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  • Nueva publicación presenta casos de Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México
  • Movimientos y organizaciones sociales siguen luchando por preservar un modelo post extractivista más amigable

RED MUQUI, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FCCSS - UNNSM) y la Universidad de Gante (Bélgica) presentaron el libro “Las luchas sociales en Latinoamérica: un análisis histórico, comparativo y global”, publicación que presenta experiencias de luchas, resistencias y cuestionamientos de poblaciones por la preservación de sus modos de vida y desarrollo, que se ven afectadas por los proyectos extractivos que se expanden constantemente en nuestro continente.

El libro compila las ponencias presentadas, por académicos y dirigentes de movimientos sociales, en la conferencia internacional realizada con el mismo título, realizada el 24 y 25 de junio de 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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La presentación oficial se llevó a cabo en la 21 Feria Internacional del Libro, el miércoles 27 de julio, y contó con la participación de comentarists como el exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Manuel Burga; la periodista y doctora en Literatura, Rocío Silva Santisteban; el director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco), Jaime Borda, y el líder ambientalista y comunicador social de las comunidades de Espinar (Cusco), Vidal Merma.

“La presencia de la actividad extractiva modifica formas de vida de las comunidades y de convivencia con la tierra, a esto se suman conflictos sociales con persecución y criminalización de dirigentes comunales. Ello se ve en la modificación de tierras comunales en el sur andino, que hoy en día es el principal destino de las inversiones y concesiones mineras”, expresó Jaime Borda de DHSF y directivo de RED MUQUI.

“Se viene sacrificando a pueblos enteros al retirarlos de sus territorios. Existe desinterés de nuestros gobernantes por preservar a las comunidades, en favor de la minería”, lamentó Vidal Merma de Espinar, tras comentar parte del contenido del libro.

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Argumento

A través de un análisis histórico, comparativo y global, el texto examina alrededor de veinte experiencias, de diversos países de América Latina, organizadas en tres ejes de debate: Tierra y extractivismo; tierra, recursos naturales y agricultura familiar; tierra y economía casos como los conflictos socioambientales de Rancas o Celendín en Perú, la Araucanía en Chile, el Chaco en Bolivia o Huila en Colombia son examinados. Del mismo modo, que experiencias económico solidarias de Chiapas en México, Paraná en Brasil, Oruro en Bolivia, Bogotá en Colombia o Cusco en Perú.

La conferencia que precedió a este libro, logró unir perspectivas tanto históricas como contemporáneas acerca de las luchas por la tierra en América Latina, que hasta el momento siguen siendo un factor dominante que forja gran parte de la sociedad forma movimientos sociales dinámicos. Asimismo, el libro pone en debate el impacto de la resistencia contra la imposición de modelos económicos extractivistas y marcos legales que deslegitiman y alteran formas de tenencia de la tierra a nivel local mediante reformas normativas y contra–reformas (revoluciones y resistencias). Asimismo, cuestiona las múltiples maneras en que este proceso de incorporación transforma sociedades y modos de vida locales.

No obstante, propone generar propuestas acerca de la transición hacia un modelo social más solidario y post extractivista, respetuoso de la naturaleza, que brinda un uso sostenible de los recursos naturales, ejerce un respeto pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las personas en general.  Es decir, aquello que los pueblos originarios del área andina y amazónica de América Latina definen como el modelo del “buen vivir”: allin kausay, suma kawsay, suma qamaña.

El texto está dividido en tres capítulos, que corresponden a los mismos ejes temáticos que estructuraron la conferencia: Tierra y extractivismo; tierra, recursos naturales y agricultura familiar; y tierra y economía solidaria. Además de un cuarto capítulo de reflexiones finales.

La publicación fue realizada por el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Decana de América; el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica; y la Red Muqui, un colectivo de 29 organizaciones en 11 regiones del Péru, dedicadas a la defensa de derechos de comunidades afectadas por la minería; contó además con el apoyo del Fondo de Investigación de Flandes.

