POR CANON MINERO EN APURÍMAC

Comuneros del distrito de Coyllurqui (Cotabambas, Apurímac) se mantienen enfrentados debido a pretensiones políticas y económicas de dividirlo en dos para crear nuevos distritos que se constituirían sobre la base de los centros poblados de Chaccaro, Ñahuinlla, Nueva Fuerabamba, Huanca Umuyto y Pisccasa (Todos ellos ubicados en la parte alta de Coyllurqui).

Esta nueva disputa alrededor de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, tiene que ver con la apuesta de varios sectores del estado y la empresa por distritalizar las zonas directamente vinculadas al proyecto, además de los beneficios de canon que estos nuevos distritos recibirían.

Es así que el alcalde de la municipalidad de Coyllurqui, Leoncio Mendoza Zambrano, lideró una marcha junto a otros 800 comuneros de la zona baja del distrito. Este grupo se movilizaba, este martes 8 de marzo, hacia Cheqtarumi, un centro poblado de Tambobamba que pretende ser convertido en distrito a iniciativa y presión del congresista fujimorista y reeleccionista, Antonio Medina.

Aunque el alcalde Mendoza Zambrano contaba con la autorización del Gobernador Provincial de Cotabambas, para realizar esta marcha pacífica, al mediodia fueron interceptados por los comuneros de Ñahuinlla (parte alta Coyllurqui), Pumamarca (parte alta Tambobamba), Fuerabamba (Chalhuahuacho), Pisaccasa (Mara) y Chaccaro (Tambobamba). Según el burgomaestre, fueron amedrentados y hubo un enfretamiento que dejó más de 20 personas heridas, incluyéndolo.

Por qué más distritos

Estos hechos se dan luego de que el 27 de enero el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N°006-2016-PCM, declarara de interés nacional la provincia de Cotabambas para la ejecución de acciones de demarcación territorial. La norma dispone que la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial elabore, en un plazo máximo de 40 días hábiles, el informe técnico necesario para la creación de los nuevos distritos.

Los centros poblados que se convertirían en nuevos distritos serían: Chaccaro, Pisaccasa, Ñahuinlla, Nueva Fuerambamba, Pummamarca y Huanca Umuyto.

Según el alcalde de Coyllurqui, Leoncio Mendoza Zambrano, el 28 de febrero último se llevo a cabo una asamblea general en donde se acordó rechazar esta apuesta por la distritalización, impulsada por el alcalde de Tambobamba, Odilón Huanaco, y el congresista fujimorista Antonio Medina, junto con los presidentes de “Comités Pro Distritalización”, quienes tendrían el propósito de orientar una distribución “más justa y democrática” del canon minero proveniente de Las Bambas.

"Con la creación de estos distritos se lograría la creación de una nueva provincia y sería de Yanahuara con su capital Chalhuahuacho, de esta manera se estaría desmembrando a la Provincia de Cotabambas. De esta manera, los Cotabambinos perderíamos el 10% como zona de influencia directa y 25% del canon que corresponde a la provincia", aseguró el alcalde de Coyllurqui

DATO:

La marcha que viene haciendo cotabambinos a Lima y Abancay no tiene “nada” que ver con este conflicto. Quienes marchan a Lima son quienes buscan renegociar contratos y exigir cumplimiento de acuerdo con la empresa.

 

Fuentes: APRODEH, Observatorio de Conflictos Mineros y Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco.

Foto: Inforegión

EN ÚLTIMO INFORME

  • Informe sobre impactos de la minería canadiense que RED MUQUI presentó ante la CIDH, impulsó parte de esta publicación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe "Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo", documento que recomienda a los Estados miembros desarrollar políticas de prevención eventuales violaciones a los derechos humanos, a través de marcos normativos.

Las actividades extractivas y de desarrollo, que van en aumento en la región, son generalmente implementadas en áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales, y que en su mayoría, coinciden con los territorios que son ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes.

Es por ello que en este documento se destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano que son aplicables a este tema.

 “Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos. Asimismo, deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia”, indica. 

Una de las obligaciones más destacadas en su informe, constituye el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización. 

“Esta obligación incluye la necesidad de evaluar eficazmente los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de que sean autorizadas”, señala en la presentación del documento.

Asimismo, la CIDH resalta la obligación de adoptar un marco regulatorio apropiado para la protección del medio ambiente y de los derechos humanos que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado, con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos.

