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COMO PROPONE ALFREDO THORNE

  • RED MUQUI advierte estarían desconociendo derechos contemplados en la Constitución y el Convenio Internacional 169 de la OIT
  • Miembro del equipo de PPK indica que propiedad comunal de tierras trae problemas para la explotación

El voceado ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, propuso individualizar la propiedad comunal de los pueblos indígenas en el Perú, a fin de que las decisiones colectivas de una comunidad –nativa o campesina– no afecten las actividades extractivas, y que a través de una titulación individual se facilite la venta de terrenos y se favorezca la explotación minera.

“Hoy en día gran parte de la propiedad donde están las minas, es propiedad comunal, y esa propiedad hay que individualizarla. Al individualizarla, el individuo va a poder utilizar su tierra, o se la va a poder vender al minero, o se la va a poder vender al agricultor. (…) eso va a demorar muchos años (porque) hoy en día no existe un mapa de propiedad del territorio, entonces hay que empezar a hacerlo por donde se puede, y simplemente intercambiar los títulos comunales por títulos individuales”, propuso Thorne en una entrevista con Capital TV (10 de junio).

Ante ello, RED MUQUI, respondió que medidas impositivas de este tipo afectarían sus derechos colectivos al no involucrar procesos de consulta previa y diálogo intercultural, y lo único que se lograría es avivar aun más la conflictividad social en el país.

Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, lamentó el desconocimiento del señor Thorne, respecto a los derechos a la propiedad de los pueblos indígenas y originarios, que están reconocidos en: la Constitución Política, la Ley de Comunidades Campesinas, la Ley N° 26505 (denominada “Ley de Tierras”), y en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú, y que se está en obligación de cumplir.

“Este tipo de propuestas demuestra el desconocimiento absoluto de los derechos de las comunidades –campesinas y nativas–, así como de las normas nacionales e internacionales que las amparan y garantizan los derechos de propiedad y posesión de las comunidades, en otras palabras “su derecho a la propiedad comunal”, donde la propiedad es de la comunidad en pleno y los comuneros son posesionarios.

Es necesario resaltar que las decisiones sobre la disposición de la tierra se acuerdan en Asamblea Comunal, que es el principal órgano de la comunidad (Ley N° 24656 y N° 26505).

Para el jefe del plan económico de Pedro Pablo Kuczynski, el canon –producto de las actividades extractivas– debe extenderse a las comunidades; sin embargo, esto no debe significar que debe ser necesariamente un canon comunal, sino prácticamente individual, es decir, para cada miembro de la comunidad, tras una titulación de tierras por propietario, y no colectiva.

“Hoy en día son propiedades comunales, y muchos de los mineros han hecho un acuerdo con la comunidad, no con los individuos de la comunidad. Entonces eso ha generado problemas para el manejo de la tierra y para la explotación de esa tierra”.

Jahncke cuestionó que Thorne considere que la principal solución a los conflictos sociales es solo económica, cuando el verdadero trasfondo son las demandas históricas de los pueblos, en base al reconocimiento y respeto de sus derechos; lo cual debe ser parte de un diálogo abierto y sincero, previo a cualquier decisión sobre cualquier proyecto de inversión pública o privada.

Plan de gobierno dice lo contrario

Por su parte el Colectivo de Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, al que pertenece RED MUQUI, le recordó a Thorne que en el plan de gobierno del presidente electo Kuczynski, se menciona claramente que se debe concluir con la titulación de las comunidades campesinas y nativas (Objetivos en el lineamiento estratégico 3 del este documento).

Es así que el colectivo le recordó a Thorne que la fecha existe alrededor de 4,023 comunidades campesinas y nativas que esperan titulación colectiva, siendo esta una forma de respetar y proteger sus tierras y territorios. Asimismo, se le pidió al próximo titular del MEF, que honre el compromiso que firmó con representantes de los Pueblos Indígenas el último 20 de mayo.

Precisiones

  • Nuestras comunidades, reconocidas como pueblos indígenas por el Estado Peruano,  tienen reconocida su autonomía en el artículo 89 de nuestra Constitución para el “uso y libre disposición de sus tierras”.
  • Ley de Comunidades Campesinas - Ley N° 24656 (artículo 7): las tierras comunales “por excepción podrán ser enajenadas, previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la Comunidad, reunidos en Asamblea General convocada expresa y únicamente con tal finalidad”. Dicho acuerdo debe fundarse en el interés de la Comunidad.
  • Ley N° 26505 (artículo 11): “para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva, se requerirá el Acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad”.
  • El Convenio 169 de la OIT (artículo 14): “Deberá reconocerse a los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (los pueblos indígenas)”. Añade en su numeral 2 que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.

