RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Lima, 15 de agosto de 2019     

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Lamentamos la actitud incongruente y prepotente del Gobierno del señor Vizcarra respecto a la imposición del proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern Perú Copper Corporation en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa; como parte de una estrategia económica, que prioriza la aplicación de la “Agenda País” de la Confiep y la explotación sin control de nuestros recurso naturales por parte de empresas extractivas, que afecta derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones ubicadas dentro o alrededor de esos proyectos mineros.
  2. El gobierno, por palabras del propio Presidente, busca una salida “dialogada” al conflicto, que éste mismo ha generado al otorgar la “licencia de construcción” a la empresa; sin tener en cuenta la oposición abrumadoramente mayoritaria de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, abdica de su rol constitucional de garante de los derechos de las personas; asumiendo un papel violador de derechos fundamentales, al dictar una serie de medidas y tomar decisiones que ponen en riesgo la integridad física, libertad personal, y derecho a la legítima protesta social de la población de Valle de Tambo que ya sufre 10 años de constante asedio policial y agresión por el hecho de defender sus modos de vida basados en la agricultura, agroindustria y agro exportación.
  3. Desde Red Muqui habíamos ya alertado, que nuevamente el Valle de Tambo se podría convertir en un laboratorio de aplicación de medidas de criminalización y represión de la protesta social. En efecto, primero fue la aplicación de la figura delictiva de crimen organizado, a través de la Asociación Ilícita para Delinquir, tratando a los representantes de las organizaciones sociales, que son reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos (por el reciente Protocolo de Protección publicado por el Ministerio de Justicia y los tratados internacionales de derechos humanos); como si fueran una banda de delincuentes comunes. Lo que incluso ha ocurrido recientemente en Arequipa con informes de inteligencia que los califica de “radicales y violentistas”.
  4. Finalmente se ha aplicado en el caso Tía María, el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), arguyendo que las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani corrían el riesgo de ser afectadas. La aplicación de la inconstitucional norma administrativa de Activos Críticos, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas y con ello la “militarización” en un conflicto social; desnaturaliza el rol constitucional que estas juegan en la defensa nacional, permitiendo que intervengan en el orden interno. Tarea que compete, por mandato de la propia Constitución, a la Policía Nacional; con los riesgos que ello conlleva en el uso de armas de fuego de largo alcance, calificadas como letales y prohibidas, en una eventual represión.
  5. Hay que destacar que en la Misión de Observación de Derechos Humanos en la que recientemente RED MUQUI participó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, pudimos comprobar in situ, pese a la negativa del Jefe de la IX Macro Región Policial en Arequipa, que la Policía Nacional sí intervenía en la represión del conflicto con armas de fuego letales, de largo alcance, y no sólo con armas disuasivas como establecen las normas sobre el uso debido de la fuerza. Lo que fue corroborado por los propios policías a quienes entrevistamos en el cuartel Chucarapi en Valle de Tambo.
  6. A ésta medida se suma el lamentable rol que está jugando el Ministerio Público en Arequipa; que está abdicando de su obligación constitucional de investigar un hecho delictivo para perseguirlo penalmente y; por el contrario, solicita a los profesionales de la salud en la provincia de Islay, que entreguen las prendas de las personas heridas, restos de proyectiles de armas de fuego, etc, como consecuencia de las acciones de represión policial; a la propia policía cuestionada por estar acciones brutales de represión. Lo que, sin duda, pone en riesgo los medios probatorios para futuros procesos que puedan establecer responsabilidades en violaciones de derechos humanos de parte de la policía en su accionar.

