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Monseñor Alfredo Vizcarra Mori, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén, Cajamarca*

Estábamos reunidos en el auditorio de la Universidad de Cajamarca, en Jaén; era la víspera de la última audiencia (la 63ª) correspondiente a los alegatos por parte de los abogados de la defensa de los acusados (53, de los cuales 27 son miembros de las comunidades awajún-wampís).

Estábamos allí para ver el video “El banquillo de los inocentes” sobre el caso “Curva del diablo”. Todos sabíamos que era la víspera del final de este largo proceso (dos años y cinco meses para que se haga justicia), la sentencia debe dictarse, máximo, cinco días después de finalizados los alegatos.
Será porque la justicia tarda, pero… ¿llega?, al día siguiente, la audiencia se suspendió. Este proceso ha estado marcado por constantes interrupciones; siempre, por supuesto, por razones válidas. Pero, han pasado siete años desde que ocurrió esta tragedia de nuestra historia.

No nos hemos dado el espacio suficiente para asimilar en toda su complejidad lo sucedido. Después de la consternación, el único modo de abordar este desafortunado suceso ha sido un juicio. Claro, esto no puede quedar así, sin que se busquen a los responsables. ¿A quién se ha de juzgar? Ciertamente a las partes implicadas en el conflicto, o sea “los violentos” y los custodios del “orden”.

En el caso de la “Curva del diablo” hay 53 inculpados, todos civiles, es decir, “los violentos”, y ninguno de los encargados de mantener el “orden”. Sin embargo, en todo el conflicto hubo 33 muertos: 23 policías y 10 civiles. Entrar más a fondo en estas consideraciones, por más necesarias que ellas sean, nos hace perder de vista algo que es de mayor importancia y que, por lo tanto, debería estar muy presente en los resultados de los procesos (en total son 4 y estamos recién en el primero).

La barbaridad a la que llegamos, como peruanos, se debió a un enfrentamiento entre dos posiciones respecto del desarrollo de nuestro país. Enfrentamiento que, en vez de haberlo resuelto, nos hemos distraído en estos procesos. Mientras tanto, seguimos con la misma toma de posición discutiendo sobre, por ejemplo, cómo la Ley de Consulta Previa debe ser interpretada, de modo que no haga engorroso el trámite para la inversión de empresas extractivas, importante para el desarrollo del Perú. Es decir, lo que originó el Baguazo.

En cierta medida, seguimos actuando de manera inconsciente e irrespetuosa. Es que creemos que para resolver este problema basta con dejarlo todo en las manos de la justicia para que sancione a quien azuzó a los revoltosos, bloqueó la carretera, usurpó armas, disparó, etc. Dicho sea de paso, ninguna de las acusaciones a los inculpados ha sido demostrada en el juicio. Nos seguimos resistiendo a abordar en profundidad este conflicto desde el punto de vista de los Derechos de los Pueblos Indígenas o pueblos originarios.

Esto nos pondría ante la evidencia de que el Perú es un conglomerado de naciones que tienen su identidad propia, la cual les viene de su establecimiento e interacción, a lo largo de la historia, en y con un espacio geográfico vital determinado. Esto es muy complejo, pero supone reconocer la riqueza extraordinaria de cada pueblo, cada región, que tendría que ser vista como un aporte al desarrollo del conjunto del país.

Ver las cosas de esta manera hace que estemos dispuestos a dialogar; y diálogo significa entablar relación desde el reconocimiento del otro, como un “tú igual a mí”, y no desde una relación de subordinación del otro que debe someterse.

Decir que tenemos que pensar en el desarrollo del país es válido, pero no desde un sólo punto de vista (el de Lima). Si estamos en un régimen democrático no podemos ahorrarnos el esfuerzo de reconocer que cada región tiene sus potencialidades; que los pueblos que allí habitan, desde su saber y conocimiento de la biodiversidad, tienen algo que aportar a las perspectivas de desarrollo, sin que gravemos la Casa común.

Si este juicio es emblemático es porque aquí están en pugna, y no en diálogo, estas dos posturas. En el fondo, quien está en el banquillo, es el Perú respecto de nuestras maneras de mirarnos entre peruanos, porque estos 53 son inocentes (principio de presunción de inocencia) ¿Se hará verdaderamente justicia?