Foto: Captura Capital TV

Un análisis sobre la dimensión intercultural de los conflictos socio ambientales, la internalización de estereotipos,  los estigmas como patología social que no nos permite tener un proyecto conjunto de país y la necesidad de tener un estado multicultural y pluricultural.

RESOLUCIÓN ESTABA FIJADA PARA HOY

  • Gobierno aseguró en compromiso que resolución se emitiría este martes 7 de junio
  • Norma daría continuidad a mesa de diálogo para el próximo gobierno
  • Organizaciones enviaron carta a la PCM reiterando pedido para que se cumpla este acuerdo

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS-PCM), no cumplió con publicar hoy la resolución que modifica la “Mesa de trabajo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas”, que en adelante tendría que ser denominada como “Mesa de diálogo” con la finalidad de que se trate directamente la problemática ambiental y social en torno al proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac).

El propio Estado había fijado el martes de 7 junio, como la fecha en que se publicaría la modificatoria de la Resolución Ministerial 263-2015-PCM. Lamentablemente, aun no se ha honrado este compromiso que forma parte de los acuerdos de la última reunión, realizada el 24 de mayo de 2016.

Es así que el viernes 3 de junio, las organizaciones sociales enviaron una carta a la PCM en la que reiteraron este pedido que plantea cambiar la finalidad de la mesa (de trabajo) que actualmente, solo se centra en “acciones de desarrollo”, y no en la raíz del conflicto: la segunda modificación del EIA de Las Bambas.

Cabe recordar que el presidente del Frente de defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reconoció que la elección de un nuevo gobierno, así como la transferencia de funciones, significará una demora en el proceso de diálogo. Sin embargo, recalcó que la finalidad es preservar lo poco que se ha avanzado tras el cambio de gobierno.

“Lo que queremos a nivel de Cotabambas, es que esta mesa tenga un sustento legal, a través de una resolución (ministerial) que legitime todo este proceso, y así se le de continuidad con la nueva gestión gubernamental para retomar los acuerdos y compromisos sin problemas”, dijo a RED MUQUI tras anunciar la conformación del Frente Regional de Defensa de Apurímac el 1 de junio último.

Lee también: Las Bambas: “Es urgente legitimar continuidad de la Mesa de diálogo para el próximo gobierno”

Por qué es necesaria la modificación

Desde su instalación, en febrero de este año, la mesa ha buscado -en la práctica- encontrar soluciones a la problemática social y ambiental generada por las modificatorias del proyecto minero y del Estudio de Impacto Ambiental; así como lograr compromisos que permitan una convivencia pacífica y que favorezcan el desarrollo de la provincia de Cotabambas. Todo ello, en concordancia con los 4 ejes que se han venido manejando, desde abril: Medio Ambiente y Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, y Responsabilidad Social Empresarial.

Pese a que el Ministro de Vivienda en el mes de abril se comprometió a intervenir para que la Resolución se modificara lo más pronto posible, hasta la fecha no se ha realizado. Es más, en seis reuniones de la “mesa de trabajo” se ha reiterado el pedido.

Las organizaciones que firman la carta advierten que dicha comunicación solo tiene el objeto de recordar los términos del compromiso establecido, y esperan que, en esta oportunidad, el gobierno cumpla con los acuerdos establecidos.

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros

  • Perú, uno de los mayores exportadores de minerales del mundo, se enfrenta a numerosos conflictos sociales y ambientales negativos. Pronto cambiará el Gobierno. ¿Cambiará también la situación?

Perú encabeza la lista de países latinoamericanos exportadores de zinc, plata, plomo, estaño, hierro y bismuto, y encabeza la lista de exportadores mundiales de oro. 51 proyectos mineros lleva la cartera de inversiones peruana para los años 2012-2018, según datos del Ministerio de Minas.

El otro lado de la medalla: 214 conflictos sociales, de ellos 147 socioambientales, 94 estrictamente mineros. En un país cuya costa se encuentra afectada y amenazada por el cambio climático, los efectos medioambientales de las actividades extractivas son de especial preocupación. Las poblaciones rurales temen por su entorno y su subsistencia.

“Entre 2011 y 2015, los conflictos han dejado un saldo de 58 muertos y 549 heridos", dice a DW Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Muqui, una red que agrupa a 29 organizaciones que trabajan en 11 regiones de Perú. De cara a las elecciones, organizaciones sociales y ambientales del país exponen fallos y proponen cambios. ¿Esperan mejoría?

Según el estudio de la Red Muqui y la organización alemana Misereor, más del 20 por ciento del territorio peruano -incluyendo áreas naturales protegidas, zonas de recargas hídricas, bosques y comunidades- está concesionado ya a actividades mineras ; el 49,63 por ciento se encuentra en tierras ancestrales indígenas o de comunidades campesinas.

