El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcciónFedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

  • RED MUQUI facilitó que afectados presenten caso de niños contaminados en Simón Bolívar
  • El colectivo también gestionó que ONU conociera caso de reasentamiento de Morococha
  • En salud ambiental y humana, ONU recomienda que el Estado fortalezca fiscalización ambiental

El Grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el Perú entre el 10 y 19 de julio, con el fin de revisar si se están implementando los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.

En esa misión, estos representantes de la ONU determinaron que el Estado peruano ha tenido una limitada presencia en donde operan las empresas mineras y existen conflictividad social. Es así que la misión internacional observó que, al no notarse la gobernabilidad y el estado de derecho, se hace más difícil el diálogo con las comunidades y ello contribuye a un ambiente de desconfianza, descontento y agitación social.

“El alto número de protestas sociales sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”, alerta en reciente documento.

Si bien, el informe final de misión oficial será presentado en la 38ª sesión del Consejo de derechos humanos en junio de 2018, esta comisión de trabajo emitió una declaración expresando su preocupación sobre el manejo de los Derechos Humanos durante los conflictos sociales en el Perú.

Tomando en cuenta los reportes de conflictividad de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la ONU vieron que el alto número de conflictos sociales en nuestro país, está relacionados a comunidades locales que protestan contra los efectos adversos causados por las operaciones mineras, petroleras y energéticas.

Es por ello que, en sus conclusiones preliminares, los miembros de este grupo de la ONU incluyeron han remarcado -con preocupación- la cifra de 70 muertos (65 civiles y 5 policías) en el período 2012-2016, durante estallidos de conflictos sociales.

Durante su visita a nuestro país, los expertos de Naciones Unidas escucharon y recibieron denuncias de personas potencialmente afectadas por actividades mineras. La contaminación del agua, el agotamiento de las aguas superficiales y subterráneas, la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores mineros y habitantes locales, son las más recurrentes, como es el caso en La Oroya (Junín) Cerro de Pasco (Pasco), Chumbilvilca y Espinar (Cusco), entre otros.

RED MUQUI dio a conocer caso Simón Bolívar y Morococha

El pasado 10 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, invitó a una reunión a la RED MUQUI y otras de sus instituciones miembros como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, CooperAcción, FEDEPAZ, APRODEH. 

En dicha oportunidad RED MUQUI facilitó que se conozca el caso de contaminación de la población de Simón Bolívar (Pasco), fue así que Jaime Silva, Regidor de dicho distrito, expuso sobre violaciones de derechos que sufrían sus poblaciones por efecto de la intervención de empresas mineras, en especial los derechos a la vida y salud, al ambiente adecuado y equilibrado, a la vivienda digna, entre otros derechos que los casos evidencian.

“La emergencia de salud pública en Pasco relacionada con la contaminación industrial debe servir como un llamado de atención para fortalecer la debida diligencia en materia de derechos humanos a través de evaluaciones de impacto ambiental y fiscalización fuertes. Además, pone en evidencia la necesidad de tener en cuenta los costos a más largo plazo de las salvaguardias ambientales subestándar”, advirtió la ONU luego de conocer el caso.

Asimismo, la misión tomó cuenta del caso Morococha, el primer caso en Perú de reasentamiento de un pueblo entero a causa de un proyecto minero. César Reyna, Asesor de la Municipalidad Distrital de Morococha, fue el encargado de informar de la situación de los pobladores que fueron reubicados en octubre de 2012 (a unos 12 kilómetros de distancia), por la minera china Chinalco, para poder llevar a cabo el proyecto Toromocho.

Los expertos de la ONU supieron que Morococha se está quedando vacía por la falta de oportunidades y de actividad económica, debido a que Chinalco no ha cumplido con sus promesas de trabajo y de instalar cerca el campamento minero.

Consulta previa previene conflictos

Por su parte, la RED MUQUI y sus instituciones miembros plantearon las dificultades de la aplicación del derecho a la consulta previa en minería, y la situación de las defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos.

