El Grupo Perú, Ambiente y Clima, plataforma de la que forma parte RED MUQUI, junto a otras instituciones de la sociedad civil que velan por la protección del ambiente, enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra. En la misiva saludan la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climática por unanimidad en el Congreso de la República y solicitan que el Ejecutivo la apruebe a brevedad posible.

"Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser el primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las politicas públicas en adaptacion y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenes u originarios", señala la carta.


El Ejecutivo tiene 15 días útiles para promulgar leyes aprobadas por el Congreso. El Plazo de la Ley Marco de Cambio Climático se cumple este 24 de abril. La carta enviada al presidente ha sido respaldada por 150 instituciones y organizaciones sociales, activistas, iglesias, ONGs preocupadas por que se tomen desiciones estatales en favor del bienestar social y del ambiente.

Carta Abierta al presidente de la República/ Grupo Ambiente y Clima by prensamuqui on Scribd

Desde el Grupo Perú Ambiente y Clima vemos con preocupación que el Dictamen de Ley Marco de Cambio Climático, aprobado el día 07 de noviembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), aún no haya sido puesto en agenda de sesión del Pleno a casi dos semanas de su aprobación.  Sería contraproducente que por falta de voluntad política el proyecto de Ley no se apruebe en la presente legislatura, lo que ocasionaría un retroceso en este esfuerzo que la sociedad civil viene impulsando desde el 2014 y que nos permitirá mejorar la gestión de la problemática del cambio climático en nuestro país acorde a nuestros compromisos internacionales.

Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser un primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca los principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las políticas públicas en adaptación y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenas u originarios, y demás actores interesados. 

Esperamos que en el debate en el Pleno de Congreso se incorporen a la Ley otras disposiciones que fortalezcan  la Gobernanza, que para ser efectiva debe contar con la participación de todas las partes interesadas, transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas, entre otros. Una de las prioridades que una Ley Marco de Cambio Climático debe contener es la participación amplia y diversa de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas de cambio climático. En esa línea, la Comisión Nacional de Cambio Climático debe ser reconocida como el principal espacio de la Gobernanza Climática, por lo que debe participar en el diseño, gestión, monitoreo, evaluación y fiscalización de todos los instrumentos, medidas y mecanismos climáticos de nivel nacional e internacional.

Asimismo, esperamos que la Ley que finalmente sea aprobada fortalezca el rol del Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional y Ente Rector  en materia de cambio climático. Sólo así nuestros compromisos internacionales expresados en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas lograrán concretarse. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas deben ser entendidas como algo más que un conjunto de metas y medidas apropiadas para lograrlas, son una herramienta para articular y movilizar los esfuerzos gubernamentales y privados, particularmente en las actividades y sectores identificados como los prioritarios en Adaptación y Mitigación. Es por ello que una Ley Marco de Cambio Climático las debe incluir como un instrumento de gestión climática y, por lo tanto, reconocer su carácter vinculante.

Exigimos que se publique el texto final del dictamen de Ley Marco de Cambio Climático que fuera acordado en la CPAAAAE y su posterior debate en el Pleno del Congreso antes que culmine esta Legislatura. Recordamos a los congresistas que todas las agrupaciones políticas presentes en el actual Congreso reconocieron en sus planes de gobierno que enfrentar el cambio climático es prioritario para el país.

 

Las instituciones y redes integrantes del Grupo Perú Ambiente y Clima saludamos que numerosos países -incluyendo al Perú y Francia en una declaración conjunta- hayan expresado su respaldo al Acuerdo de París ante el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país de dicho l Acuerdo. Para concretar este respaldo, instamos a los otros 194 países firmantes a intensificar sus esfuerzos y aumentar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de adaptación. Solo de esta forma se podrá alcanzar la meta de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados y aumentar la capacidad de adaptación, la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, respetando el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad.

La decisión del gobierno de Trump refleja la miopía de la actual administración estadounidense que no reconoce que procesos globales como el cambio climático afectan a todos los países y no puede ser enfrentado bajo esquemas de competitividad. La administración Trump justifica su decisión con el argumento que el Acuerdo de París perjudica los intereses económicos de Estados Unidos, ya que obstaculizaría sus planes para impulsar la industria de hidrocarburos, especialmente el carbón. También denuncia que los compromisos del Acuerdo de París no han sido lo suficientemente estrictos para países como China o la India que registran emisiones GEI pero que con otros países en desarrollo exigen miles de millones de dólares de ayuda por parte de los países desarrollados.

Este razonamiento no toma en cuenta el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, que reconoce que históricamente los países desarrollados han emitido más gases de efecto invernadero para desarrollar sus economías que los países en desarrollo, y por lo tanto, no se les puede exigir lo mismo a todos los países. Al negar este principio, Estados Unidos estaría evadiendo su responsabilidad internacional en el cambio climático. Según el World Resources Institute, Estados Unidos fue el principal emisor de gases de efecto invernadero entre 1850 y 2007, y sería responsable de 28.8% de las emisiones.

En el caso del Perú, saludamos que la Cancillería haya emitido un comunicado en el que expresa "preocupación y decepción" por el anuncio efectuado por Trump, y "refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional", lo cual fue ratificado por el presidente Kuczynski en su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin embargo, instamos al gobierno a mostrar mayor respaldo político en la implementación de los compromisos climáticos, especificando las responsabilidades sectoriales y territoriales en el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Perú, estableciendo incentivos y sanciones; asignando los fondos necesarios para la implementación y garantizando la participación plena y efectiva de la sociedad civil. Por su parte esperamos que Congreso de la República logre un rápido consenso para la aprobación de una Ley de Cambio Climático.

