CON PROYECTO DE LEY

Ante la importancia y el impulso que el Estado le da inversiones en minería e hidrocarburos, con fin de reactivar la economía, el congresista Wilbert Rozas presentó un Proyecto de Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional, la prevención, mitigación y atención de la salud por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas.

Uno de los argumentos que expone el proyecto es que la afectación de la salud humana en las actuales -y futuras- zonas mineras e hidrocarburíferas van a generar un alto costo social al Estado, debido a que los proyectos extractivos también representan riesgo por la generación, liberación y difusión de metales pesados y otras sustancias químicas peligrosas a las cuales está expuesto el organismo en las zonas de impacto.

La iniciativa N° 1256-2016-CR propone la creación de una “Mesa de Trabajo Gubernamental Intersectorial”, con una secretaría técnica presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), e integrada por técnicos del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Dichos sectores serían los responsables de elaborar un diagnóstico, estrategias, así como propuestas de normas y medidas políticas para los fines de esta eventual ley.

Esta propuesta legislativa propone que los técnicos del MINSA provengan de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria y del Instituto Nacional de Salud (INS).

En su exposición de motivos, el proyecto de ley de Rozas concuerda con la política de Estado 13 de acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. De igual modo, está acorde con la política de estado 19, sobre Desarrollo Sostenible y gestión ambiental. Ambas políticas del establecidas en el Acuerdo Nacional.

La necesidad de contar con política públicas para quienes están –o podrían estar- afectados por metales pesados u otras sustancias tóxicas en el organismo, responde a la presencia de casi 9 mil Pasivos ambientales mineros que están presentes en zonas antiguas, intermedias y recientes de explotación minera. Así como ante los numerosos derrames de petróleo en la Amazonía.

El proyecto recoge los reportes de metales pesados presentes en recursos hídricos que son de uso común en poblaciones. Las diferentes fuentes de agua, cuencas y ríos delimitan alrededor de 20 zonas en las que se desarrollan actividades extractivas, tal como refiere el doctor Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales.

De igual modo, recoge que la concentración de metales pesados en el agua de los ríos, exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), por lo que podrían afectar seriamente el ambiente y la salud humana ante la presencia de Arsénico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb)

Asimismo, expone un informe del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS)* en el que se recomienda incluir estudios de salud poblacional, respecto a la contaminación por metales y otras sustancias químicas peligrosas, en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y en los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“Los EIA y PAMA refieren de manera muy superficial el tema de la salud, o no lo incluyen. La información que contienen solo refleja la morbilidad de enfermedades comunes en la región donde se realizará la actividad extractiva”, menciona dicho informe del año 2010.

Además, CENSOPAS reconoce que, en el caso de la actividad minera, se liberan metales pesados al medio ambiente, y que por medio del suelo, aire y agua se puede afectar a salud de quienes viven alrededor.

"La contaminación ambiental no es el único problema, sin una adecuada política de salud pública es imposible prever el deterioro de la salud de los trabajadores mineros y de las comunidades aledañas que es causado solo por la minería, interviniendo además otros componentes de cambios, principalmente el social que se encuentra relacionado al desarrollo de la comunidad", se cita parte de este informe en el proyecto.

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* "Riesgos a la salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar-Cusco-2010", elaborado por equipo técnico de CENSOPAS: Jonh Asteta C.; María del Carmen Gastañaga R.; Iselle Sbastizagal V.; Tania Oblitas C., Martha Lucero Pérez, Karina Chávez, Félix Rodríguez, Lorfio Lupu, Milagros Abadie, Jaime Rosales, Pilar Lizárraga.

Fuente: Despacho del Congresista Wilbert Rozas

Foto: Plataforma La Oroya por un cambio

EN REUNIÓN CON OPS Y EXPERTOS

  • Representantes de Simón Bolivar cuestionaron que técnicos no hayan visitado Pasco antes de emitir recomendaciones
  • Reunión con Minsa forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que la PCM conformó con los afectados

Durante la reunión técnica "Metales pesados y la Salud en el Perú", organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), las organizaciones sociales del distrito de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco), pudieron exponer la situación de la salud ambiental ante la ministra Patricia García, y varios expertos extranjeros, así como de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En dicho encuentro, García afirmó que desde su sector existe la voluntad de replantear acciones para atender la salud ambiental en zonas de actividad extractiva en coordinación con otros ministerios involucrados.

