TRAS APROBACIÓN EN COMISIÓN

La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó por mayoría el proyecto de ley protección de cabeceras de cuenca que desde ahora pasará a la agenda de discusión del Congreso.

Después de varias semanas de revisiones, recomendaciones y cambios en el predictamen del proyecto de ley (N°283-2016), el título final quedó como: Ley de conservación y protección de las cabeceras de cuenca mediante el establecimiento de los criterios técnicos para su identificación y delimitación.

Ahora, el desafío de la Comisión es elaborar y aprobar una guía metodológica para la identificación de las cabeceras de cuenca en todo el país y su la delimitación geográfica correspondiente.

Además, es necesario contar con un reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en cabeceras de cuenca, considerando el marco legal de la Ley de Consulta Previa (Ley N°29785), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La futura aprobación de esta ley significaría una mejor protección para las comunidades campesina e indígenas ubicadas en los alrededores de las cabeceras de cuenca, pues ya no se verían afectadas por actividades productivas o extractivas que podrían vulnerar sus medios de vida y territorios.

Este proyecto legislativo es una propuesta sistematizada que surgió durante la Marcha Nacional del Agua (febrero de 2012) que recién fue presentada en setiembre del 2016, por el Congresista Marco Arana.

Para RED MUQUI la aprobación de una ley que proteja los lugares donde se originan las aguas de los ríos, es necesaria para que realmente se cumpla la norma que declara al agua como derecho humano fundamental. Ya que de no garantizar las nacientes de ríos no se puede hablar de generación del recurso hídrico.

“Era importante contar con la ya que estas aguas son consumidas directamente por las comunidades y utilizadas en actividades económicas sostenibles como la agricultura y la ganadería, que además abastecen mercados locales y de las grandes ciudades”, comentó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

Cabe resaltar que esta iniciativa de ley ha cuenta con el respaldo de Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana, del Ministerio de Ambiente, Programa de Adaptación del Cambio Climático (PACC Perú) y de la Mesa de Trabajo para la Opinión Técnica Legal.

Todos estos organismos coinciden en que este proyecto no contraviene a la Ley de Recurso Hídricos, y que más bien resuelve algunos vacíos legales.

Por su parte la Presidencia del Consejo de Ministros ha recomendado incluir en el texto sustitutorio la prevención de conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca.

Fuente: DHSF Cusco / Comisión de Pueblos del Congreso / RED MUQUI

Foto: malcolmallison

UN MES DESPÚES DE CREARSE VICEMINISTERIO

Este domingo, la Presidencia del Consejo de Ministros aceptó la renuncia de Rolando Luque Mogrovejo, quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

Esta decisión (resolución ministerial N°202-2016-PCM) se oficializó un mes después de la creación del nuevo viceministerio de gobernanza territorial, asumido por el abogado Javier Concha-Fernández Stucker. Este viceministerio pasó a tener a su cargo tres secretarías: la de Descentralización; la de Gestión Social y Diálogo y de Demarcación y Organización Territorial.

“Luque venía con una mirada distinta desde la Defensoría del Pueblo en donde trabajó durante 18 años. Como adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad tenía una visión preventiva de los conflictos, y de atención a los problemas de fondo de estos”, subrayó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

En una reciente visita a Lima, la delegación del Frente de Desarrollo Sostenible de la frontera norte del Perú, no pudo ser recibida por Luque debido a que no se contaba con la autorización del nuevo viceministro.

Representantes de comunidades, rondas campesinas y frentes sociales de Piura habían solicitado una reunión con el funcionario para tratar la problemática de la población ante la muy probable reactivación del proyecto minero Río Blanco en Piura.

Y es que luego de los cambios en la PCM, la ONDS (órgano técnico especializado) que respondía directamente al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala; pasó ser un órgano de línea que ahora trata con el nuevo viceministro.

Diferencias

De acuerdo a sus fuentes, el diario El Comercio sostuvo que hubo un distanciamiento entre el ministro Zavala y Rolando Luque tras la agudización del conflicto de Saramurillo (Loreto), en el que varios ministros terminaron asumiendo el diálogo en el último tramo, como en el caso del titular de la Producción, Bruno Giuffra.

No obstante, era evidente la diferencia entre el enfoque del viceministerio de gobernanza territorial y el que vino trabajando la ONDS acerca de la estrategia para abordar los conflictos.

Para comenzar, el viceministro Fernández Concha es ahora un funcionario que tiene una perspectiva empresarial minera.

Para RED MUQUI, otra preocupación que surge a raíz de este cambio de timón en la gestión de los conflictos sociales, ha sido la imposición de medidas como la declaratoria de emergencia en provincias como Cotabambas, en donde está pendiente la resolución del conflicto a raíz del cambio del EIA del proyecto Las Bambas.

“De esta manera la PCM mantiene una línea represiva y reactiva frente a los conflictos. Se continúa con la falta de voluntad para escuchar y atender los temas de fondo, lo cual es necesario para facilitar un nuevo diálogo”, indicó Jahncke Benavente.

En ese sentido el representante de la RED MUQUI agregó que en medio de la conflictividad que se vive en el país alrededor de las actividades extractivas, resulta preocupante que hasta ahora el viceministro Fernádez-Concha no se haya presentado públicamente para plantear cuál será la política de conflictividad social, que evidentemente ha cambiado.