Asimismo, es esencial superar las contradicciones entre la política de promoción de inversiones relacionadas a las actividades extractivas (minería e hidrocarburos) y la obligación de proteger el medio ambiente y enfrentar el cambio climático. La efectiva implementación de los compromisos climáticos requiere del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, que recientemente está siendo afectada por retrocesos en las competencias del Ministerio del Ambiente en relación a temas como el Ordenamiento Territorial y los recursos hídricos. Asimismo, cabe resaltar que a nivel internacional se está cuestionando la compatibilidad entre el objetivo de limitar el aumento de temperatura del planeta y continuar con nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles o prácticas mineras no sostenibles. Es hora que en el Perú también se tome en serio el compromiso que renueva la Cancillería respecto a “desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional” para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.

grupoperucop20

El Grupo Perú Ambiente y Clima (anteriormente Grupo Perú COP), saluda la entrada en vigencia del Acuerdo de París en noviembre pasado, lo cual representa simbólicamente la intención de los países – entre ellos el Perú - de cumplir con sus compromisos para que la temperatura global del planeta no sobrepase los 2°C, que de por sí ya nos coloca en una situación crítica.

La expectativa para la COP22, realizada en Marruecos en noviembre de este año, estuvo en que los países aprovechen el impulso de la entrada en vigencia del Acuerdo de París y se llegue a decisiones que permitan la implementación del Acuerdo. Sin embargo, en términos generales podemos afirmar que los avances concretados no dan señales de entrar firmemente en la ruta de reducción de emisiones de GEI hacia el 2021 y posteriormente 2030.

Uno de los hechos que pone en riesgo la implementación del Acuerdo es la reciente elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, del cual se teme que no cumpla con los compromisos climáticos asumidos por su país. El nombramiento de un abierto negacionista del cambio climático como responsable de su política ambiental confirma que estamos en un momento de alto riesgo para lo avanzado en Paris y se pueda incubar un proceso de “Brexit Climático”.

Consideramos igualmente preocupante que los negociadores hayan postergado hasta el 2018 el plazo para definir las reglas que permitan la implementación del Acuerdo de París; este retraso hace peligrar la meta de no superar los dos grados de aumento de temperatura, y la meta de 1.5 grados se aleja cada vez más. En este contexto, es esencial aumentarlos esfuerzos de mitigación y definir metas más ambiciosas para el periodo previo al 2020, sobre todo por parte de los países desarrollados.

Por otro lado, es preocupante el camino hacia la privatización de los mecanismos de financiación y muchas decisiones de particular importancia para los países vulnerables, como el financiamiento climático o la agricultura han sido postergadas para ser tratadas el próximo año.

En relación al financiamiento climático, respaldamos el pedido de los países en desarrollo, que exigen mayor claridad y garantías sobre el incremento en la movilización y suministro de recursos financieros, en particular para las acciones de adaptación. Aunque se ha avanzado en definir orientaciones para el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF), y para el Comité Permanente de Finanzas, aún no se logra establecer una hoja de ruta para alcanzar la meta de US$ 100 billones anuales de financiamiento climático prometida por los países desarrollados.

Nos preocupan los desacuerdos que surgieron en la COP22 respecto a la continuidad del Fondo de Adaptación dado que fue creado bajo el Protocolo de Kyoto que ya fue reemplazado por el Acuerdo de París. Concordamos con la propuesta de que este Fondo sirva al Acuerdo de París, 2 como lo plantean los países en desarrollo. Este fondo es importante, pues permite un acceso más directo al financiamiento, con menos trabas burocráticas que exigen otras fuentes financieras, además los países en desarrollo tienen una mayor representatividad en las instancias directivas, lo que no sucede en otros casos.

La transparencia es otro de los pilares del Acuerdo de París, por lo que es preocupante observar que subsiste el desacuerdo en relación a si los países en desarrollo deben someterse a las mismas reglas que los países desarrollados. A este respecto, respaldamos la propuesta de AILAC sobre la relevancia de transitar de los esfuerzos actuales de reporte y revisión hacia un marco común y robusto de transparencia.

También consideramos preocupante el escaso avance respecto a la transparencia del financiamiento climático, ya que aún no se ha acordado un plan de trabajo que establezca plazos y procedimientos para contabilizar los recursos canalizados para la acción climática. La suma de estos elementos evidenció en la COP22, que muchos de los gobiernos querían eludir la responsabilidad por la aplicación de las Contribuciones Nacionales (NDC), hasta que tengan garantías de financiamiento para sus acciones; en ese sentido muchos países han defendido abiertamente el protagonismo de la iniciativa privada a través de Alianzas público-privadas, como sabemos, la participación privada en el fondo no será por filantropía ambiental, en el mejor de los casos debe ser la oportunidad para un debate y diálogo abierto con la sociedad civil.

Asimismo, lamentamos que las negociaciones sobre Agricultura no hayan logrado resultados concretos, pese a que el propio Acuerdo de París reconoce "la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre y la especial vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los impactos del cambio climático". Hacemos un llamado a los negociadores a promover en las próximas reuniones de la CMNUCC la adopción de una decisión en relación a la Agricultura que reconozca la prioridad de las medidas de adaptación y permita construir capacidades y canalizar recursos a los agricultores familiares.