* Carta del Obispo de Jaén, aparece en el Diario La República 16 septiembre 2016

SEÑALAN DIRIGENTES

  • Pedido surge ante exoneración del pago de impuestos a la empresa MMG Limited durante 5 años
  • Agricultura, salud y educación requieren atención del Estado en la zona de influencia de Las Bambas

Dirigentes del Frente de Defensa y Federaciones Campesinas de Cotabambas piden que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declare de interés nacional a la provincia, con el fin de que se puedan ejecutar mayor inversión social y de infraestructura, ya que Las Bambas, pese a ser uno de los proyectos más importantes a nivel mundial, no dejará canon minero en la zona, durante los cinco primeros años.

“Estamos pidiendo al Ejecutivo y al Congreso que declaren de interés nacional a la provincia de Cotabambas. Solo así podrá haber inversión pública desde el Ejecutivo y desde todos los sectores”, precisó a RED MUQUI, Víctor Limaypuma, dirigente de la comunidad campesina de Asacasi (Tambobamba, Cotabambas).

“Pese a la inversión de más de 10 millones de dólares por el proyecto Las Bambas, no existe un solo proyecto sostenible para la provincia, en cuanto a agricultura, educación o la salud. Está abandonada prácticamente”, sentenció Roberto Martínez, presidente de la Federación Campesina del distrito de Progreso (provincia de Grau)

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La directora de CooperAcción, Ana Leyva, explicó que -según contrato- la empresa minera MMG Limited cuenta con el beneficio de poder recuperar hasta el 80% de su inversión en un lapso de cinco años.

Es por ello que casi hasta el año 2022, Las Bambas no va a generar canon minero a la provincia, debido a la exoneración del pago del Impuesto a la Renta. Es decir, el canon para las poblaciones de la zona de influencia y gobiernos locales, va a tardar.

“Ya que no va a haber Canon en la zona, planteamos que exista un convenio marco y un seguro ambiental, porque no sabemos cuáles serán los impactos a futuro. El interés nacional para las inversiones debe incluir a los seis distritos”, enfatizó Virginia Pinares, presidenta del Comité de lucha de Cotabambas.

Los representantes de las poblaciones de Grau y Cotabambas expresaron su temor a que los actuales funcionarios muestren la misma actitud del gobierno en la mesa de diálogo, y este espacio avance lentamente.

Esta comitiva de dirigentes ofreció una conferencia de prensa en el Congreso de la República, en donde estuvieron acompañados de congresistas de la región Apurímac, Richard Arce (Frente Amplio) y Dalmiro Palomino (Fuerza Popular).

Dirigentes en el Congreso

Como parte de su agenda de actividades en Lima, los dirigentes de los frentes y comunidades campesinas de Cotabambas y Grau participaron este martes en la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Ante este grupo de trabajo manifestaron su preocupación por las significativas modificatorias de los Estudios de Impacto Ambiental de Las Bambas, sin haber consultado a las comunidades de esta zona de Apurímac. En ese sentido, solicitaron que un tercero externo evalúe y emita una opinión. “Al no consultarnos estos cambios han vulnerado nuestros derechos.”, manifestó uno de los dirigentes presentes.

De igual modo, los dirigentes sociales informaron sobre los 300 vehículos pesados que pasan delante de las viviendas, levantando polvo, generando vibraciones y ruido todos los días.

Asimismo, reclamaron que haya proyectos sociales de impacto en la zona, que estén establecidos dentro de los planes de desarrollo concertado participativos; y que los aportes sociales se transparenten, para que no pase como en otras provincias y sí se conozca el monto y en qué se ha invertido.

Nexo con el Ejecutivo

Al finalizar la intervención de los dirigentes cotabambinos, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, María Elena Foronda, informó que se concluyó en que los derechos a ser consultados y a la participación de la población de Cotabambas ha sido violentado.

“El caso Las Bambas será tomado como tema prioritario en nuestra agenda de trabajo, tal como sucede con los derrames de petróleo en la Amazonía. Esto con el fin de canalizar la relación con el Ministerio del Ambiente y el viceministerio de Interculturalidad”, declaró a RED MUQUI.

Asimismo, adelanto que desde su grupo de trabajo se está formalizando la participación de la comisión en la mesa de diálogo de Cotabambas. Se espera que en la próxima sesión pueda haber acuerdo para estar presente en la mesa en Tambobamba.

Reuniones sin ministros

Durante los días 12, 13 y 14 de setiembre, los dirigentes sostuvieron una serie de reuniones con representantes de la PCM, el OEFA, el MINAM y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el fin de mejorar la calidad y efectividad de la mesa de diálogo, ya que muchas de las exigencias aún no logran ser resueltas.