Otro punto que no queda claro desde esta nueva dependencia de la PCM, es el manejo de la demarcación territorial.

Desde RED MUQUI, Javier Jahncke apuntó que no es gratuito que la demarcación territorial y los conflictos hayan sido colocado bajo la competencia de un solo viceministro, ya que existe incertidumbre respecto a la demarcación de tierras de algunas comunidades, en donde se presentan controversias respecto a límites y ubicación de linderos.

“Con la ley 30230 y los nuevos decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo, se brindan facilidades a terceros, interesados por los proyectos de inversión pública priorizados, para que se tengan acceso a tierras de comunidades y poblaciones que tienen dificultades con sus títulos de propiedad y situación de posesión”, aseveró.

DATOS:

  • Rolando Luque asumió como jefe de la ONDS en octubre de 2016, tres meses después del inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
  • Luque provenía de la Defensoría del Pueblo, en donde trabajó durante 18 años, la mayor parte de ese tiempo como Adjunto de Prevención de Conflictos sociales de Defensoría.

Foto: La República

EVIDENCIA INFORME INTERNACIONAL

  • Diez organizaciones de derechos humanos presentaron publicación que refleja políticas de represión hacia quienes protestan
  • APRODEH presentó el caso de Perú respecto a pueblos indígenas y actividades extractivas

En América Latina, los Estados que han logrado crecimiento económico y mejora en la condición de vida de algunos sectores sociales, respondieron de manera hostil y antidemocrática ante quienes expresan las contradicciones del desarrollo económico a través de la protesta social, señaló el informe “Los Estados Latinoamericanos frente a la protesta social”.

Tras las diversas presentaciones de casos y normativas desde las fuerzas del orden, el documento muestra cómo es que los gobiernos latinoamericanos respondieron de forma dispar a tensiones y conflictos que expresan las contradicciones del modelo económico, y la desigualdad social que aún queda por reducir.

Esta publicación documenta y analiza casos sobre las respuestas del Estado frente a la protesta social en ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

“Con distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalización de los militantes y activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes a todos los países analizados”, se refiere de manera preocupante.

Desde nuestro país, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), miembro de la RED MUQUI, formó parte del grupo de diez organizaciones latinoamericanas de derechos humanos, que construyeron y presentaron dicho informe.

En su aporte desde el caso peruano, APRODEH señaló que la criminalización de la protesta social y de la defensa de territorios indígenas obedece a la expansión de megaproyectos extractivos durante los últimos 25 años.

Las 10 organizaciones latinoamericanas del informe, añaden que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales, como por nuevas tendencias que recrudecen este panorama e incluyen la criminalización de acciones de protesta, a través de reformas normativas y legislativas.

“Los Estados suelen utilizar la fuerza para contener y controlar las manifestaciones públicas, en vez de tomar medidas para garantizar el ejercicio de derechos y resolver los problemas de fondo”, remarcaron.

En su introducción, el documento enfatiza que la protesta social es un derecho fundamental para la defensa de otros derechos. “Muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que sucedieron en las calles en el pasado”, se precisa.

Sin embargo, las respuestas estatales que buscan restringir las protestas, se dan a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática.

A lo largo de la publicación se presentan cuatro ejes: las restricciones legales y administrativas a las manifestaciones públicas, la represión y el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad de la violencia policial.

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Asimismo, se profundiza en temas vinculados con los conflictos de tierra y territorio, la intervención de las fuerzas armadas en la protesta social, la falta de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones y el impacto de las leyes antiterroristas.

Otra cuestión, es la violencia policial contras las mujeres y los habitantes de las zonas rurales y las prácticas estatales racistas.

Algunos apuntes sobre Perú

A lo largo del documento se van mencionando los puntos en común entre los nueve países. APRODEH, miembro de la RED MUQUI, señaló que en Perú la criminalización de la protesta social y de la defensa de territorios indígenas obedece a la expansión de megaproyectos extractivos durante los últimos 25 años.

En ese sentido se da cuenta sobre la arbitraria declaración de Estado de Emergencia, que, si bien está en el artículo 137 de la Constitución, se ha convertido en una práctica estatal reiterativa que prohíbe –durante 30 o 60 días- las manifestaciones y reuniones públicas en conflictos de gran repercusión y militarizar el control del orden público. Ante ello se citan los casos de Amazonas, en 2009; en Cajamarca, en 2011 y 2012; en Espinar, en 2012; en Islay y en Apurímac, en 2015.

Entre otros puntos, se resalta En Perú, la extrema violencia con la que las fuerzas del orden actúan durante los conflictos entre las comunidades rurales y las industrias extractivas. Entre 2010 y 2015 se registraron por lo menos 75 muertes en este tipo de conflictos, la mayoría de ellas ocasionadas por el uso de armas de fuego.

Conclusiones

La reflexión del informe refiere a cómo los Estados pueden evitar situaciones de violencia en las protestas mediante protocolos, leyes e interpretaciones judiciales protectoras de derechos. Se destacan en ese sentido las pautas delineadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Una perspectiva respetuosa de los estándares de derechos humanos implica que los Estados establezcan regulaciones para garantizar el derecho a la protesta. En este sentido, es importante que el sistema internacional de protección de derechos humanos precise el contenido y alcance de estas obligaciones positivas de los Estados”, resaltan las organizaciones participantes.

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Esta publicación es el resultado del trabajo colectivo de las siguientes organizaciones:

Justiça Global, Brasil.

