¿Sabemos de dónde vienen nuestros productos que consumimos todos los días y cuál es el impacto que tienen en la gastronomía peruana y en nuestras vidas? ¿Sabemos cómo se desarrollan en concreto las experiencias de agricultura familiar en las regiones de nuestro país?

La Red Muqui realizó un Desayuno de Trabajo el miércoles 11 de septiembre en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, confrontando escenarios posibles que tarde o temprano pueden convertirse en una realidad. Alimentar a más de 31 millones de personas con productos autóctonos saludables y de buena calidad va ser el desafío no solo de las generaciones por venir, sino también de nosotros, que habitamos el presente. Con este pensamiento iniciamos nuestra actual campaña y, en este contexto, queremos destacar la importancia de la "Agricultura Familiar".

La importancia de la “Agricultura Familiar”

Gracias a la diversidad de cultivos de la tierra con su pluralidad de climas que aprovechamos desde la época de nuestros ancestros, existe una cantidad de platos peruanos que hacen que la gastronomía de nuestro país sea una de las más ricas y variadas del mundo y América Latina. Pero no solamente para la gastronomía, sino también para la canasta familiar de las y los peruanos, en que la Agricultura Familiar es esencial. Según la FAO, el 70% de los productos alimenticios que se consuman en el mercado nacional son generados por la agricultura familiar. Sin embargo, la importancia de este tipo de agricultura a pequeña escala no ha tenido mayor atención por parte del Estado y la sociedad en su conjunto. 

¿Qué pasaría si en los platos emblema de nuestro país, como la pachamanca, comeríamos solo pollo; sin las habas, choclo, papas y camotes que son nutritivos y se cosechan en nuestro país? ¿Qué pasaría si quisiéramos comer papa a la huancaína pero ya no tuviéramos las variedades de papa peruana para disfrutar de este delicioso plato? Quizás en ese momento nos daríamos cuenta de la importancia de los platos que comemos día a día en nuestros país.

A partir de estos pequeños platos de comida, servidos por una cocinera de un comedor popular autogestionario de Comas a las y los agricultores que vinieron de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, y a los periodistas presentes; es que se inició un diálogo sobre la importancia de la agricultura familiar en la sociedad y el Estado, a partir del desarrollo de la agricultura familiar en las regiones mencionadas.

Conociendo las experiencias regionales de agricultura familiar

El objetivo del desayuno fue mostrar a través de las experiencias locales, las alternativas que se practican en diferentes lugares del Perú, a pesar de las dificultades, y así demostrar la importancia de la Agricultura Familiar. En el distrito de Pataypampa, Apurímac, cerca al proyecto minero Las Bambas, “se está logrando cambiar el contexto en el que vivían las comunidades empezando a mejorar el manejo de los recursos naturales que permitió recuperar el agua. Introduciendo el sistema de riego presurizado, la agroforestería, y así logramos la diversidad productiva agropecuaria. Los excedentes vienen siendo vendidos en la feria dominical de la capital provincial (Chuquibambilla)”, señaló el agricultor y representante apurimeño, Victor de la institución de AEDRA - Apurímac.

A su turno, Aurora Portal, agricultora y productora perteneciente al colectivo por la vida y la pachamama de Cajamarca, señaló que sus experiencias y la de sus compañeras mujeres se dio a partir de la resistencia al proyecto minero Conga, que finalmente fue detenido por la población de las comunidades cajamarquinas. Frente a esta victoria, las mujeres se preguntaron: ¿ahora qué hacemos?, y empezaron a producir las tierras de la jalca cajamarquina que se verían perjudicadas por la minería. “De esta manera desarrollamos plantas medicinales, jabones y champús orgánicos, y generamos trabajo para nosotras y para la comunidad que cultiva estas hierbas y plantas. Asimismo, también participamos en ferias para vender nuestros productos y realizamos talleres con comunidades para que produzcan sus tierras tomando nuestro ejemplo”, enfatizó Aurora Portal, junto a Mirtha Villanueva, directora de la institución Grufides – Cajamarca.

Finalmente, Tulia García, directora de CEDAP - Ayacucho, señaló que en Cangallo, lugar afectado por el conflicto armado interno, pudieron “recuperar el rol de la comunidad y el de las pocas familias que seguían cultivando. Fue importante porque se logró proteger las semillas para producir en distintas tierras y ahora realizamos siembra y cosecha de agua para lograr que el agua llegue a las distintas tierras y podamos producir en un contexto de desertificación de glaciares”. 

Al finalizar la presentación de las experiencias regionales, y frente a los desafíos de protección y desarrollo de estas experiencias; el especialista y autor del libro: Minería y agricultura en el Perú, Edwin Alejandro Berrospi, de Red Muqui; señaló la importancia de estas experiencias regionales que deben tener respaldo nacional desde el Estado y sus políticas públicas. El libro es el resultado de la sistematización de las experiencias regionales presentadas, sumadas a la del Valle del Mantaro, en Junín; y la Quebrada del Chaupihuaranga, en Pasco. En palabras de Edwin Alejandro: “se debe reconocer los derechos de las comunidades campesinas y nativas sobre su territorio para la producción de alimentos". 