En la reunión con la misión, la RED MUQUI informó los requisitos de participación pública relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el otorgamiento de concesiones para operaciones mineras, son solo informativas y, por tanto, no corresponden procesos de consulta legítimos.

“La participación ciudadana y consultas con las comunidades afectadas por las operaciones empresariales es otra fuente principal de conflicto social (…) Recomendamos que todo tipo de consulta y participación se realice en la fase de planificación más temprana de un proyecto y que la misma incluya todas las fases, incluso hasta el cierre”, puntualizó este grupo especial de la ONU.

Los días posteriores los miembros de la Misión viajaron a Cajamarca, Cusco y Challhuahuacho (Apurímac), donde tuvieron diversas reuniones sobre la conflictividad social generada por la actividad mineras en dichas localidades. En esos casos, Grufides (Cajamarca) y Derechos Humanos sin Fronteras (Cusco) les informaron sobre esta problemática.

misiononucax

Criminalización y defensores ambientales

En su declaración, las Naciones Unidas recuerda que sus Principios Rectores se basan en la importancia del espacio ciudadano donde las voces críticas puedan expresarse con el fin de que las empresas entiendan las inquietudes y los riesgos relacionados con los derechos humanos vinculados con sus operaciones.

“Cuando la gente expresa su preocupación por los efectos negativos de las operaciones comerciales, a menudo se enfrentan a intimidación y criminalización”, dijo Dante Pesce, el segundo miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Durante su visita, la misión se reunió con varios de los líderes comunitarios acusados de "extorsión" y otras imputaciones, debido a las modificaciones del código penal –en la última década- que han facilitado la criminalización de la protesta social y han impuesto sanciones más severas para delitos como "perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos".

“La criminalización de las protestas no ayuda a lograr la paz, y se deben hacer más esfuerzos para mejorar las condiciones de diálogo”, concluyen en una parte de su declaración.

Convenios mineros con la Policía

La misión de empresas y derechos humanos de la ONU, también reparó en los convenios que las empresas mineras sostienen con la Policía Nacional, los cuales consideró como un “arreglo crea confusión acerca de la función policial, que es la de proteger a la población (artículo 44 de la Constitución).

“En la práctica, esto se materializa a través de la presencia de policías pagados por la compañía para prestar servicios de seguridad portando el uniforme policial y las armas de reglamento. Esto solo refuerza la desconfianza en la policía nacional”, aseveró el grupo de trabajo.

DATO:

  • El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Sus miembros actuales son: el Sr. Michael Addo, el Sr. Surya Deva (actual Presidente), el Sr. Dante Pesce, el Sr. Pavel Sulyandziga, y la Sra. Anita Ramasastry actual Vicepresidente).
  • El grupo recorrió Lima, Loreto, Cajamarca, Cusco y Apurímac, donde se reunirán con autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil.

Foto: Naciones Unidas / GRUFIDES

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Derechos Humanos Sin Fronteras y las instituciones abajo firmantes que promueven y defienden los derechos humanos, nos pronunciamos ante la declaratoria de estado de emergencia1 en los distritos de Wanchaq y San Sebastián de la región Cusco, y el distrito de Juliaca de la región Puno. Por lo que expresamos ante la opinión pública lo siguiente:

1.- De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional la declaración de estados de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, por lo que creemos que el ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo los maestros. Anteriores declaratorias de estado de emergencia en las propias regiones de Cusco y Puno, en casos como la conflictividad generada por la actividad minera solo los han agudizado.

2.- Esta medida demuestra una vez más, la incapacidad del gobierno para resolver, de forma pacífica y dialogada, la demanda de los maestros que mantienen una huelga de 35 días y reafirma la práctica recurrente del Estado de usar la fuerza para contener los conflictos, pero que no atacan ni resuelven las causas de fondo que las originan. De igual manera, pone en manifiesto el desorden o desconocimiento del gobierno frente a esta situación donde incluso de manera posterior tiene que emitir una fe de errata excluyendo una provincia.