Corporación Humanas, Chile.

Observatorio Ciudadano, Chile.

CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia.

Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México.

Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México.

Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México.

Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay.

APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú.

Provea- Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos, Venezuela.

CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.

Fotos: Mídia Ninja Brasil / Fabiola Ferrero de Venezuela

EN LA PCM

  • Designación del abogado Javier Fernández Concha está confirmada
  • Viceministerio de Gobernanza Territorial absorbe a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad

El abogado y gerente general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo, habría sido designado como nuevo titular del viceministerio de Gobernanza Territorial, que funcionará dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y atenderá gestión de conflictividad social en el país.

Según el sitio web del estudio de abogados Fernández-Concha, del que aun es socio, Javier Fernández-Concha Stucker aun es gerente general de la minera Sulliden, cargo que asumió en el 2006, y luego en el 2014.

Según informó el diario El Comercio, Fernández-Concha fue presentado ayer al equipo de la PCM y trabaja ya en su despacho, y su presentación oficial se anunciaría luego de la sesión del Consejo de Ministros de este jueves 2 de marzo. Sin embargo, RED MUQUI se comunicó con la PCM y no se confirmó la presentación oficial del nuevo encargado del avance de las mesas de diálogo pendientes en nuestro país.

Este martes 28 de febrero, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) oficializó la creación de este viceministerio (Decreto Supremo 022-2017) que contará con tres secretarías: Descentralización, Gestión Social y Diálogo, y de Demarcación y Organización Territorial.

Precisamente, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que tiene como jefe a Rolando Luque, pasará a formar parte de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, la cual atenderá los conflictos sociales en el país. No obstante, se desconoce cuáles serían las nuevas funciones de Luque, quien tiene menos de seis meses en el cargo.

Para CooperAcción, miembro de la RED MUQUI, la ONDS pasará a convertirse en un organismo de línea y seguirá careciendo del peso necesario para liderar desde el Estado la estrategia frente a la conflictividad social. “Se necesitará un compromiso muy fuerte del vice ministro para que las cosas cambien, además de recursos importantes que al parecer no van a llegar”, indicó la institución.

Reestructuración de la PCM

Si bien la norma, aún no ha oficializado la designación de Fernández-Concha, sí aprueba las modificaciones en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la PCM, de manera que el viceministerio será la segunda instancia en jerarquía después del despacho del jefe del Gabinete, Fernando Zavala.

“El despacho viceministerial de gobernanza territorial está a cargo de el/la viceministro/a de Gobernanza Territorial, quien es la autoridad inmediata a el/la Presidente/a del Consejo de Ministros en materias de desarrollo territorial, descentralización, diálogo y concertación social y demarcación territorial. Articula las intervenciones del Poder Ejecutivo en el territorio entre las entidades públicas del gobierno nacional y con los gobiernos regionales y gobiernos locales”, establece el decreto supremo.

En opinión de CooperAcción, el país requiere de un verdadero sistema nacional de conflictos que cuente con: mecanismo preventivo que permita procesar adecuadamente demandas sociales; una capacidad de intervención multisectorial de parte del Estado, liderada -no queda otra- por la PCM, y por supuesto un claro enfoque de derechos.

“El gobierno debe reconocer que los territorios donde se desarrollan las inversiones no son espacios vacíos y que identifique la posible afectación de derechos de poblaciones enteras, tanto urbanas como rurales, por la puesta en marcha de determinados proyectos”, enfatizó.

Perfil del viceministro

En el perfil público del estudio Fernández-Concha, el virtual viceministro de Gobernanza Territorial, es especialista en estrategias de defensa y solución de conflictos legales. Entre el 2006 y 2014 asumió la gerencia general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo, a cargo del proyecto minero aurífero Shahuindo en Cajamarca.

“Desde el 2006 asumió la gerencia general de la empresa minera canadiense Sulliden Shahuindo cuya función desempeña en la actualidad. Ha liderado las fases de solución de conflicto legal, gerenciado la exploración, permisos y construcción del proyecto minero, incrementando el valor de la empresa de aproximadamente 30 millones de dólares canadienses en el 2006 a más de 300 millones de dólares canadienses en la actualidad”, indica el perfil, en el que se resalta su nombramiento como vice-presidente del área legal y asuntos corporativos de la matriz canadiense; y gerente general y responsable de todas las subsidiarias en el Perú.

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción / El Comercio / Estudio Fernández-Concha

Foto: RED MUQUI

ADVIERTE RED MUQUI

  • Son siete los decretos hechos a la medida de los intereses del sector minero
  • RED MUQUI realizó análisis preliminar de decretos favorables al sector minero

La RED MUQUI advirtió que flexibilizar -aun más- el acceso a la propiedad y ampliar los plazos para la caducidad de una concesión minera, lo único que va a ocasionar es el aumento de la conflictividad social en el país, junto con la minería ilegal, respectivamente.

Estas consecuencias son las que traerían los decretos legislativos N° 1333 y 1320, que han traído cambios significativos a la Ley de Minería, junto con un nuevo poder otorgado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

Tras la emisión de estas normas, la RED MUQUI presentó un análisis preliminar de las implicancias negativas que estos tendrán en los derechos a la propiedad y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

1333: Propiedades y terrenos express

El Decreto Legislativo N° 1333 (D.Leg. 1333) de “Simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados”, da paso a la creación del “Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP)”, y que estará a cargo de PROINVERSION durante los próximos 3 años.