La edición estuvo a cargo de Hanne  Cottyn, del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante; Javier  Jahncke y  Mattes  Tempelmann, de la Red Muqui; y Ela Pérez y Luis Montoya del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

En el día del campesino, 24 de junio, la RED MUQUI se reafirmó en la necesidad de respetar los derechos a nuestras Comunidades Campesinas, a través del cumplimiento de las leyes que respaldan la propiedad colectiva y la consulta previa. Más aun cuando existe una normativa que va en contra de ello; tal como son las normas de los paquetazos normativos promovidos durante éste gobierno, causa de la presión del poder económico

El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, recordó que las leyes N° 30230 y N° 30327, así como los decretos supremos N° 054 y N° 060 (EM), del año 2013, y el N° 015-2015- EM, afectan seriamente el derecho a la propiedad colectiva de la tierra y a la consulta previa, que están sustentados en el artículo 89 de nuestra Constitución, en la Ley de Comunidades Campesinas y en la Ley 26505, Ley de Tierras a nivel nacional, y a nivel internacional, en el Convenio 169 de la OIT.

De igual modo, resulta lamentable para la RED MUQUI, como es que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), busque facilitar el acceso a las tierras de las Comunidades en perspectiva de permitir la ejecución de próximos proyectos, especialmente mineros.

“Esperamos que ello sea evaluado por el siguiente gobierno, por ser una decisión inconstitucional. Nuestras comunidades campesinas ocupan cerca del 30% del territorio nacional actualmente. No obstante, cerca un 50% de dichas tierras que ya están concesionadas para la actividad minera”, agregó Jahncke Benavente.

De otro lado, la RED MUQUI se mostró en descuerdo que el MINAGRI limite la definición del campesino, a solo ser agricultor y emprendedor, olvidando que pertenecen a una comunidad, que transmite y mantiene vivos nuestros saberes y culturas ancestrales.

“Es discriminador plantear que es despectivo hablar de comunidades, y hablar de emprendedores o sólo agricultores, ello no refleja a las comunidades campesinas de manera colectiva, sino la perspectiva de eliminarlas y de buscar niveles de negociación individual, que es lo que ha planteado el próximo Ministro de Economía”, indicó el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

El 7% de la canasta familiar a nivel nacional, según datos de CEPES, está sustentado en la actividad económica de la agricultura familiar, que en gran parte depende de nuestras comunidades campesinas. Lamentablemente las tierras agrícolas de nuestras comunidades no se encuentran protegidas, por ello están en riesgo de ser afectadas por decisiones del Estado y del poder económico.

DATO:

Día del Campesino vino a reemplazar al Día del Indio que se celebraba desde el 24 de junio de 1930, año en que fue creado por el presidente Augusto B. Leguía, habiéndose escogido esta fecha porque se celebraban los concursos de Música y Bailes Nacionales de Amancaes, lugar al cual el gobernante solía asistir.

El 24 de junio de 1969, cuando el presidente Juan Velasco Alvarado promulgó su Ley de Reforma Agraria, también cambió la denominación del Día del Indio por el Día del Campesino.

Foto: Diario Correo

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú*, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente:

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “... las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°).

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay - párrafo

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor Pedro Pablo Kuczynski:

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas.

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas.

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, 15 de junio de 2016

 

(*) A la que pertenece RED MUQUI

COMO PROPONE ALFREDO THORNE

  • RED MUQUI advierte estarían desconociendo derechos contemplados en la Constitución y el Convenio Internacional 169 de la OIT
  • Miembro del equipo de PPK indica que propiedad comunal de tierras trae problemas para la explotación

El voceado ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, propuso individualizar la propiedad comunal de los pueblos indígenas en el Perú, a fin de que las decisiones colectivas de una comunidad –nativa o campesina– no afecten las actividades extractivas, y que a través de una titulación individual se facilite la venta de terrenos y se favorezca la explotación minera.