3.- Exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cumplan su papel de garantes del orden constitucional; así mismo instamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

4.- Invocamos al gobierno peruano a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de los maestros y por lo tanto al conflicto que viene afectando a la comunidad educativa y sociedad cusqueña y puneña, dejando sin efecto la medida de declaratoria de estado de emergencia, que lo único que hacen es agudizar más el conflicto y polarizar más el enfrentamiento entre los actores sociales y el Estado.

5.- Instamos a la ciudadanía que ante cualquier restricción y vulneración de derechos están expeditas las acciones de hábeas corpus, entre otras acciones legales, y/o denunciar públicamente cualquier atropello a sus derechos fundamentales ante las instancias correspondientes.

Finalmente; salidas arbitrarias y violentas al abordaje de los conflictos como la declaratoria de estados de emergencia en el país ponen en riesgo el respeto por los derechos humanos y la democracia. El rol de Estado es garantizar estos derechos fundamentales de la ciudadanía. El dialogo es fundamental en democracia por lo que esta medida no es justificada.

logosur

Suscriben:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Red Muqui Nacional
Red Muqui Sur
Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF
Derechos Humanos y Medio Ambiente-DHUMA
Asociación por la Vida y Dignidad-APORVIDAH
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas-IDECA
Instituto de Defensa Legal- IDL

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1 Mediante el Decreto Supremo N° 078-2017-PCM del 20 de julio se declaró el Estado de Emergencia, sin embargo, el 21 de julio se ha emitido la Fe de Erratas que precisa los ámbitos de aplicación, excluyendo una provincia de región Cusco.

RED MUQUI, respecto del proyecto de Decreto Supremo (D.S) que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Exploración Minera, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. Lamentamos que en la exposición de motivos de la propuesta normativa, se tenga como premisas “salvaguardar las inversiones” y que “el crecimiento económico de un país depende (…) del descubrimiento de nuevos depósitos de minerales y de la reposición de las reservas”. Esta perspectiva confirma que para el gobierno son las personas quienes están al servicio de la economía en el Perú, y no como debe ser: la economía al servicio de las personas y la mejora de sus condiciones de vida.
  2. Planteamos nuestra preocupación, porque según el art. 6, con la sola opinión favorable del SERNANP, se podría realizar actividad de exploración minera en cualquier área natural protegida del SINANPE o sus zonas de amortiguamiento sin restricción, incluyendo las ANP de uso indirecto (Parques Nacionales, Santuarios Naturales), que tienen carácter de intangibles, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles, fuentes de agua y, con ello, la vida y salud de personas, y la seguridad alimentaria.
  3. La propuesta de D.S., está creando una nueva clasificación “anticipada” de proyectos de exploración, a la que se le incluye la denominación “de bajo riesgo ambiental" y no requiere ningún estudio ambiental para su aprobación, tal como sucede con la Declaración de Impacto Ambiental ello representa un riesgo, pues existen proyectos que podrían considerarse dentro de esta categoría y sin establecer medidas adecuadas para evitar o remediar los impactos mayores que se podrían generar.
  4. La propuesta de D.S. deja pendiente los mecanismos de participación ciudadana, manteniendo los que están vigentes hasta la fecha. Si son sólo 90 días de plazo para evaluar un EIAsd, ¿En qué periodo es que se realizaría el proceso de participación ciudadana?
  5. Respecto del art. 9, consideramos que la calidad ambiental no sólo debe enfocarse al cumplimiento de los LMP durante la ejecución del proyecto (párrafo que se repite en el artículo 10, inciso 10.2), sino también considerar la necesidad de evitar el impacto de residuos sólidos o potenciales derrames en el suelo, entre otros. Además, se debe considerar que, al culminar el proyecto, el territorio debe quedar en igual -o mejor- condición ambiental, a fin de evitar que se dejen pasivos ambientales que afecten la salud de la población del lugar, sin que el Estado asuma la responsabilidad por su remediación, ni por el cuidado estricto del ambiente durante el proceso de vida del proyecto minero de exploración.
  6. Sobre el art. 11, nos preocupa que se permita una perforación o sondaje en cualquier área. Si estas acciones llegaran a afectar un acuífero confinado, recién se tendría que detener y obturar la perforación; es decir, cuando el daño está hecho. Además, se deja a consideración del titular minero para que sea registrada y comunicada a la DGAAM del este artículo se pone en evidencia que el principio precautorio no se aplica en la exploración medida que debiera tenerse en cuenta antes de autorizar la realización de un proyecto de exploración es un estudio hidrogeológico, y pueda ser evaluado previamente por el MINAM, en el mejor de los casos.
  7. Respecto del art. 25, inciso 1, la redacción deja abierta la posibilidad de que la población o las personas afectadas por la actividad de exploración minera, puedan hacer llegar sus reclamos de manera pacífica -formal o informalmente- ante las instancias competentes. Esto podría considerarse un obstáculo a la realización de tal actividad y establecerse responsabilidades legales en su contra; algo que –consideramos- afecta los derechos fundamentales de la población que pueda verse perjudicada, al evitar que puedan ejercer su derecho a exigir una acción efectiva del Estado en su defensa.