“Dicha obligación también incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos; la obligación de supervisar y fiscalizar  las actividades de las empresas y otros actores no estatales”, remarca.

Además, también contempla como obligación de los Estados miembros, el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; así como medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.

Todo esto alcanza a grupos específicos como: líderes, autoridades y defensores indígenas o afro descendientes, mujeres,  niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Recomendaciones

El informe concluye con una lista de recomendaciones prácticas que procuran promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito. 

La Comisión insiste de forma particular en la necesidad de adoptar e implementar legislación doméstica para proteger los derechos humanos y el establecimiento de sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo. El informe incluye recomendaciones orientadas hacia los Estados receptores (donde se ejecuta el proyecto) y los de origen (donde tiene sede la empresa).

Si bien, la CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que pueden tener para la prosperidad económica de los países de América, y desarrolla cuáles son las obligaciones que los Estados miembro tienen con miras a garantizar que el desarrollo no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro descendientes.

Antecedentes

Cabe recordar que en el año 2013, en una audiencia pública de la CIDH, RED MUQUI y sus miembros presentaron el documento "El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá", el cual presenta cinco casos sobre los impactos de la minería canadiense.

En este informe, se plantó ante la CIDH, la necesidad de establecer responsabilidad en los países de origen de las empresas mineras que generan un fuerte impacto ambiental generan en los países donde realizan explotación de minerales.

Como consecuencia, la relatora sobre pueblos indígenas de la CIDH, Ann Marie Antoine, visitó Lima y planteó que la instancia que ella presidía emita un informe sobre la situación de los pueblos indígenas frente a las industrias extractivas.

Precisamente, este informe tiene como antecedente, la acción de incidencia ante la CIDH por parte de la RED MUQUI como contribución a este proceso a nivel de América Latina.

A leer el informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf

DATOS:

  • La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  • La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
  • La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.


Foto: Portada del informe CIDH "Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo"

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE TIERRAS COMUNALES

A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023, así lo indican los últimos datos del informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas: “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, documento que fue elaborado por el colectivo Territorios seguros para las comunidades del Perú, del cual forma parte la RED MUQUI.

Durante la presentación del documento, se señaló que en la última década, apenas se ha formalizado menos del 1% de estas comunidades, lentitud que resulta preocupante y se agudiza, cuando el Estado no tiene cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales, así como de las poblaciones que habitan en ellas. Esto afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.

“A ese ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”, indicó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común – IBC Péru, encargado de presentar este tercer reporte bianual (desde el año 2012).

Entre las novedades que el informe trae en su edición 2016, está la incorporación de un mapa de Tierras comunales y áreas protegidas en el Perú, en cual incluye el 95% de comunidades nativas, al 40% de comunidades campesinas originarias y 40% de las comunidades campesinas ribereñas. Des estas dos últimas no existe información georeferenciada, es decir, del área real de cada comunidad.

De igual modo, el documento da cuenta –por primera vez- de las nuevas oportunidades de proyectos inversión para llevar a cabo la titulación de tierras, que casi suman unos US$ 80 millones. Recursos con los que contará el nuevo gobierno para esta finalidad.

Entre las entidades que han asegurado estos proyectos está el BID-Perú (US$15 millones), Banco Mundial y BID (US$14.2 mil), Declaración de Intenciones Noruega-Alemania-Perú sobre Reducción de Deforestación y Degradación de Bosques (Hasta US$50 millones), Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GIZ), MINAGRI-GORE Loreto (S/.3.87 mil) y el Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (US$0.88 mil).

El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. Ello tomando en cuenta que aproximadamente unas 3.5 mil millones de personas habitan en tierras comunales a nivel mundial.

El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.

Finalmente, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician.

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El informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, fue presentado ante organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Central Asháninka del Río Ene. 

 

DESCARGAR INFORME  

DATOS:

  • El total de la superficie del Perú suma 128.5 millones de hectáreas (has), de esta cifra el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de has) es propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21 % carece de un título de propiedad.
  • En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.

 

Fuente: IBC Perú

Fotos: Carlos Díaz Huertas para el IBC Perú / Comunicaciones RED MUQUI 

  • Carta de solidaridad viene circulando entre ciudadanía con este pedido

Ciudadanos independientes y actores de la Sociedad Civil vienen promoviendo una carta de solidaridad con el abogado Juan Carlos Ruiz y el doctor Fernando Osores quienes han sido denunciados penalmente por el Ministerio de Salud (Minsa) luego de que ambos profesionales sacaran a la luz el caso de las comunidades campesinas contaminadas en Espinar.