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Avances, ¿sólo sobre el papel?
Si bien el saliente gobierno de Ollanta Humala creó un ministerio del Medio Ambiente, recortes en los recursos destinados para éste no han hecho su gestión exitosa.

Por otro lado, la flexibilización de las normas ambientales como las de los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, reducción de multas en caso de incumplimiento o menor rigor exigido en los estudios previos, “ha llevado a la aprobación de controvertidos proyectos cuyo estudio preliminar deja muchas dudas abiertas”, afirma Jahncke. Las organizaciones y las comunidades echan en falta también la consulta previa.
A este respecto, sin respuesta de ninguna instancia oficial, DW consultó a la agencia especializada Minería del Perú, que lleva 24 años colaborando con el ramo minero del país.

“No existe un derecho legal que le permita a una comunidad decirle no a un proyecto minero. En el Perú las riquezas del subsuelo son propiedad del Estado. Si la riqueza está debajo de un territorio perteneciente a una comunidad, la empresa a la que se le concesiona la riqueza del subsuelo debe llegar a un acuerdo con la comunidad para que le permita utilizar su territorio", explica a DW Juan Vargas, de Minería del Perú.

Según sus datos, dado que el derecho a la consulta previa se incorporó a la legislación en 2014, "hasta ahora se han terminado tres procesos en forma positiva para la actividad minera. La consulta previa se está dando para proyectos de exploración, no se puede hablar de que haya un cuestionamiento de la viabilidad del proyecto", dice Vargas.

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Un caso emblemático
A este respecto, aceptando que sí ha habido mesas de diálogo a raíz de sonados conflictos entre las mineras y las poblaciones, Jahncke distingue entre hablar de condiciones diferentes y hablar de viabilidad. Su ejemplo son los tajos a cielo abierto de Tía María y la Tapada.

“El tajo de La Tapada se encuentra a 500 metros del pase del canal del río. Las explosiones van a generar polvos y residuos en los relaves en el cauce del río. La empresa, al hacer el estudio, dejó fuera del análisis justo la zona existente entre el tajo y el río, que puede ser la más comprometida", dice Jahncke.

¿Por qué? Probablemente porque la contaminación del aire, las aguas profundas y las aguas del río afectarían directamente a los 47.441 habitantes del Valle -de los cuales 24.000 trabajan permanentemente en la pequeña y mediana agricultura-, a los 349.638 empleos eventuales y a los pescadores artesanales de la desembocadura del río.

Frente a estas cifras, la información gubernamental menciona los 3500 puestos de trabajo que crearía Tía María. La población se opone.

¿Sin esperanza de cambio?
Por el momento, el gobierno saliente subraya sus avances en normas. Los candidatos a la presidencia ofrecen diversificar la economía, ocuparse más del agro y cuidar de las inversiones para el crecimiento del Perú, más aún en tiempos de reducción del precio de las materias primas.

Las organizaciones de la Red Muqui temen que no se tenga en cuenta la protección de las poblaciones, los impactos ambientales y el ordenamiento territorial. “Lo que quieren las poblaciones es discutir la viabilidad de los proyectos. Mientras no se discuta, habrá un entrampamiento", teme Jahncke.

VER NOTA EN DW

 

Fuente / Fotos: DW.com/es

La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación por parte de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.

Desde 2005, Perú es miembro de la iniciativa y ha venido cumpliendo con los criterios y exigencias del estándar, ha sido el primer país en América Latina en recibir la categoría de país cumplidor y en implementar dos experiencias descentralizadas que permiten a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos del canon en sus localidades, tales son los casos de Piura y Moquegua.

Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido propuestas concretas en materia de transparencia en el sector extractivo y la prevención de conflictos sociales. El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales.

En febrero de este año, la Comisión Nacional EITI Perú presentó los resultados del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN) del EITI (elaborado por la Consultora E&Y) correspondiente al año fiscal 2014. En este estudio participaron 59 empresas. Para asegurar amplia cobertura uno de los criterios de participación es que el aporte de la empresa sea igual o mayor al 2% del valor de producción para el sector minero y de 1% para el hidrocarburifero.

Esta Comisión ha definido que los resultados de los Estudios deben reflejar los siguientes conceptos: (i) Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería (solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería).

En el V estudio se logró cubrir al 85% del valor de producción minero y el 95% del subsector hidrocarburos. Solo una compañía manifestó su intención de no adherirse al informe EITI, la Minera Chinalco Perú SA, la cual cuenta con una participación mayor al 2% del sector. La decisión de esta empresa de no participar afecta negativamente el objetivo del país de cumplir con el estándar EITI.