Por todo lo mencionado, demandamos la revisión de la propuesta de Decreto Supremo, pues consideramos que afecta derechos fundamentales, y genera mayores riesgos a la población de los entornos mineros, que de manera directa o indirecta puede verse perjudicada por la actividad de exploración, que genera limitantes a las garantías para su defensa.

RED MUQUI

LUEGO DE MODIFICARSE LA CONSTITUCIÓN

El aumento de la detención y prisión preventiva podría ser utilizada inadecuadamente en contra de dirigentes y pobladores que ejercen su derecho a la protesta en contexto de conflictos sociales, advirtieron especialistas de la RED MUQUI y otras organizaciones de Derechos Humanos.

Esta semana se publicó la modificación de la Constitución en su artículo 2 (inciso 24), la cual ahora contempla el aumento de la detención policial de 24 a 48 horas (en situación de flagrancia) y la prisión preventiva hasta por 15 días (para indagar sobre casos de crimen organizado).

Esta figura de la prisión preventiva, hasta por 15 días, se aplica para investigar delitos como espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Desde este jueves 11 de mayo se ha incluido el crimen organizado.

Sin oponerse a las mejoras en materia de Seguridad Ciudadana, RED MUQUI y otras organizaciones de la Sociedad Civil ven con preocupación que, en situación de conflictos sociales, la Policía Nacional llegue a cometer excesos y señale a las organizaciones sociales y comunales como “bandas de crimen organizado”.

Ahonda criminalización de la protesta social

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) estima que este aumento en detenciones y prisión preventiva, puede convertirse en una herramienta de persecución penal de la ciudadanía organizada que cuestione el modelo económico.

“La historia reciente de criminalización de la protesta social, de abuso frente a líderes estudiantiles y movimientos que se organizaron para defender sus derechos laborales, nos demuestra los altísimos riesgos que implica otorgar excesiva discrecionalidad a los agentes estatales para la detención de personas”, resaltó.

Para Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF) esta modificación en la carta magna puede ser positiva para aquellos casos de terrorismo, espionaje, tráfico de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales, pero tiende a tergiversarse en zonas donde existen conflictos sociales por actividades extractivas.

“Esto se ha visto en el caso de Las Bambas (Cotabambas, Apurímac), en donde dirigentes y comuneros son investigados por el delito de asociación ilícita para delinquir, tan solo por participar en el conflicto. Sin embargo, se sabe que estos pobladores no son criminales, ni tienen otros antecedentes parecidos”, aseveró esta organización miembro de la RED MUQUI.