Expertos no han visitado Pasco

A lo largo de la reunión, los dirigentes sociales del distrito de Simón Bolívar se expresaron su molestia ante la presentación de los técnicos, la cual consideraron insuficiente.

“No podemos solo con recomendaciones mitigar y controlar los problemas de la minería, si ya nuestros suelos están mineralizados, y no hay agua. Hemos planteado al MINSA que se controlen a las empresas mineras, que afectan derechos de las personas y nuestros animales”, aseveraron, antes de retirarse de la reunión.

En declaraciones a RED MUQUI, el regidor de Simón Bolivar, Jaime Silva, cuestionó la información que el Minsa entregó a estos expertos acerca de la salud en Pasco.

“Los expertos han dado un diagnóstico muy leve, acompañado de acciones de higiene. Esto ha generado malestar porque hablamos de un problema grave. Para comenzar, ellos no han ido a la zona. Solo se han basado en informaciones proporcionadas por el CENSOPAS”, aclaró.

Fernando Osores, médico especialista en enfermedades infeccionas y tropicales –y consultor de la RED MUQUI-, desvirtuó que se emita una opinión “de gabinete”, acerca de un daño en la salud, cuando ni siquiera realizaron un trabajo de campo.

“No se puede opinar o proponer mecanismos de salud pública, sin conocer la realidad de las personas afectadas”, aseguró.

El regidor Silva comentó que la participación de Simón Bolivar en esta reunión forma parte de la mesa de diálogo de alto nivel que se sostiene con la Presidencia del Consejo de Ministros desde el año 2015, cuando vinieron en marcha de sacrificio hasta Lima.

Los dirigentes recordaron que más de 10 estudios han demostrado que las personas en Simón Bolivar, viven con más de 10 metales pesados en la sangre. Y que, en el lugar, no existen establecimientos de salud que brinden atención especializada, y que solo se limitan a dar atención u diagnósticos generales.

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¿Qué dijeron los expertos?

En sus diferentes exposiciones, los técnicos internacionales indicaron que para “reducir” la contaminación, los trabajadores mineros deben no deben llevar su ropa de trabajo al hogar, utilizar equipos de protección, y tratar de pavimentar las calles.

Entre otras recomendaciones, resaltaron el suministro de complementos vitamínicos, mayor consumo de leche, así como limpiar las viviendas más seguido y usar paños húmedos para retirar el polvo que viene con partículas de plomo y demás metales. En estas labores de limpieza el gobierno podría apoyar, indicaron.

Los expertos recomendaron al Minsa, que las escuelas cuenten con equipos X-Ray Fluorecence, para constatar la presencia de plomo en el suelo, antes de extraer muestras y hacer análisis.

De igual manera, sugirieron contar con un programa de identificación por plomo en madres gestantes (que deben ser alejadas del lugar de contaminación), y terapia de quelación en embarazadas y niños (procedimiento médico que implica la administración de agentes quelantes para la eliminación de metales pesados ​​del cuerpo).

Este punto fue refutado por el doctor Fernando Osores, quien les recordó que la quelación solo está recomendada para personas que son retiradas permanentemente de la zona de contaminación; de lo contrario no sirve de nada, pues los metales vuelven ingresar al cuerpo constantemente.

Los convocados por el Minsa también hablaron de la prescripción de calcio y multivitamínicos, ya que el plomo no se elimina del cuerpo; sino se pega en huesos y va a la sangre. Ello debe ir acompañado de revisión de guías clínicas, chequeos y seguimientos a nivel local.

