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Por: Ana Leyva, directora de CooperAcción

Dentro del marco de las facultades legislativas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N°1320, que modifica la Ley General de Minería, en relación a la caducidad y pago o penalidad que deben hacer los concesionarios mineros por falta de producción.

A continuación, presentamos algunos criterios sobre el mencionado decreto y sus posibles implicancias:

  • Si bien la concesión minera en el Perú se otorga por un tiempo indefinido para exploración y explotación, existe la obligación del titular de trabajarla, es decir de producir minerales o de realizar la inversión necesaria para ello.  La producción no debe ser menor al equivalente a 1 UIT por año y por hectárea otorgada para sustancias metálicas en productores grandes y medianos. En los pequeños productores y mineros artesanales el monto de la producción es mayor.
  • Cuando el titular de la concesión minera no produce minerales o no invierte en los montos mínimos debe pagar una penalidad por año, durante un periodo de tiempo, luego de lo cual la concesión caduca (se pierde). La Ley de Minería establecía anteriormente que la penalidad se pagaba a partir del primer semestre del undécimo año y consistía en el equivalente al 10% de la producción mínima anual exigible por año y por hectárea (1 UIT), debiendo pagarla en ese porcentaje hasta que se cumpliera con la producción mínima. La concesión caducaba si el incumplimiento se prolongaba hasta el vencimiento del décimo quinto año.

Cambios con el Decreto Legislativo 1320

Desde ahora la concesión caduca al vencimiento del año 30, y además se establece una gradualidad en el pago de la penalidad:

PAGO DE LA PENALIDAD SEGÚN AÑO PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN  O INVERSIÓN MÍNIMA (1 UIT) POR AÑO Y POR HECTÁREA
           A partir del undécimo año 2%
           A partir del décimo sexto 5%
           A partir del vigésimo primer año 10%

Pongamos un ejemplo: quien tiene 10,000 hectáreas (el tope de hectáreas establecido en la ley para un titular) y no produce o invierte, a partir del undécimo año, debe pagar una penalidad de 810,000 nuevos soles; anteriormente la penalidad para ese titular era de 4’050,000 nuevos soles.  Este beneficio lo puede mantener hasta el décimo quinto año, luego de lo cual tendrá incrementos graduales. Esta situación, en la que el titular no realiza actividad minera en la concesión, como hemos señalado anteriormente, puede prolongarse durante 30 años, 15 años más de lo que se permitía anteriormente.

Como se puede apreciar, este decreto legislativo no contribuye a simplificar, optimizar y eliminar procedimientos administrativos ni a regular o facilitar el desarrollo de las actividades económicas, tal como lo establece la ley que otorga las facultades delegadas para el Poder Ejecutivo.  Lo que hace es permitir a quien no quiere o no puede invertir, mantener la concesión por un largo tiempo sin utilizarla.

El riesgo con este tipo de medidas es que se pueda generar especulación de quién compra para luego vender. Además, puede dificultar la formalización de los mineros informales, pues en los próximos años no habrá concesiones que caduquen. Es decir, la norma da un trato benévolo a quien mantiene la concesión sin producir o sin invertir en ella. Es curioso, pero de esta manera no se incentiva la inversión y el desarrollo de proyectos; más bien y como ha sido mencionado, se puede terminar incentivando la especulación de las concesiones.

A lo señalado debemos añadir que el Decreto Legislativo 1320 permite que el pago efectuado como penalidad pueda ser deducido del impuesto a la renta como gasto tributario. Con esa finalidad la norma define a la penalidad como “un sobrepago o pago aumentado del derecho de vigencia, conservando la misma naturaleza de dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y acreditarse ambos en el mismo plazo”. Esto se aleja de lo señalado por la doctrina la cual considera a la penalidad como un mecanismo para resarcir el daño patrimonial que ha sufrido el Estado por el incumplimiento de la obligación de producir o invertir.

Sería importante que el Ministerio de Energía y Minas explique la lógica de este decreto que definitivamente no parece ser un instrumento de promoción de las inversiones.

Fuente: CooperAcción

Foto: Consultape

  • Perú, uno de los mayores exportadores de minerales del mundo, se enfrenta a numerosos conflictos sociales y ambientales negativos. Pronto cambiará el Gobierno. ¿Cambiará también la situación?

Perú encabeza la lista de países latinoamericanos exportadores de zinc, plata, plomo, estaño, hierro y bismuto, y encabeza la lista de exportadores mundiales de oro. 51 proyectos mineros lleva la cartera de inversiones peruana para los años 2012-2018, según datos del Ministerio de Minas.