Desde DHSF queda claro que, a menos de un año de gestión, este gobierno está emitiendo leyes, decretos y reformas que apuntan a criminalizar –aún más- a los defensores de derechos humanos, y a todo aquel que cuestione las decisiones políticas o haga efectivo su derecho a la protesta.

“Esta política de persecución se refleja claramente en las provincias altas de Cusco y Apurímac, donde en menos de tres meses se han dado dos declaratorias de emergencia injustificadas en Chumbivilcas y Coporaque”, especificó.

Poder a la Policía y a la Fiscalía

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David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), señaló que, a nivel judicial, resulta ilógico mantener a una persona en prisión por casi 15 días, sin imputación o cargos concretos.

Si bien, no se desconoce que ahora existe un cambio constitucional legal, lo que FEDEPAZ cuestiona es la nueva lógica penal en la que se puede meter presa a una persona con la sola decisión de la policía y la fiscalía, sin intervención de un juez.

“Si hay existe un cargo concreto contra una persona, se debe formular, pero no mantenerla detenida sin que sepa que delito ha cometido”, puntualizó.

 “Además de otros delitos como daño contra la propiedad pública y privada, la Asociación ilícita para delinquir –que es una forma de crimen organizado- es una de las figuras delictivas más usadas por las fiscalías que intervienen en protestas sociales”, apuntó Velazco.

Viceministro PCM lo había advertido

Por su parte, la RED MUQUI recordó las declaraciones del Viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha acerca del manejo de los conflictos sociales en etapa de “crisis”.

Meses atrás, en sus distintas entrevistas a diarios nacionales, Fernández-Concha ha insistido en fortalecer “el principio de autoridad” del Estado. Ya que durante el estallido de un conflicto social, la violación del orden jurídico tiene que tener consecuencias.

“Hablamos con ellos (actores del conflicto social) para que cesen la violencia y para llegar a entender por qué se llegó a ese nivel de conflictividad. Lo segundo, que es un proceso que debe fortalecerse, es la presencia del Estado a nivel de la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial (…) Es la aplicación de la presencia de un Estado”, resaltó el viceministro en su reciente entrevista con Peru21 y al día siguiente de haberse ampliado los plazos de detención y prisión preventiva, a nivel constitucional.

Para la RED MUQUI, el nuevo viceministro de la PCM refleja que una de sus estrategias será endurecer aún más la represión. Ahora ya tiene respaldo constitucional para ello.

“A esto se suma, los convenios de seguridad que la Policía mantiene con las empresas mineras, no existen garantías de que las detenciones y apresamientos se realicen de manera objetiva. A los pobladores que protestan contra las actividades extractivas que afectan su salud y modos de vida, no se les puede colocar al nivel de una banda criminal”, alertó la RED MUQUI.

En ese sentido, el colectivo de 29 instituciones considera que el Ejecutivo y los grupos políticos que promueven la inversión a cualquier costo, han aprovechado que la Seguridad Ciudadana es un tema urgente y sensible, para aumentar la criminalización de la protesta y dar "castigos ejemplarizadores" a quienes muestren algún desacuerdo con las acciones de las actividades extractivas.

DATOS:

La propuesta legislativa, aprobada por el Congreso, vio luz verde con 96 votos a favor y 13 en contra. Esta reforma comprende las iniciativas de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, de la congresista Luciana León (CPA) y del Poder Ejecutivo.

