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DESPÚES DE 5 AÑOS DE PROCESO

  • Defensa presentan alegatos finales de dirigentes y exalcalde procesados

El juicio oral contra el exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), Oscar Mollohuanca, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán y Sergio Huamani, ha llegado a su etapa final.

Para este martes 4 de julio a las 10:30 horas, el Poder Judicial de Ica programó la audiencia de alegatos finales en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Luego de escuchar los alegatos finales, se estima que el juez estaría emitiendo sentencia en las próximas semanas.

Tras casi cinco años de investigaciones injustas y dilaciones en el caso, Mollohuanca, Huamán y Huamani vienen afrontando un proceso judicial en la ciudad de Ica, por haber participado en las movilizaciones sociales e intentar canalizar las justas demandas de la población espinarense en contra de la empresa minera Antapaccay.

Los delitos que se les imputan son: atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Para ello, la Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, Además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Cabe recordar que desde el 2012, la Fiscalía modificó en más de cuatro ocasiones su acusación y tipificación de delitos, pidió 20 años de cárcel. La investigación contra el alcalde y dirigentes se desarrolló en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, porque supuestamente no existía garantía para los fiscales. Desde entonces no retornó al distrito judicial Cusco pese a que cesó la violencia unos pocos días después de iniciada la investigación.

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El caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que garantizará la presencia de los abogados y los mismos denunciados, en esta última fase del proceso.

DATO:

El conflicto en Espinar estalló en mayo del 2012, y cuyo saldo fueron 3 personas fallecidos, más de 100 heridos (entre civiles y policías), una decena de personas detenidas para luego ser procesados judicialmente.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

Fotos: Radio Venus / DHSF Cusco

TRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL

  • Bolivia, Colombia y Ecuador integran esta comisión de trabajo
  • Próximo Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales se llevará a cabo en el 2018 en Colombia

Con el fin de impulsar las propuestas e incidir en las instancias de decisión de sus respectivos países, la RED MUQUI y organizaciones de Bolivia, Colombia y Ecuador conformaron el Grupo de Trabajo Andino de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo.

El 9, 10 y 11 de noviembre más de 26 organizaciones dedicadas al monitoreo ambiental se reunieron en el II Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, para el fortalecimiento e impulso de los diferentes niveles de organización social y procesos de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, en cada uno de los países de la comunidad andina. Dicha reunión fue organizada por RED MUQUI y Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF).

Retos

Los temas pendientes aún siguen siendo la inclusión y reconocimiento de los mecanismos y organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, dentro de los sistemas de gestión y fiscalización ambiental en nuestros países.

Más aun cuando el factor común en los países de América del Sur, es cómo territorios de las comunidades campesinas, indígenas y nativas, se han perfilado como el destino de las inversiones mineras, hidrocarburíferas e hidroeléctricas.

A consecuencia de ello, durante este segundo encuentro, se compartieron problemáticas como: Vulneración de derechos colectivos e individuales, contaminación de ambiente, criminalización de la protesta, entre otros.

Intercambio de experiencias

Durante el primer día de jornada (09 de noviembre) se presentó un análisis del contexto político y su relación con las industrias extractivas, la afectación en los recursos naturales y el medio ambiente.

Para ello, se contó con la ponencia de Sergio Vásquez Rojas, director de CENDA Bolivia; Luis Guillermo Pérez Casas del Colectivo Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR Colombia) y Antonio Ureta del Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables (CAMAREN, Ecuador); mientras que los miembros de Muqui norte, centro y sur dieron a conocer el panorama nacional y regional.

Por la tarde, se llevó a cabo el FORO PÚBLICO INTERNACIONAL: “Experiencias de Vigilancia Ambiental y de Políticas Públicas para la Gestión Sostenible de Recursos Naturales en América Latina”, de donde surgió una declaración de nivel internacional.

En el segundo día se presentaron iniciativas y experiencias de las organizaciones que realizan e imparten monitoreo ambiental participativo. En esta muestra se expusieron metodologías, protocolos y materiales del trabajo en campo.  