El otro lado de la medalla: 214 conflictos sociales, de ellos 147 socioambientales, 94 estrictamente mineros. En un país cuya costa se encuentra afectada y amenazada por el cambio climático, los efectos medioambientales de las actividades extractivas son de especial preocupación. Las poblaciones rurales temen por su entorno y su subsistencia.

“Entre 2011 y 2015, los conflictos han dejado un saldo de 58 muertos y 549 heridos", dice a DW Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Muqui, una red que agrupa a 29 organizaciones que trabajan en 11 regiones de Perú. De cara a las elecciones, organizaciones sociales y ambientales del país exponen fallos y proponen cambios. ¿Esperan mejoría?

Según el estudio de la Red Muqui y la organización alemana Misereor, más del 20 por ciento del territorio peruano -incluyendo áreas naturales protegidas, zonas de recargas hídricas, bosques y comunidades- está concesionado ya a actividades mineras ; el 49,63 por ciento se encuentra en tierras ancestrales indígenas o de comunidades campesinas.

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Avances, ¿sólo sobre el papel?
Si bien el saliente gobierno de Ollanta Humala creó un ministerio del Medio Ambiente, recortes en los recursos destinados para éste no han hecho su gestión exitosa.

Por otro lado, la flexibilización de las normas ambientales como las de los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, reducción de multas en caso de incumplimiento o menor rigor exigido en los estudios previos, “ha llevado a la aprobación de controvertidos proyectos cuyo estudio preliminar deja muchas dudas abiertas”, afirma Jahncke. Las organizaciones y las comunidades echan en falta también la consulta previa.
A este respecto, sin respuesta de ninguna instancia oficial, DW consultó a la agencia especializada Minería del Perú, que lleva 24 años colaborando con el ramo minero del país.

“No existe un derecho legal que le permita a una comunidad decirle no a un proyecto minero. En el Perú las riquezas del subsuelo son propiedad del Estado. Si la riqueza está debajo de un territorio perteneciente a una comunidad, la empresa a la que se le concesiona la riqueza del subsuelo debe llegar a un acuerdo con la comunidad para que le permita utilizar su territorio", explica a DW Juan Vargas, de Minería del Perú.

Según sus datos, dado que el derecho a la consulta previa se incorporó a la legislación en 2014, "hasta ahora se han terminado tres procesos en forma positiva para la actividad minera. La consulta previa se está dando para proyectos de exploración, no se puede hablar de que haya un cuestionamiento de la viabilidad del proyecto", dice Vargas.

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Un caso emblemático
A este respecto, aceptando que sí ha habido mesas de diálogo a raíz de sonados conflictos entre las mineras y las poblaciones, Jahncke distingue entre hablar de condiciones diferentes y hablar de viabilidad. Su ejemplo son los tajos a cielo abierto de Tía María y la Tapada.

“El tajo de La Tapada se encuentra a 500 metros del pase del canal del río. Las explosiones van a generar polvos y residuos en los relaves en el cauce del río. La empresa, al hacer el estudio, dejó fuera del análisis justo la zona existente entre el tajo y el río, que puede ser la más comprometida", dice Jahncke.

¿Por qué? Probablemente porque la contaminación del aire, las aguas profundas y las aguas del río afectarían directamente a los 47.441 habitantes del Valle -de los cuales 24.000 trabajan permanentemente en la pequeña y mediana agricultura-, a los 349.638 empleos eventuales y a los pescadores artesanales de la desembocadura del río.

Frente a estas cifras, la información gubernamental menciona los 3500 puestos de trabajo que crearía Tía María. La población se opone.

¿Sin esperanza de cambio?
Por el momento, el gobierno saliente subraya sus avances en normas. Los candidatos a la presidencia ofrecen diversificar la economía, ocuparse más del agro y cuidar de las inversiones para el crecimiento del Perú, más aún en tiempos de reducción del precio de las materias primas.

Las organizaciones de la Red Muqui temen que no se tenga en cuenta la protección de las poblaciones, los impactos ambientales y el ordenamiento territorial. “Lo que quieren las poblaciones es discutir la viabilidad de los proyectos. Mientras no se discuta, habrá un entrampamiento", teme Jahncke.

VER NOTA EN DW

 

Fuente / Fotos: DW.com/es

EN RESPUESTA A OXFAM

Tras conocer las polémicas declaraciones de algunos representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que critican, descalifican y hasta desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, al igual que el rol de las instituciones ambientales y sociales que la defienden, el presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhortó a este gremio a fije una posición oficial al respecto.

“Tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente (…) hemos compartido su carta y atraído sus preocupaciones a la atención de la SNMPE y los hemos animado a que respondan a sus inquietudes y delineen una posición oficial”, respondió Butler a la carta enviada organizaciones de la sociedad civil peruana.

Según el CEO de la ICMM este es el proceso que su organización realiza cada vez que las organizaciones de la sociedad civil observan o critican a sus miembros corporativos.

VER NOTA ANTERIOR

Butler, también anotó que durante su última visita a nuestro país, el director de Operaciones de la ICMM, Aidan Davy, participó en un evento organizado por Oxfam y el Ministerio de Cultura del Perú para discutir el tema de la consulta previa.

En ese sentido, Butler, aseguró que Davy le informó que los miembros del SNMPE estuvieron presentes y públicamente manifestaron su compromiso con la consulta previa. “Confío en que este mensaje también ha sido puesto en conocimiento de los demás signatarios”, puntualiza el máximo representante de la ICMM.

Precisamente, durante dicho evento sobre consulta previa (24 de febrero), el también Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy, remarcó que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas"; pero, al ser consultado sobre los comentarios de algunos empresarios del que pertenecen al gremio que agrupa gran parte del sector minero de nuestro país, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Como se recuerda, en el marco de la campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

Entre los firmantes de la carta está la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: GRUFIDES, REDAD, Red Uniendo Manos Perú, Aprodeh, Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS), Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas (CADEP), CooperAcción y el Arzobispado de Huancayo.

En la misiva enviada al ICMM, se incluyeron expresiones como: “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), que además de opiniones, también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca satanizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

En respuesta, Oxfam y aliados esperan que la SNMPE atiendan las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

VER RESPUESTA DEL ICMM

DATOS

  • El ICMM está conformado por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo.
  • En su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomo una posición muy clara sobre el consentimiento previo, libre e informado (CPLI). 
  • Contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio.
  • Los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas
  • Tiene como preceptos, adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Foto de Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy: Comunicaciones RED MUQUI

EN PUNO

  • Estado otorgó en concesión el 100% de sus territorios y omitió aplicación de consulta previa
  • Según código procesal del TC, resolución de este caso debió salir en menos de una semana

La comunidad campesina La Arboleda (distritos de Tiquillaca y Atuncolla, Puno), lleva esperando cuatro años para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva la demanda de amparo que presentaron por omisión de consulta previa luego que el Estado otorgara el 100% de sus territorios a concesiones mineras, sostuvo el abogado de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) y representante legal, Rodrigo Lauracio.

En ese sentido, el defensor legal de La Arboleda indicó en Ideeleradio que las comunidades demandantes comprenden que la vía legal de proceso constitucional tiene una demora; sin embargo, el TC después de revisar la causa, debió resolver en un máximo de cinco días, según lo preceptuado en el Código Procesal Constitucional.

“El TC no resuelve y ya han pasado cuatro años. Nosotros desde aquí exhortamos para que se resuelva esta causa. Este no es el único caso, también tenemos el caso de La Arboleda de San José de Llungo del distrito de Atuncolla, que también lleva esperando desde el 2014”, refirió Lauracio.

Por su parte, la dirigente de la Comunidad Arboleda, Zenobia Cruz, que presentó la demanda de amparo ante el TC exigió celeridad.

“Yo le pediría al TC resuelva estos casos, no entendemos por qué demora. Yo, cuando regrese a mí comunidad campesina La Arboleda del distrito de Tiquillaca, la gente va a pensar que les mentí, porque han pasado cuatro años y todavía no tenemos una solución, yo le pido al TC que falle pronto a favor de nosotros”, solicitó en entrevista con Ideeleradio.

Con el caso de La Arboleda, se logró denunciar la existencia de políticas públicas que niegan derechos, así como la ausencia de políticas de protección de derechos de sectores de la población. Ello, a través del reclamo de un sector de la población vulnerado en sus derechos humanos y territoriales, ya que el Estado había otorgado en concesión el 100% de sus tierras a favor de empresas mineras.

En diálogo con RED MUQUI, Rodrigo Lauracio de DHUMA, recordó que la Comunidad La Arboleda interpuso una acción de amparo en setiembre del 2011, por afectación a la consulta previa, al derecho al territorio, a los recursos naturales, al agua y otros derechos contemplados.