Fuente: RED MUQUI

Fotos: Mi mina corrupta / Correo

La Red Muqui, colectivo de 29 instituciones de 11 regiones a nivel nacional que acompaña y asesora a comunidades y poblaciones en zonas mineras, se dirige a la opinión pública y a las autoridades nacionales para expresar lo siguiente:

  1. Las entrevistas que ha dado el viceministro de gobernanza territorial han revelado el nuevo enfoque que el gobierno pretende implementar en el manejo de los conflictos sociales. Javier Fernández Concha, sostiene que no se trata de crear institucionalidad ad hoc (mesas de diálogo), sino de mejorar la gestión pública y hacer que Estado funcione. Simultáneamente, ha redefinido lo que es un conflicto y asegura que la mayoría de casos catalogados en conflictividad, no lo son. Según el viceministro para que se considere un conflicto debería haber una expresión violenta que implique una violación del orden , jurídico y frente a ello, ahora plantea recuperar la autoridad del Estado, a través de los mecanismos previsto en la ley, entre los que están, el Estado de Emergencia.
  1. La propuesta se basa en medias verdades. Es verdad que hay un problema de gestión con un Estado que no funciona y que las mesas de diálogo no han podido resolver. Sin embargo, lo que no se considera es que el problema trasciende la gestión y hay otros de fondo que se expresan en los enfoques, las políticas y las normas.
  1. Tenemos un Estado orientado predominantemente a la promoción de la inversión privada. Para nuestros gobernantes no hay nada más importante que ello, por lo tanto, toda la intervención del Estado se supedita en función de ese objetivo. Desde esa perspectiva el ordenamiento jurídico debe eliminar los obstáculos que se le presentan a los inversionistas: la seguridad de las personas, la protección de la naturaleza, los derechos de poblaciones locales, incluido el derecho a la protesta social, entre otros, son obstáculos que deben ser supeditados y en la práctica desprotegidos, como de hecho viene ocurriendo en la actualidad.
  1. Las poblaciones más vulnerables parten de la idea que el Estado debería ser el garante de los derechos de todos y todas. Siempre se apela al Estado cuando sienten que están en una situación injusta y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son afectados. Sin embargo, para estas poblaciones, acceder al Estado siempre es un camino lleno de dificultades y frustraciones porque cuando llegan al final del recorrido se encuentran con políticas y leyes que legitiman la situación de abuso.  En esas situaciones, la esperanza se agota, se instala el desconcierto y se produce el estallido social.
  1. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Definir el conflicto con una connotación negativa, para que cuando hayan desbordes violentos se aplique la fuerza en todas sus múltiples manifestaciones? Creemos que no. Los conflictos sociales son una expresión de los problemas que tenemos como sociedad y que el Estado no logra resolver. Creemos que estamos desafiados a construir un nuevo Estado, que realmente concilie los diversos intereses existentes en la sociedad, protegiendo a los más débiles y que se constituya en el principal garante de los derechos de todas las personas y colectividades, algo que actualmente parece ser una aspiración cada vez más lejana.
  1. Más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que nuestras autoridades deberían entender y, por supuesto, atender. Así se podría encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o -en todo caso- procesarla a través de mecanismos institucionalizados y democráticos.
  1. También se trata de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están en la base de los conflictos. Se deben identificar los factores detonantes de las protestas y así diseñar propuestas para cambiar las reglas de juego y construir equilibrios que hacen falta para transformar los conflictos con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos de las personas y de la naturaleza.

En su momento, RED MUQUI aportó al debate, haciendo un balance y planteando propuestas sobre los procesos de diálogo en el Perú, para los cuales –consideramos- se debe tener una visión integral de los conflictos. Así como ha planteado, también consideramos un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, con mecanismos de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población; que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías. Dichos canales deben contar con profesionales que puedan comprender el contexto intercultural y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado, generando respuestas concretas.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización.

Lima, 17 de abril de 2017

 javier

Por: Javier Jahncke Benavente, Secretario Ejecutivo RED MUQUI

La semana pasada Javier Fernández Concha, el primer Vice ministro de Gobernanza Territorial de la PCM, dio sendas entrevistas en medios de prensa donde sorprendió, por lo menos a nosotros, planteado que sólo existen 5 conflictos sociales en el país, y que éstos sólo se dan cuando hay crisis, es decir a su entender cuando hay “toma de carretera, secuestro o se rompe el orden jurídico”. Es lamentable la reducida visión de la nueva autoridad responsable de abordar los conflictos sociales, lo que se entiende por su experiencia en el sector privado, fundamentalmente trazando estrategias en favor de empresas mineras.