Ante ello, el médico consultor de la RED MUQUI, coincidió con la ministra en que la Estrategia Nacional de Metales Pesados, vaya de la mano con un programa de nutrición. “El CENSOPAS y la DIRESA, deben trabajar en una sola dirección”, advirtió Osores.

Acciones comprometidas para Pasco

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En otro momento, RED MUQUI resaltó la importancia de involucrar a los sectores Ambiente, y Energía y Minas. En respuesta, Patricia García reconoció que es difícil que los demás sectores puedan alinearse para tratar la problemática de la salud ambiental y la contaminación por metales pesados en poblaciones que habitan cerca a proyectos extractivos.

Pese a ello, la titular del sector remarcó la necesidad de “seguir avanzando” y se comprometió a completar los protocolos de atención clínica, así como revisión de guías y a comenzar con la estandarización de métodos de laboratorio de todos los metales.

Se planteó que Simón Bolivar se convierta en el modelo de atención por exposición a metales pesados. Es así que, el Minsa y el Municipio se comprometieron a trabajar en un plan de acción para fortalecer los establecimientos de salud de la zona y así, atender oportunamente a la población expuesta.

De manera general, el Minsa, la OPS y los expertos convocados plantearon: primero, elaborar estándares para la toma de muestras y análisis de laboratorio; segundo, actualizar los protocolos de atención clínica por exposición a metales pesados; y tercero, validar los equipos con los que actualmente se cuenta para asegurar la confiabilidad de los resultados que se obtienen.

Propuestas Muqui

A su turno, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, recomendó que desde el sector salud se exija a Energía y Minas, incluir un componente de salud ambiental en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), algo que recaería en alguna instancia de fiscalización de salud que revise la aplicación de medidas de los EIA.

En ese sentido, RED MUQUI recordó al Minsa que para la remediación de pasivos ambientales se requiere financiamiento, así como un mayor control y monitoreo ambiental desde las autoridades regionales, como en el caso de Cajamarca, región que cuenta con laboratorios regionales certificados.

Otros planteamientos del Minsa

A partir de las recomendaciones para tratar el caso de contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco, se trazaron otras acciones para afrontar esta problemática en nuestro país.

Para ello se establecieron tres niveles de acción en: diagnóstico (niveles de toxicidad, muestras, equipos a utilizar), tamizaje (despistaje en grupos de población y con qué periodicidad), tratamiento (guías de manejo: revisión, cambios e implementación de las mismas) y prevención al minimizar la exposición de las personas a metales pesados.

DATOS:

  • Entre los expertos asistentes estuvieron: Teofilo Monteiro (Brasil), Paul Dargan (Reino Unido), Luis Fernández (Estados Unidos), Hillary Godwin (Estados Unidos), Richard Fuller (Tierra Segura y toxicología, Australia) y Muhammad Zaman (Pakistán).
  • Desde la OPS, participaron los especialistas: Ana Boischuio (Brasil), María Luisa Castro de Esparza, Henry Hernández, Stefany Ildefonso y Teófilo Monteiro.
  • Por el lado del Minsa, se presentaron: La ministra de Salud, Patricia García, ña Viceministra de Salud Pública, Silvia Pessah, funcionarios de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) y la Dirección de metales pesados.
  • Desde Pasco: Jaime Silva, regidor de Simón Bolivar; Ruben Alvarado, secretario municipal; Juan Escalante, gerente de desarrollo local y medio ambiente; Ángel Ricra, presidente de la comisión de evaluación de emergencia ambiental; Joel Nieto, presidente del pelotón N° 58 de la marcha de sacrificio, como parte de la sociedad civil.
  • Desde Sociedad Civil: RED MUQUI y Centro Labor Pasco.

Fuente / Fotos: RED MUQUI / Minsa

Como parte de su labor de incidencia, la RED MUQUI propuso al Congreso de la República, la conformación de un sub grupo de trabajo para desarrollar los distintos aspectos de la Salud ambiental, así como la remediación de los Pasivos ambientales en las regiones más impactadas por la contaminación ambiental.