Ante esta situación, las comunidades campesinas decidieron organizarse y presentar varias demandas contra Ministerio de Energía y Minas (MEMO) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, además de solicitar al juez, la realización de un proceso de consulta previa, respecto a las concesiones mineras que estaban en sus territorios. De igual modo, las concesiones mineras fueron revocadas en Puno tras la presentación de la demanda de amparo por omisión del derecho a la consulta previa.

En respuesta, las concesiones quedaron sin efecto, luego que los titulares de las mismas no renovaran el pago por derecho de vigencia.

DATOS:

  • Se trata de las demandas presentadas primero por la comunidad Arboleda del distrito de Tiquillaca, luego por la comunidad San José de Llungo del distrito de Atuncolla y en tercer lugar por 11 comunidades campesinas de todo el distrito de Atuncolla de la región Puno.
  • Las comunidades del distrito de Atuncolla no solo defendían sus tierras y los recursos naturales de estas, sino el íntegro del complejo arqueológico de Sillustani.
  • Según DHUMA, hasta el 2011 el 39% del territorio puneño fue otorgado en concesiones

 

Fuente: Justicia Viva / Ideeleradio

Video / Foto: Comunicaciones RED MUQUI

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

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El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas. 

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

  • Ministerio de Economía y Energía (BMWI) de Alemania se informó sobre situación social del sector minero peruano

Funcionarios del Ministerio de Economía y Energía (BMWI) recibieron a los representantes de la sociedad civil alemana y peruana, el pasado 12 de enero en Berlín, para tratar las implicancias del Convenio de Cooperación en el ámbito de materias primas, industria y tecnología entre los gobiernos de Alemania y Perú, firmado en julio de 2014.

El gobierno alemán comentó que desde que se suscribió el convenio, no ha habido ninguna reunión oficial intergubernamental entre Perú y Alemania. Sin embargo, informó que un primer encuentro está programado para este 23 de febrero, días antes de la conferencia mundial sobre la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Es por ello que funcionarios de este país mostraron su interés en escuchar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil, y así poder tratar estos temas con el gobierno peruano.

En dicho encuentro, RED MUQUI –como parte de la sociedad civil peruana– planteó su preocupación en cuanto al abastecimiento de minerales para la industria alemana desde el Perú.

Asimismo, expuso los problemas existentes del sector minero en Perú en lo que se refiere a la conflictividad socioambiental, a causa de: la falta de mecanismos de prevención por parte del Estado; la desregulación ambiental y de la propiedad comunal a través de los paquetazos normativos; la poca participación ciudadana al inicio de grandes proyectos extractivos; la implementación deficiente de la Ley de consulta previa; la falta de transparencia en la información de las empresas mineras (aunque Perú es un país que impulsa el EITI), y las violaciones a los derechos humanos que se han venido suscitando tras el estallido de ciertos conflictos mineros.

De igual modo, las organizaciones de la sociedad civil alemana y peruana hicieron una serie de recomendaciones:

  • Efectiva prevención de conflictos, con especial atención al respeto de los derechos humanos y ambientales.
  • Elaboración e implementación de una ley de Ordenamiento Territorial.
  • Apoyo en la remediación y sanación de pasivos ambientales, al igual que atención de salud especializada para los afectados por contaminación por metales pesados.
  • Apoyo en el manejo adecuado de los recursos hídricos (calidad y cantidad).
  • Apoyo, a través de las agencias de cooperación alemanas, en el fortalecimiento de las instituciones que se ocupan del medio ambiente (MINAM, OEFA, SENACE).

Estos puntos fueron planteados de acuerdo a la naturaleza del Convenio de Cooperación Perú-Alemania, cuyo principal beneficio para el Perú, es recibir apoyo en tecnología para mejorar la actividad minera -a cambio de importaciones de cobre y zinc- sin que ello implique necesariamente una mejora directa para las comunidades y poblaciones que habitan en zonas de influencia minera.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil y el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, sugirieron una reunión entre los representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de ambos países para que conozcan más detalles del Convenio Minero, y puedan debatir sobre la mejor forma de su implementación.

DATOS (Fuente CooperAcción):

  • Alemania es el principal importador del Cobre y Zinc proveniente del Perú
  • Entre los años 2001 y 2013, Perú fue el principal abastecedor de cobre en concentrados, de Alemania.
  • 48.3% de la importación de maquinarias provienen de Alemania.
  • Alemania es el sétimo país destino de las exportaciones de metales y minerales del Perú.