Por lo expuesto, instamos a que los candidatos den continuidad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, evidenciando su voluntad de adherirse al estándar EITI, a fin de evitar poner en riesgo la permanencia de nuestro país en una iniciativa que podría contribuir a mejorar los procesos de participación y transparencia ambiental en nuestros recursos extractivos.

Tras 11 años de implementación del EITI, necesitamos que la materialización de los mecanismos de financiamiento del sector sea parte de una política pública de transparencia, al igual que la administración de la información proporcionada por empresas sea más rápida. La creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información sería la oportunidad para hacerlo, de tal manera se podría impulsar el EITI y la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, en inglés) en el país.

El OGP promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. Nuestro país también forma parte de esta iniciativa desde el 2012, siendo necesario que también el próximo gobierno se manifieste sobre su continuidad.

Finalmente, el EITI y el OGP se vuelven fundamentales ante el actual contexto de flexibilización de estándares socio-ambientales en las inversiones, cabe señalar, que una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2016 es la inclusión del tema ambiental en el EITI. Por ello, transparentar y hacer accesible mayor información AMBIENTAL respecto a las industrias extractivas como la información relacionada con los procesos de otorgación de derechos, evaluación y fiscalización ambiental, se convierte en salvaguardas para generar inversiones sostenibles.

Lima, 3 de junio de 2016.

VER PRONUNCIAMIENTO

Firman:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa - Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
6. Asociación Nacional de Centros
7. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales
10. Cáritas del Perú
11. Central Asháninka del Río Ene (CARE)
12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
13. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)
14. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
15. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú
16. Ciudadanos al Día
17. Confederación Nacional Agraria (CNA)
18. Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
19. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro)
21. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
22. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
23. Environmental Investigation Agency (EIA)
24. EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
25. Foro Ecológico del Perú
26. Forum Solidaridad Perú (FSP)
27. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
28. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
29. Instituto de Desarrollo Socioeconómico (IDS) PROSPECTIVA AMAZÓNICA
30. Instituto del Bien Común (IBC)
31. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
32. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
33. Paz y Esperanza
34. RED MUQUI Perú
35. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
36. Salud Preventiva Andina
37. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)

POR MEDIO DE RESOLUCIÓN

  • Es el pedido de los Frentes de defensa de Cotabambas para esta etapa del diálogo en Apurímac
  • Ejecutivo se comprometió a emitir dispositivo legal para este 7 de junio

Ante el inminente cambio de gobierno, las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas (Apurímac) mostraron su preocupación respecto al proyecto minero Las Bambas, y a la situación actual de la mesa de diálogo. Es por ello que los frentes de defensa y federaciones campesinas advirtieron sobre la urgencia de legitimizar este proceso, a través de una resolución ministerial que garantice su continuidad durante la próxima gestión gubernamental.

En entrevista con RED MUQUI, el presidente del Frente de defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, reconoció que la elección de un nuevo gobierno, así como la transferencia de funciones, significará una demora en el proceso de diálogo. Sin embargo, recalcó que se deben preservar lo poco que se ha avanzado.

“Lo que queremos a nivel de Cotabambas, es que esta mesa tenga un sustento legal, a través de una resolución (ministerial) que legitime todo este proceso, y así se le de continuidad con la nueva gestión gubernamental para retomar los acuerdos y compromisos sin problemas”, dijo a RED MUQUI.

Abarca aseguró que durante la última reunión de la mesa, que se llevó entre el 23 y 26 de mayo, el Ejecutivo asumió este compromiso y colocó el 7 de junio como fecha para emitir esta resolución que modificará el contenido y la finalidad de la mesa de diálogo, que en un primer momento se conformó como “mesa de trabajo”.

En ese sentido, Rodolfo Abarca indicó que esta diferencia entre mesa de “trabajo” y la de “diálogo”, es importante, ya que en la segunda pueden pedir explicaciones sobre la segunda modificatoria del EIA del proyecto Las Bambas, que es la razón principal de este desacuerdo que desató el conflicto.

EIA, el punto sin resolver

Según refieren los dirigentes sociales, hasta la fecha el desarrollo de la mesa de diálogo y sus ejes de trabajo no muestran resultados contundentes.

Ante ello, en conferencia de prensa, los diferentes frentes de defensa de Cotabambas, reiteraron que en reuniones del eje de trabajo de Medio Ambiente, continúan insistiendo en que un ente internacional revise el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas. Rodolfo Abarca indicó que se requiere una explicación a la modificación de este documento.

“Lamentablemente la empresa y el Estado no han demostrado claridad y transparencia en este punto (…) el anexo K del contrato de concesión, indica que debe haber una instancia distinta puede realizar una revisión del EIA, y nos estamos amparando en el cumplimiento de esta cláusula”, resaltó.