“Hoy en día gran parte de la propiedad donde están las minas, es propiedad comunal, y esa propiedad hay que individualizarla. Al individualizarla, el individuo va a poder utilizar su tierra, o se la va a poder vender al minero, o se la va a poder vender al agricultor. (…) eso va a demorar muchos años (porque) hoy en día no existe un mapa de propiedad del territorio, entonces hay que empezar a hacerlo por donde se puede, y simplemente intercambiar los títulos comunales por títulos individuales”, propuso Thorne en una entrevista con Capital TV (10 de junio).

Ante ello, RED MUQUI, respondió que medidas impositivas de este tipo afectarían sus derechos colectivos al no involucrar procesos de consulta previa y diálogo intercultural, y lo único que se lograría es avivar aun más la conflictividad social en el país.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, lamentó el desconocimiento del señor Thorne, respecto a los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas y originarios, que están reconocidos en: la Constitución Política, la Ley de Comunidades Campesinas, la Ley N° 26505 (denominada “Ley de Tierras”), y en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú, y que se está en obligación de cumplir.

“Este tipo de propuestas demuestra el desconocimiento absoluto de los derechos de las comunidades –campesinas y nativas–, así como de las normas nacionales e internacionales que las amparan y garantizan los derechos de propiedad y posesión de las comunidades, en otras palabras “su derecho a la propiedad comunal”, donde la propiedad es de la comunidad en pleno y los comuneros son posesionarios.

Es necesario resaltar que las decisiones sobre la disposición de la tierra se acuerdan en Asamblea Comunal, que es el principal órgano de la comunidad (Ley N° 24656 y N° 26505).

Para el jefe del plan económico de Pedro Pablo Kuczynski, el canon –producto de las actividades extractivas– debe extenderse a las comunidades; sin embargo, esto no debe significar que debe ser necesariamente un canon comunal, sino prácticamente individual, es decir, para cada miembro de la comunidad, tras una titulación de tierras por propietario, y no colectiva.

“Hoy en día son propiedades comunales, y muchos de los mineros han hecho un acuerdo con la comunidad, no con los individuos de la comunidad. Entonces eso ha generado problemas para el manejo de la tierra y para la explotación de esa tierra”.

Jahncke cuestionó que Thorne considere que la principal solución a los conflictos sociales es solo económica, cuando el verdadero trasfondo son las demandas históricas de los pueblos, en base al reconocimiento y respeto de sus derechos; lo cual debe ser parte de un diálogo abierto y sincero, previo a cualquier decisión sobre cualquier proyecto de inversión pública o privada.

Plan de gobierno dice lo contrario

Por su parte el Colectivo de Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, al que pertenece RED MUQUI, le recordó a Thorne que en el plan de gobierno del presidente electo Kuczynski, se menciona claramente que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas (Objetivos en el lineamiento estratégico 3 del este documento).

Es así que el colectivo le recordó a Thorne que la fecha existe alrededor de 4,023 comunidades campesinas y nativas que esperan titulación colectiva, siendo esta una forma de respetar y proteger sus tierras y territorios. Asimismo, se le pidió al próximo titular del MEF, que honre el compromiso que firmó con representantes de los Pueblos Indígenas el último 20 de mayo.

Precisiones

  • Nuestras comunidades, reconocidas como pueblos indígenas por el Estado Peruano,  tienen reconocida su autonomía en el artículo 89 de nuestra Constitución para el “uso y libre disposición de sus tierras”.
  • Ley de Comunidades Campesinas - Ley N° 24656 (artículo 7): las tierras comunales “por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad”. Dicho acuerdo debe fundarse en el interés de la Comunidad.
  • Ley N° 26505 (artículo 11): “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”.
  • El Convenio 169 de la OIT (artículo 14): “Deberá reconocerse a los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (los pueblos indígenas)”. Añade en su numeral 2 que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Foto: Captura Capital TV

Un análisis sobre la dimensión intercultural de los conflictos socio ambientales, la internalización de estereotipos,  los estigmas como patología social que no nos permite tener un proyecto conjunto de país y la necesidad de tener un estado multicultural y pluricultural.