Esta oficina –o extensión del Estado- lo que hará es facilitar el “saneamiento físico y legal” de aquellos predios donde se requiere ejecutar proyecto de “gran envergadura priorizados”.

Su función complementa el D.Leg. 1192 (gobierno de Humala) y busca liberar las interferencias para la expropiación de inmuebles y la transferencia de predios estatales, especialmente tierras eriazas.

Es así que, desde ahora el APIP, se encargará de determinar diferentes formas de posesión existentes, cuando se pueden -o no- utilizar los predios, la declaración de prescripción adquisitiva, la reubicación de pobladores.

Con el APIP, el Estado le da especial énfasis a la rectificación de títulos de propiedad individual que presenten “errores” de cualquier naturaleza, así se buscar formalizar la inscripción de una propiedad a nombre de terceros con intereses económicos.

Todo ello, por encima del derecho a la propiedad, a la posesión de la tierra individual y colectivo de las personas, como en el caso de las comunidades indígenas. Y es que el APIP aplica “la presunción de posesión a favor del Estado”.

RED MUQUI señala con suma preocupación, cómo es que el APIP busca la recuperación extrajudicial de predios, ya que “promueve” la “conciliación entre propietarios y poseedores”. De esta manera, es más fácil acceder a tierras, más aún cuando los propietarios –o poseedores-  pueden ser manejados al no contar con asesoría legal y apoyo, al momento de tomar sus decisiones.

En cuanto a las tierras comunales, la RED MUQUI, también pone en alerta que el APIP puede convocar a Asambleas Comunales y así lograr acuerdos para reubicar poblaciones indígenas.

Con estas acciones, el Estado no respeta la autonomía comunal, ni el consentimiento de los pueblos, reconocidos en el artículo 89 de la Constitución Política, y el artículo 16.2 del Convenio 169 de la OIT, respectivamente.

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Para ello, recurre a la base de datos de comunidades que tiene el Ministerio de Cultura, la cual no está actualizada, ni reconoce a todas las poblaciones indígenas como tal.

Más ampliaciones

El D.Leg. 1333 también ha modificado el artículo 25 del TUO de la Ley General de Minería. Con ello las zonas de “exclusión minera” (donde no se pueden realizar actividades mineras) también podrán ser entregadas en concesión por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Para esto, se amplió a dos años –y de manera excepcional- la suscripción del contrato de transferencia, o el contrato de opción minera, para adquirir el título de una concesión en zonas de “exclusión minera”.

Esto calza muy bien con los dispuesto en la Ley N° 30230 que, con sólo una concesión, el titular ya puede solicitar se realice el proceso de “saneamiento físico y legal” de un predio.

1320: Camuflaje para minería ilegal

El Decreto Legislativo N° 1320 (D.Leg. 1320) modifica los artículos 40 y 41 del TUO de la Ley General de Minería, los cuales se refieren a la caducidad de la concesión y a la penalidad que deben pagar los titulares de concesiones por falta de producción.

Antes de esta norma, la empresa minera que obtenía una concesión debía pagar un derecho de vigencia anual para mantenerla.

Además de ello, este pago por vigencia –cuyo arancel se paga por hectárea– depende del nivel de producción de la empresa, el cual no puede ser menor a una UIT, en el caso de medianos y grandes productores.

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En caso el titular de la concesión no llegue al nivel mínimo de producción durante un año, está obligado a pagar una penalidad. Si continúa sin pagar en un tiempo determinado, deja de ser titular de la concesión. Y es aquí a donde apunta el D.Leg. N° 1320: Se ha modificado el tiempo para que se declare la caducidad por falta de pago, así como los montos a pagar.

Antes la Ley General de Minería señalaba que la penalidad –por generar producción por debajo de una UIT– se debía pagar desde el primer semestre del año 11 de la concesión. El monto equivalía al 10% de la producción mínima que el Estado exige al año.  Si el concesionario seguía sin pagar hasta el año 15, se le quitaba el título de la concesión.

Ahora con el 1320, esto ocurriría recién en el año 30 de la concesión. Es decir, en el doble de tiempo.

RED MUQUI considera que, el mantener por más tiempo la titularidad de las concesiones -sin caducidad- se facilita que los mineros informales se mantengan operando en concesiones que son “legales”, y así se evadan impuestos.

Algunas empresas han sabido recurrir a los mineros ilegales de otros lugares, les brindan herramientas, maquinaría e insumos químicos, y les compran la tierra mineralizada para que trabajen en las concesiones de las que son titulares. Así generan producción que les permite ganar, no pagan impuestos. Aunque le tengan que hacer frente al Estado, generan impactos ambientales y sociales serios.

Impactos tributarios

Ana Leyva, directora de CooperAcción (institución miembro de RED MUQUI) también ha citado el impacto de esta norma, en lo tributario.

Y es que el decreto permite que el pago realizado como penalidad, por incumplimiento de producción o inversión mínima, sea deducido del impuesto a la renta como gasto tributario.

En ese sentido, la norma define a la penalidad como “un sobrepago o pago aumentado” del derecho de vigencia. Esto conserva la misma naturaleza de dicho derecho, debiendo por tanto pagarse y acreditarse ambos en el mismo plazo.

Este decreto va en contra de lo señalado por la doctrina que considera a la penalidad como un mecanismo para resarcir el daño patrimonial que ha sufrido el Estado por el incumplimiento de la obligación de producir o invertir.