Los otros ejes

Respecto al eje de derechos humanos, las organizaciones sociales indican que aun no se determina la responsabilidad en las muertes de tres comuneros durante el paro interprovincial del 28 de setiembre del año pasado.  Asimismo, aun no se establecen –con el Estado y la empresa– la indemnización a los deudos, ni a los heridos en recuperación.

Por el lado del eje de Desarrollo Sostenible, el dirigente Abarca comentó expresaron su preocupación al Estado, por la poca presencia de proyectos de desarrollo en la provincia. En cuanto al eje de Responsabilidad Social,  el presidente del frente de defensa cotabambino, dijo que aun no se desarrolla ya que se busca la inclusión de las 47 comunidades campesinas directamente afectadas por el proyecto minero Las Bambas, poblaciones que mantienen acuerdos de licencia social que no han sido cumplidos con la empresa desde hace más de 10 años.

No obstante, Rodolfo Abarca aseguró que desde las organizaciones sociales se va a mantener una posición de diálogo y de entendimiento con MMG Limited y con el Estado.

En qué está Grau

El presidente del frente de defensa de la provincia de Grau, Augusto Vizcarra, mostró su preocupación ante las constantes postergaciones que, según dijo, el Ejecutivo viene dando a la mesa de trabajo se desarrolla -de manera paralela- en dicha provincia.

En diálogo con RED MUQUI, Vizcarra indicó que uno de los temas principales que demora en resolverse, es el retiro de la provincia como zona de influencia de Las Bambas, a raíz de la segunda modificación del EIA de este proyecto minero.

Este miércoles (1 de junio) los frentes distritales de defensa y federaciones campesinas de las provincias de Grau y Cotabambas, se agruparon, llegaron hasta Abancay ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron la problemática actual, así como el desarrollo de la mesa de diálogo, respecto al proyecto minero Las Bambas.

DATO:

  • La próxima -y quizás la última- reunión con el Ejecutivo está pactada para este 14 de junio en el distrito de Haquira.
  • Los diferentes frentes de defensa y federaciones campesinas de la provincia de Cotabambas, convocaron a las demás organizaciones sociales de base de todo Apurímac, para conformar una unidad en torno a los intereses de toda la región, respecto al proyecto minero Las Bambas.

Foto / Video: Comunicaciones RED MUQUI

 

Lee también: Frentes de defensa conformaron unidad regional para preservar intereses de Apurímac frente a Las Bambas

TRAS CONVOCATORIA DE COTAMBAMBAS

  • De esta manera se reactivó el Frente de defensa regional de Apurímac
  • Convocatoria también fue hecha por Federaciones de comunidades campesinas
  • Dirigentes provinciales y distritales de Cotabambas y Grau informaron sobre situación del diálogo con el Estado

Los diferentes frentes de defensa y federaciones campesinas de la provincia de Cotabambas, convocaron a las demás organizaciones sociales de base de todo Apurímac, para conformar una unidad en torno a los intereses de toda la región, respecto al proyecto minero Las Bambas.

De esta manera, se reactivó el Frente de defensa regional de Apurímac que ha reunido a varios dirigentes sociales de toda la región, con el fin de vigilar el desenvolvimiento de la mesa diálogo que sostienen: el gobierno central, regional, local, la empresa minera MMG Limited y la población con sus respectivos organismos de base en Cotabambas.

En diálogo con RED MUQUI, el presidente del Frente de defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, resaltó que es importante lograr que toda la región se involucre ya que el proyecto minero Las Bambas supone un beneficio para toda la región.

Para ello, los frentes distritales de defensa y federaciones campesinas de las provincias de Grau y Cotabambas, se agruparon, llegaron hasta Abancay ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron la problemática actual, así como el desarrollo de la mesa de diálogo, que hasta el momento no avanza respecto al reclamo ambiental pendiente, a raíz de la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas.

“Nosotros hemos invocado a que se sumen, no solo los frentes, sino las diferentes organizaciones sociales, sindicatos, gremios, a esta autoridad que Cotabambas ha iniciado para que en Apurímac exista una contundencia y solidez de las organizaciones de base. La mesa de diálogo es un momento oportuno para lograr una unidad en la región”, manifestó Rodolfo Abarca a RED MUQUI.

El presidente del Frente de defensa de la provincia de Grau, Augusto Vizcarra, consideró que este consenso será un instrumento convincente para dirigirse a las autoridades en general.

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Otra finalidad de este Frente de Defensa regional de Apurímac, es que bajo una visión de unidad, las demás provincias tomen acciones y sientan como suyos los reclamos de las zonas afectadas, en especial los medioambientales, por ejemplo el transporte de camiones con material procesado, cercano a comunidades y centros poblados del distrito de Mara (Cotabambas).