Porfirio Musaja, nos brinda un emotivo testimonio sobre el respeto hacia la madre tierra, entendida como un ser vivo que nos envía señales a través de todos los elementos que la conforman y la necesidad de defenderla ante la ambición del ser humano.

  • Perú, uno de los mayores exportadores de minerales del mundo, se enfrenta a numerosos conflictos sociales y ambientales negativos. Pronto cambiará el Gobierno. ¿Cambiará también la situación?

Perú encabeza la lista de países latinoamericanos exportadores de zinc, plata, plomo, estaño, hierro y bismuto, y encabeza la lista de exportadores mundiales de oro. 51 proyectos mineros lleva la cartera de inversiones peruana para los años 2012-2018, según datos del Ministerio de Minas.

El otro lado de la medalla: 214 conflictos sociales, de ellos 147 socioambientales, 94 estrictamente mineros. En un país cuya costa se encuentra afectada y amenazada por el cambio climático, los efectos medioambientales de las actividades extractivas son de especial preocupación. Las poblaciones rurales temen por su entorno y su subsistencia.

“Entre 2011 y 2015, los conflictos han dejado un saldo de 58 muertos y 549 heridos", dice a DW Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Muqui, una red que agrupa a 29 organizaciones que trabajan en 11 regiones de Perú. De cara a las elecciones, organizaciones sociales y ambientales del país exponen fallos y proponen cambios. ¿Esperan mejoría?

Según el estudio de la Red Muqui y la organización alemana Misereor, más del 20 por ciento del territorio peruano -incluyendo áreas naturales protegidas, zonas de recargas hídricas, bosques y comunidades- está concesionado ya a actividades mineras ; el 49,63 por ciento se encuentra en tierras ancestrales indígenas o de comunidades campesinas.

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Avances, ¿sólo sobre el papel?
Si bien el saliente gobierno de Ollanta Humala creó un ministerio del Medio Ambiente, recortes en los recursos destinados para éste no han hecho su gestión exitosa.

Por otro lado, la flexibilización de las normas ambientales como las de los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, reducción de multas en caso de incumplimiento o menor rigor exigido en los estudios previos, “ha llevado a la aprobación de controvertidos proyectos cuyo estudio preliminar deja muchas dudas abiertas”, afirma Jahncke. Las organizaciones y las comunidades echan en falta también la consulta previa.
A este respecto, sin respuesta de ninguna instancia oficial, DW consultó a la agencia especializada Minería del Perú, que lleva 24 años colaborando con el ramo minero del país.

“No existe un derecho legal que le permita a una comunidad decirle no a un proyecto minero. En el Perú las riquezas del subsuelo son propiedad del Estado. Si la riqueza está debajo de un territorio perteneciente a una comunidad, la empresa a la que se le concesiona la riqueza del subsuelo debe llegar a un acuerdo con la comunidad para que le permita utilizar su territorio", explica a DW Juan Vargas, de Minería del Perú.

Según sus datos, dado que el derecho a la consulta previa se incorporó a la legislación en 2014, "hasta ahora se han terminado tres procesos en forma positiva para la actividad minera. La consulta previa se está dando para proyectos de exploración, no se puede hablar de que haya un cuestionamiento de la viabilidad del proyecto", dice Vargas.

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Un caso emblemático
A este respecto, aceptando que sí ha habido mesas de diálogo a raíz de sonados conflictos entre las mineras y las poblaciones, Jahncke distingue entre hablar de condiciones diferentes y hablar de viabilidad. Su ejemplo son los tajos a cielo abierto de Tía María y la Tapada.

“El tajo de La Tapada se encuentra a 500 metros del pase del canal del río. Las explosiones van a generar polvos y residuos en los relaves en el cauce del río. La empresa, al hacer el estudio, dejó fuera del análisis justo la zona existente entre el tajo y el río, que puede ser la más comprometida", dice Jahncke.