En esta carta dirigida al ministro de Salud, Aníbal Velásquez, los firmantes exhortan a que se deje sin efecto la denuncia contra Ruiz y Osores, y más bien se tomen medidas urgentes para atender y asegurar la salud de los ciudadanos de Espinar.

LEER CARTA

Si desea firmar a nombre propio o institucional, puede enviar un correo a:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. (Wilfredo Ardito).

Lo que alega el Estado

El Minsa, se ha centrado en el caso específico de Margarita Cahuana, comunera de Espinar que falleció el año pasado con cáncer de riñón y presentaba altos niveles de contaminación por metales pesados en la sangre. Y a quien pretender desconocer como parte del grupo de comunidades atendidas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas).

Es así que Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el médico especialista enfermedades infeccionas y tropicales, Fernando Osores, por haber utilizado –presuntamente- documentación falsa para denunciar el caso de la señora Ccahuana.

El Procurador Público Luis Valdez, indica que el Censopas –entidad que en el 2010 recogió muestras de sangre y orina en la comunidad de Huano Huano– nunca sacó análisis a Margarita Ccahuana, por tanto el documento publicado en el portal de Justicia Viva de IDL, por Ruiz y Osores, lo señala como falso. También alega que dicho documento no lleva la firma ni el sello de la Coordinadora del Laboratorio Químico Toxicológico.

En respuesta, Juan Carlos Ruiz y Fernando Osores alegaron que el certificado les fue entregado por el hijo de Margarita Ccahuana, y tiene el mismo formato de los que Censopas entregó a los comuneros tres años después del examen, sin firma ni sello, tal como lo comprobó Defensoría del Pueblo en diciembre del 2014, tras la denuncia del doctor Osores quien formó parte del equipo del Censopas en aquella época.

VIDEO DE OSORES

Pese a la insistencia del Minsa, en señalar que Margarita Ccahuana Córdova no fue parte del grupo del que se obtuvieron muestras de sangre alguna por exposición a metales pesados, los familiares de la comunera fallecida aseveran lo contrario y muestran el documento con los resultados positivos de la prueba que el Censopas realizó en el año 2010.

El Informe de ensayo N° 100/10 se titula "Estudio de línea de base a las comunidades aledañas al proyecto minero Quechua Huano Huano". Pertenece a Margarita Ccahuana y lleva el sello del INS. La fecha corresponde al 31 de enero del año 2011.

Tras expresar su apoyo a Ruiz y Osores, através de un pronunciamiento la RED MUQUI exhortó al Estado a preocuparse por tomar medidas de salud inmediatas para que las personas ya afectadas por cáncer, producto de metales pesados, tengan una muerte digna; que los enfermos puedan tener una mejor calidad de vida, y en especial atender el cáncer que padecen 5 niños en las comunidades de Espinar.

“Exigimos que se active el presupuesto para ejecutar los planes de atención de salud de las personas afectadas por la contaminación en Espinar (Cusco), y que se efectúe la remediación respectiva de los pasivos e impactos ambientales generados por la actividad minera, para eliminar los focos de contaminación que producen los problemas sanitarios”, indicó RED MUQUI.

VIDEO DE LA SITUACIÓN EN PACPACCO

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CASO MARGARITA CCAHUANA

  • Margarita Ccahuana Córdova fue comunera de Alto Huancané (sector Pacpacco, Espinar, Cusco)
  • Según los propios exámenes que le fueron practicados por el Censopas, Margarita tenía 95.0 microgramos de plomo por decilitro de sangre y 129.97 microgramos de arsénico por gramo de creatinina en orina. En ambos casos, el mínimo permisible es 20.
  • El Instituto Nacional de Salud (INS), del que forma parte Censopas, no entregó a Margarita ni a los demás comuneros de Alto Huancané los resultados de las pruebas.
  • Tres años después  el médico Fernando Osores –entonces miembro del equipo del Censopas- denunció el caso ante la Defensoría del Pueblo, y ahí recién ahí los comuneros conocieron sus resultados.
  • El 8 de mayo del año pasado, Margarita Ccahuana falleció de cáncer a los riñones en el hospital Goyeneche de Arequipa.
  • En el certificado de defunción de Margarita se agregó: intoxicación crónica por arsénico y cadmio.