Aun así, el gobierno mantuvo la actitud de recibirlos con funcionarios técnicos de mando medio, sin capacidad de resolución política que requiere este tema.

Uno de los pedidos concretos al OEFA ha sido la creación de una oficina local de este organismo en Apurímac, que pueda aportar a la fiscalización efectiva y oportuna de varias actividades de alto impacto que se planean en la zona de Cotabambas.

Fuente: CooperAcción / RED MUQUI

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

CON REGLAMENTO APROBADO

  • Resolución fue publicada en diario oficial el último viernes
  • Dirigentes sociales llegaron a Lima y se reunirán con algunos sectores del Ejecutivo y el Congreso
  • Reuniones de los ejes temáticos fueron colocadas para octubre

La mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de Cotabambas tendrá una vigencia de seis meses, según dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de una Resolución Ministerial (N° 187-2016-PCM) y que fue emitida este viernes en el diario Oficial El Peruano.

“La finalidad de dicho Grupo de Trabajo es realizar acciones de seguimiento y coordinación orientadas a promover el desarrollo sostenible de la citada provincia y una adecuada gestión ambiental del proyecto minero Las Bambas, garantizando la protección de los derechos de la población”, precisa la norma.

Esta resolución –firmada por el premier Fernando Zavala– se emitió luego que se acordara aprobar el reglamento de este espacio, que desde ahora se regirá por un marco legal.

El 7 y 8 de setiembre ser realizó la segunda reunión entre los funcionarios de este gobierno, autoridades locales, la empresa MMG Limited y las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas. A partir de los resultados de estos dos días de reuniones, se obtuvo el “Reglamento de funcionamiento de la mesa”, en base al borrador elaborado por una comisión designada en la anterior reunión (22 de agosto).

Un importante acuerdo de este reglamento, fue el de contar con un tercer actor como facilitador de la mesa, ello a propuesta de la sociedad civil de la provincia. En respuesta, la PCM se comprometió a designar un facilitador profesional con experiencia y que propicie un diálogo horizontal y la construcción de consensos, informó CooperAcción, organización miembro de la RED MUQUI.

Dirigentes en Lima

Las diferentes organizaciones sociales de Cotambambas, entre ellas el Frente de Defensa provincial, expresaron la necesidad de que el Ejecutivo declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en situación de pobreza. Si bien, sus demandas fueron escuchadas, las reuniones de cada eje temático se desarrollarán a lo largo del mes de octubre.

Aun así 15 de ellos llegaron este fin de semana a Lima para cumplir algunas reuniones con algunos sectores del Ejecutivo, entre ellos PCM, Ambiente y el de Transportes y Comunicaciones. En su agenda, también tienen programado asistir a una sesión de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, que preside María Elena Foronda.

Reuniones de Ejes

En esta reunión (del 7 y 8 de setiembre), tampoco hubo la presencia de ningún ministro de Estado. Sin embargo, estuvo la viceministra de Derechos Humanos, Gisela Vignolo, quien se encargó del eje, correspondiente a su sector, y atendió los casos de los deudos, a casi un año del estallido del conflicto.

Al tratarse el tema de responsabilidad social de MMG Limited, el MEM presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no hubo avances. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte del convenio marco, en vista que la empresa minera MMG – Las Bambas no pagará impuestos por lo menos hasta el 2022.

Mientras que, en el eje de Medio Ambiente, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica respecto a las modificaciones al proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que se hagan los correctivos necesarios. Asimismo, se señaló la necesidad del cumplimiento del ‘Anexo K’ y del asfaltado de la carretera por donde se realiza el transporte minero.

Las próximas reuniones están programadas para el 6 y 7 de octubre, donde se abordarán los medio ambiente y responsabilidad social empresarial, respectivamente. Y para el 20 y 21 de octubre, los ejes de derechos humanos y desarrollo sostenible.