¿Por qué? Probablemente porque la contaminación del aire, las aguas profundas y las aguas del río afectarían directamente a los 47.441 habitantes del Valle -de los cuales 24.000 trabajan permanentemente en la pequeña y mediana agricultura-, a los 349.638 empleos eventuales y a los pescadores artesanales de la desembocadura del río.

Frente a estas cifras, la información gubernamental menciona los 3500 puestos de trabajo que crearía Tía María. La población se opone.

¿Sin esperanza de cambio?
Por el momento, el gobierno saliente subraya sus avances en normas. Los candidatos a la presidencia ofrecen diversificar la economía, ocuparse más del agro y cuidar de las inversiones para el crecimiento del Perú, más aún en tiempos de reducción del precio de las materias primas.

Las organizaciones de la Red Muqui temen que no se tenga en cuenta la protección de las poblaciones, los impactos ambientales y el ordenamiento territorial. “Lo que quieren las poblaciones es discutir la viabilidad de los proyectos. Mientras no se discuta, habrá un entrampamiento", teme Jahncke.

VER NOTA EN DW

 

Fuente / Fotos: DW.com/es

TRAS CONVOCATORIA DE COTAMBAMBAS

  • De esta manera se reactivó el Frente de defensa regional de Apurímac
  • Convocatoria también fue hecha por Federaciones de comunidades campesinas
  • Dirigentes provinciales y distritales de Cotabambas y Grau informaron sobre situación del diálogo con el Estado

Los diferentes frentes de defensa y federaciones campesinas de la provincia de Cotabambas, convocaron a las demás organizaciones sociales de base de todo Apurímac, para conformar una unidad en torno a los intereses de toda la región, respecto al proyecto minero Las Bambas.

De esta manera, se reactivó el Frente de defensa regional de Apurímac que ha reunido a varios dirigentes sociales de toda la región, con el fin de vigilar el desenvolvimiento de la mesa diálogo que sostienen: el gobierno central, regional, local, la empresa minera MMG Limited y la población con sus respectivos organismos de base en Cotabambas.

En diálogo con RED MUQUI, el presidente del Frente de defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, resaltó que es importante lograr que toda la región se involucre ya que el proyecto minero Las Bambas supone un beneficio para toda la región.

Para ello, los frentes distritales de defensa y federaciones campesinas de las provincias de Grau y Cotabambas, se agruparon, llegaron hasta Abancay ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron la problemática actual, así como el desarrollo de la mesa de diálogo, que hasta el momento no avanza respecto al reclamo ambiental pendiente, a raíz de la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas.

“Nosotros hemos invocado a que se sumen, no solo los frentes, sino las diferentes organizaciones sociales, sindicatos, gremios, a esta autoridad que Cotabambas ha iniciado para que en Apurímac exista una contundencia y solidez de las organizaciones de base. La mesa de diálogo es un momento oportuno para lograr una unidad en la región”, manifestó Rodolfo Abarca a RED MUQUI.

El presidente del Frente de defensa de la provincia de Grau, Augusto Vizcarra, consideró que este consenso será un instrumento convincente para dirigirse a las autoridades en general.

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Otra finalidad de este Frente de Defensa regional de Apurímac, es que bajo una visión de unidad, las demás provincias tomen acciones y sientan como suyos los reclamos de las zonas afectadas, en especial los medioambientales, por ejemplo el transporte de camiones con material procesado, cercano a comunidades y centros poblados del distrito de Mara (Cotabambas).

A esto se suma, que los dirigentes de Cotabambas consideran que la mesa de diálogo aun no muestra resultados específicos; no obstante, Abarca aseguró a RED MUQUI que esta nueva unidad del frente regional no contempla ninguna medida de suspensión, ni de fuerza, sino por el contrario, se busca un buen entendimiento. De igual modo, Abarca señaló que las organizaciones reconocen que las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno paralizarán este proceso.

Por el momento, el frente regional tendrá permanente coordinación y estará abierto a reunir a las diferentes organizaciones vivas de cada una de las siete provincias de la región, y así fortalecerse.

“Hacemos un llamado a todos los hermanos de Andahuaylas, Chincheros, Abancay, Grau, Aymaraes y Antabamba para que todos busquemos el beneficio de la región”, concluyó.