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En base a este intercambio y aprendizaje, las organizaciones se orientaron a la construcción de perspectivas, lineamientos, y próximos espacios de articulación internacional.

En el recorrido de experiencias se mostró cómo es que los mecanismos ancestrales de vigilancia y monitoreo ambiental son utilizados por las comunidades como espacios culturales y espirituales, además de la protección de sus recursos naturales y territorio, que es su principal fin.

Asimismo, se trató sobre la utilidad de la información generada por las organizaciones que realizan el monitoreo y vigilancia ambiental participativa, que al ser reconocida por las instancias competentes debe, puede ser considerada como medio probatorio para iniciar acciones legales.

Trabajo de campo en Espinar

En este encuentro, estuvieron presentes vigilantes y monitores ambientales, quienes llegaron hasta la provincia de Espinar y tuvieron la oportunidad de conocer dos experiencias exitosas de monitoreo ambiental en campo.

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Uno fue el método de reconocimiento de macroinvertebrados (insectos) que aplica la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS, La Libertad), y el otro, el que aplica Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF, Cusco), Sumamarka (Puno) y Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA, Bolivia), organizaciones que realizan monitoreo en base de reactivos y tienen certificaciones de la Global Watch Water (GWW).

Previamente, los participantes hicieron un recorrido en las inmediaciones de la zona minera de la provincia de Espinar, que comprende el antiguo proyecto minero Tintaya, el actual, que es Antapaccay. Asimismo, se sostuvieron una reunión con dirigentes y líderes de comunidades afectadas por la minería en Espinar, en donde la experiencia de monitoreo ambiental vigente desde el 2013.

Es así que RED MUQUI y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), organizaron esta reunión internacional de intercambio, programada del 9 al 11 de noviembre en la ciudad del Cusco.

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Esta edición del Encuentro Internacional de Vigilancia, se decidió llevar a cabo en el sur andino del Perú, debido a que esta zona concentra más del 50% de inversiones mineras, a la par con el 50% de conflictividad socio ambiental a causa de la minería. Ante esta situación, se consideró que es necesario contar con más comités de vigilancia y monitoreo ambiental, y repotenciar experiencias como las de Apurímac y Puno.

DATO:

El I Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitario e indígena se realizó en diciembre del 2014, en la ciudad de Marcará (Caráz, Ancash). Ahí se identificó una debilidad organizacional y de articulación para lograr implementar las prácticas de monitoreo y vigilancia ambiental en las diversas regiones del país y de Latinoamérica.

Organizaciones participantes: CENDA – Monitoreo en el Lago Poopó y Asociación NUNA de Bolivia; Red Camarén de Ecuador; ACIN-CRIC (Cauca) CAJAR (Córdova) de Colombia; AGH de Alemania; Derechos Humanos y Minería - DHM (Cusco), Organizaciones de Iquitos y Urubamba - DAR, el Gobierno Regional de Cajamarca; los miembros de la RED MUQUI: Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), CADEP (Cusco), SUMA MARKA ONGD (Puno), Instituto de Estudios de las Culturas Andinas - IDECA (Puno), Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA  (Puno), CooperAcción, PASSDIH (Junín), CEAS, AMAS (La Libertad), Natura (Áncash) y GRUFIDES (Cajamarca).

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

RED MUQUI participó en la Semana Internacional de la Vigilancia Indígena, aportando sus, experiencias de éxito en monitoreo ambiental que se lleva a cabo en la sierra de nuestro país.

Durante el evento se presentaron los trabajos que se realizan con las comunidades andinas de La Libertad, Cajamarca y Cusco, quienes vienen monitoreando la calidad del agua de los ríos debido a la presencia de minería y el alto riesgo de contaminación que representan.

Las experiencias presentadas por Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), coincidieron en la importancia de contar con una ley –política pública- que reconozca el trabajo que realizan las comunidades para preservar los recursos naturales.

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Experiencia AMAS

La institución de miembro de RED MUQUI con mayor experiencia en impartición de monitoreo ambiental independiente es AMAS. Fue conformada en el año 2003 a raíz de la preocupación que causó la presencia de la empresa minera Barrick-Misqichilca en tres cabeceras de cuenca de la región de La Libertad.