Este espacio de “Salud Ambiental y remediación de Pasivos Ambientales”, formaría parte de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y de Ambiente y Ecología del Congreso.

de conformarse, se espera la participación directa de las instancias competentes del gobierno central, gobiernos regionales y de la Sociedad Civil, a fin de revisar la legislación existente y plantear normativas que sustenten y ejerzan el mandato para la implementación de proyectos o programas de salud ambiental y de control efectivo de Pasivos Ambientales Mineros (PAMs).

Para ello es necesario identificar la problemática de la salud ambiental y humana y la remediación de PAMs, desde las diversas organizaciones sociales, población organizada, sociedad civil y entidades del Estado competentes (a nivel nacional y regional), indicó RED MUQUI en su propuesta.

Asimismo, esta subcomisión deberá realizar un diagnóstico, para luego plantear normas en el poder legislativo, políticas públicas a nivel ejecutivo y normativas específicas a los gobiernos subnacionales.

En su pedido a la comisión que preside la congresista María Elena Foronda, RED MUQUI justifica la necesidad de contar con un grupo de trabajo que atienda los PAM’S que son fuente de contaminación, y que en el año 2015 sumaron 8,616. La mayoría de estos se ubican en el área de intervención de proyectos mineros que ya cerraron, pero que aun así afectan seriamente la salud de las poblaciones cercanas.

La Oroya (Junín), Espinar (Cusco), San Mateo (Lima), Simón Bolívar (Pasco) y Hualgayoc (Cajamarca), serían los casos más urgentes por ver en este subgrupo de trabajo ambiental, ya que poseen características físicas, químicas, biológicas y sociales que hacen constante la intervención de organismos gubernamentales y la sociedad civil en general.

En estas zonas del país, no es solo la contaminación ambiental la que ha perjudicado la salud de la población, sino la persistencia de la pobreza y la marginación en brindar servicios básicos, son los que permiten este impacto en los pobladores.

Iniciativas y avances en las regiones afectadas

En la región de Pasco existe una ordenanza que permitió la creación de un registro de afectados, así como una serie de solicitudes para la construcción de una clínica de descontaminación que cubra las demandas de la emergencia ambiental, que ya ha sido declarada en tres distritos y un asentamiento humano.

En Junín, desde el año 2012, se promulgó una ordenanza –también a nivel regional- que declara de interés y necesidad pública regional la atención prioritaria y especializada a personas afectadas por la contaminación ambiental, tanto en la provincia de Yauli, como en toda la región Junín.

Hasta el momento, la implementación de esta ordenanza, que contempla un programa de atención en salud, no ha sido implementada debido a las limitaciones que tienen los organismos regionales y locales, en cuanto a sus capacidades técnicas y operativas.

En cuanto al Cusco, a partir de las denuncias de contaminación minera en Espinar en el año 2012, se realizaron monitoreos en salud a cargo del Estado, desde el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

En el año 2013, esta dependencia del Ministerio de Salud (Minsa) reveló serios problemas ambientales y sanitarios a raíz de la contaminación, situación que exigía medidas de atención médica especializada y controles ambientales, ante la presencia de cadmio, arsénico, mercurio, plomo y talio. Lamentablemente, hasta hoy, la población no recibe ninguno de estos servicios.

Por su parte, el Comité por la Defensa de la Salud y del Ambiente de Espinar y comunidades afectadas han demandado que se implementen políticas públicas integrales y participativas a favor de las personas afectadas a su salud, ante el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minsa y sus órganos descentralizados (CENSOPAS y DIRESA), así como al Gobierno Regional del Cusco.

Fuente: RED MUQUI

Foto: CEAS

  • Se aplicará plan de acción de corto plazo que incluye monitoreo de aguas y salud humana en la zona

El Ministerio de Ambiente (Minam) aprobó por 90 días la declaratoria de emergencia de las microcuencas de los ríos Tingo – Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicadas en la provincia de Bambamarca-Hualgayoc (Cajamarca­), medida con la que se espera comenzar la remediación de casi mil pasivos ambientales mineros en la zona.