DATOS:

  • Desde 2010 comunidades de Espinar tienen presencia de metales pesados por encima de LMP
  • Hay dos planes de atención uno por MINSA y otra. Presupuesto de atención de hay.
  • OEFA ha solicitado a Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) la base de la contaminación, pero ello demora dos años.
  • Comunidad de Huinipampa es la más afectada y tiene 6 dirigentes con 6 meses de prisión preventiva. También van a procesar a Comunidad de Huiza.
  • En la demanda de Cumplimiento de IDL sobre Espinar, está pendiente declarar la Emergencia Sanitaria por presencia de metales pesados. Actualmente esta se reduce solo a infecciones.         

Foto: Diario La República

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ACUERDO EN CHUMBIVILCAS

  • Ese día recién se acordarán  puntos de la agenda de trabajo entre pobladores, la minera HudBay y el MEM
  • Pobladores exigen información sobre modificaciones que se realizó al EIA del proyecto Constancia

Las organizaciones sociales y autoridades de Velille (Chumbivilcas, Cusco) acordaron que el 17 de febrero se llevará a cabo la próxima reunión de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los funcionarios de la empresa minera HudBay que opera en la zona a través del proyecto Constancia

En esta sesión se aprobará el reglamento interno de la Mesa de Diálogo, la agenda de trabajo y la acreditación de los representantes de las partes. En el encuentro con los funcionarios del MEM y HudBay, los dirigentes comunales y las autoridades locales, dejaron en claro que esperan que esta no sea una mesa de diálogo más y que finalmente se logren acuerdos que tomen en cuenta las demandas de la población y sean adecuadamente implementados.

En la reunión del 27 de enero, también estuvieron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además del MEM y HudBay; el encuentro se inició en presencia de la Fiscalía de Prevención de Delitos de Chumbivilcas, en el sector de Maranniyuq, y luego se trasladó al colegio Juan de Dios Valencia en Velille. Tras un intenso intercambio entre los representantes de cada sector, se tomó el acuerdo de iniciar el proceso de diálogo.

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Las organizaciones sociales del distrito de Velille iniciaron un paro de 72 horas el lunes 25 de enero, el cual fue contundente al movilizar más de 6 mil pobladores incluyendo a representantes de Livitaca. Aunque la Dirección Regional de la Policía envió un gran contingente de efectivos, y sin no hubo ningún enfrentamiento de por medio, así como tampoco denunciados o detenidos.

Recién en el tercer día de movilización hacia el campamento minero del proyecto Constancia, se pudo instalar un nuevo proceso de diálogo, con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la empresa minera, así como de los gobiernos locales y dirigentes sociales.

De esta manera se levantó el paro de 72 horas que había sido acordado por asamblea popular el 10 de enero último.

Los reclamos

- Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

- Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

- Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, así como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

- Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras / Tomate Colectivo

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TRAS PROMULGACIÓN DE DECRETO SUPREMO

  • Ejecutivo no ha vuelto a fijar fecha para otro eventual diálogo

Autoridades y representantes de organizaciones sociales de Challhuahuacho (Cotabamba, Apurímac) buscarán reunirse con cada uno de los 12 ministerios y hacer seguimiento al inicio de las obras que cada sector debe ejecutar para que las poblaciones de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, cambien su condición de extrema pobreza; adelantó Juan Pablo Conislla, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de dicho distrito.

Esta decisión fue tomada tras la publicación del Decreto Supremo (Nº 005-2016), que fue parte del compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar “de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho”. Con esta norma se busca institucionalizar los acuerdos arribados en la mesa de diálogo distrital y asegurar la ejecución presupuestal de 700 millones de soles para los próximos años, aunque el decreto en cuestión, no especifica ninguna cifra para este fin.

“La implementación del presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para tal efecto, las entidades del Estado priorizarán su presupuesto a fin de atender los compromisos asumidos, sujetos a su capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria, así como al cronograma de ejecución de las respectivas intervenciones”, indica claramente el artículo 2 de la norma.

En ese sentido, Conislla señaló a RED MUQUI que para las autoridades y dirigentes, este dispositivo legal es un primer paso, así como una garantía para asegurar que el próximo gobierno se encargue de cumplir con este distrito que, desde hace 3 años, espera salir de la extrema pobreza, pese a tener actividad minera.