DATO:

La APIP tiene autonomía funcional, administrativa, técnica y económica, además de una vigencia de 3 años, pudiendo ser extendida por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas a pedido del Director Ejecutivo de ProInversión.

Fuente: RED MUQUI / Textos de normas publicadas en El Peruano

Fotos: PCM / La Mula / Perú21

RED MUQUI se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:


1. Lamentamos que las facultades legislativas, solicitadas por el actual gobierno del presidente Kuczynski, se hayan utilizado para dictar algunas normas que ponen en riesgo nuestro medio ambiente, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, además de ser violatorias de derechos fundamentales. De esta manera, se sigue en el camino de los paquetazos normativos emitidos por el gobierno de Humala, y el afán de eliminar regulaciones ambientales y sociales para facilitar la actividad empresarial e inversiones, en lugar de servir y beneficiar a las peruanas/os y no perjudicarlos, generando condiciones de mayor conflictividad social.

2. En éste primer pronunciamiento de RED MUQUI sobre los decretos, abordamos el Decreto Legislativo N° 1333 que “simplifica el acceso a la propiedad para proyectos de inversión priorizados” con el fin de “garantizar el adecuado uso de cada proyecto”. Como premisa, el gobierno y los intereses económicos establecen que la actividad minera es "la principal fuente de exportaciones y de ingresos tributarios”, debido a esto buscan flexibilizar aún más las facilidades que ya existen para el acceso a la propiedad de los predios, en especial para los proyectos mineros y de infraestructura.

3. Como complemento de la Ley N° 30230 de los paquetazos, el D.Leg. N° 1333 establece que los proyectos de “gran envergadura priorizados” por el gobierno, requieren el “saneamiento físico y legal” de los predios ubicado en las zonas donde se ejecutaran; es así que, para los próximos 3 años, se dispone la creación del “Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP)” a cargo de PROINVERSION.

4. El APIP se encarga de determinar las diferentes formas de posesión existentes, es decir, cuando se pueden –o no- utilizar los predios, la declaración de prescripción adquisitiva, la reubicación de pobladores -convocando incluso a las Asambleas Comunales que son autónomas según Ley 24656 y la Constitución-, la rectificación de títulos de propiedad individual que presenten “errores” de cualquier naturaleza -definiendo "per se" cuando los hay-, promover la “conciliación entre propietarios y poseedores -para facilitar el acceso a la tierra-”. A través de la APIP, en resumen, el gobierno facilita acciones para favorecer los intereses económicos por encima del derecho a la propiedad y posesión de la tierra individual y colectiva de las personas y comunidades campesinas y nativas respectivamente.

5. Complementariamente al D.Leg. N° 1192 del gobierno de Humala, El APIP también busca liberar las interferencias para la expropiación de inmuebles y la transferencia de predios estatales, estos últimos vinculados especialmente con las tierras eriazas -a las que facilitó acceso la Ley N° 30327 de los paquetazos-.

6. Para ello, el APIP aplica “la presunción de posesión a favor del Estado” y busca la recuperación extrajudicial de predios, dejando de lado la posesión que puedan tener las comunidades campesinas y nativas, especialmente. Ante ello, es obligación del Estado cumplir el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú. En éste caso, si bien se considera en su disposición complementaria final cuarta, que se solicita al MINCUL información sobre presencia de Pueblos Indígenas “a fin de garantizar el derecho de propiedad y posesión”, es claro que la base de datos del MINCUL es incompleta, y no considera a todas las comunidades campesinas como tales, ni siquiera todas las que mantienen su lengua materna y habitan es sus territorios ancestrales, que no lo debieran exigir, como la propia Defensoría del Pueblo lo informó en su momento, por lo que estas medidas son un riesgo para su existencia.

7. El D.Leg. N° 1333, finalmente, modifica el art. 25 del TUO de la Ley General de Minería, y agrega un párrafo en el que se amplía en 2 años más “excepcionalmente”, la suscripción del contrato de transferencia o el contrato de opción minera para adquirir la titularidad de la concesión en zonas de “exclusión minera”. Ello evidentemente facilita el otorgamiento de una concesión en zonas excluidas para ello por el propio INGEMMET, y pone en riesgo las tierras en las que ésta concesión se pretende otorgar. Recordemos que la Ley 30230 posibilita, que con sólo una concesión, el titular ya pueda solicitar se realice el proceso de “saneamiento físico y legal” de un predio, claro en favor de intereses económicos detrás del “proyecto de inversión priorizado”.

RED MUQUI, se seguirá pronunciando sobre los decretos legislativos dictados por el gobierno que consideremos sólo favorecen a intereses económicos particulares, en desmedro de los derechos individuales y colectivos de peruanas y peruanos a nivel nacional.

Exigimos al Congreso de la República una revisión minuciosa de la constitucionalidad y legalidad de los decretos, y sobre las violaciones de derechos que pudieran estar ocasionando o facilitando. Estaremos vigilantes respecto de dicha tarea.

Lima, 02 de febrero de 2017

DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

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El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

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Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

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De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

POR OTORGAR CONCESIONES SIN AVISO

  • Comunidades de Juli y Atuncolla esperan que, por vía judicial, el Estado respete y aplique su derecho a la consulta
  • Estado concesionó el 100% del territorio comunal de Atuncolla sin previo aviso
  • Defensa es asumida por DHUMA y el IDL

En los próximos quince días, la Primera Sala Civil de Puno podría ordenar que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), cumplan con aplicar el derecho a la consulta previa en favor de las comunidades de los distritos de Atuncolla (Puno) y Juli (Chucuito).