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DATOS

  • Contará con una Secretaría Técnica, que recaerá en un representante de la ONDS - PCM, quien estará a cargo de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados.
  • El Grupo de Trabajo se instalará en un plazo no mayor 10 días hábiles, contados desde el día viernes (publicación de la resolución).
  • Una vez vencidos los 180 días hábiles de su vigencia, se dispondrá de 30 días calendario, adicionales, para presentar un informe final ante el Titular de la PCM.
  • Cada integrante del referido Grupo de Trabajo deberá contar con una representante titular y un representante alterno, designados mediante documento emitido por cada entidad o institución en 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución.
  • La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros / Agencia Andina / Correo / La República

Foto: Agencia Andina / CooperAcción

POR CONTAMINACIÓN DEL LLALLIMAYO

  • Demandan cierre de centros mineros de Aruntani y Las Águilas
  • Pobladores iniciaron medida con bloqueo de vías de acceso

Dirigentes de los distritos de Llalli, Umachiri, Cupi, Orurillo y Ayaviri (provincia de Melgar) y Vila Vila y Ocuviri (provincia de Lampa), iniciaron este lunes un paro de 48 horas contra la contaminación de la cuenca de los ríos Llallimayo y Jatun Ayllu, en manos de las empresas mineras Aruntani SAC y Ciemsa Águilas, según indican.

Para ello, solicitan la llegada de una comisión de alto nivel que esté integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y los ministros de Agricultura, Medio Ambiente, Energía y Minas, Salud, con el fin de instalar una mesa de diálogo para tratar el tema ambiental en torno a la contaminación de la cuenca del Llallimayo, responsabilidad que la empresa minera ha negado tener.

Además, exigen la aprobación de un convenio marco, y la subsanación del impacto ambiental generado en las cuencas principales, por parte de las empresas. Otra de las demandas, además del cierre definitivo de los centros mineros ARUNTANI SAC y LAS AGUILAS, es la reivindicación de los informes de Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los cuales desvirtúan la contaminación de los afluentes a causa de la actividad de los centros mineros.

Paro alrededor de la mina

Desde las 00:00 horas del lunes 12, pobladores de los distritos de Umachiri, Cupi y Llalli de la provincia de Melgar y Ocuviri y Villavila (Lampa) acataron el anunciado paro de 48 horas. Las vías que unen los distritos Ayaviri, Umachiri y Llalli fueron bloqueadas con montículos de tierra y piedras, mientras que alrededor de mil 200 pobladores, se concentraron en el sector Parina (distrito de Ocuviri), cerca al ingreso de la minera Aruntani.

De igual modo, medios locales informaron que los manifestantes bloquearon la vía que une Juliaca con Arequipa y Juliaca con Cusco para dar a conocer como los ríos, terrenos y sus animales son afectados con sustancias químicas nocivas para la salud.

Mesa para el 22

Según informó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS – PCM), el próximo jueves 22 de setiembre, se instalará una mesa de Trabajo para el Desarrollo del Distrito de Ocuviri en la ciudad de Juliaca (Puno). “Dicho espacio de trabajo tiene como objetivo realizar acciones de coordinación orientadas a promover el desarrollo del distrito de Ocuviri, con énfasis en asuntos ambientales y sociales, reconocido mediante Resolución Ministerial N° 112-2016-PCM”, señaló esta dependencia en una nota de prensa.

La resolución indica que este Grupo de Trabajo será presidido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y estará integrado por funcionarios de los sectores: Ambiente, de Agricultura y Riego, de Desarrollo e Inclusión Social, de Educación, de Salud, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Asimismo, participará el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), del Gobierno Regional de Puno, la Municipalidad Distrital de Ocuviri.

Por el lado de las organizaciones sociales de base estarían la Organización Convenio Marco, el Frente de Defensa de Ocuviri y dos representantes de las Comunidades Campesinas, de la Asociación de Productores Agropecuarios y de la Organización de Mujeres de Ocuviri; además de cinco representantes de la empresa Aruntani S.A.C.

En cuanto al distrito de Llalli, la ONDS – PCM indicó que el pasado 25 de agosto se llevó a cabo una sesión de la Mesa de Diálogo de dicho distrito, sin mayores detalles, acerca de la calidad ambiental de la cuenca del Llallimayo.

Formación de Frentes de defensa

A fines de agosto, más de 500 pobladores de Cupi, Ocuviri, Lalli, Umachiri y Vila Vila, acataron un paro preventivo de 24 horas en el que formularon el mismo pedido: la presencia del Ejecutivo para resolver la contaminación de los ríos. Días después han retomado la medida por dos días sin respuesta alguna.

Desde el mes de julio, los regantes de los distritos de Llalli, Cupi y Umachiri (Melgar) y Ocuviri (Lampa) se unieron y conformaron el Frente de Defensa de las Cuencas Llallimayo, Hatun Ayllu y Chacapalca, con la finalidad de rechazar la contaminación que genera la actividad minera en la zona.