Si bien coincidimos con el, en que el modelo actual de abordaje de conflictos “se ha agotado”, consideramos que es justamente por la intensión que hay desde el Estado (y que se mantiene) de acudir a la conformación de espacios de diálogo (mesas) primero para “desconflictivizar” la situación de crisis, y luego a “negociar”, como se ha dicho, no a escuchar y entender los problemas de fondo y considerar las perspectivas culturales de nuestras comunidades y poblaciones respecto de ciertas decisiones, antes de tomarlas, y con ello afectar definitivamente sus modos de vida, la naturaleza y los recursos naturales de los que viven.

Es peligroso hablar sólo de “conversar” y no de “dialogar. Conversar, no implica ningún compromiso. Acaso los afectados por las decisiones del Estado, ¿no requieren de su compromiso?. El verdadero dialogo si es necesario, y no implica “capitular” como también se ha dicho, es comprender el trasfondo de los problemas, cuáles son los verdaderos temas de agenda de nuestros pobladores, que lo primero que buscan, es ser escuchados  y reconocidos por un Estado históricamente ausente, para que luego se discuta con ellos sobre lo que requieren y las soluciones, y estas no se trabajen en gabinete y se les impongan, como se ha hecho por ejemplo con el adelanto social, establecido en los decretos legislativos, y que fue una promesa electoral de Kuczynski. Ahí no pierde el Estado, gana en evitar conflictividad y mantener la estabilidad que requieren las inversiones donde puedan y deben darse.

Pero para ello, las decisiones del Estado sobre actividades económicas en una determinada zona, deben involucrar y beneficiar a los pueblos de dichas zonas, no perjudicarlos en beneficio de otros intereses económicos. De esa manera es que se previenen los conflictos

Si nos ponemos a dirimir teóricamente cuando hay un conflicto, no vamos a poder abordarlo desde sus inicios y evitar la escalada y la crisis. Si se pretende abordar sólo la crisis, la perspectiva de la represión policial y militar y la criminalización de la protesta para recuperar el “principio de autoridad” es lo único que queda, y a eso no le podemos llamar una “estrategia” adecuada de abordar conflictos, elevando el número de heridos, muertes y detenidos/as por el hecho de ejercer la defensa de sus derechos.

En su momento, en el debate electoral, RED MUQUI propuso en el documento “Balance y propuestas para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú”, una visión integral de los conflictos, como se plantea, pero con un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, que tengan mecanismos  de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población, que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías, y que dichos canales cuenten con profesionales que puedan comprender el contexto y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado.

Estos canales no existen o no han funcionado, por ello las demandas no son atendidas cuando corresponde, o no se cumplen los compromisos adquiridos, y ello genera las medidas de reclamo y exigencia pacífica desde las comunidades y poblaciones, que lo único que buscan es la acción del Estado y viabilizar soluciones.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización, como tener una línea de base de la situación, se rompan las asimetrías con la información y el apoyo técnico legal, participen los actores legítimos, se acuerde una agenda, y se priorice una perspectiva intercultural del proceso.

Un tema central y final en el proceso de diálogo es el monitoreo de  acuerdos y compromisos. En eso estamos de acuerdo con el Viceministro, en que el diálogo tiene que ir acompañado del cumplimiento del Estado. Pero el Estado debe primero cumplir su rol garante de derechos y no sólo de la inversión, priorizar la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones antes que a la economía, que es la que debe beneficiarnos a todas y todos los peruanos y no perjudicarnos, que lamentablemente es lo que ocurre con la salud y la vida de las personas a nivel nacional.