Tanto Quechuas (Atuncolla), como Aymaras (Juli), presentaron una acción de amparo por omisión al derecho de consulta previa, luego que el INGEMMET otorgara concesiones en territorios comunales, en favor de la empresa minera Billinton World Expedition en el año 2011 y Cemento Sur en el 2014, respectivamente.

Recién este 03 de noviembre, los magistrados encargados de llevar este proceso constitucional, recién recibieron a las comunidades en dos audiencias públicas para la vista de causas (conocimiento de motivos de los casos).

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Caso Chila Pucara y Chila Chambilla

La primera audiencia pública, fue concedida a las comunidades Chila Pucara y Chila Chambilla (Juli, Chucuito), en donde por primera vez, un representante comunal pudo dirigirse al presidente de una Sala Civil.

"Queremos justicia, queremos que la ley nos proteja a nosotros como comunidad originaria. Nosotros vivimos en el campo, de nuestra agricultura y ganadería. Con esto prácticamente nos están discriminando y nos están matando con la minería", manifestó Laureano Apaza, dirigente de Chila Pucara.

A su turno, la defensa asumida por el abogado Juan Carlos Ruiz (Instituto de Defensa Legal, IDL) solicitó la nulidad de la concesión minera –no metálica- que le ha restado 1000, de las 1600 hectáreas (has) del territorio ancestral de Chila Pucara. Al igual que a Chila Chambilla que, hoy en día, vive con la mitad de sus tierras concesionadas (1000 de 2000 has).

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"El procedimiento de concesión es nefasto. Ya que se expiden concesiones sin notificar a los afectados. A lo mucho se publican anuncios en el periódico que no especifican qué comunidades son afectadas, ni donde quedan las concesiones, solo colocan cuadrículas técnicas", indicó Ruiz Molleda.

Durante su exposición, el abogado recordó a la Sala, que el artículo 17.3 del Convenio 169 de la OIT, señala que no se puede aprovechar el desconocimiento de los pueblos acerca de las normas, para despojarlos de sus territorios.

“El otorgamiento de concesiones mineras, de espaldas a las poblaciones afectadas, están causando mucha conflictividad social en nuestro país. Lo lesivo, no es la concesión en sí, sino la omisión de un derecho que es la Consulta Previa", aseveró.

Asimismo, remarcó que las comunidades demandantes, no han caído en la tentación de recurrir a mecanismos de violencia y de confrontación para resolver sus conflictos, sino que han decidido acudir al Poder Judicial porque están convencidos de llegar a una solución bajo mecanismos institucionales.

Tras reiterar el pedido de admisión de demanda, la defensa de Chila Pucara y Chila Chambilla, dijo considerar que este problema le corresponde resolver a los jueces, ya que no es resuelto por el poder político (Ejecutivo).

Caso Atuncolla: 2 a 1

El caso de Atuncolla es complicado, si se toma en cuenta que los tres vocales que vieron el caso, no se ponen de acuerdo. Dos de ellos, revocaron la sentencia que declaró infundada –en primera instancia- la demanda de amparo presentada por las comunidades; mientras que el tercero desaprueba esta resolución de sus colegas magistrados.

Ante esta situación se convoca a un cuarto vocal para dirimir y solucionar este caso.

Al igual que las comunidades del distrito de Juli, Atuncolla solicitan que se suspendan los efectos de la resolución de las concesiones mineras en favor de la minera Billinton, que en el 2011 obtuvo la titulación del 100% de sus territorios. Hecho que supieron de manera extraoficial.

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Durante la segunda audiencia del 03 de noviembre, el vocal dirimente, no permitió que ningún representante de las 11 comunidades de Atuncolla, pueda dirigirse a él.

"Para el otorgamiento de concesiones mineras superpuesta sobre el 100% de las tierras de las comunidades demandantes, no se ha tomado en cuenta la existencia de comunidades campesinas, ni de templos, ni de restos arqueológicos declarados patrimonio cultural de la Nación, como son las chullpas blancas, Sillustani, ni cabeceras de cuenca, entre otros", dijo el abogado defensor Cristóbal Yugra, durante su exposición de hechos.

Ante el vocal dirimente, la defensa insistió en que si bien la Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785), no estaba promulgada en mayo del 2011; el Convenio 169 de la OIT se superpone, por estar vigente en nuestro país, desde 2 de febrero del 1995.

Demoras en los procesos

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En opinión del abogado, José Bayardo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA Puno), ambos procesos están demorando más tiempo de lo establecido en los códigos procesales constitucionales.

Refirió que la demanda de Acción de Amparo del caso Atuncolla, fue presentada en el 2012 y admitida en primera instancia, sin embargo, ahora está en segunda. En cuanto a Chila Pucara y Chila Chambilla, su demanda se presentó en el 2014, y dos años después, recién se está llevando a cabo una audiencia para resolver este caso.

“Si la resolución resulta contraria, tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional para seguir haciendo valer estos derechos”, adelantó.

DATOS:

Expediente N° 163-2016 corresponde a la demanda de las Comunidades Aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara (distrito de Juli, provincia de Chucuito).