 

Fuentes: Correo, Radio Onda azul, RPP y PCM

Foto: Diario sin fronteras de Puno

RED MUQUI y sus organizaciones miembro, nos dirigimos a la opinión pública a nivel nacional e internacional para expresar lo siguiente:


1. El pasado 6 de setiembre, la bancada del Partido Fuerza Popular ha presentado el proyecto de Ley 213-2016-CR, Ley que modifica el art. 2 de la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
La modificación propuesta de dicho artículo es: “En los casos que el pueblo indígena u originario haya autorizado expresamente la realización de cualquier tipo de actividad económica o productiva formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo formal vigente, no procede la consulta previa, ni tampoco cuando se cuenta con autorización previa conforme a Ley, se omite la consulta previa, haciéndose extensiva a todas sus etapas".

2. RED MUQUI y sus organizaciones miembro rechazamos éste Proyecto de Ley, que desconoce un derecho colectivo como el Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, reconocido por normas internacionales como el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995, por el propio gobierno de Fujimori, y por normas nacionales como la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas vigente desde el año 2011.

3. Hasta la fecha en el sector minero sólo se han realizado 4 consultas previas, que sólo han sido realizadas a proyectos de menor envergadura y donde no hubo información adecuada, tiempo suficiente para discutir en espacios de decisión comunal, ni asesoramiento suficiente para lograr una consulta debidamente informada y un diálogo que no sea asimétrico. En algunos casos éstas consultas terminaron siendo en la práctica “convenios” entre empresa minera, Estado y comunidades, y en otros, como denunció la Defensoría del Pueblo, nunca se aplicó la consulta previa cuando debió hacerse a algunos proyectos mineros, desconociéndose la calidad de pueblos indígenas de poblaciones o exigiendo que renuncien a ella, y desconociendo los informes al respecto del Viceministerio de Interculturalidad.

4. Ésta medida denota un claro interés por desconocer a las Comunidades Campesinas y Nativas en nuestro país, consideradas por el mismo Estado Peruano como Pueblos Indígenas en sus informes ante la OIT, y busca su desaparición. Y es que dichas Comunidades ocupan el 49.1% del área nacional del país, de las cuáles solo el 28.2% tienen título de propiedad. Además, cerca del 50% de los territorios de las Comunidades Campesinas ya están concesionadas para actividades mineras, por lo que se entiende que el trasfondo de ésta medida es facilitar el acceso a dichos territorios de proyectos especialmente de industrias extractivas como la minera.

5. Consideramos que ésta propuesta legislativa denota un claro contubernio entre el partido Fujimorista y los grupos de poder económico, y con el mismo partido del Presidente Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Kambio (PPK), pues con su aprobación, dicho proyecto busca la no aplicación de la consulta previa en el sector minero especialmente, a partir, entre otros, de la propuesta del gobierno del "adelanto social", que no busca otra cosa que solucionar los problemas “con la plata por delante”, sin tener una diálogo previo que considere las demandas de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, las problemáticas de fondo de los pueblos indígenas, propiciando con ello un clima de conflictividad social, sin considerar que la consulta previa es más bien, un mecanismo de prevención de conflictos.

RED MUQUI considera que las inversiones nacionales y extranjeras son importantes para el país, pero ello conlleva a establecer con claridad donde si pueden o no deben realizarse, y en caso de emprenderse alguna actividad extractiva, se deben establecer estándares adecuados de respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas y a nuestro ambiente.

Los paquetes normativos dictados durante los años 2013 y 2015 y éste proyecto de Ley, lo que buscan es desregular los ya reducidos derechos a la tierra de nuestras comunidades campesinas y nativas, que son fundamentales para su existencia, y evitar que éstas participen en las decisiones que las afectan a través de la consulta previa, lo que es su derecho.

Por ello demandamos el archivamiento del citado proyecto de ley en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, de Ambiente y Ecología, donde debiera pasar en el Congreso, pues de lo contrario sólo se generaría mayor conflictividad social, y exigimos que se aplique el derecho a la consulta previa con las consideraciones necesarias que respeten los derechos de los pueblos indígenas y no sólo sea un requisito que cumplir, como consideramos ha sido hasta la fecha en el sector minero.