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Organizaciones que participaron en la conferencia de prensa en Abancay:

  • Frente de defensa regional de Apurímac
  • Frente de defensa de los intereses de la provincia de Abancay
  • Frente de defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas
  • Frente de defensa de los intereses de la provincia de Grau
  • Frente de defensa del distrito de Mara (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Cotabambas (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Collurqui (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Haquira (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Curawasi (Abancay)
  • Federación campesina del distrito de Tambobamba (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Progreso (Grau)
  • Federación campesina del distrito de Mara (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Cotabambas (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Collurqui (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Haquira (Cotabambas)
  • Comunidad de Pisaccasa, Huaruma y Yoricancha
  • Comité de monitoreo y vigilancia del río Mayotinco-Punanqui de la cuenca baja del río Challhuahuacho

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

CASO MAJAZ

El Juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Huancabamba (Piura) resolvió unificar los dos procesos penales en los que se vienen investigando las presuntas torturas que sufrieron 28 campesinos dentro del campamento minero de Río Blanco, a cargo de la empresa Copper S.A. Esta decisión fue tomada ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, organización que representa a las presuntas víctimas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba acumuló en un solo proceso los Expedientes No. 201-2013 y No. 30-2011, ambos correspondientes a investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que son señalados como presuntos responsables de los actos de tortura y secuestro agravado, presuntamente cometidos contra los comuneros que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en agosto del año 2005.

Según testimonios de los supuestos agraviados, entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, estuvieron cautivos dentro del campamento minero donde fueron víctimas de tortura por parte de la Policía en conjunto con funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A., así como de la empresa de seguridad privada Forza.

Algunas de las vejaciones física, además de las psicológicas, los pobladores denunciaron que les vendaron los ojos y fueron llevados a un matadero de reses, en otro momento fueron cubiertos con bolsas tipo costal y se les roseó gas lacrimógeno, y hasta se denunció maltratos contra mujeres que estaban en dicho grupo.

Una de las investigaciones penales es seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, sobre quienes pesa una acusación fiscal en la que se solicita 10 años de cárcel por el Delito Contra la humanidad – Tortura. La segunda, se sigue contra dos generales y un comandante PNP, para quienes la fiscalía pide una imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por el mismo Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada, y al que se le suma el Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, la organización miembro de la RED MUQUI refiere que se estaría evitando la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, FEDEPAZ se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y se les repare de forma integral.

Esta unificación de procesos de un caso común, permitirá una investigación más efectiva para que se sancione a todos los responsables de esta brutal agresión a los citados campesinos quienes ejercían su derecho a la protesta social, a la defensa de sus tierras, y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, bajo el modelo de desarrollo local que ellos han elegido.

Frente a estos casos de violación a los derechos humanos por actividades extractivas, FEDEPAZ considera necesario mejorar los marcos normativos del sector minería para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas, especialmente, a los pueblos indígenas.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: CNDDHH

EN FORO ELECTORAL

  • Perú Posible, Peruanos Por el Kambio, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular debatieron con Sociedad Civil

Durante el Foro Electoral: Políticas públicas sobre pueblos indígenas, cinco candidatos al Congreso coincidieron en algunas medidas para prevenir la conflictividad socio ambiental a través del diálogo y articular los planes de desarrollo, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas que se encuentran en zona de influencia, sea minera o petrolera.

Los postulantes al Legislativo aceptaron la invitación de la Sociedad Civil para dar a conocer sus propuestas en favor de los pueblos indígenas, sobre los siguientes temas: Consulta Previa, recursos naturales (agua), comunidades y seguridad territorial y conflictos socio ambientales.

Isabel Montalvo (Número 13 de Perú Posible)

La candidata al Congreso por Perú Posible, Isabel Montalvo, comentó que su agrupación política propone restituir al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) como ente autónomo, y no como parte del Ministerio de Cultura.