“Somos conscientes de que las obras pendientes en Challhuahuacho no las va a hacer Ollanta Humala, sino el gobierno que entre. Es por eso que nosotros exigimos que se emita esta norma para que esto no quede en promesas y los ministerios estén comprometidos desde ahora”, comentó.

Por su parte, Allen Torres, miembro del equipo técnico de Cotabambas, considera que la emisión de esta norma es un paseo más por parte del Ejecutivo.

“Creemos que este papel es un pasea más del gobierno. Hasta ahora no hay ningún cronograma establecido y mucho menos una fecha de una próxima reunión de trabajo. El último contacto con los funcionarios de la PCM fue cuando nos trajeron el decreto antes de su publicación. Luego de ello no hay más, y hay mucho por hacer”, expresó a RED MUQUI.

El dirigente campesino, Juan Pablo Conislla, también afirmó que tras la suspensión del diálogo programado para el 19 de enero, los funcionarios de la PCM regresaron a Tambogrande el 22 para mostrarles el texto del decreto que fue publicado en el Diario El Peruano el lunes 25 de enero último.

ANTES DE ELECCIONES

No obstante, el texto del decreto indica –en su artículo 3– esta política de desarrollo se pretende llevar a cabo “en el mediano plazo que trascienda al actual Gobierno, en vista que las elecciones generales de abril próximo, determinarán el ascenso de nuevas autoridades nacionales”.

Lea también: Challhuahuacho le da 48 horas al Ejecutivo para emitir norma que ejecuta proyectos de desarrollo en la zona

Son 12, los ministerios que han refrendado este decreto junto con el presidente Ollanta Humala: Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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VER DECRETO 

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

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TRAS PARO DE 72 HORAS

Durante este tercer día de paro, los representantes de las organizaciones sociales de base, las autoridades y pobladores del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco) iniciarán un proceso de diálogo con los representantes de la empresa minera, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

 

El arribo de funcionarios no impidió que los manifestantes tomen las vías que van hacia la sede de Hudbay y a la de Glencore. Se reportó que se ha suspendido  la salida de carros de Arequipa con destino a Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Aquira (Apurímac). La mesa de diálogo se postergó para hoy debido a que los miembros del Ejecutivo no portaban sus acreditaciones.

 

Desde las 10 de la mañana, los pobladores se concentraron en el sector de Maraniyoc, ubicado a 3 Km del asentamiento minero.

 

Hasta el momento, la paralización de 72 horas que enfrentan los pobladores de Velille, tiene masiva concurrencia de la población y respaldo de las 8 comunidades del distrito de Velille y las principales organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas. Por otro lado, existe un fuerte y numeroso resguardo policial del asentamiento minero del Proyecto Constancia de la empresa minera Hudbay.

 

Lea también: Chumbivilcas: Pobladores de Velille inician paro y se movilizan cerca al campamento proyecto minero Constancia – Hud Bay

 

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policía Nacional. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

 

DATO:

El proyecto Constancia se ubica en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco / Diario La República

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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OTRO CONFLICTO EN EL CUSCO

Esta mañana el  frente de Defensa de Velille, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y las ocho comunidades de Velille iniciaron  el paro preventivo de 72 horas en contra de la empresa minera HudBay Perú SAC, que promueve el proyecto Constancia en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia de Chumbivilcas.

Los manifestantes se movilizaron por las principales vías de acceso, para concentrarse a 1 km del campamento minero, cerca de Chilloroya. Ante la Plataforma de Lucha presentado por el Frente de Defensa del distrito de Velille, los representantes de la empresa Hudbay se comprometieron en iniciar proceso de dialogo el día de mañana martes 26 a las 13 horas; en el que participaran los representantes de la empresa minera, las autoridades de Chumbivilcas, los representantes de las 8 comunidades y los representantes de los frentes de defensa. Siendo como intermediario la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ya ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policia Nacional.

La comunidad de Uchuccarco en ese entonces denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la Empresa Hudbay y su negativa a discutir y/o negociar una 2da adenda al convenio inicial suscrito. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

Asimismo, vecinos del distrito de Santo Tomás, en Chumbivilcas;  reportaron que a través de la radio emisora local “Qorilazo”,  una persona que se auto identificó como comandante de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Espinar, habría manifestado que los efectivos policiales en torno a la unidad minera Constancia contaban con la orden de disparar a cualquier persona que intentara violentar las instalaciones de la mina. Este hecho provocó el malestar de la población y causó la adhesión de más manifestantes a la protesta.