Lima, 08 de setiembre de 2016


RED MUQUI

 

  • Nueva publicación presenta casos de Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México
  • Movimientos y organizaciones sociales siguen luchando por preservar un modelo post extractivista más amigable

RED MUQUI, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (FCCSS - UNNSM) y la Universidad de Gante (Bélgica) presentaron el libro “Las luchas sociales en Latinoamérica: un análisis histórico, comparativo y global”, publicación que presenta experiencias de luchas, resistencias y cuestionamientos de poblaciones por la preservación de sus modos de vida y desarrollo, que se ven afectadas por los proyectos extractivos que se expanden constantemente en nuestro continente.

El libro compila las ponencias presentadas, por académicos y dirigentes de movimientos sociales, en la conferencia internacional realizada con el mismo título, realizada el 24 y 25 de junio de 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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La presentación oficial se llevó a cabo en la 21 Feria Internacional del Libro, el miércoles 27 de julio, y contó con la participación de comentarists como el exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Manuel Burga; la periodista y doctora en Literatura, Rocío Silva Santisteban; el director de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF – Cusco), Jaime Borda, y el líder ambientalista y comunicador social de las comunidades de Espinar (Cusco), Vidal Merma.

“La presencia de la actividad extractiva modifica formas de vida de las comunidades y de convivencia con la tierra, a esto se suman conflictos sociales con persecución y criminalización de dirigentes comunales. Ello se ve en la modificación de tierras comunales en el sur andino, que hoy en día es el principal destino de las inversiones y concesiones mineras”, expresó Jaime Borda de DHSF y directivo de RED MUQUI.

“Se viene sacrificando a pueblos enteros al retirarlos de sus territorios. Existe desinterés de nuestros gobernantes por preservar a las comunidades, en favor de la minería”, lamentó Vidal Merma de Espinar, tras comentar parte del contenido del libro.

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Argumento

A través de un análisis histórico, comparativo y global, el texto examina alrededor de veinte experiencias, de diversos países de América Latina, organizadas en tres ejes de debate: Tierra y extractivismo; tierra, recursos naturales y agricultura familiar; tierra y economía casos como los conflictos socioambientales de Rancas o Celendín en Perú, la Araucanía en Chile, el Chaco en Bolivia o Huila en Colombia son examinados. Del mismo modo, que experiencias económico solidarias de Chiapas en México, Paraná en Brasil, Oruro en Bolivia, Bogotá en Colombia o Cusco en Perú.

La conferencia que precedió a este libro, logró unir perspectivas tanto históricas como contemporáneas acerca de las luchas por la tierra en América Latina, que hasta el momento siguen siendo un factor dominante que forja gran parte de la sociedad forma movimientos sociales dinámicos. Asimismo, el libro pone en debate el impacto de la resistencia contra la imposición de modelos económicos extractivistas y marcos legales que deslegitiman y alteran formas de tenencia de la tierra a nivel local mediante reformas normativas y contra–reformas (revoluciones y resistencias). Asimismo, cuestiona las múltiples maneras en que este proceso de incorporación transforma sociedades y modos de vida locales.

No obstante, propone generar propuestas acerca de la transición hacia un modelo social más solidario y post extractivista, respetuoso de la naturaleza, que brinda un uso sostenible de los recursos naturales, ejerce un respeto pleno de los derechos colectivos de los pueblos originarios y de las personas en general.  Es decir, aquello que los pueblos originarios del área andina y amazónica de América Latina definen como el modelo del “buen vivir”: allin kausay, suma kawsay, suma qamaña.

El texto está dividido en tres capítulos, que corresponden a los mismos ejes temáticos que estructuraron la conferencia: Tierra y extractivismo; tierra, recursos naturales y agricultura familiar; y tierra y economía solidaria. Además de un cuarto capítulo de reflexiones finales.

La publicación fue realizada por el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Decana de América; el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica; y la Red Muqui, un colectivo de 29 organizaciones en 11 regiones del Péru, dedicadas a la defensa de derechos de comunidades afectadas por la minería; contó además con el apoyo del Fondo de Investigación de Flandes.

La edición estuvo a cargo de Hanne  Cottyn, del Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante; Javier  Jahncke y  Mattes  Tempelmann, de la Red Muqui; y Ela Pérez y Luis Montoya del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

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Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

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Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que "queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida".

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que "la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta".

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

CONCLUYE INFORME 18 DE OCM

  • Contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre
  • Reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico
  • Informe fue presentado por presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides 

 

En el 18º Informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Perú) recorre la macro región norte, la zona central y, en especial, la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).