Según refirió Montalvo, este organismo debería estar encargado de conducir los procesos de diálogo con las comunidades andinas y nativas.

Montalvo también planteó que los programas de innovación y asistencia técnica dirigidos a las tierras agrícolas y así fomentar la agricultura familiar de las comunidades.

Fiorella Molinelli (Número 14 de PPK)

La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli, señaló que una política de "adelanto social", permitiría que las comunidades directamente afectadas por las industrias extractivas, obtener los beneficios desde antes de la ejecución de un proyecto minero o petrolero.

En cuanto al tema de seguridad territorial de los pueblos indígenas, La candidata al Congreso de Peruanos Por el Kambio, Fiorella Molinelli dio a conocer que el plan de gobierno de su partido, plantea el programa "propietario firme" para la titulación de un millón de predios agrícolas, junto con un programa de reforestación de la sierra que comprendería una eventual inversión de 50 millones de soles al 2021 con un millón de hectáreas. De igual modo, Molinelli, se refirió a la unificación del escaneo digital de tierras para lograr un mejor proceso de ordenamiento territorial y generar un sistema de acceso a la propiedad y con un solo ente organizador, además del COFOPRI y el MINAGRI.

Pedro Gamio (Todos Por el Perú)

El representante del equipo técnico de Todos Por el Perú, Pedro Gamio, señaló que para evitar los conflictos sociales, hace falta coordinar con los gobiernos locales y regionales un plan de desarrollo y de ordenamiento territorial (OT) que esté avalado por una organismos de OT que indique las prioridades de cada zona del país.

Gamio consideró que es necesario involucrar a los actores sociales de los territorios en el plan de desarrollo local y regional, y así enfrentar los conflictos. Asimismo, se mostró a favor de respetar la decisión de las comunidades que se oponen a un proyecto, por el respeto a los derechos humanos y el bien de la gobernabilidad.

Javier Torres (Número 36 del Frente Amplio)

El candidato al Congreso por el Frente Amplio, Javier Torres, expuso que avanzar en la seguridad territorial de las comunidades indígenas, hace falta que la política de ordenamiento territorial esté armonizada con los planes de vida que se trabajan desde las comunidades, además de algunos cambios en las leyes que tienen que ver con planes de desarrollo como la ley de municipalidades y gobiernos regionales.

Además remarcó que para garantizar la titulación se debe avanzar en el reconocimiento y contabilizar comunidades indígenas tiene nuestro país.

Torres indicó que entorno a los pueblos indígenas, el Frente Amplio propone derogar las leyes que criminalizan la protesta, así como continuar con los avances en la aplicación de la Ley de Consulta Previa.

Augusto Rey (Número 11 de Acción Popular)

Para el candidato de Acción Popular, Augusto Rey, es importante seguir impulsando el proceso de Ordenamiento Territorial. Resaltó que el partido al que representa cree en la indutrialización y sustentación, pero sin criminalización de la protesta, ni compra de dirigentes sociales. Plantear una democracia y plenitud de derechos a partir de la consulta previa, así como una atención a cada caso particular de las comunidades que se oponen o reclaman mejores condiciones por parte de las empresas extractivas.

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El panel de la Sociedad Civil, estuvo integrado por Fánel Guevara (Instituto de Promoción para la Gestión del Agua-IPROGA), Javier Jahncke (RED MUQUI), Richard Smith (IBC Perú) e Ismael Vega (CAAAP). Mientras que en el panel de periodistas especializados nos acompañaron Nelly Luna (Ojo Público), Rafael Ponte (Servindi) y Magali Zevallos (Gran Angular).

El Centro de Antropología Aplicada Amazónica del Perú (CAAAP), RED MUQUI y Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, organizaron este encuentro dirigido a candidatos al Congreso de la República, con el objetivo de promover un debate informado además de profundizar en los planes y proyectos políticos.

En el marco de la campaña “Volvamos a las propuestas”, RED MUQUI viene difundiendo los planteamientos que los diferentes partidos políticos a través de su canal de YouTube: http://ow.ly/ZS1DZ

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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