Ronal Gabriel, técnico especializado en monitoreo de agua, afirmó que desde ese momento se ha venido implementando todo un proceso de capacitación y empoderamiento de los pobladores quienes vigilan tres cuencas en zona de influencia minera de las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión-Huamachuco, y Santiago de Chuco (La Libertad).

“Los pobladores han trabajado en minería y conocen su alto nivel de contaminación. Ante ello, se acercan a sus autoridades locales a solicitar información, y al no obtener respuesta recurre a la iglesia a la consideran una institución confiable”, relató.

Como parte del acompañamiento en el fortalecimiento de capacidades, AMAS realiza talleres formativos, trabajos de campo, y tras la información recolectada se elaboran informes que son presentados a la sociedad civil y entidades del Estado. También recordó que AMAS comenzó a realizar un monitoreo de base antes del comienzo de las operaciones del proyecto minero. Ello ayuda a controlar la calidad de agua anualmente.

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La base de la impartición del monitoreo ambiental y participativo, es el taller de derechos humanos y democracia. "Lo importante de ello, es empoderar a los dirigentes, a los campesinos, a los comuneros para que defiendan sus derechos y decidan el tipo de desarrollo que necesitan desde las cabeceras de cuenca", indicó durante su exposición ante varios monitores indígenas.

Además, Gabriel indicó que AMAS imparte un taller de percepción ambiental que implica la visita de la zona de influencia de la gran minería, y el de “Formación de monitores de agua y de biota”, donde aprenden los multiparámetros del agua y georeferenciación.

Con estos equipos se obtienen resultados de la calidad de agua que son comparados con los estándares de calidad, por los mismos campesinos. De estos resultados ellos elaboran informes anuales.  

“Hemos exigido al MINAM para que se nos reconozcan los resultados de los monitoreos ambientales de la calidad del agua. En la salida de campo, los dirigentes capacitados son capaces de acompañar la labor de un técnico proveniente de un laboratorio certificado”, aseveró.

Precisamente en el 2008, en convenio con la Universidad Nacional de Trujillo, AMAS implementa otro tipo de monitoreo con macroinvertebrados, que no está legislado en el país. Además, en complementario a los procesos físicoquímicos.

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“Estamos desarrollando un protocolo en la zona norte con la Universidad Nacional de Trujillo. Este método con bichitos, no es costoso y es fácil de identificar por los pobladores”, anotó.

Ronal Gabriel aclaró que el monitoreo comunitario, no es necesariamente es independiente; ya que las empresas mineras y el Estado realizan monitoreos participativos con la comunidad. No obstante, el monitoreo que coordina AMAS es independiente e inopinado, y ello lo determinan las propias comunidades. “De esta manera han podido encontrar indicadores claros de contaminación”, aclaró.

“A la fecha tenemos 30 comités de vigilancia organizados en la sierra, a nivel nacional. Creemos que el proyecto de ley ayudaría a las comunidades indígenas como indicadores de alerta temprana. Además, sería bueno que una normativa también reconozca los informes que elaboran las comunidades y la Sociedad Civil, ya que poseen sustento científico”, solicitó.

Experiencia GRUFIDES

A su turno, Mirtha Villanueva, coordinadora de vigilancia y monitoreo ambiental de Grufides, comentó que a raíz de las protestas contra el proyecto minero Conga, la población se organizó y comprendió la importancia de la vigilancia ambiental.

“Tomando en cuenta que el 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería. Las mujeres de la ciudad comenzaron a capacitarte y luego replicaron sus conocimientos en comunidades rurales. El impacto de escuchar a otro campesino enseñando sobre monitoreo, es mucho mayor”, puntualizó.

En este año de experiencia hemos logrado que siete organizaciones de base de comunidades afectadas por minería, ya cuenten con información y capacidades para que puedan vigilar sus ríos, a través del estudio de macroinvertebrados.