Expediente N° 01846-2012, corresponde a la demanda de 11 comunidades de Atuncolla (Palamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Ticani pampa, San José principio de Santa Cruz, Virgen soledad Cochela, San Gerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico).

Fuente / fotos: Comunicaciones RED MUQUI

ANALIZA ÚLTIMO LIBRO DE COOPERACCIÓN

El último libro publicado por CooperAcción, "Conviviendo con la minería en el sur andino", analiza las condiciones que generaron los conflictos sociales en tres zonas mineras y evalúa la efectividad de las mesas de diálogo, que ven dificultado su avance debido a la asimetría de participantes (condiciones) y la conducción poco neutral de quienes las presiden.

César Flores, investigador de CooperAcción, y autor del libro, comentó que estos son algunos de los problemas hallados en el desarrollo de estos espacios, que son el principal instrumento de gestión de conflictos utilizado por el gobierno peruano.

“Vemos comunidades y población rural que se acercan a los espacios de diálogo con muchas debilidades. existe una parte fuerte constituida por la empresa y el Estado. Para reducir asimetrías, se requiere un trabajo preparatorio con las poblaciones y dotar de recursos económicos para que participen porque ellos mismos corren con los gastos para estar presentes”, agregó.

El economista también resaltó que la falla recurrente en casi todas las mesas, corresponde a la designación del facilitador, quien conduce o preside la mesa (o los ejes). Este funcionario designado por el Estado, no ha sido capacitado para conducir un proceso de diálogo, empiezan a abogar por una de las partes, lo cual genera desconfianza en la población.

Asimismo, Flores dijo que, a diferencia de los conflictos de rechazo, los casos de Espinar, Cotabambas y Chamaca –analizados en el libro– corresponden a conflictos de convivencia con la minería; es decir, se acepta la actividad minera, pero no a cualquier costo.

“En las mesas de diálogo que corresponden a conflictos por convivencia (que no se oponen a la actividad minera), poseen un reclamo que responde a una agenda principal de derechos economicos, ambientales, sociales, culturales y a la salud digna”, detalló.

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"Conviviendo con la minería en el sur andino" tiene 31 recomendaciones de políticas públicas para mejorar el diálogo, lograr un impacto de desarrollo, y mejorar la operatividad de las mesas. Cada conclusión está en base a cada uno de los casos.

Se trata de las mesas de Espinar (Cusco, 2012 – 2013), Chamaca (Cusco, 2013) y Cotabambas (Apurímac, 2012 -2013), tres experiencias de procesos de diálogo en el contexto de los proyectos mineros Tintaya, Constancia y Las Bambas, respectivamente.

De esta manera, el libro se enfoca en el sur andino (Cusco y Apurímac), donde se están concentrando el 65% de la cartera de inversión minera, a la par con la conflictividad que también se concentra en un 35% (del total de conflictos que se mantienen en el país).

El autor contó con la colaboración de Marco Zeisser y Vanessa Schaeffer, para ofrecernos un recuento de cada caso, el desarrollo de los espacios de diálogo en torno a las actividades de las empresas mineras Hudbay (Constancia, Chumbivilcas), Xtrata Tintaya (Tintaya Antapacay, Espinar) y MMG Limited (Las Bambas, Cotabambas), zonas de influencia en donde CooperAcción realiza el acompañamiento a las comunidades y organizaciones sociales durante los procesos de diálogo y negociación.

“Con el análisis de esta experiencia, se pretende fortalecer las mesas de diálogo, un instrumento que aún está en construcción, y que es importante para lograr la gobernanza con una gestión de recursos sostenible, y así exista una buena convivencia entre la minería y la población local, y se alcance el desarrollo”, comentó Ana Leyva, Directora de CooperAcción.

Cuestión de territorio y participación

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Durante la presentación de la publicación, David Montoya, Asesor de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM) indicó que los casos de Espinar y Las Bambas, muestran una oportunidad para sacar adelante la gestión del territorio como una política pública de Estado, que está pendiente de incorporar.

“Considero que las mesas se extienden y no se llegan a muchas conclusiones. Se asumen a las mesas como el fin y no como el medio para alcanzar un desarrollo. Atrás del conflicto está la falta de gestión del territorio que no permite el desarrollo. Y para eso se implantó hace 14 años el proceso de descentralización que no ha funcionado”, remarcó.

Asimismo, agregó que el caso de Las Bambas, más que un apoyo político para que el diálogo prospere, se requiere fortalecer e institucionalizar el manejo de la gestión del diálogo y los conflictos sociales en el sector público, que deberían partir desde el mismo Congreso de la República.

De igual manera dijo que las asimetrías de actores en una mesa de diálogo, se pueden ir superando si los Gobiernos Regionales (GORE) abren constantes espacios de participación ciudadana.

“No hay forma de que la gente aprenda participación y ciudadanía sino practica y participa permanentemente, lo cual recae sobre los GORE, que además tienen como competencia exclusiva evaluar y hacer un inventario de potenciales minas regionales para gestionar el territorio”, reiteró el funcionario.

Reglamentación y competencia

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Por su parte, Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, coincidió en que el Estado actúa como juez y parte en la mesa de diálogo que lentamente se lleva a cabo en Tambobamba (Cotabambas). También resaltó sobre la necesidad de que las mesas de diálogo cuenten con un marco legal.