Lee también: Acusan falta de transparencia en convenio minero Perú-Alemania (SERVINDI)

 

Foto: ICNdiario

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TRAS PROMULGACIÓN DE DECRETO SUPREMO

  • Ejecutivo no ha vuelto a fijar fecha para otro eventual diálogo

Autoridades y representantes de organizaciones sociales de Challhuahuacho (Cotabamba, Apurímac) buscarán reunirse con cada uno de los 12 ministerios y hacer seguimiento al inicio de las obras que cada sector debe ejecutar para que las poblaciones de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, cambien su condición de extrema pobreza; adelantó Juan Pablo Conislla, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de dicho distrito.

Esta decisión fue tomada tras la publicación del Decreto Supremo (Nº 005-2016), que fue parte del compromiso de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para declarar “de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Challhuahuacho”. Con esta norma se busca institucionalizar los acuerdos arribados en la mesa de diálogo distrital y asegurar la ejecución presupuestal de 700 millones de soles para los próximos años, aunque el decreto en cuestión, no especifica ninguna cifra para este fin.

“La implementación del presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para tal efecto, las entidades del Estado priorizarán su presupuesto a fin de atender los compromisos asumidos, sujetos a su capacidad operativa y disponibilidad presupuestaria, así como al cronograma de ejecución de las respectivas intervenciones”, indica claramente el artículo 2 de la norma.

En ese sentido, Conislla señaló a RED MUQUI que para las autoridades y dirigentes, este dispositivo legal es un primer paso, así como una garantía para asegurar que el próximo gobierno se encargue de cumplir con este distrito que, desde hace 3 años, espera salir de la extrema pobreza, pese a tener actividad minera.

“Somos conscientes de que las obras pendientes en Challhuahuacho no las va a hacer Ollanta Humala, sino el gobierno que entre. Es por eso que nosotros exigimos que se emita esta norma para que esto no quede en promesas y los ministerios estén comprometidos desde ahora”, comentó.

Por su parte, Allen Torres, miembro del equipo técnico de Cotabambas, considera que la emisión de esta norma es un paseo más por parte del Ejecutivo.

“Creemos que este papel es un pasea más del gobierno. Hasta ahora no hay ningún cronograma establecido y mucho menos una fecha de una próxima reunión de trabajo. El último contacto con los funcionarios de la PCM fue cuando nos trajeron el decreto antes de su publicación. Luego de ello no hay más, y hay mucho por hacer”, expresó a RED MUQUI.

El dirigente campesino, Juan Pablo Conislla, también afirmó que tras la suspensión del diálogo programado para el 19 de enero, los funcionarios de la PCM regresaron a Tambogrande el 22 para mostrarles el texto del decreto que fue publicado en el Diario El Peruano el lunes 25 de enero último.

ANTES DE ELECCIONES

No obstante, el texto del decreto indica –en su artículo 3– esta política de desarrollo se pretende llevar a cabo “en el mediano plazo que trascienda al actual Gobierno, en vista que las elecciones generales de abril próximo, determinarán el ascenso de nuevas autoridades nacionales”.

Lea también: Challhuahuacho le da 48 horas al Ejecutivo para emitir norma que ejecuta proyectos de desarrollo en la zona

Son 12, los ministerios que han refrendado este decreto junto con el presidente Ollanta Humala: Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Interior, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro del Ambiente y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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VER DECRETO 

Fotos: Facebook del alcalde de Challhuahuacho, Antolin Chipani Lima

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Más de 800 personas, integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Señor De Qoyllorit’i conjuntamente con el Consejo de Naciones  marcharon por las principales calles de la ciudad del Cusco, en protesta a las concesiones mineras en el santuario y la minería ilegal que existe en esta zona.

 

Tras la marcha y en mitin realizado en Plaza de Armas se logró el consenso para firmar el acta de conformidad entre el Presidente Regional, el alcalde Provincial del Cusco, el Titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el Director Regional de Energía y Minas, el presidente del Consejo de Naciones y la hermandad , donde se comprometen a hacer cumplir las funciones de evaluación y derogatoria del proyecto minero que buscaba explotación en el santuario del señor de Qoyllorit’i que tendría un plazo de  5 meses antes de la celebración por las fiestas del Cusco; caso contrario las 8 naciones, la hermandad y el pueblo cusqueño tomaran medidas extremas como tomar el santuario de Saqsayhuaman en un nuevo paro indefinido.

 

El representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Econ. Daniel Maraví Vega Centeno, ratificó que la entidad cultural no autorizará ninguna actividad de exploración o explotación minera en el Santuario de Qoyllurit´i a fin de salvaguardar la peregrinación anual que realizan miles de fieles.