Durante la jornada los accesos hacia la provincia de Chumbivilcas estuvieron bloqueados y los piquetes de huelguistas señalaron que mantendrán sus posiciones hasta el día 27 de enero, impidiendo el pase de los vehículos. Por otro lado, se informó que un grupo de 200 personas aproximadamente logró acercarse hacia las instalaciones de la mina Constancia; no obstante, los dirigentes del Comité de Lucha han negado cualquier tipo de coordinación con dichas personas.

Hasta el momento, el  Ministerio de Energía y Minas ha enviado un comunicado exhortando al diálogo entre la empresa y la población, así como al cese de la movilización.

Qué es lo que reclaman

- Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

- Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

- Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, asi como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

- Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Algunos antecedentes

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Velille es un distrito de la provincia de Chumbivilcas, y es uno de los distritos afectados por el proyecto minero de Constancia de la Canadiense HudBay, junto a los distritos de Chamaca y Livitaca. Las autoridades locales y las organizaciones sociales de Velille desde el año 2015 han venido organizando diferentes eventos, congresos y foros sobre la presencia de la actividad minera en su territorio, estas discusiones estaban centrados en los aportes sociales y ambientales que la empresa deberia realizar para el distrito de Velille.

Parte de estas discuciones en sus eventos públicos se encontraba la poca información que se habría brindado desde el Gobierno Central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Constacia.

Tanto el Alcalde de Velille Sergio Valencia Salcedo como el presidente del Frente de Defensa de Velille Guider Puma, han señalado que se ha insistido con invitaciones y cartas a la empresa minera para que se pueda sentar a dialogar y a los mismos representantes del gobierno nacional, y no han obtenido respuesta a sus demandas.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras / Observatorio de Conflictos Mineros/ Voces de la Tierra

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras / Voces de la Tierra

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ESTA SEMANA

  • Ejecutivo volvió a postergar mesa de diálogo con autoridades y dirigentes de Cotabambas
  • PCM adujo que suspensión responde a que distritos no acreditaron representantes
  • Autoridades y dirigentes buscan audiencia con el presidente Ollanta Humala

Nuevamente se complica la situación en la zona de influencia de proyecto minero Las Bambas. Los dirigentes  de las provincias de Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Grau (Apurímac), anunciaron el reinicio de una huelga interprovincial indefinida que iniciará en el transcurso de esta semana.

Esta medida de fuerza responde a la suspensión de la mesa de trabajo –y diálogo– por parte del Ejecutivo, que en dos oportunidades (16 de noviembre y 19 de enero) dejó “en el aire” a autoridades y dirigentes, bajo la excusa de no tener acreditados a los representantes de distritos y centros poblados que se encuentran en la zona de influencia de Las Bambas. Esta suspensión les fue comunicada –el mismo día de la reunión– mediante un oficio (del 18 de enero) firmado por el Jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, José Ávila.

No obstante, los alcaldes y dirigentes sociales alegan haber remitido una carta (el 14 de diciembre) con la lista de nombres, así como otros documentos en los que solicitaron la instalación de la Mesa.

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Ante este desplante, el alcalde provincial de Cotabambas, tres alcaldes distritales (Haquira, Mara, Challhuahuacho, Coyllurqui), el Gerente General del Gobierno Regional Apurímac, los Frentes de Defensa y comunidades, se reunieron el 21 de enero en la Municipalidad Provincial de Cotabambas (Tambobamba), tomaron los siguientes acuerdos:

  • Declararse en paro provincial indefinido suspendido.
  • Conformación de una Comisión Mixta integrada por autoridades políticas y dirigentes de la provincia de Cotabambas y Grau para viajar a Lima buscar una audiencia con el  Presidente de la República.
  • Terminar la reunión con una movilización pacífica por las principales arterias de la ciudad de Tambobamba, liderada por las autoridades locales y el representante del Gobierno Regional.

En cuanto a la fecha de inicio del paro interprovincial, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello, refirió que no pueden revelar la fecha exacta de inicio de la huelga, pues están temerosos que agentes de inteligencia enviados por el Gobierno, puedan identificar a los dirigentes.

"La huelga se inicia lo más pronto posible, en esta semana. Hay personas que nos graban y van a los domicilios para indagar sobre nuestras actividades por eso no podemos revelar nuestras coordinaciones", comentó al diario La República.