Reconocemos algunos avances en relación a diversos temas que el Grupo Perú Ambiente y Clima considera prioritarios.

  • Adaptación

Consideramos positivo que en la COP22 se haya establecido un plazo corto para que los países presenten sus propuestas sobre las características que debe tener la Comunicación de Adaptación. También saludamos que el Comité de Adaptación iniciara la discusión sobre cómo pueden reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo y cómo se evaluará la adecuación de estos esfuerzos; y concordamos igualmente con la necesidad de que este Comité cuente con financiamiento suficiente para implementar su plan de trabajo, dada la importancia de la Adaptación para países vulnerables como el Perú que requieren apoyo en la implementación de sus Planes Nacionales de Adaptación.

  • Programa de Nairobi

Se analizó la relación entre el cambio climático y la salud, áreas en que nuestro país ya siente los impactos negativos; reconocemos como un avance la aprobación de un plan de trabajo de 5 años para abordar las pérdidas y daños por impactos climáticos que no pueden ser enfrentados con medidas de adaptación, como el retroceso glaciar en el caso peruano.

  • La construcción de capacidades para la adaptación y mitigación

Como prioridad para los países en desarrollo y para el Perú, saludamos que el Comité de París para la Creación de Capacidades haya iniciado sus labores, ya que consideramos que puede contribuir a que todos los países sean capaces de cumplir con sus compromisos climáticos. Destacamos que se haya decidido que este Comité aborde temas como la equidad de género, los conocimientos indígenas y los derechos humanos. También destacamos la puesta en marcha de la Iniciativa de Construcción de Capacidades para la Transparencia, que ya cuenta con más de US$ 50 millones para operar, pero advertimos que esta cifra es absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades de los países en desarrollo.

  • Plataforma de intercambio de experiencias y buenas prácticas de adaptación y mitigación del cambio climático de comunidades y pueblos indígenas. En el caso peruano esta iniciativa es muy pertinente considerando el amplio bagaje de conocimientos y prácticas indígenas tradicionales. Esta Plataforma debería ser un espacio permanente en las futuras COP.

Respaldamos el planteamiento de los sindicatos, que exigen a los gobiernos que las NDC deben estar garantizadas por fondos públicos y que los países que han contribuido históricamente al cambio climático son los que deben asumir responsabilidades; asimismo que respeten y garanticen el trabajo digno, a los derechos humanos y ambientales e incorporen medidas de transición justa, que incluyan consultas con las organizaciones de trabajadores, empresas y comunidades campesinas y nativas. Debe especificarse como se afrontarán los impactos sociales de las políticas climáticas en los trabajadores, y como éstas serán reportadas en las NDC.

Asimismo, hacemos un llamado a no perder de vista la estrecha vinculación entre el Acuerdo de Paris, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, los resultados de Hábitat III, las metas de Biodiversidad de Aichi, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La planificación e implementación de los compromisos derivados de estos instrumentos internacionales debe ser integral.

Al Perú le corresponde dar un ejemplo de responsabilidad climática en América Latina, y un primer paso ha sido la pronta ratificación del Acuerdo de París. Ahora enfrentamos el reto de garantizar la compatibilidad entre los compromisos asumidos en la Contribución Determinada a Nivel Nacional y las políticas de desarrollo. En este sentido, instamos a que el Estado peruano evite contradicciones entre los compromisos climáticos y las medidas de promoción de inversiones.

Es urgente la asignación de recursos necesarios para la implementación de las NDC, particularmente en lo relacionado a las condiciones habilitantes, la gobernanza de los bosques, el fortalecimiento de la institucionalidad y estándares ambientales, el ordenamiento territorial, la protección de tierras de comunidades para evitar el cambio de uso para actividades no sostenibles, la participación de la población y comunidades en los procesos de consulta y toma de decisiones sobre políticas ambientales y climáticas, protección de zonas productoras de agua y gestión de la recarga hídrica con enfoque de cuenca, la protección de los flujos de agua superficial y subterránea para consumo humano y actividades sostenibles, y la priorización de medidas de adaptación relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria; todo ello con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, particularmente sus derechos territoriales y a la consulta previa.

13 de diciembre de 2016

grupoperucop20

 

CARTA ABIERTA

Señor Presidente de la República:

Saludamos que en su primer discurso presidencial haya sido ambicioso en relación a la mejora de las condiciones y servicios de Salud y Educación. Sin embargo, notamos ausencias que generan preocupación en algunos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, como los nuestros, sobre temas que giran en torno al Medio Ambiente y Cambio Climático. Entre estas ausencias, notamos principalmente las siguientes:

1.   Omisión en su discurso de nuestra reciente ratificación del Acuerdo de Paris, a través del cual el país asume los desafíos de un desarrollo bajo en carbono y del cambio de matriz energética, así como el reto de la adaptación frente al Cambio Climático. Invocamos a que su gobierno garantice el cumplimiento de la meta de reducir 30% de emisiones GEI al año 2030, así como el logro de las metas de adaptación en relación al Agua, Agricultura, Pesquería, Bosques y Salud consignadas en la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC). Asimismo, instamos a que se asignen los recursos necesarios para su implementación, con miras a fomentar el trabajo digno y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más afectadas por la degradación de sus condiciones de vida y trabajo a consecuencia de la alteración del clima, como los pueblos originarios, agricultores familiares, campesinos, trabajadores y mujeres, con pleno respeto de sus derechos individuales y colectivos.