A esto se suma, que los dirigentes de Cotabambas consideran que la mesa de diálogo aun no muestra resultados específicos; no obstante, Abarca aseguró a RED MUQUI que esta nueva unidad del frente regional no contempla ninguna medida de suspensión, ni de fuerza, sino por el contrario, se busca un buen entendimiento. De igual modo, Abarca señaló que las organizaciones reconocen que las elecciones presidenciales y el cambio de gobierno paralizarán este proceso.

Por el momento, el frente regional tendrá permanente coordinación y estará abierto a reunir a las diferentes organizaciones vivas de cada una de las siete provincias de la región, y así fortalecerse.

“Hacemos un llamado a todos los hermanos de Andahuaylas, Chincheros, Abancay, Grau, Aymaraes y Antabamba para que todos busquemos el beneficio de la región”, concluyó.

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Organizaciones que participaron en la conferencia de prensa en Abancay:

  • Frente de defensa regional de Apurímac
  • Frente de defensa de los intereses de la provincia de Abancay
  • Frente de defensa de los intereses de la provincia de Cotabambas
  • Frente de defensa de los intereses de la provincia de Grau
  • Frente de defensa del distrito de Mara (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Cotabambas (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Collurqui (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Haquira (Cotabambas)
  • Frente de defensa del distrito de Curawasi (Abancay)
  • Federación campesina del distrito de Tambobamba (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Progreso (Grau)
  • Federación campesina del distrito de Mara (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Cotabambas (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Collurqui (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Challhuahuacho (Cotabambas)
  • Federación campesina del distrito de Haquira (Cotabambas)
  • Comunidad de Pisaccasa, Huaruma y Yoricancha
  • Comité de monitoreo y vigilancia del río Mayotinco-Punanqui de la cuenca baja del río Challhuahuacho

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN FORO PARLAMENTARIO

A través del Foro: La agenda parlamentaria frente a las industrias extractivas y los conflictos socioambientales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) generó un espacio de diálogo alrededor de una mesa compuesta de representantes parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, a fin de evaluar conjuntamente las propuestas y perspectivas sobre la regulación y el impacto de las inversiones extractivas en el Perú incidiendo en la  promoción de  propuestas favorables  respeto a los derechos humanos, territoriales y ambientales.

Los congresistas electos de Acción Popular, Miguel Román; de Peruanos Por el Kambio, Gino Costa, y del Frente Amplio, Humberto Morales, dieron a conocer las propuestas de sus respectivos partidos, así como el impulso que darán, desde el Congreso, a problemáticas en torno a: Ordenamiento territorial, Consulta Previa, Fortalecimiento ambiental y Gestión de conflictos sociales. En este encuentro el partido de Fuerza Popular decidió no participar.

Consulta previa, conflictos sociales y diálogo pendiente

RED MUQUI y CooperAcción participaron como panelistas y expusieron la situación actual de la conflictividad social y la consulta previa ante los nuevos parlamentarios.

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la RED MUQUI, se refirió a los mecanismos de toma de decisión que no involucran a gobiernos regionales, ni locales, pese a que estos tienen competencias en planes de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las concesiones están por encima. De igual modo Jahncke indicó que un proceso de concesión no se puede afirmar que exista una verdadera participación ciudadana que otorgue una licencia social. "Las audiencias públicas que se llevan a cabo con la población se orientan solamente a informar a la población sobre el proyecto, es decir, solo se cumple un 'mero requisito administrativo' para dar luz verde a la concesión del proyecto", remarcó.

Como parte de esa problemática, Jahncke comentó a los congresistas electos que en el sector minería solo se han llevado a cabo tres procesos de consulta previa debido a esta lógica de “informar a la población en audiencias públicas”. El secretario de la RED MUQUI puntualizó que muchas de las empresas no reconocen la presencia de pueblos indígenas debido a que no existe una base de datos adecuada desde el Ministerio de Cultura, que además no es constitutiva de derechos.

Por su parte, Ana Leyva, Directora Ejecutiva de CooperAcción, indicó a los candidatos que los conflictos sociales deben ser entendidos de una manera multidimensional y que las demandas de las poblaciones afectadas por megaproyectos, no necesariamente son económicas. En ese sentido, Leyva remarcó la necesidad de establecer una tipología de conflictos, ya que no todos se dan por un afán de resistencia, sino de convivencia con la empresa. Una tipología permite un tratamiento diferenciado para poder lograr un mejor entendimiento y resolución del mismo.