Finalmente, esperamos que la unificación en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la oficina de demarcación territorial, no pretenda también aprovechar las normas de los paquetazos como la Ley N°30230, y la de los decretos legislativos, como el D.Leg. 1333, aún vigente, que eliminan garantías a la propiedad y facilitan el acceso a tierras con títulos de propiedad, aprovechando los problemas de delimitación de linderos que aún existen en especial en los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, situación que podría generar más conflictos sociales en el país. 

EN RESPUESTA A FERNÁNDEZ-CONCHA

  • Encargado de conflictos sociales de la PCM no cree en reportes mensuales de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo espera recibir directamente los cuestionamientos del viceministro Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha, acerca de su sistema institucional de monitoreo de conflictos sociales.

En entrevista al Diario El Comercio, el funcionario de la PCM desconoció el reporte de la Defensoría que da cuenta de la existencia de 217 conflictos sociales, y más bien aseguró que el Estado solo tiene registrados, unos cinco. A ello añadió que, si realmente hubiera más de 200 conflictos, el país estaría paralizado.

Es por ello que, Giselle Huamani, Adjunta para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, manifestó que esperan tener oportunidad de conversar con Fernández-Concha para conocer sus observaciones sobre los casos, la base de datos y los reportes mensuales que genera la Defensoría sobre los conflictos sociales en nuestro país.

“Estamos esperando que la Presidencia del Consejo de Ministros nos alcance una propuesta escrita para poder entender de dónde vienen sus observaciones. Yo le aseguro (al viceministro) que tenemos una rigurosidad para la tipificación y la contabilidad de los casos”, remarcó en entrevista con RED MUQUI.

En ese sentido, Huamani Ober detalló que la Defensoría tiene 38 oficinas en todo el país, las cuales están a cargo de jefes defensoriales que están en constante vínculo y diálogo con los diferentes actores locales para poder identificar y recoger estas posibles situaciones y casos ya desarrollados en conflictos.

La adjunta de Conflictos sociales también recalcó que el registro y monitoreo de conflictos, están siendo supervisados por medio de visitas que se realizan en todas las regiones donde se ubican estas oficinas defensoriales y módulos de atención

“Realizamos visitas justamente para ahondar y precisar en los casos. Así podemos apoyar los planes de intervención”, señaló a RED MUQUI.

Además, aseguró que a lo largo de este mes de abril la Defensoría está implementando un sistema de monitoreo de conflictos denominado “SIMCO”, una plataforma virtual que ofrecerá acceso directo a la base de datos que esta institución maneja sobre los conflictos sociales en el país.

“Los ciudadanos y organizaciones podrán bajar datos, cruzar información y darle seguimiento a cada uno de los casos. Esa es una manera de acercar la información que tenemos a la población”, detalló.

fernandezconcha

Cabe mencionar que el funcionario de la PCM insistió en que solo se tienen 5 conflictos, al considerar que la tensión o el indicio inicial no es un conflicto.

“El conflicto se da cuando hay una crisis una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico. Allí la posibilidad de conversar ya no existe, esa es la parte más álgida de la crisis”, sostuvo a El Comercio.

En otra entrevista concedida este fin de semana al Diario Oficial El Peruano, se le preguntó sobre la posibilidad de un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, al ver que sus cifras sobre conflictos sociales difieren de las del Gobierno.

Indicó que por el momento viene coordinando con los ministerios, ya que cada uno cuenta con una estrategia y una oficina que maneja conflictos. Ahora se pretende unificar criterios y concepto alrededor de los conflictos.

“Redefiniremos esos conceptos y nos pondremos de acuerdo con cada uno de los sectores. Buscaremos a la Defensoría del Pueblo para ver si podemos llegar a una misma metodología”, comentó al desestimar el número de conflictos registrados por esta entidad.

Fuente: RED MUQUI / El Comercio / El Peruano

Fotos: RED MUQUI / El Peruano

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