2.    Ausencia del tema de control y fiscalización en materia ambiental, en contraste con las múltiples alusiones a la necesidad de “destrabar los principales proyectos” de inversión. Recordemos que   en los últimos años se dieron medidas para acelerar la tramitación de la certificación ambiental y reducir las multas por infracciones, que han sido cuestionadas por organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que advierten que este tipo de medidas debilitan la institucionalidad ambiental, amenazan el desarrollo sostenible y atentan contra los derechos de pueblos originarios y poblaciones vulnerables. Debemos considerar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –de la cual el Perú pretende ser parte-  ha advertido que las medidas para acelerar inversiones no deben poner en riesgo el objetivo de protección ambiental.

3.    No tuvo ninguna mención al compromiso de preservar las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Si bien es importante el desarrollo de inversiones (infraestructura, industrias extractivas, entre otros) en el Perú, estas deben contar con claros estándares ambientales y sociales.   En ese sentido, dado que la protección, respeto y adecuada gestión de las áreas naturales protegidas son un compromiso internacional y siendo las ANP una inversión del Estado para todos los peruanos porque brindan seguridad alimentaria, hídrica y otros servicios ambientales a poblaciones locales y pueblos indígenas, es importante que no se debiliten las normas e instrumentos actuales que resguardan y gestionan la protección de las ANP de uso directo como indirecto en el Perú.  Las ANP son un compromiso internacional y por ende el Estado debe resguardar su sostenibilidad no realizando actividades que las impacten negativamente. En este sentido, nos preocupa la solicitud de la   Sociedad Peruana de Hidrocarburos para modificar   disposiciones   legales   relativas   a   Áreas   Naturales   Protegidas   que   según   el mencionado gremio “limitan el desarrollo de actividades de exploración y explotación”. Instamos al gobierno a no ceder ante estas presiones.

Asimismo, instamos a su gobierno a derogar el DL 1220 “Decreto Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal” y normas conexas,- especialmente el DS 010-2016- MINAGRI-,el cual explicita que “se entiende como productos forestales maderables, objeto de tráfico  ilegal,  a  aquellos productos forestales en estado  natural o de  primera transformación...”, esto puede provocar que madera que figura como de “segunda transformación”, no pueda ser incautada, así tenga procedencia ilegal, poniendo en grave riesgo  nuestros  compromisos  internacionales  de  conservación  de  bosques  en  el  TLC  con Estados Unidos. Otro anuncio que   genera preocupación es la iniciativa de construcción de carreteras en la Amazonía, ya que estas vías han sido y son uno de los principales impulsores de la deforestación.

Por otro lado, consideramos que la minería informal e ilegal en la Amazonía es un motor de deforestación que es necesario fiscalizar, por lo que hacemos un llamado a que en el diálogo con los mineros ilegales e informales se priorice la protección de los ecosistemas amazónicos y no  se  ceda  en  la  prohibición  de  estas  actividades  en  zonas  prohibidas  como  las  Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, o en el uso de maquinaria prohibida como las dragas, o en cuerpos de agua.

4.   Genera confusión la falta de transparencia sobre el necesario fortalecimiento de la Autoridad Ambiental. Instamos a su gobierno a continuar con el proceso de consolidación del Sector Ambiente, garantizando su sostenibilidad financiera y operativa, pues se requiere una Autoridad Ambiental firme y legítima, que articule con las distintas carteras ministeriales, sub sectores, a nivel nacional y sub nacional.

5.   Finalmente, exigimos la dinamización e institucionalización de los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los sectores y principalmente en la gestión ambiental. En una democracia participativa, transparente y que rinde cuentas, la puesta en agenda de temas relevantes requiere de la discusión pública entre gobierno y sociedad civil, que facilite la incorporación de las propuestas ciudadanas en las políticas públicas, y no constituya un simple ejercicio de comunicar decisiones.

Lima, 15 de agosto del 2016

GRUPO PERÚ COP

  • ¿Se fortalecerá el rol del Minam como ente rector en materia ambiental? ¿Cómo piensan garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales?

Las 125 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Colectivo de Plataformas para la Gobernanza Ambiental y Climática solicitaron al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, que sus representantes puedan participar como veedores en el proceso de transferencia de gobierno, y así facilitar la identificación de los ejes claves en la agenda ambiental y climática de la nueva gestión, que recoja las prioridades propuestas por la sociedad civil organizada. Dichas organizaciones han venido desarrollando durante décadas acciones de educación ambiental, promoción de tecnologías “verdes” y de promoción de la transparencia gubernamental. Esta experiencia constituye un aporte valioso con miras a iniciar un trabajo en conjunto y fructífero con la nueva gestión.

Para el Colectivo de Plataformas, uno de los requisitos para mejorar la gobernanza ambiental es el fortalecimiento de la institucionalidad, en este sentido, manifestaron su preocupación por el futuro del sector ambiental. En julio de 2015, Pedro Pablo Kuczynski dijo “Sería mejor que cada sector tenga una secretaría y que las secretarías estén coordinadas en no más de unos 10 ministerios”. Al respecto el Colectivo de Plataformas señala que el Ministerio del Ambiente, permite que el país cuente con una Autoridad Ambiental definida y ordena las funciones previamente dispersas entre varias instituciones. Recordemos que el antiguo Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) no tenía el peso político ni las facultades suficientes para garantizar una adecuada gestión ambiental.