Por todo ello exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009, a través de la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María; y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

07 de agosto del 2019

Actualización

Frente a las recientes declaraciones del general Ugaz y otras personas en redes, respecto a que el joven Carlos Tapia Chino no habría sido herido por una bala, porque el impacto en su cuerpo no generó mayor gravedad en su estado de salud. Y porque se observa en la foto una bala sin percutar; el abogado de la persona herida, Arturo Dueñas, que grabó cuando la ambulancia llegaba con el herido al hospital, señaló en sus redes a las 10pm el día de ayer: "Gracias a Dios el proyectil perdió potencia en el ingreso del cuerpo de Carlos, a esta hora culminó la presente diligencia, mañana continúan las diligencias para el esclarecimiento de hechos materia de la presente investigación y se encuentre él o los responsables de hecho ilícito". Como fue difundido en redes, la ambulancia llegó al Hospital con la persona herida y la enfermera mostró la bala que le sacó al cuerpo de la persona herida.

Noticia desarrollada durante el día el 7 de Agosto

Se confirma segunda persona herida producto de los enfrentamientos entre la policía y la población en Matarani, el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante. 

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: "los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos".

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala, según testimonio de la paciente y de su madre. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. "Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente", precisó indignada frente al discurso de quiénes dicen que podría ser producto de un perdigón la herida causada a su hija. Un perdigón a 50 metros de distancia no causa un orificio en el brazo y rompe el hueso, finalizó. 

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Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani - en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

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Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la IX Macroregión policial del Sur, el general William Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentidacuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

 

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Ahora queda demostrado que la PNP sí ha estado usando armas letales como se observa en la foto adjunta y cómo se observa en otras fotos que circulan en redes sociales sobre la protesta en Matarani.

Pronunciamiento de la Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

Prensa Red Muqui 

 

 

 

 

 

 

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En septiembre del 2009 la población del valle de Tambo se expresó en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo. A pesar de esta larga lucha y la resistencia de las autoridades regionales de Arequipa y las regiones a los alrededores en las últimas semanas, 10 años después el actual gobierno del presidente Vizcarra, a través del Ministro Francisco Ismodes,  ha informado que ha otorgado la autorización de construcción del proyecto Tía María, a la empresa minera mexicano norteamericana Southern.

 

Esta situación ha acontecido pese al anuncio del Presidente de la República Martín Vizcarra, de que en su gobierno los proyectos mineros sólo se realizarían como “fruto del consenso, no fruto de la imposición”, y que por ello impulsaría un proceso de diálogo con la presencia incluso del primer ministro Salvador Del Solar.Lamentablemente el anuncio de diálogo ahora queda desvirtuado, en tanto habiendo otorgado ya la autorización el Estado a la empresa, ahora ya no está discusión la realización  o no del mismo, sino sólo las condiciones y tiempos para su realización, lo que ya queda en manos de la empresa y la población, si es que considerara participar.

 

La situación decidida por el gobierno nacional, reaviva el conflicto social en el Valle de Tambo y las provincia de Islay, en Arequipa, por el mayoritario rechazo que desde el año 2009 existe al proyecto minero Tía María, por el riesgo que genera la minería en la agricultura, agroindustria y agroexportación del Valle, la que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú y a la exportación, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.

Debemos recordar, que la empresa minera Southern en su momento no había podido levantar las 136 observaciones que en el primer EIA del proyecto minero realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos – UNOPS por eso tuvo que presentar un nuevo EIA, que fue cuestionado porque en su audiencia pública no se permitió la participación de los pobladores afectados del Valle de Tambo.

 

 

Las observaciones presentadas en éste último EIA al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese todas ésta ello el EIA finalmente fue aprobado.

 

Desde RED MUQUI consideramos irresponsable y un grave error político del gobierno ésta decisión generada por la presión de los gremios empresariales, y más aún el anuncio del envío de las fuerzas policiales al Valle del Tambo. Ambas decisiones ya han propiciado la movilización mayoritaria de la población del Valle de Tambo que anuncia un paro indefinido a partir del lunes 15 de julio en defensa de sus derechos a la vida, salud, ambiente sano, a definir su modo de desarrollo basado en la agricultura, la agroindustria y agroexportación y a vivir en paz social, sin conflictos sociales ni militarización de su localidad y sus tierras. 