La firma de esta declaración de emergencia ambiental se aprobó este martes 27 de setiembre, mediante la Resolución Ministerial N° 272-2016-MINAM, tras la visita del Gobierno Regional de Cajamarca y dirigentes de los diferentes distritos afectados por la contaminación del agua, y que llegaron a Lima para entregar documentación y exigir al Ejecutivo el cumplimiento del compromiso acordado con el Minam durante el gobierno anterior.

Ahora en estos tres meses, el sector Ambiente evaluar en su mayor dimensión la problemática ambiental producto de los pasivos ambientales, y disponer las acciones de las diferentes entidades a mediano y largo plazo.

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Según refiere la resolución firmada por la titular, Elsa Galarza, de acuerdo con la Ley N° 28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, en este plazo de 90 días se ejecutará un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, que estará a cargo de distintas entidades públicas y privadas, en coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca. Este plan, propuesto desde la mesa técnica conformada desde hace dos meses, también fue aprobado en la presente resolución.

Esta labor de recuperación y rehabilitación de la calidad ambiental de las áreas de intervención, se hará en conjunto con los ministerios de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el de Salud (Minsa), ya que existen casos de pobladores afectados con metales pesados en su organismo.

El plan

Entre las acciones a corto plazo en estos 90 días se contempla la actualización del Inventario de pasivos ambientales mineros oficial de la provincia de Hualgayoc, con el fin de priorizar la intervención. De ello se harán cargo el MEM y el GORE Cajamarca.

Por su parte la ANA deberá obtener un diagnóstico de la calidad del agua superficial en base a un monitoreo a los recursos hídricos en la provincia de Hualgayoc (Río Tingo Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo).

Respecto a la salud humana, se incluirá un plan de trabajo coordinado entre el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas, Minsa) y la Dirección de Salud de Cajamarca. Ello supone la realización de un monitoreo biológico de metales pesados en la población humana (focalizado).

Fuente: Minam

Fotos: GORE Cajamarca / Minam

 

  • A esta audiencia acudieron representantes de víctimas de contaminación y un procurador del Estado
  • CIDH reconoce contundencia de las pruebas presentadas por los afectados en Espinar
  • CIDH pide que Estado revise situación jurídica de detenidos y denunciados en torno a este caso

En audiencia pública, los denunciantes y representantes de los afectados por contaminación en Espinar (Cusco) dieron a conocer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y presentaron como pruebas los estudios que el propio Estado peruano realizó en comunidades campesinas, y cuyos resultados se trataron de ocultar a la población expuesta a más de 10 metales pesados (cadmio, arsénico, cadmio, plomo y otros).

En este espacio internacional que se llevó a cabo este viernes de abril en Washington (Estados Unidos), también se describió la falta de atención que las comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, vienen demandando ante la contaminación por metales pesados en la sangre que sufren sus poblaciones.

Asimismo, se expuso ante la CIDH la situación de los detenidos y de quienes han, sido denunciados penalmente por el Estado, por hacer público este caso, tal como sucede con Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fernando Osores, médico ambientalista quien, en su momento, formó parte del equipo del Instituto Nacional de Salud (INS) que tomó y analizó las pruebas de sangre de los pobladores.

VER VIDEO: Lo que quiso ocultar el MINSA sobre las comunidades contaminadas con metales en la sangre en Espinar

Los hechos que se narraron –y sustentaron– en audiencia, se enmarcan en un contexto de abandono de los roles del Estado hacia la población indígena de Espinar, como el de velar por la salud pública; además de presentar un nivel de coordinación ilegal entre algunos organismos del Estado y las empresas mineras que realizan actividad extractiva en la zona. De igual modo, se demostró ante la CIDH, el nivel de amedrentamiento que se ejerce contra los pobladores que han denunciado estos hechos. Una situación en la que convergen graves violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la salud, integridad física y vida digna.

Quienes dirigieron la audiencia fueron los integrantes de la CIDH: Paulo Vannuchi, Enrique Gil Botero y Esmeralda Arosemena, quienes mostraron su preocupación por la falta de atención de la  salud de la población de las comunidades afectadas, así como por la actitud del Estado de abrir procesos penales a quienes denunciaron o protestan por esta situación.