Asimismo el Colectivo de Plataformas preguntan al presidente electo ¿Cómo piensan garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales como los capítulos ambientales de los TLC o el Acuerdo climático de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) entre otros?. El Perú ha logrado un rol de liderazgo en las negociaciones internacionales para enfrentar el cambio climático, y también ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de ODS.

Finalmente en relación a las Contribuciones Nacionales presentadas por el Perú ante las Naciones Unidas, que comprometen al país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% al 2030 y a implementar acciones de adaptación al cambio climático, el Colectivo de Plataformas pide al gobierno de Kuczynski cumpla todos los compromisos ambientales.

ppktransferencia

DATO:

Seis Plataformas de la Sociedad Civil (Grupo Perú COP, Movimiento Ciudadano ante el Cambio Climático - MOCICC, Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, Propuesta Ciudadana, Red Ambiental Peruana-RAE, Asociación Nacional de Centros-ANC) que representan a 125 organizaciones integran el Colectivo de Plataformas. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los acuerdos climáticos asumidos por el Perú, por una gestión climática y ambiental transparente, participativa, sostenible y equitativa.

CIFRAS:

  • Al año 2014, el 64 % de las emergencias registradas a nivel nacional correspondieron a eventos de origen climático.
  • A nivel nacional se han perdido 42,64 % de superficie glaciar con respecto a lo registrado en el año 1970 (cerca de 871 km²). En algunas cuencas como la del río Santa, se espera que los estiajes sean cada vez más largos y severos.
  • El 15 % de las áreas naturales protegidas del país, bajo las condiciones de exposición y capacidad adaptativa actual, tendrán una alta vulnerabilidad al cambio climático y el 62 % de las ANP tendrá una vulnerabilidad media.

 

Fuente de datos y cifras: El Perú y el Cambio Climático: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Fotos: Agencia Andina / Cuenta de Twitter de Mercedes Aráoz

La RED MUQUI, colectivo de 29 instituciones a nivel nacional que desde el año 2003 se dedica a la defensa y promoción de los derecho de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras,  plantea una agenda temática priorizada al gobierno del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, a su Primer Ministro, Fernando Zavala; así como al Congreso de la República que presidirá el partido Fuerza Popular. Los temas de dicha agenda han sido resultado del acuerdo de su Asamblea Nacional realizada los días 07 y 08 de julio del 2016 en Lima, y a propuesta de su Consejo Directivo Nacional: 

  1. Priorizar un Plan Nacional de atención especializada de emergencia para personas afectadas por metales pesados y la remediación de pasivos ambientales mineros a nivel nacional. Para ello es necesario recoger diagnósticos de víctimas en zonas con impactos ambientales para definir quiénes requieren atención, implementar laboratorios para dicha finalidad e iniciar la remediación de los pasivos ambientales mineros priorizados. Asimismo, se debe contar con políticas públicas y normativa que permita dichas acciones y el presupuesto necesario. Países con experiencia y tecnología pueden brindar apoyo.
  2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y social, a fin de prevenir mayores conflictos y atender los verdaderos problemas que están detrás de ellos. La adecuada fiscalización y evaluación ambiental, así como la resolución de conflictos sin violencia, a través de mecanismos de diálogo, participación y consulta previa, con normatividad adecuada y debida aplicación, permitiría que funcionen como mecanismos preventivos, efectivos y eficaces, siempre que se apliquen en todas las etapas de los proyectos que corresponda.
  3. El Ordenamiento Territorial (OT) es fundamental, ya que el propio MINAM indica que permite “(…)la formulación e implementación de procesos de planificación existentes a nivel regional y/o local, vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio". Sin embargo, no contamos con una Ley de Ordenamiento Territorial que estandarice los procesos y permita su adecuada ejecución, por lo cual esperamos se retome su discusión. Es lamentable que la Ley N° 30230 haya establecido que el OT es sólo referencial, siendo importante que los gobiernos regionales y locales cuenten con herramientas para obtener información de sus territorios, y que les permita orientar su toma de decisiones para una ocupación adecuada de los mismos, y así realizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
  4. Protección delas cabeceras de cuenca hidrográficas, fuentes de agua y ecosistemas frágiles a nivel nacional, que son las zonas que almacenan y captan el agua, que están en serio riesgo por presiones de actividades económicas no sostenibles, retomando la discusión del proyecto de ley para la Conservación de las Cabeceras de Cuenca.
  5. Adecuada aplicación del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en minería e impulso a la Consulta Ciudadana como mecanismo de participación y preventivo de conflictos sociales. Sólo se cuenta con 4 procesos de consulta previa en minería culminados desde setiembre 2015. No se ha aplicado a casos conflictivos. En la práctica es un mero trámite. Es necesario haya una evaluación de los casos llevados hasta la fecha, para establecer los problemas que se presentan en su realización, y plantear modificaciones normativas y de políticas públicas al respecto. Sobre la Consulta Ciudadana, debiera ser integrada como mecanismos en la Ley N° 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano.
  6. Participación activa de la población en la prevención de conflictos, con la aprobación del proyecto de Ley de Vigilancia y Monitoreo Ambiental y Social Ciudadano e Indígena, que plantea el reconocimiento de los Comités que realizan acciones de Vigilancia y Monitoreo ambiental participativo a nivel nacional, y que los resultados de sus muestreos sean vinculantes, y considerados por el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).
  7. Proponemos la derogatoria de los paquetazos normativos(Ley N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otros), que afectan la institucionalidad y derechos fundamentales. Exigimos que no continúe la desregulación en materia ambiental y social, y que no se sigan rebajando los estándares, ello y la eliminación de garantías para las tierras de comunidades campesinas y nativas que propician los paquetazos, sólo logran impactos negativos en la vida y salud de las personas, afectación de sus derechos y con ello finalmente mayor conflictividad.
  8. La Diversificación Económica que se ha dado durante el gobierno de Ollanta Humala, ha estado vinculada directamente con los recursos que para ello brinden las industrias extractivas. Consideramos importante evaluar las actividades de las que depende nuestra economía y establecer el costo – beneficio que éstas brindan, en ingresos, empleos, impactos ambientales, salud y pasivos ambientales, entre otros aspectos, a fin de definir qué otras alternativas de desarrollo se podrían tener.
  9. Priorizar la atención al Cambio Climático. Nuestro país es uno de los más afectados a nivel internacional, y hasta el momento no contamos con una Ley Marco de Cambio Climático. Se requiere retomar la discusión del proyecto de ley en el Congreso, a fin de afrontar de manera integral, desde el Congreso y el Gobierno Central, los problemas que estamos sufriendo a nivel nacional, como el fenómeno de El Niño, las heladas en el Sur, entre otros.
  10. Protección de las Zonas Marino Costeras respecto de la contaminación e impactos de la minería, especialmente donde desembocan los mineroductos y/o se realiza el transporte y embarque de metales pesados para su comercialización, como puertos o almacenes.