La presidenta de CONFIEP María Isabel León, había anunciado hace unos días, luego de la presentación de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial, que había planteado al Presidente Vizcarra como prioridad y “señal importante” para el empresariado, dar autorización al proyecto minero Tía María. Finalmente ha sucedido tal como ella lo propuso.

Vivimos una dictadura minera en su mayor apogeo, donde las agendas de los grupos de poder económico se imponen como “agendas de gobierno”, sus decisiones y propuestas se convierten en normas legales, políticas públicas que favorecen la imposición de proyectos económicos, fundamentalmente mineros, sin considerar las preocupaciones y prioridades de las poblaciones y comunidades afectadas, y los riesgos para su vida, salud, modos de vida y actividades económicas que no son medidos antes de tomar decisiones.

El presidente Vizcarra había anunciado respecto al proyecto Tía María “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”, pero una vez más ha faltado a su palabra, y como ha dicho el Presidente Regional de Arequipa, ha traicionado a la población del Valle de Tambo, cuando había planteado enviar al Premier Del Solar para realizar un diálogo previo a la decisión que se ha tomado.

Lo que ha hecho el gobierno del presidente Vizcarra con ésta decisión, es abdicar a su rol garante de derechos, a exigencia de la CONFIEP, para convertirse en un simple mediador entre la empresa minera y la población afectada, porque ya no está en sus manos la decisión del proyecto, ya la tomó. Ahora cualquier “diálogo” que se anuncie, sería una mera “negociación” sobre cuándo y en qué condiciones se iniciaría el proyecto, ya no si va o no va, y por eso la población movilizada del Valle de Tambo ya ha convocado a un paro indefinido a partir del día lunes 15 de julio.

De antemano ya la Policía Nacional había anunciado el destacamento de 400 policías para “la prevención y control de probables acciones contra el orden interno y el orden público en vista del otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María”. Ya como Red Muqui nos habíamos pronunciado hace unas semanas por el anuncio del Presidente Vizcarra encargar a las Fuerzas Armadas la seguridad de las instalaciones de los llamados “Activos Criticos”, entre las que se encuentran las empresas mineras, y habíamos prevenido como escenario de aplicación de ésta medida el Valle del Tambo, en caso se autorice el inicio de operaciones del proyecto Tía María.

En pocas palabras lo que nos esperaría con estas decisiones, es nuevamente la imposición a sangre y fuego de un proyecto minero como Tía María, con 10 muertos en el conflicto, en el primer caso donde se ha aplicado la figura penal de la “asociación ilícita para delinquir”, como si los dirigentes que defienden sus derechos fueran delincuentes comunes, imponiendo un proyecto con graves irregularidades en su aprobación, en una zona de gran actividad económica agrícola, agroindustrial y agroexportadora, de importancia para la macroregión sur, todo ello sin importar las consecuencias para la vida y salud de las personas, sus modos de vida y el futuro de sus actividades económicas que es por lo que vienen luchando desde el año 2009.

A UN AÑO DE LA PROTESTA EN ISLAY

A un año del último episodio de violencia y caos que vivieron los agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, por el proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) emitió el documental “La batalla del cobre”, el mismo que se estrenó el 11 de febrero de este año.

El programa 'En Portada' viajó hasta Arequipa para conocer de primera mano el conflicto minero que sufre esta región a raíz de la adjudicación de dos minas de extracción de cobre, a la empresa mexicana Southern Cooper. Los documentalistas españoles, reconocen también que minería es uno de los principales sectores de la economía peruana, pero también el origen de un tercio de los problemas sociales.

“En Portada toma el pulso de este conflicto a través de sus principales actores y ha confrontado a unos con otros, a través de hechos y testimonios, en una batalla que se sigue librando y cuyas heridas siguen abiertas”, remarca el equipo de RTVE.

El documental presenta al Valle del Tambo como la despensa de Arequipa y sus 15 mil hectáreas de cultivo y como sirve de sustento alimenticio a 50 mil habitantes y a todo el sur peruano.

“La proximidad al valle, eminentemente agrícola, preocupa a sus habitantes, que han mostrado una fuerte oposición al proyecto. Las protestas se han saldado con al menos siete muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenciones”, indica el registro.