En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

Nuevo tema de conflictividad

El informe destaca la importancia del corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, uniendo así las operaciones de los proyectos Las Bambas, Constanza y Antapaccay y culminando en el puerto de Matarani (Arequipa) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica.

Sin embargo, el OCM Perú señala que la carretera que une este corredor minero, se ha convertido en un nuevo elemento de conflictividad y motivo de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y el despliegue de otras sustancias, por el polvo que se genera. Es por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto.

Sur Latente

En la provincia cusqueña de Espinar el conflicto con la minera Glencore-Xtrata aun se encuentra latente. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural.

Mientras que en Arequipa, el anuncio de la empresa Southern sobre la espera de una supuesta la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto Tía María, generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

Lo que deja Humala

El Gobierno de Humala cierra su gestión con un legado de más de 200 conflictos sociales sin resolver. A esto se suman la promulgación y adopción de normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental  y que también vienen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal.

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explicó José De Echave de CooperAcción.

En ese sentido, el reporte OCM Perú recuerda que durante las últimas elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron - en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisó De Echave.

Menores aportes tributarios

Respecto al aporte del sector minero en materia tributaria, esta ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El OCM Perú da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

En otra parte del Informe 18, se indica que la inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros.

MÁS DATOS DEL INFORME OCM

  • Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico.
  • Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
  • En los últimos dos años se observa una tendencia de reducción del área concesionada a la minería, a nivel nacional. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas), mientras que en el año 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado, y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros  / CooperAcción

RED MUQUI SOBRE ENCÍCLICA AMBIENTAL

  • Francisco señala que actividades extractivas no deben someterse a presiones políticas y económicas
  • Conversatorio “Laudato Si’ un año despúes” formó parte de las actividades internacionales sobre la carta encíclica

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, señaló que en la encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco hace referencia a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los grandes proyectos extractivos, y cuestiona la falta de participación de todos los actores desde antes de su aprobación.

“En el Perú, las decisiones sobre donde hacer actividad –minera en este– son exclusivas del gobierno y la empresa, no existe participación de las poblaciones en esos procesos, es decir hay decisión desde los poderes económicos y políticos, algo que el Papa cuestiona en Laudato Si’”, comentó el representante de la RED MUQUI.

Pese a que el sumo pontífice menciona la importancia de la transparencia de la información en un proyecto extractivo y que esta no debe ser posterior a la aprobación de una EIA, Jahncke Benavente recordó que en el Perú, a las comunidades que habitan en zona de influencia del proyecto, solo se les informa sobre el EIA en términos técnicos sin que se recoja su opinión.

Desde el punto de vista eclesiático, Monseñor Pedro Barreto Arzobispo de Huancayo, remarcó que la última encíclica es una aire fresco que Francisco ofrece al mundo y a la iglesia católica, y que se resume a la interconexión de Dios, el ser humano y la naturaleza, una armonía que hoy en día está dislocada, y que Laudato Si’ propone curar esta herida.

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Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), dijo que es necesario reconocer que la carta encíclica ha remecido los cimientos de la iglesia católica al ser una invitación a rehacer los vínculos con Dios y el planeta: la defensa de la vida y de la creación de Dios.

“Para el Papa Francisco, al actual paradigma económico es un sistema idolátrico y perverso porque antepone el dinero a las necesidades de los más pobres. Como iglesia no debemos callar, y lo hemos ido planteando en ocho conferencias episcopales en Latinoamérica se han pronunciado sobre este tema que no nos es ajeno al ser una cuestión humana”, refirió Monseñor Barreto.

De igual manera, Rocío Valdeavellano del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), destacó la labor del Papa Francisco como líder espiritual que no cae en el espiritualismo, y vive la realidad sin caer en un discurso de autoridad política o científica. Esta posición es la que lleva a Francisco a dirigir la encíclica a la humanidad entera, no solo a los católicos en el mundo.

Es así que la representante del MOCICC, recoge la postura del papa frente al actual modelo de producción y consumo que impulsan un estilo de vida que nos responsabiliza a todos en la falta del cuidado de nuestro planeta.

Asimismo, Valdeavellano resaltó como Laudato Si’ ha influido en el movimiento ciudadano e iglesias no católicas, pero sobre todo, el reconocimiento del Santo Padre a los movimientos socioambientales que defienden la protección del medioambiente, y que son considerados como “estorbos” por el status quo. Es por ello, que la encíclica llama a la acción ciudadana.