Como asesora de las comunidades en la Mesa de Trabajo de Cotabambas (Apurímac), Ana Leyva aseguró que el carácter de estas mesas, son de negociación mas no de diálogo, lo cual conlleva a una lucha por anteponer intereses de la inversión a las demandas de quienes se sienten afectados, en este caso por el proyecto minero Las Bambas. “No hay un búsqueda por establecer nuevas relaciones de confianza duraderas entre la empresa y la población, sino de aminorar el problema”, señaló.

Propuestas a impulsar

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Para el congresista electo, Miguel Román de Acción Popular, en un escenario de conflictividad social sería necesario paralizar las operaciones de un proyecto hasta que se le explique a la población sobre los beneficios. Este proceso, según dijo, debería ser por tiempo indeterminado hasta el momento en que las comunidades den su aprobación, de ser necesario a través de una consulta previa.

Gino Costa de Peruanos Por el Kambio puntualizó que su partido tiene en propuesta la creación de un sistema nacional de prevención y gestión pacífica de conflictos sociales, en el cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, funcionaría como secretaría técnica. Costa también comentó que se reactivaría la procuraduría del orden público dentro del Ministerio del Interior, con el fin de identificar los actores que incitan a la violencia y al desorden público para que puedan ser llevados a la justicia con celeridad.

A su turno, Humberto Morales del Frente Amplio, manifestó que no se puede negar que la conflictividad social se da a causa de un tema ideológico, como es el del buen vivir y otras formas de entender el uso de los recursos naturales. Morales resaltó la necesidad de contar con una ley de Ordenamiento Territorial en el que las Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) sea vinculante para gestionar el buen uso del territorio, además de una ley de protección de cabeceras de cuencas. Con el cumplimiento adecuado de ambas normativas podrían evitarse muchos de los conflictos sociales, anotó.

 

Fotos / Videos: Comunicaciones RED MUQUI

EN CUSCO

Tras cumplir un periodo de seis meses de prisión preventiva, se demostró la inocencia de Javier Mamani Coaquira (48) y Edward Brandon Quispe Ccuno (18), quienes fueron detenidos durante el conflicto socioambiental que estalló con un enfrentamiento entre pobladores y policías el 28 de setiembre del año pasado.

Mamani y Quispe fueron liberados el lunes 28 de marzo en horas de la noche, casi una semana después de que el Juzgado declarara fundado el pedido de cesación de prisión preventiva a favor de ambos. No obstante, ese mismo día de la audiencia (martes, 22 de marzo), el magistrado a cargo de llevar el caso dictaminó que los dos pobladores deberán pagar una caución de 8 mil soles.

Cabe reconocer que la resolución elaborada por la jueza de investigación preparatoria de Tambobamba (Cotabambas, Apurímac), Idania Oroz, se reconoce que la residencia domiciliaria de ambas personas, así como el descarte de peligro de fuga, ni de obstaculizar la justicia.

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La defensa de los dos detenidos fue asumida por las abogadas, Ruth Luque de Derechos Humanos sin Fronteras y Lisbeth Valenzuela de Aprodeh – Apurimac, en coordinación con organizaciones de derechos humanos a nivel nacional como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), CooperAcción, entre otros. Pese a los agravios que recibieron por parte de la defensa de la empresa minera, ambas defensoras pudieron demostrar la inocencia de Javier Mamani y Edward Quispe.

Cabe recordar que el 28 de setiembre del 2015 fue el inicio del estallido del conflicto contra la empresa minera MMG Limited que tiene la concesión del proyecto minero Las Bambas.

Luego de 5 días de movilización en los que dirigentes del Comité de Lucha Interprovincial y tanto organizaciones populares, como las comunales, rechazaban la instalación de una planta de molibdeno, así como de filtros y concentrados; estas modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicialmente no formaban parte del proyecto y se hicieron sin participación de la población local afectada.

Luego del enfrentamiento entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional en la zona cercana al proyecto Las Bambas, 21 pobladores fueron detenidos dentro del campamento minero. Entre ellos se encontraban Edward Brandon y Javier Mamani, a quienes les “sembraron municiones” y fueron obligados a suscribir un documento reconociendo que dichos materiales estaban en su poder.

De este grupo, siete fueron trasladados a Abancay el 29 de setiembre. En horas de la madrugada, cuatro fueron liberados, y los últimos tres –que fueron Edward Brandon Quispe Ccuno (18), Javier Mamani Coaquira (48) y Asunto Huamaní Huamaní (46) quedaron en calidad de detenidos en el Penal de Qenqoro del Cusco. Huamaní fue liberado a las pocas horas, pero Quispe y Mamani quedaron recluidos. Fue así que la Fiscalía de Challhuahuacho (Cotabambas) solicitó que se les aplique prisión preventiva, luego de haber sido acusados por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos.