Desde RED MUQUI esperamos que haya apertura en el nuevo Gobierno y en el Congreso de la República para acoger y discutir estos temas centrales de la agenda minera, ambiental y social que son prioritarios para el futuro del país.

Lima, julio de 2016

Más de tres meses han pasado desde la Conferencia de las Partes (COP21), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), donde 195 países adoptaron el Acuerdo de París. Este busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mantener la temperatura global promedio por debajo de 2ºC respecto de la era preindustrial y proseguir los esfuerzos para evitar su incremento por encima de 1.5ºC, con el fin de encarar los riesgos e impactos negativos del cambio climático.

Con el acuerdo alcanzado en París cada gobierno tiene la tarea y la responsabilidad ética de llevar a cabo sus planes de acción y trabajar para la necesaria e inminente descarbonización de las economías y la redefinición de las relaciones con la naturaleza bajo nuevos patrones de producción y consumo como la única ruta posible hacia la conservación y el respeto de la vida en el planeta. Además deben garantizar que los flujos de financiamiento sean consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima, tal y como lo indica el Acuerdo de París.

Por tal motivo, las organizaciones de América Latina y el Caribe, urgen a los Gobiernos a:

  • Participar en la ceremonia oficial de la firma del Acuerdo de París, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, este 22 de abril y reforzar sus compromisos nacionales.
    Avanzar con los respectivos procesos de ratificación del Acuerdo de París en sus Congresos Legislativos y/o nacionales para su aplicación en las políticas públicas.
  • Impulsar la preparación de estrategias de desarrollo de largo plazo. Esta visión deberá enmarcar y direccionar las medidas de cada país, de tal manera que no solo promuevan una transición justa y segura para un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la preparación proactiva de todos los sectores ante los impactos crecientes del cambio climático.
  • Implementar medidas urgentes de mitigación y adaptación durante los próximos cinco años (2016-2020) hasta que el nuevo acuerdo entre en vigencia. Estas medidas deben estar orientadas a: Acelerar la transición energética, tanto desde el punto de vista de políticas públicas como en materia de infraestructura, a fin de abandonar el uso de combustibles fósiles e impulsar el aprovechamiento de la energía renovable a diversas escalas, y particularmente para el uso local; mejorar el transporte urbano eficiente e incentivar la movilidad no motorizada; reducir la deforestación y la degradación; y preparar sectores productivos clave ante los impactos del cambio climático. La toma de medidas de corto plazo será fundamental para responder con la urgencia necesaria al desafío que enfrentamos, aprovechar oportunidades emergentes, orientar a las inversiones para que estén alineadas a la estabilidad climática y la resiliencia social y preparar el terreno para una implementación más efectiva de las contribuciones nacionales (INDCs) post-2020.
  • Asegurar la coherencia entre los compromisos establecidos en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) y los instrumentos de planificación nacional de tal manera que se garantice la transparencia, y rendición de cuentas en su preparación e implementación y aprovechar el período que se da desde la firma del acuerdo hasta el 2018 para identificar nuevas oportunidades para aumentar la ambición de dichos compromisos, y demostrar una voluntad real frente a los compromisos derivados del Acuerdo de París y la propia Convención.
  • Abandonar el uso de la energía nuclear, las técnicas de fractura hidráulica (fracking), construcción de hidroeléctricas de gran escala, la captura y secuestro artificial de carbono y otras prácticas tecnológicas cuyos beneficios son inciertos y de los cuales las externalidades ambientales y sociales son mayores a las soluciones que proporcionan.
  • Desarrollar políticas ambiciosas de protección y uso sostenible de los ecosistemas naturales, recursos hídricos y zonas marino costeras de la región, incorporando proactivamente un enfoque ecosistémico para todo proyecto de inversión pública o privada.
  • Crear estrategias nacionales de financiamiento climático que ayuden a la implementación de las acciones de manera coherente y armónica con las prioridades de los países y garantizar la creación de sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento que llega a los países y que se otorga vía presupuestos públicos para dar seguimiento y evaluación y garantizar la efectividad del mismo.
  • Fortalecer los espacios y mecanismos efectivos de coordinación nacional entre los distintos actores del Estado incluyendo a los gobiernos subnacionales; así como generar mecanismos eficaces de diálogo y participación de diversos actores de la sociedad civil (pueblos indígenas, juventud, ONG, privados, mujeres, academia y organizaciones religiosas), para permitir un trabajo inclusivo y resolutivo en torno a la gestión y revisión de los avances de las NDC y el Acuerdo de París a nivel nacional.
  • Poner fin a la criminalización y persecución de representantes y líderes en la defensa del ambiente y, específicamente, al gobierno de Honduras que avance con la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres, reconocida líder ambiental, así como juzgue a los responsables con el debido rigor.
  • Tomar medidas efectivas en favor de las comunidades ya afectadas por el cambio climático, que generalmente son las más empobrecidas de América Latina, entre ellas las poblaciones indígenas y campesinas.