“Quienes buscamos ser seguidores de Jesús hoy en día, tenemos el reto de decidir si defendemos el futuro de la vida y del planeta, no solo de ceñirnos al evangelio. Una forma es difundir y aplicar la encíclica en la realidad peruana, identificarnos con el desarrollo de un estilo de vida sostenible y solidario”, convocó.

Por su parte, Eduardo Calvo, Presidente Adjunto del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), estuvo presente en el conversatorio a título personal  para comentar el segundo capítulo de la encíclica, el mismo que se ocupa del diálogo intenso entre la ciencia y la religión, y que ha dejado de lado las diferencias para concordar una posición sobre el cambio climático. Asimismo, expuso sobre el nuevo concepto de ecología integral que nos trae Laudato Si’ en su cuarto capítulo.

“Este concepto nos habla de tener una ecología económica, política y social, cultural y de la vida cotidiana, el principio de bien común; que no es otra cosa que la justicia entre las generaciones y una urgente y renovada solidaridad intrageneracional. Esta ecología integral es una base para pasar a la acción a través del diálogo que impulse a la política y a la economía al servicio de la vida humana; así como el diálogo entre las religiones y la ciencia”, subrayó.

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Como parte de las actividades oficiales de la Semana de Laudato Si’ (del 12 al 19 de junio), RED MUQUI y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), que junto a Cáritas del Perú, la Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC), la CONFER, la Mesa de Movimientos Laicales y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), organizaron el conversatorio ´Laudato Si’, un año después: el cuidado de la casa común”.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

Las instituciones y organizaciones indígenas, agrarias, de mujeres y de la sociedad civil que conformamos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú*, nos dirigimos a la ciudadanía para manifestar nuestra profunda preocupación por lo siguiente:

1. El día lunes 13 de junio, el diario Gestión (página 6) recoge las declaraciones que realizó el virtual ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, en Radio Capital el día viernes 10 del mismo mes, quien habría señalado que es necesario que “... las tierras donde se ubican las minas, que hoy son de propiedad comunal, sean individualizadas, de manera que cada dueño individual de esos predios los pueda vender a los mineros o a los agricultores” y que “Hay que empezar a hacer un mapa de propiedades, con lo que se puede y, simplemente, intercambiar los títulos comunales por títulos

2. Con estas expresiones, el señor Thorne evidencia su desconocimiento respecto al marco normativo de los derechos de los pueblos indígenas; banalizando la importancia y el sentido de los derechos colectivos que tienen las comunidades del Perú sobre sus tierras y que la propia Constitución garantiza y expresa cuando señala su respeto a la propiedad comunal (art. 88°).

3. Las comunidades campesinas y nativas son la expresión concreta y jurídica de los pueblos indígenas u originarios del Perú y, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDDHH, “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica y su preservación y transmisión a las generaciones futuras” (Caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay - párrafo

4. Actualmente existe una gran demanda insatisfecha por la seguridad jurídica de las tierras de comunales y, principalmente, por la titulación colectiva. Si se concretase la propuesta de Thorne, significaría un atropello y vulneración a los derechos colectivos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Asimismo estas declaraciones solo pueden generar un clima de desconfianza, al manifestar una posición abiertamente a favor de la minería en perjuicio de los derechos de las comunidades del país.

Frente a estos hechos La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y originarios del Perú y, en ese sentido, exige al gobierno electo del señor Pedro Pablo Kuczynski:

1. Honre su compromiso, firmado el 20 de mayo último con representantes de los Pueblos Indígenas durante su campaña electoral, donde señala en el segundo punto: “Concretar la titulación de los territorios de los pueblos originarios de manera colectiva”. Del mismo modo, respetar su plan de gobierno, donde menciona como uno de sus objetivos en el lineamiento estratégico 3, que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas.

2. Respete, garantice y proteja las tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios del Perú, concluyendo con la titulación colectiva pendiente de 4023 comunidades campesinas y nativas.

3. Continúe con las iniciativas de titulación en proceso a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego y los gobiernos regionales, y se coordine de manea intersectorial y multinivel (gobierno nacional, regional y local) con proyectos que tengan componente de titulación cofinanciados con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos de otros países.

4. Fortalezca la institucionalidad para el saneamiento y la titulación rural, a su ente rector: el Ministerio de Agricultura y Riego.

Lima, 15 de junio de 2016

 

(*) A la que pertenece RED MUQUI

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