobertura uno de los criterios de participación es que el aporte de la empresa sea igual o mayor al 2% del valor de producción para el sector minero y de 1% para el hidrocarburifero.

Esta Comisión ha definido que los resultados de los Estudios deben reflejar los siguientes conceptos: (i) Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería (solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería).

En el V estudio se logró cubrir al 85% del valor de producción minero y el 95% del subsector hidrocarburos. Solo una compañía manifestó su intención de no adherirse al informe EITI, la Minera Chinalco Perú SA, la cual cuenta con una participación mayor al 2% del sector. La decisión de esta empresa de no participar afecta negativamente el objetivo del país de cumplir con el estándar EITI.

Por lo expuesto, instamos a que los candidatos den continuidad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, evidenciando su voluntad de adherirse al estándar EITI, a fin de evitar poner en riesgo la permanencia de nuestro país en una iniciativa que podría contribuir a mejorar los procesos de participación y transparencia ambiental en nuestros recursos extractivos.

Tras 11 años de implementación del EITI, necesitamos que la materialización de los mecanismos de financiamiento del sector sea parte de una política pública de transparencia, al igual que la administración de la información proporcionada por empresas sea más rápida. La creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información sería la oportunidad para hacerlo, de tal manera se podría impulsar el EITI y la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, en inglés) en el país.

El OGP promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. Nuestro país también forma parte de esta iniciativa desde el 2012, siendo necesario que también el próximo gobierno se manifieste sobre su continuidad.

Finalmente, el EITI y el OGP se vuelven fundamentales ante el actual contexto de flexibilización de estándares socio-ambientales en las inversiones, cabe señalar, que una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2016 es la inclusión del tema ambiental en el EITI. Por ello, transparentar y hacer accesible mayor información AMBIENTAL respecto a las industrias extractivas como la información relacionada con los procesos de otorgación de derechos, evaluación y fiscalización ambiental, se convierte en salvaguardas para generar inversiones sostenibles.

Lima, 3 de junio de 2016.

VER PRONUNCIAMIENTO

Firman:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa - Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
6. Asociación Nacional de Centros
7. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales
10. Cáritas del Perú
11. Central Asháninka del Río Ene (CARE)
12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
13. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)
14. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
15. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú
16. Ciudadanos al Día
17. Confederación Nacional Agraria (CNA)
18. Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
19. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro)
21. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
22. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
23. Environmental Investigation Agency (EIA)
24. EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
25. Foro Ecológico del Perú
26. Forum Solidaridad Perú (FSP)
27. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
28. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
29. Instituto de Desarrollo Socioeconómico (IDS) PROSPECTIVA AMAZÓNICA
30. Instituto del Bien Común (IBC)
31. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
32. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
33. Paz y Esperanza
34. RED MUQUI Perú
35. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
36. Salud Preventiva Andina
37. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)

EN FORO PARLAMENTARIO

A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la  promoción de  propuestas favorables  respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.

Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente

RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social. "Las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población se orientan solamente a informar a la población sobre el proyecto, es decir, solo se cumple un 'mero requisito administrativo' para dar luz verde a la concesión del proyecto", remarcó.

Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es constitutiva de derechos.

Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.

Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de aminorar el problema”, señaló.

Propuestas a impulsar

foroarpodeh2

 

Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.

Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.

A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.

 

Fotos / Videos: Comunicaciones RED MUQUI

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.

Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.

Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.

La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.

Firmantes:

Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Arariwa

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Civil Universidad Coherente

Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Cáritas del Perú

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colegio Economistas Loreto

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cooperativa Norandino

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

DESCOSUR

Environmental Investigation Agency (EIA)

EarthRights International (ERI)

Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Instituto del Bien Común (IBC)

IPSA - Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto

OXFAM en Perú

Paz y Esperanza

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca

RED MUQUI PERÚ

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Salud Preventiva Andina

Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)

Suma Ciudadana

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