El Comisionado Gil Botero, reconoció que los estudios muestran con contundencia y de forma alarmante lo nocivo de los metales pesados. Mientras que la Comisionada Arosemena, solicitó al Estado peruano una evaluación y revisión de la situación jurídica de las tres personas detenidas de forma preventiva por reclamar contaminación, e hizo un llamado a detener la contaminación.

Los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH lo siguiente:

Solitudes para el caso específico

  • Que el Estado peruano brinde atención a la salud de las víctimas expuestas a metales pesados en la región de Cusco, provincia de Espinar, y en concreto se realicen exámenes epidemiológicos y toxicológicos a toda la población afectada.
  • Que el Estado peruano asigne presupuesto a los planes de atención integral de las víctimas con metales pesados elaborados por el Gobierno Regional o el Ministerio de Salud.
  • Que el Estado peruano garantice un servicio de salud adecuado, idóneo, y bien implementado, con personal técnicamente capaz e imparcial.
  • Que el Estado peruano archive la denuncia ante Ministerio Público contra el médico Fernando Osores Plenge y el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, el primero médico asesor y el segundo abogado de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados.
  • Que el Estado peruano, deje de criminalizar a los dirigentes de las comunidades campesinas en represalia por protestar contra la contaminación ambiental y la exposición a metales pesados en Espinar tal como se viene haciendo con 3 dirigentes de la Asociación de productores de Huinipampa, en Espinar, Cusco; específicamente se pide garantías para la dirigente Melchora Surco Rimachi.

Solicitudes generales

  • Que el Estado peruano cumpla con el deber de proteger a la población en su derecho a la salud, especialmente en zonas vulnerables, y cuando de por medio hay actividad de extracción de recursos naturales, especialmente mineras.
  • Que el Estado peruano se abstenga de realizar contratos, sea en materia de salud o de seguridad, con empresas extractivas de recursos naturales; a fin que no se vea mellado el principio de imparcialidad y no se corra el riesgo de privatizar servicios públicos.
  • Que el Estado peruano, bajo el principio de transparencia, solicite a las instituciones pertinentes a publicar todos los contratos que tienen tanto la Policía Nacional del Perú y las entidades del sector salud con empresas encargadas de extraer recursos naturales o las empresas tercerizadoras que realizan trabajo en zonas de extracción de recursos naturales.  

Si deseas ver la audiencia completa puede visitar la página web de la CIDH: http://goo.gl/MDN9of

 

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DATOS

  • En representación de las víctimas asistieron: Melchora Surco Rimachi, lideresa indígena; Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal y Fernando Osores Plenge, médico ambientalista. Por parte del Estado, participó el procurador, Luis Huerta Guerrero.
  • La audiencia fue gestionada por la Asociación para la Defensa de Paccpaco afectada por la Minería Alto Huancane (ADEPAMI), CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), Instituto de Defensa Legal (IDL) y el apoyo de Broederlijk Delen.

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) / @dlcerqueira

 

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  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

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Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

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Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

  • Carta de solidaridad viene circulando entre ciudadanía con este pedido

Ciudadanos independientes y actores de la Sociedad Civil vienen promoviendo una carta de solidaridad con el abogado Juan Carlos Ruiz y el doctor Fernando Osores quienes han sido denunciados penalmente por el Ministerio de Salud (Minsa) luego de que ambos profesionales sacaran a la luz el caso de las comunidades campesinas contaminadas en Espinar.

En esta carta dirigida al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, los firmantes exhortan a que se deje sin efecto la denuncia contra Ruiz y Osores, y más bien se tomen medidas urgentes para atender y asegurar la salud de los ciudadanos de Espinar.

LEER CARTA

Si desea firmar a nombre propio o institucional, puede enviar un correo a:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Wilfredo Ardito).