“Ahora un vigilante ambiental habla del PH del agua, y conoce los seres que habitan en los ríos. Producto de este trabajo práctico, los mismos campesinos elaboran una guía de facilitación, así como una caja de herramientas”, expuso como experiencia.

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Manifestó que gracias a la RED MUQUI y a los compañeros de AMAS, se han realizado encuentros de monitores, con el fin de establecer redes de vigilantes ambientales. De esta manera se puede hacer incidencia en las autoridades.

"Los comités de vigilancia se convierten en organizaciones que pueden tratar otros temas ambientales de la localidad. El ambiente está integrado a la salud y a la educación", precisó.

Mirtha Villanueva dijo que el reconocimiento de los comités de vigilancia ambiental, parte de los gobiernos locales y regionales, a través de sus comisiones ambientales. En el caso de Cajamarca ha sido así, los siete comités de vigilancia ambiental se han formado junto con las municipalidades. “El reto es establecer línea de base en ríos que no estén contaminados”, resaltó.

Experiencia DHSF

Fredy Choquemallco recordó que DHSF acompaña en materia legal, ambiental e incidencia a las poblaciones del Cusco. Refirió que la experiencia de monitoreo y vigilancia se ha venido desarrollando en Espinar, una de las provincias más altas en donde la empresa Glencore ha asentado el proyecto Tintaya-Antapaccay en la cuenca Cañipía, desde el año 2012.

Entre los demás problemas de contaminación del lugar está el pase de 800 camiones que generan material particulado que afectan a comunidades, pastizales y animales; derrames en los ríos, de los cuales han sido cinco identificados por el OEFA, entre el 2015 y 2016.

En medio de esta situación, SENASA, OEFA y ANA han venido insistiendo en que la contaminación se da manera "natural" ya que la zona es mineralizada con metales pesados, y la muerte de los animales se debe a que los comuneros “no saben hacerse cargo”.

Es así que las nueve comunidades que habitan a lo largo de la cuenca Cañipía decidieron organizarse. Con el acompañamiento de DHSF, conformaron sus comités ambientales en asamblea comunal.

“Como organización de la Sociedad Civil visitamos a las comunidades, facilitamos capacitaciones, nos juntamos a debatir y a buscar soluciones a los problemas ambientales de la zona. Ahora también participan los institutos, colegios y universidades”, anotó el ingeniero de DHSF.

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Durante su presentación explicó que, al capacitarse, las comunidades se fortalecen y ganan seguridad cuando manejan las herramientas de monitoreo especializado.

“Manejar los instrumentos no es tan difícil. Un kit de monitoreo portátil usa reactivos, y los equipos multiparámetros se basan en temperatura, PH, alcalinidad, nitidez y el nivel del caudal. Luego que se recogen los datos, se analizan en cuadros estadísticos y se toman decisiones de incidencia”, detalló.

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Como parte del resultado de trabajo que DHSF realiza desde el año 2013, Fredy Choquemallco indicó que la cuenca Cañipira cuenta con una red de monitoreo, dividida en ocho puntos: la parte alta donde se encuentra el proyecto minero Antapaccay, la media y la baja. Finalmente añadió que las comunidades han elaborado un inventario de recursos hídricos como parte del trabajo de campo.

DATO:

Del 24 al 26 de octubre se desarrolló la  SEMANA DE LA VIGILANCIA INDÍGENA, jornada en la que se presentaron aprendizajes y avances sobre las tareas de vigilancia que vienen desarrollando y que se evidencian como una solución frente a emergencias ambientales como las vividas en los últimos años en el país.

Fotos: DHSF / Comunicaciones RED MUQUI

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO. 

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

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En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo. 

"Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores"

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"Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera", recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

"El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas", dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

"A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera", apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

"Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos", recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP. 

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

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Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

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Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

DESDE ESTE VIERNES 20

  • Desde el 2013 no se concretan acuerdos de mesa de diálogo en la zona

El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y varias organizaciones sociales representativas de la provincia de Espinar acatarán un paro preventivo de 24 horas en respuesta al incumplimiento de los compromisos asumidos por las diferentes entidades públicas para afrontar la contaminación ambiental que se vive en dicha provincia cusqueña.