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En la primera parte, el equipo de RTVE llega hasta la zona del proyecto Tía María con un representante de Southern, ahí la empresa les muestra la zona del tajo abierto a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar y a 7 km. de distancia del valle, según el funcionario de Servicios ambientales, Darío Oviedo.

En otro ángulo del documental, la reportera recoge la opinión de Otto Hito, un ingeniero ambientalista  independiente quien los conduce hacia el yacimiento “La Tapada” que está más próximo a la población y a los cultivos del valle. En el lugar, el técnico refiere que entre este yacimiento y el valle, apenas existen 1,200 metros de distancia.

“(El peligro) es la cercanía, el material particulado, los gases que va a producir La Tapada y como estos llegarán hasta los cultivos y a la población”, indicó Hito.

Mientras que se muestran imágenes de como empieza un día laboral en el distrito Cocachacra, se recoge el testimonio de la campesina, Mercedes Hinojosa quien en tiempo de cosecha le brinda trabajo a unos 40 agricultores.

“Nosotros vivimos con el agro, de lo que cosechamos. (…) si la Tía María entra, ¿Qué vamos a comer la gente? ¿De qué vamos a vivir?”, cuestionó Hinojosa.

En documental se menciona que en el valle del Tambo, 4 de 5 personas viven de la agricultura, algunos dueños de la tierra la trabajan, otros la arriendan para usufructo, moviendo unos 400 millones de soles por año.

En otro momento, declara Jesús Cornejo, presidente de la junta de usuarios del Valle del Tambo que agrupa a más de la mitad de agricultores del lugar.

“Quien debe asumir los compromisos y las necesidades del pueblo es el gobierno, no la empresa Southern (…) ustedes han visto al decisión del pueblo en defender el valle, no les importa morir”, asevera Cornejo a la reportera española.

Tras exponer testimonios de todas las partes, RTVE rememora los hechos de la huelga indefinida en la provincia de Islay y los deudos de aquellos que murieron durante la protesta.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio refiere que hubo excesos por parte de la policía y de los civiles. Asimismo, la gobernadora opina que la ausencia del Estado es la que viene originando la conflictividad social en el país y la población que vive de actividades tradicionales –como la agricultura- no ha sido bien atentida.

También se recoge opinión de la periodista arequipeña, Mabel Cáceres de El Búho, quien señala a falta de diálogo y una cultura de negociación se suscita hechos de violencia y es ahí cuando el gobierno se da por enterado desde Lima.

De igual modo, el defensor del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, también hizo hincapié en la falta de diálogo desde el gobierno y la misma empresa con la población.

En medio de la remembranza del conflicto, se recoge la voz de Daniel Toranzo, el reportero que grabo el preciso instante en que la policía intentó crear una prueba falsa contra un poblador.

Otro hecho mencionado por RTVE es la relación que mantenía el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, abogado de Southern, y su negociación oculta en la que se transaban más de un millón de dólares a cambio de detener el paro en Islay, la misma que acabó con la propagación de sus conversaciones teléfonicas.

Durante el recorrido audiovisual, los realizadores también muestran videos corporativos de la empresa minera y sus ofrecimientos en torno al proyecto.

Como se recuerda tras los hechos de violencia suscitados en mayo de 2015, Southern mantiene paralizadas sus acciones en la zona mientras establece un Plan de Socialización que intenta convencer a los arequipeños sobre los beneficios de la minería.

La producción española muestra el caso de 'Tía María' como un ejemplo de los numerosos conflictos sociales que genera la minería en Perú, que tiene la quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.

'La batalla del cobre'' es un reportaje con guión de Yolanda Álvarez; realización de Susana Jiménez Pons; imagen de José Manuel Frean; sonido de Alfredo Sánchez-Toledo; montaje de Javier Mula; y producción de Ana Pastor y Lourdes Calvo.

Fotos: RTVE En Portada

Video: YouTube Info Peru

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