 

"Hemos asumido el compromiso de colocar hitos para delimitar el área intangible, como espacio cultural, que tiene más de 3 mil 641 hectáreas para el resguardo, protección y salvaguardia de este legado que es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por UNESCO" dijo el titular ante una multitud presente en la Plaza de Armas de Cusco, quienes exigían la defensa del santuario ante el avance de la actividad minera informal.

 

Aseguró que la entidad cultural mantendrá permanente coordinación y trabajo con el Consejo de Naciones y la Hermandad del Señor de Qoyllurit´i para defender este territorio religioso que es reconocido como la mayor peregrinación que se realiza en  Sudamérica, asimismo anunció su pleno respaldo a todas las acciones que dispongan las autoridades correspondientes.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras

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Integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Señor De Qoyllorit’y este 18 de enero marcharan en la ciudad del Cusco en protesta contra las concesiones mineras que realizo en Ministerio de Energía y Minas al territorio del Santuario de Sr. De Qoyllorit’y ubicado en las faldas del nevado Ausangate, en la localidad de Sinakara de la provincia de Quispicanchi.

 

Esta marcha viene siendo convocada por la Hermandad del Señor de Qoyllorit`y  y el consejo de las 8 naciones comprendidas por Paucartambo, Quispicanchis, Paruro, Acomayo, Chinchero, Urubamba, Canchis y Anta, quienes anualmente participan de la peregrinación en el Sinakara. El motivo de  esta movilización es pedir la anulación de las concesiones mineras que se realizaron en este territorio.

 

 

Según las declaraciones de Felipe Achahui integrante de la directiva de las danzas en Ocongate, en esta marcha  no  se permitirá la presencia de partidos políticos y candidatos en campaña debido a la coyuntura electoral, esto para no terjiberzar los objetivos de la marcha. También manifestó que durante la marcha se dirigirán a la Dirección  Desconcentrada de Cultura, seguidamente a la dirección de energía y minas solicitando la intervención de estos organismos para la anulación de las  concesiones.

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Sobre la concesión minera del Sinakara

La Dirección Regional de Energía y Minas confirmó la existencia de 40 concesiones mineras fuera del área intangible listas para su tratamiento administrativo y posterior exploración y explotación; hecho que afectaría el área intangible. Con la afirmación de la Dirección Regional de Energía y Minas se puede ver que las concesiones mineras amenazan la ruta tradicional de bperegrinación y la geografía del santuario, afectando la práctica cultural y la vida cotidiana de las comunidades campesinas del entorno.

 

Entre tanto con Resolución Directoral Nacional Nº 696 / INC del 29 de marzo del 2010, la Dirección Desconcentrada de Cultura efectuo la  delimitación del área intangible, indienable como espacio cultural que  considera un área de 3, 641, 04 hectáreas; mientras que la zona destinada para los derechos mineros son 170 mil hectáreas.

 

Afectación a la festividad de fe y devoción

Debemos destacar que la festividad del Señor de Qoyllorit'y se realiza en los meses de Junio en las faldas del nevado Ausangate a 5362 msnm, en la localidad de Sinakara en la provincia de Quispicanchi, convocando a miles de devotos e integrantes de las naciones, a esto se suma la declaratoria de la festividad y el santuario del Qoyllorit'y como patrimonio cultural de la nación, realizado el 10 de agosto de 2004, así mismo el 27 de noviembre de 2011 la UNESCO inscribió a la «Peregrinación al santuario del Señor de Qoyllorit'y» como integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

 

Movilización de las naciones

La municipalidad distrital de Ocongate conjuntamente con los directivos de las danzas de Ocongate, la hermandad y las 8 naciones; se vienen pronunciando sobre este atentado; es así que el alcalde de Ocongate José Adrián Barrientos Díaz se dirigió a la Capital de la Republica pidiendo al SERNAP la anulación de las concesiones mineras, para proteger el área natural del Ausangate que es considerado patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad.

Así mismo Felipe Achahui, integrante de la directiva de las danzas en Ocongate, menciono: Que, parte de los pobladores de Mahuayani tienen temor por la realización de estas concesiones, “La zona intangible solo consta de casi 3600 hectáreas frente a un territorio inmenso y que las actividades están paralizadas por el momento...”. De otro lado ha señalado que existe un grupo de pobladores en la zona de Carhuayo que estarían a favor de la actividad minera en la zona, pues brindaría oportunidad de trabajo para los mismos.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

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