Los pobladores de Espinar señalaron que la mesa de diálogo en la provincia no ha dado los resultados esperados por la población, desde que se instaló; sino por el contrario, los funcionarios representantes no toman en cuenta los plazos para llevar a cabo las soluciones planteadas en este espacio.

En diálogo con Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), el Presidente del FUNDIE, Edgar Huaranca, detalló que la plataforma de lucha de este paro responde a que desde hace casi 3 años, no se cumple con atender a los pobladores afectados por metales pesados en la sangre, además de la negación sobre la presencia de metales pesados en el ambiente, por parte de organismos públicos especializados involucrados en el tema.

“Las evaluaciones de OEFA, ANA, SENASA, CENSOPAS, DIGESA Y DIRESA, están concluyendo en sus informes que en relación a la actividad minera, no se ha hallado metales pesados en el aire y el agua; en el caso del SENASA, se está haciendo evaluaciones junto con un laboratorio extranjero que señala lo mismo. Esto que ha motivado al rechazo de las organizaciones sociales.

Respecto a la atención de salud que los afectados de Espinar requieren con urgencia, Huaranca, recordó que inicialmente, el Ministerio de Salud (Minsa) tenía contemplado ejecutar un plan específico para estas personas que presentan altos porcentajes de metales pesados en la sangre; sin embargo, solo se viene implementando el programa nacional “Más Salud” que no cuenta con especialistas para tratar estos casos.

“Esta campaña no tiene validez para la provincia, dado que la demanda inicial era una atención a las personas con metales pesados que tienen en el cuerpo y la atención inmediata (…) las personas intoxicadas por metales pesados no han sido atendidas, han sido abandonadas a su suerte”, aseveró

Tras mencionar que la empresa Antapaccay (Tintaya) no ha tomado ninguna acción hasta el momento, el representante del FUDIE mencionó que en la plataforma de lucha también se existen puntos referidos a las mineras HudBay y Las Bambas.

“Con la minera HudBay (Chumbivilcas, Cusco) y las Bambas (Cotabambas, Apurímac) tenemos el problema de contaminación y deterioro de las vías. HudBay hace circular unos 160 convoys aproximadamente, tanto de ida como de vuelta, las vías se han ido deteriorando. Además, se levanta una polvareda que afecta a las personas y a nuestros animales; lo mismo ocurre con Las Bambas que tampoco ha querido tomar las previsiones del caso, y en esta primera etapa de producción son más de 200 unidades vehiculares pesadas que circulan”, comentó a DHSF.

Precisamente, Huaranca hace referencia a las vias cusqueñas que pasan por los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata, y que llegan hasta Arequipa.

En ese sentido, indicó que existe un compromiso por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para asfaltar las vías por donde transitan los camiones desde Chumbivilcas, las cuales son consideradas de alto riesgo para la salud humana y de los animales. “Hasta la fecha se ha cumplido en algo el porcentaje de avance pero no se cuenta con el presupuesto para su ejecución. Es de suma importancia que esta vía sea declarada en emergencia a fin de que no haya más contaminación”, agregó.

Durante esta jornada de lucha, se tiene programado el cierre de vías de acceso a la provincia de Espinar especialmente de aquellas que se conectan con Chumbivilcas y Cusco, como son las de Espinar, Sicuani y San Tomás. “Se  ha coordinado con las diferentes organizaciones para que desde tempranas horas se realicen los piquetes cerrando el acceso a la provincia de Espinar”, señaló el presidente del FUDIE. 

Asimismo, Huaranca informó que este 21 de mayo -día simbólico de la dignidad Epinarense- se conmemora un año de la creación del Frente Único de la Juventud Espinarense, así como una serie de actividades para dar muestra de la contaminación ambiental que sufre la provincia y el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades en el año 2012.

Lee también:

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Pedirán reparaciones civiles y atención médica a comunidades afectadas por metales en la sangre en Espinar

Fuente / Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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