“Nos queda la experiencia de que las mesas deben estar reglamentadas para saber cómo se deben conducir, quien va a conducir, quien va a facilitar. En el caso de Cotabambas tuvimos que esperar un año después de la instalación de este espacio”, recordó.

A casi un año del estallido del conflicto que dejó tres muertos en Apurímac, Abarca reiteró que el pueblo de Cotabambas siempre ha tenido la iniciativa del diálogo, siempre hemos cumplido con remitir documentos al gobierno central, por la via regular, para que ellos expliquen a la población sobre las modificatorias del EIA del proyecto Las Bambas.

“Lo que esperamos es que exista un constante acercamiento y voluntad de este nuevo gobierno”, finalizó.

Finalmente, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, agregó que es importante medir los resultados de éxito de las mesas, no sólo en términos de obras físicas, sino también en su contribución en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la institucionalidad local.

Igualmente, señaló que el adelanto social no es suficiente para resolver los conflictos, ya que los conflictos tienen un carácter multidimensional; además esta política ya se habría aplicado durante la época del súper ciclo de precios cuando abundaban los recursos sin que se reduzcan los conflictos.

Foto: CooperAcción / Comunicaciones RED MUQUI

 

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Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, Cajamarca*

Estábamos reunidos en el auditorio de la Universidad de Cajamarca, en Jaén; era la víspera de la última audiencia (la 63ª) correspondiente a los alegatos por parte de los abogados de la defensa de los acusados (53, de los cuales 27 son miembros de las comunidades awajún-wampís).

Estábamos allí para ver el video “El banquillo de los inocentes” sobre el caso “Curva del diablo”. Todos sabíamos que era la víspera del final de este largo proceso (dos años y cinco meses para que se haga justicia), la sentencia debe dictarse, máximo, cinco días después de finalizados los alegatos.
Será porque la justicia tarda, pero… ¿llega?, al día siguiente, la audiencia se suspendió. Este proceso ha estado marcado por constantes interrupciones; siempre, por supuesto, por razones válidas. Pero, han pasado siete años desde que ocurrió esta tragedia de nuestra historia.

No nos hemos dado el espacio suficiente para asimilar en toda su complejidad lo sucedido. Después de la consternación, el único modo de abordar este desafortunado suceso ha sido un juicio. Claro, esto no puede quedar así, sin que se busquen a los responsables. ¿A quién se ha de juzgar? Ciertamente a las partes implicadas en el conflicto, o sea “los violentos” y los custodios del “orden”.

En el caso de la “Curva del diablo” hay 53 inculpados, todos civiles, es decir, “los violentos”, y ninguno de los encargados de mantener el “orden”. Sin embargo, en todo el conflicto hubo 33 muertos: 23 policías y 10 civiles. Entrar más a fondo en estas consideraciones, por más necesarias que ellas sean, nos hace perder de vista algo que es de mayor importancia y que, por lo tanto, debería estar muy presente en los resultados de los procesos (en total son 4 y estamos recién en el primero).

La barbaridad a la que llegamos, como peruanos, se debió a un enfrentamiento entre dos posiciones respecto del desarrollo de nuestro país. Enfrentamiento que, en vez de haberlo resuelto, nos hemos distraído en estos procesos. Mientras tanto, seguimos con la misma toma de posición discutiendo sobre, por ejemplo, cómo la Ley de Consulta Previa debe ser interpretada, de modo que no haga engorroso el trámite para la inversión de empresas extractivas, importante para el desarrollo del Perú. Es decir, lo que originó el Baguazo.

En cierta medida, seguimos actuando de manera inconsciente e irrespetuosa. Es que creemos que para resolver este problema basta con dejarlo todo en las manos de la justicia para que sancione a quien azuzó a los revoltosos, bloqueó la carretera, usurpó armas, disparó, etc. Dicho sea de paso, ninguna de las acusaciones a los inculpados ha sido demostrada en el juicio. Nos seguimos resistiendo a abordar en profundidad este conflicto desde el punto de vista de los Derechos de los Pueblos Indígenas o pueblos originarios.

Esto nos pondría ante la evidencia de que el Perú es un conglomerado de naciones que tienen su identidad propia, la cual les viene de su establecimiento e interacción, a lo largo de la historia, en y con un espacio geográfico vital determinado. Esto es muy complejo, pero supone reconocer la riqueza extraordinaria de cada pueblo, cada región, que tendría que ser vista como un aporte al desarrollo del conjunto del país.

Ver las cosas de esta manera hace que estemos dispuestos a dialogar; y diálogo significa entablar relación desde el reconocimiento del otro, como un “tú igual a mí”, y no desde una relación de subordinación del otro que debe someterse.

Decir que tenemos que pensar en el desarrollo del país es válido, pero no desde un sólo punto de vista (el de Lima). Si estamos en un régimen democrático no podemos ahorrarnos el esfuerzo de reconocer que cada región tiene sus potencialidades; que los pueblos que allí habitan, desde su saber y conocimiento de la biodiversidad, tienen algo que aportar a las perspectivas de desarrollo, sin que gravemos la Casa común.

Si este juicio es emblemático es porque aquí están en pugna, y no en diálogo, estas dos posturas. En el fondo, quien está en el banquillo, es el Perú respecto de nuestras maneras de mirarnos entre peruanos, porque estos 53 son inocentes (principio de presunción de inocencia) ¿Se hará verdaderamente justicia?

* Carta del Obispo de Jaén, aparece en el Diario La República 16 septiembre 2016

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