Asimismo es importante que los organismos regionales colaboren en el proceso de cumplimiento del Acuerdo, por tal motivo:

  • Solicitamos al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), promover en los Congresos legislativos de cada país de América Latina y Caribe la ratificación del Acuerdo de París.
  • Invocamos a UNASUR y CELAC a hacer todo el esfuerzo a nivel regional para que los Gobiernos cumplan con avanzar los compromisos del Acuerdo y trabajar en el desarrollo de posturas conjuntas para la próxima Conferencia de las Partes (COP22).


Recordamos a los líderes y representantes de América Latina y el Caribe, el llamado del Papa Francisco en su encíclica "Laudato Si" a detener el cambio climático y promover estilos de vida en armonía con la naturaleza (al cual se han unido alrededor de 900.000 firmas de la Petición Católica por el Clima que han sido entregadas en la COP21 en París).

Instamos a las organizaciones, redes y movimientos a sumar esfuerzos conjuntos, para la vigilancia y el seguimiento al Acuerdo de París para que los Gobiernos cumplan sus compromisos y aseguren un futuro saludable para nuestros pueblos, nuestros hijos e hijas y nuestro planeta.

Organizaciones y redes firmantes:

1. Acción Ecológica, Chile

2. Acción por la Tierra, Chile

3. Aclimatando, Argentina

4. Adapt-Chile, Chile

5. Alianza Mexicana contra el Fracking, México

6. Ambiente, Desarrollo y Capacitación (ADC), Honduras

7. Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia

8. Asociación Amigos de los Parques Nacionales, Argentina

9. Asociación Civil Radio Marañón, Perú

10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), México

11. Asociación Jóvenes en Red El Salvador

12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Perú

13. Centro Columbano de Estudios Misioneros, Perú

14. Centro de Análisis e Investigación, México

15. Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), Ecuador

16. Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), Uruguay

17. Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (CELEAM), Colombia y México

18. Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, Guatemala

19. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), México

20. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA), Uruguay

21. Climate Action Network Latinoamérica (CAN LA)

22. Club Botánico Ambiental, Colombia

23. CO2.cr, Costa Rica

24. Colegio San Bernardino, Colombia

25. Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (CIMA), Argentina

26. Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA), México

27. Consejo Latinoamericano de Iglesias, Ecuador

28. Cristianos en Red, Uruguay

29. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú

30. Derechos Humanos y Medio Ambiente, Perú

31. Diálogo Energético, Minero y Extractivo Latinoamericano, Colombia

32. ECOBIO Uruguay

33. Ecoclubes Pergamino, Argentina

34. Encuentro Ciudadano Lagunero, México

35. Engajamundo, Brasil

36. Familia Espiritual "Carlos de Foucauld", Uruguay

37. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina

38. Foro del Buen Ayre (FOROBA), Argentina

39. Foro Social Panamazónico, Perú

40. Freshwater Action Network, México

41. Fuerzas Unidas por un Mejor Planeta (FUMPLA), Venezuela

42. Fundación Biósfera, Argentina

43. Fundación Corazones Unidos para Servir (FCUS), Colombia

44. Fundación Myrna Mack, Guatemala

45. Fundación Solar, Guatemala

46. Fundación Terram, Chile

47. Fundación TIDO (Trabajo, Investigación, Desarrollo y Organización), Argentina

48. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)

49. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), Bolivia

50. Grupo Luna Nueva, Uruguay

51. Grupo Siembra, Perú

52. Instituto de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable (IDEADS), Guatemala

53. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), República Dominicana

54. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas (IDECA), Perú

55. Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México

56. Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) – Claretianos, Chile

57. Klimaforum Latinoamérica Network (KLN), Colombia

58. Llamado Global de Acción Ante la Pobreza, Región LAC, El Salvador

59. Mesa Nacional de Cambio Climático Guatemala

60. Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR), Nicaragua

61. Movimiento Católico Mundial por el Clima, Punto focal Ecuador

62. Movimiento Ciudadano "Para Que No Se Repita", Perú

63. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Perú

64. Movimiento climático de Jóvenes Colombianos (MCJC), Colombia

65. NOA Sustentable, Argentina

66. Nuestra Sra. de los Dolores y Transito de San José, Argentina

67. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Perú

68. Pastoral Social Diócesis alto Valle de Rio Negro, Argentina

69. Pax Christi International, Bélgica

70. Plataforma Colombiana frente al Cambio Climático, Colombia

71. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional), Ecuador

72. Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías- Universidad de Buenos Aires, (PIDESONE- UBA), Argentina