Finalmente el conflicto de Las Bambas provocó la muerte de 3 personas: Exaltación Huamaní Mío (32), Beto Chahuallo Huillca (36) y Alberto Cárdenas Challco (24); en los tres casos, los certificados de defunción indican que la causa de muerte se debió a herida por proyectil de arma de fuego.

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco - DHSF

SE FRACCIONA EL DIÁLOGO EN LAS BAMBAS

  • Organizaciones sociales reclaman presencia de ministros de Estado
  • Se reitera decisión de acatar un paro interprovincial en Apurímac
  • Ayer PCM instaló el eje de desarrollo sostenible de la mesa de trabajo


Dirigentes sociales de la provincia de Cotabambas (Apurímac) decidieron retirarse y desconocer la Mesa de Trabajo pactada con el Ejecutivo, además de ratificar la medida de un paro interprovincial indefinido. Esta decisión fue tomada en Tambobamba durante la instalación del eje de desarrollo sostenible, uno de los grupos de trabajo conformados tras la instalación de la mesa.

“Ante las constantes injusticias, maltratos y falta de respeto al pueblo Cotabambino, los representantes legítimos de la provincia, nos hemos visto obligados a retirarnos de la mesa de diálogo, ya que el gobierno central no tiene la voluntad política, ni de diálogo. Esa actitud intransigente nos obliga a asumir una medida de fuerza indefinida”, anunciaron.

Una de las razones principales, según refirieron en un pronunciamiento público, es el envío de funcionarios y representantes –desde diferentes ministerios- que no tienen capacidad resolutiva sobre los problemas pendientes en la provincia, en torno al proyecto minero Las Bambas. De igual modo, adujeron que el Ejecutivo aun no cumple en modificar la resolución ministerial para la instalación de una mesa de diálogo de carácter provincial.

Es así que organizaciones sociales de base, frentes de defensa, federaciones campesinas, comunidades campesinas y comités de lucha de la provincia de Cotabambas, consideraron que el gobierno central y la empresa minera MMG Limited han venido incumplimiento los acuerdos pactados en cada reunión de diálogo desde que estalló el conflicto en Las Bambas.

“Los días 24 y 25 de marzo se acató un paro de 48 horas y se envío una carta a la PCM solicitando la presencia de algún ministro titular para este 29 de marzo (…) Responsabilizamos al gobierno central y MMG Las Bambas, así como de las consecuencias que pudieran ocurrir en adelante”, aseveraron.

Sin embargo, en este documento, tampoco han mecionado alguna fecha sobre esta medida de protesta.

Reunión de trabajo suspendida

Tras esta decisión de las organizaciones sociales, el gobierno central y el gobierno local determinaron suspender la reunión de trabajo del eje de desarrollo sostenible, luego de la instalación de la misma en la municipalidad provincial de Cotabambas (Tambobamba, Cotabambas, Apurímac).

Por parte del gobierno estuvieron: el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Wigberto Boluarte; Jhon Reynaga, congresista por Apurímac (exnacionalista); Martín Carbajal, en representación del jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, entre otros.

En cuanto a autoridades locales, se hicieron presentes: Mario Siwincha, alcalde provincial de Cotabambas; Antolín Chipani, alcalde distrital de Challhuahuacho, y Adriel Sota, Alcalde distrital de Mara. Mientras que desde MMG Limited, los funcionarios se presentaron: Iván Tahakashi y Marcos Santos

Según el acta de instalación del eje de desarrollo sostenible y el retiro de los representantes de la sociedad civil (así denominan a las organizaciones sociales provinciales) fueron los alcaldes Siwincha y Chipani quienes plantearon la suspensión de esta reunión y se reprogramen las sesiones de trabajo. Asimismo, el documento dio cuenta que el congresista Reynaga exigió la presencia de -por lo menos- un ministro de Estado, así como del jefe de la ONDS-PCM, José Ávila.

De esta manera, el inicio de un trabajo coordinado ha quedado suspendido hasta que el gobierno y las autoridades locales, incluyendo al Comité de Lucha de Cotabambas, el Frente de Defensa de Cotabambas y Grau, dispongan.

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DATOS:

  • La Oficina de Diálogo y Sostenibilidad que viene desarrollando labores de Secretaría Técnica, y es la que se encarga de coordinar con la presidencia del grupo de trabajo.
  • Antes de culminar instalación de la mesa, la sociedad civil local solicitó la modificación de la Resolución Ministerial Nº 263-2015-PCM de creación de esta mesa de trabajo, tomando en consideración el contexto real de su creación.

 

Fuente: RED MUQUI Sur

Fotos: Diario Correo / RED MUQUI Sur

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