En la asamblea de Tambopata, autoridades y dirigentes reiteraron que el principal punto a tratar en la Mesa de Trabajo y Diálogo, son las modificaciones realizadas al EIA por parte de la empresa MMG, ya que el proyecto minero Las Bambas se ha concentrado en las provincias de Cotabambas y Grau piden que se determine adecuadamente los impactos y se adopten las medidas necesarias para que se eviten daños ambientales.

 

Fuente: Diario La República / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: RED MUQUI SUR

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  • Hace 10 días el Ejecutivo se reunió con alcalde y 34 dirigentes en la PCM y garantizó emitir norma
  • Desde hace 12 años se sostiene una mesa de diálogo para cambiar situación de pobreza extrema del distrito
  • Obras de desarrollo social e infraestructura compromete a cinco ministerios

El alcalde, Antolín Chipani y dirigentes del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas, Apurímac) decidieron suspender la reunión de diálogo con el Ejecutivo, debido a que hasta ahora no se emite la norma que autoriza la ejecución de una serie de proyectos de desarrollo social e infraestructura en beneficio de los centro poblados que se encuentran en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

Durante la reunión programada para este 19 de enero, presidentes de las comunidades indígenas, dirigentes de las organizaciones sociales y autoridades locales de Challhuahuacho estuvieron esperando en vano la presentación del decreto supremo que garantizaría la ejecución de 700 millones de soles en obras y programas para combatir la pobreza extrema en el distrito donde opera la empresa minera MMG.

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Al ver que los funcionarios de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, no cumplieron el acuerdo de elaborar este decreto supremo, los dirigentes y autoridades encabezadas por el alcalde Chipani, decidieron y plantearon que no hay espacio para más ofrecimientos, ya que desde el 2004 el Estado viene incumpliendo los acuerdos tomados en conjunto con la población.

“Esta vez hemos decidido luchar por el estricto cumplimiento de los acuerdos de la Mesa para el Desarrollo de Challhuahuacho, que nos ha costado más de medio año de trabajo. (…) damos un plazo de 48 horas para que el Dr. (José) Ávila como alto comisionado de la ONDS-PCM y los Ministros del MINEM, MINAM, MINAGRI, MVCS estén en el distrito de Challhuahuacho, y entreguen a la población el DECRETO SUPREMO que garantice la inversión de 700 Millones en nuestro distrito, para revertir la situación de pobreza extrema en la zona de influencia del mega proyecto minero MMG – las BAMBAS. Propiedad del Estado Chino”, emplazó el alcalde Chipani a través de su cuenta de Facebook.

Decreto Supremo fue un compromiso

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El 8 de enero último, el Ejecutivo ser reunió en la PCM (sede Lima) con el alcalde Chipani y dirigentes comunales de Challhuahuacho, en dicho encuentro los funcionarios de la ONDS-PCM, dirigida por José Ávila, firmaron un acta de compromiso en donde se acordó la emisión de un decreto supremo -así como una serie de resoluciones ministeriales-  que garantizarían la ejecución de los proyectos en este distrito.

Hace 13 días en Lima y a su salida de la reunión con la PCM, el alcalde de Chalhuahuacho indicó que el contenido de las resoluciones incluirían los proyectos que ofreció el gobierno durante la mesa de diálogo desarrollada entre febrero y agosto del año pasado. Estos dispositivos legales tienen que ver con la construcción de puestos de salud, centros educativos, vías de comunicación, instalación de agua y desagüe, además de luz eléctrica, obras estimadas en 700 millones de soles.

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En ese tiempo, Antolín Chipana indicó al Diario La República que la razón para negociar la emisión de la norma, respondía a que el gobierno de Ollanta Humala se encuentra de salida.

“Estas obras son para la provincia de Cotabambas y la región de Apurimac. Y es el resultado de la gestión del alcalde de Challhuahuacho y el resultado del compromiso de nuestro pueblo, el sacrificio de los hombres y mujeres YANA WARAS, quienes luchan por conseguir una vida digna para todos y todas”, señaló un comunicado publicado en la cuenta personal de Facebook del burgomaestre.

DATO:

Challhuahuacho pertenece a la provincia de Cotabambas, que en setiembre de 2015 estuvo inmersa en un paro interpronvincial de protesta por causa de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Las Bambas. Alegaron que la minera china MMG no respetó los procedimientos de participación ciudadana y el derecho a la información. 

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

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