73. Reacción Climática, Bolivia

74. Red Colombiana para la Defensa de los Derechos Humanos, el Medio Ambiente y la Paz, Colombia

75. Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), Perú

76. Red Muqui, Perú

77. Red Nacional Jóvenes de Ambiente, Colombia

78. Red Regional Agua Desarrollo y Democracia, Perú

79. Red Uniendo Manos, Perú

80. Red Universitaria Ambiental nodo Universidad Nacional Ingeniera, Perú

81. Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, Uruguay

82. Sostenibilidad Forestal y Ambiental (SFA), Perú

83. Viração Educomunicação, Brasil

 

Para recibir adhesiones al comunicado aquí el link: http://goo.gl/forms/4jzvl6Acfj

 

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Los “Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático" realizaron su tercer recorrido más largo, al pedalear desde Pasco hasta la capital de Lima para participar en la gran marcha mundial por el clima que se realizó en simultáneo con otras principales ciudades del mundo para exigir un acuerdo climático justo y vinculante ante los líderes que participaron en la COP21.

En esta jornada, los deportistas fueron intercambiando experiencias con los manifestantes de la marcha como es que el cambio climático ha afectado la región de Pasco y que es lo que se espera.

El Director del Centro Labor Pasco, Wilmer Cosme, y promotor de este grupo de deportistas comentó que su conformación nació a raíz de los problemas que el cambio climático viene causando en las zonas altoandinas del Perú, como Pasco, lugar de donde provienen los “Ciclistas de los Andes”.

“En las zonas andinas de nuestro país ya se viven los efectos del cambio climático de manera más evidente, uno de ellos es la desglaciación. En Pasco tenemos el nevado Huaguruncho, el cual ya perdió más de la mitad de la superficie glacial, según dice la Autoridad Nacional del Agua el año pasado. Otro de los efectos es la afectación en la salud de los niños, debido a las fuertes heladas y el friaje que también está agudizando a las actividades agrícolas y pecuarias”, indicó.

Cosme recalcó que los “Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático” está integrado por 17 ciudadanos pasqueños, que desde este año realizan largas travesías recogiendo inquietudes, así como propuestas y demandas de los pueblos respecto a cómo les afecta el cambio climático en sus localidades.

“Viendo esta problemática, hemos tenido la iniciativa de formar un grupo de ciudadanos sensibilizados en el tema ambiental para recoger mensajes y también difundirlos. Esperamos que en estas travesías que continuaremos realizando en adelante, se puedan ir sumando más personas”, agregó el Director del Centro Labor Pasco.

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El grupo "Ciclistas de los andes del Perú frente al Cambio Climático" hizo su primer recorrido el 22 y 23 de octubre cuando salieron de Cerro de Pasco con destino a la ciudad de Huancayo donde se realizó una Audiencia climática.

“En este recorrido de más de 240 km nos hemos ido entrevistado con autoridades como representantes de gobiernos regionales, con los mismos alcaldes y varios sectores de la sociedad civil quienes nos han ido entregando sus propuestas y demandas, a modo de mensajes”, recordó Cosme.

Un segundo recorrido, lo realizaron al centro poblado de la Quinua en Pasco, donde existe un bosque altoandino que se encuentra en situación vulnerable debido a los embates del cambio climático.

El tercer recorrido, que llegó hasta Lima, ha sido el más largo. Los ciclistas pedalearon desde la zona de Carhuacoto (región Junin), nuevo poblado donde los habitantes de Morococha fueron reubicados debido a la actividad extractiva. En Carhuacoto hemos conversados con varias personas y continuamos sensibilizando a la población sobre la necesidad de desarrollar acciones frente al calentamiento global”, puntualizó.

El domingo último, miles de personas de varias ciudades del mundo participaron en la Marcha Mundial por el Clima y Perú no fue la excepción. Bajo lemas como: "Paris escucha, Lima está en la lucha", “¡Urgente, urgente, salvemos el ambiente!”, "Es tiempo de cambiar, la Tierra es nuestro hogar", decenas salieron a las calles uniendo su voz al clamor global hacia los líderes mundiales, quienes se reunirán mañana en Paris en la cumbre climática COP21.

Desde la mañana, la marcha climática se concentró en el parque Washington, cerca al Centro de Lima, para luego recorrer la avenida  Arequipa, una de las principales de la capital, hasta el parque Kennedy y terminar finalmente en el Faro de Miraflores.

Los ciclistas de Pasco participaron junto a otros grupos de ciclistas, escolares, organizaciones sociales y religiosas, asociaciones de recicladores, ONG´s,  partidos políticos, diversos artistas y ciudadanos y ciudadanas, quienes al ver al grupo entonando arengas exigiendo una acción definitiva en la COP21, se unieron a los cánticos convirtiéndose así en una manifestación ciudadana cálida y festiva.

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Fotos: Centro Labor de Pasco

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