Lo que alega el Estado

El Minsa, se ha centrado en el caso específico de Margarita Cahuana, comunera de Espinar que falleció el año pasado con cáncer de riñón y presentaba altos niveles de contaminación por metales pesados en la sangre. Y a quien pretender desconocer como parte del grupo de comunidades atendidas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas).

Es así que Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el médico especialista enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, por haber utilizado –presuntamente- documentación falsa para denunciar el caso de la señora Ccahuana.

El Procurador Público Luis Valdez, indica que el Censopas –entidad que en el 2010 recogió muestras de sangre y orina en la comunidad de Huano Huano– nunca sacó análisis a Margarita Ccahuana, por tanto el documento publicado en el portal de Justicia Viva de IDL, por Ruiz y Osores, lo señala como falso. También alega que dicho documento no lleva la firma ni el sello de la Coordinadora del Laboratorio Químico Toxicológico.

En respuesta, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores alegaron que el certificado les fue entregado por el hijo de Margarita Ccahuana, y tiene el mismo formato de los que Censopas entregó a los comuneros tres años después del examen, sin firma ni sello, tal como lo comprobó Defensoría del Pueblo en diciembre del 2014, tras la denuncia del doctor Osores quien formó parte del equipo del Censopas en aquella época.

VIDEO DE OSORES

Pese a la insistencia del Minsa, en señalar que Margarita Ccahuana Córdova no fue parte del grupo del que se obtuvieron muestras de sangre alguna por exposición a metales pesados, los familiares de la comunera fallecida aseveran lo contrario y muestran el documento con los resultados positivos de la prueba que el Censopas realizó en el año 2010.

El Informe de ensayo N° 100/10 se titula "Estudio de línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Quechua Huano Huano". Pertenece a Margarita Ccahuana y lleva el sello del INS. La fecha corresponde al 31 de enero del año 2011.

Tras expresar su apoyo a Ruiz y Osores, através de un pronunciamiento la RED MUQUI exhortó al Estado a preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para que las personas ya afectadas por cáncer, producto de metales pesados, tengan una muerte digna; que los enfermos puedan tener una mejor calidad de vida, y en especial atender el cáncer que padecen 5 niños en las comunidades de Espinar.

“Exigimos que se active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios”, indicó RED MUQUI.

VIDEO DE LA SITUACIÓN EN PACPACCO

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CASO MARGARITA CCAHUANA

  • Margarita Ccahuana Córdova fue comunera de Alto Huancané (sector Pacpacco, Espinar, Cusco)
  • Según los propios exámenes que le fueron practicados por el Censopas, Margarita tenía 95.0 microgramos de plomo por decilitro de sangre y 129.97 microgramos de arsénico por gramo de creatinina en orina. En ambos casos, el mínimo permisible es 20.
  • El Instituto Nacional de Salud (INS), del que forma parte Censopas, no entregó a Margarita ni a los demás comuneros de Alto Huancané los resultados de las pruebas.
  • Tres años después  el médico Fernando Osores –entonces miembro del equipo del Censopas- denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo, y ahí recién ahí los comuneros conocieron sus resultados.
  • El 8 de mayo del año pasado, Margarita Ccahuana falleció de cáncer a los riñones en el hospital Goyeneche de Arequipa.
  • En el certificado de defunción de Margarita se agregó: intoxicación crónica por arsénico y cadmio.

DATOS:

  • Desde 2010 comunidades de Espinar tienen presencia de metales pesados por encima de LMP
  • Hay dos planes de atención uno por MINSA y otra. Presupuesto de atención de hay.
  • OEFA ha solicitado a Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) la base de la contaminación, pero ello demora dos años.
  • Comunidad de Huinipampa es la más afectada y tiene 6 dirigentes con 6 meses de prisión preventiva. También van a procesar a Comunidad de Huiza.
  • En la demanda de Cumplimiento de IDL sobre Espinar, está pendiente declarar la Emergencia Sanitaria por presencia de metales pesados. Actualmente esta se reduce solo a infecciones.         

Foto: Diario La República

 

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Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

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Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

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Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

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Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

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Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF - Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas. 

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI

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