Posteriormente, el especialista y director de CEPES, Laureano del Castillo, señaló la importancia de lo expresado por los agricultores y representantes de las instituciones y la sistematización del libro presentado; señalando que escuchar un discurso como el expresado es esperanzador porque “hemos escuchado experiencias positivas y existe un discurso sobre la agricultura familiar de precariedad. “Hay que mirar la riqueza que tenemos, valorarla, y transformarla también.” Finalizó señalando que en el Congreso ya existen leyes para promocionar los señalado, pero se necesitaría una ley para que se cumplan todas las leyes que ya están aprobadas. El 87% de las unidades agropecuarias son de agricultura familiar y si la política económica sigue privilegiando la agroexportación, que está en manos de pocas empresas; y por otro lado siguen priorizando las actividades extractivas en nuestro país; "¿cómo podrán implementarse los instrumentos y leyes aprobados por el Estado?", problematizó.

Propuestas y Acción

En el marco del lanzamiento de la campaña también se realizó un Foro en el congreso llamado: “Agricultura Familiar y Minería en el Perú”. Participaron representantes del Ministerio de Agricultura, el congresista Marco Arana y los representantes regionales presentes en el desayuno de trabajo; presentando las experiencias regionales de agricultura familiar y las propuestas generales de las instituciones que hacen parte de Red Muqui.

El objetivo de la campaña es presentar propuestas que aporten a la reorientación de las políticas públicas para conseguir el fortalecimiento de la agricultura familiar en zonas donde pueden verse vulneradas por actividades extractivas y el cambio climático. Actualmente se requieren iniciativas de parte del Estado para atender prioritariamente a más de 2.3 millones de peruanos que trabajan en agricultura familiar; que impliquen además de mayor presupuesto, fortalecimiento de la asistencia técnica, créditos a través del Banco de la Nación y el aseguramiento en el acceso a los mercados seguros.

Entre las propuestas a dar a conocer a través de la campaña, se exige la garantía del derecho sobre la propiedad de las tierras comunales para la producción de alimentos y el acceso de los productos; la garantía de la disponibilidad y calidad del agua para el desarrollo de la agricultura familiar mediante una política integral que priorice la protección de las cabeceras de cuenca; y promover, reconocer y fortalecer los servicios ambientales ofrecidos por la agricultura familiar y mucho más. 

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RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Lima, 15 de agosto de 2019     

Se busca amedrentar. La policía nacional envió una carta notarial este 19 de abril organización social Derechos Humanos sin Fronteras, de Cusco, afirmando que se está cometiendo “difamación y delito contra el honor”, en alusión a la difusión de información que dicha organización realiza desde redes sociales sobre el abuso de autoridad cometido con mujeres de la comunidad de Espinar. Como respuesta, Derechos Humanos sin Fronteras publicó un comunicado este 27 de abril.

Cabe recordar que el 3 de abril, una familia denunció haber sido agredida por la policía. Afirmaron que personal de seguridad de la minera Glencore y efectivos de la policía ingresaron a su propiedad. Las fotos, difundidas en redes sociales, muestran mujeres campesinas en el suelo, rodeadas de la PNP.

En la carta notarial la PNP señala que:

“Con respecto a los hechos suscitados el pasado 03 de abril, entre los pobladores y la minera Antapacay, así como la declaración del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, no podemos pronunciarnos al respecto, debido a que es materia de investigación fiscal, así como decisión del Gobierno Central”.

Derechos Humanos sin Fronteras, también ha dado alerta sobre los continuos Estados de Emergencia en el corredor minero del Sur, sobre todo, en Espinar. Medidas que han sido calificadas como arbitrarias y que atropellan los derechos por dirigentes de la zona como Victor Limaypuma y Ferdinam García. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en una conferencia de prensa realizada por CooperAcción hace unas semanas en Lima.

En esa misma conferencia, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. Hizo alusión a la alianza que mantendría la policía con la empresa.

Ammnistía Internacional señaló, por su parte, que son muchas las formas en que se criminaliza a los dirigentes u organizaciones sociales. La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro Indicó para La República que con frecuencia los defensores medio ambientales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.

Este es el comunicado que Derechos Humanos sin Fronteras difundió esta mañana:

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, organización integrante de la Cnddhh Perú, frente a la carta notarial de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, en la que se nos pide rectificarnos por el presunto “contenido de las informaciones tendenciosas y por lo demás agraviantes contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP”, dado que habríamos “cometido el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, nos expresamos ante la opinión pública con el siguiente pronunciamiento:

1. Rechazamos esta forma de amedrentamiento en contra de nuestro trabajo, lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas, o del ámbito del corredor minero. Una preocupación real por su honor y prestigio de la PNP, debiera ser más bien el esclarecimiento de denuncias y quejas que pobladores de Espinar realizan en contra de miembros de la PNP. Nos preguntamos ¿Ésta es la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra para abordar los problemas de la población en territorios con conflictividad socio ambiental?

2. Es de público conocimiento que nuestra institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Nos reafirmamos, que estos convenios le quitan legitimidad y credibilidad a la PNP, ahondando la deslegitimidad que instituciones como la PNP deben brindar a favor de la población.

3. Es inadmisible la prórroga de Estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa (Decreto Supremo N°37-2018 PCM). No es solamente inconstitucional, sino se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión que las poblaciones en este territorio tienen. Con esta nueva prórroga, el Gobierno actual demuestra su incapacidad por resolver las múltiples preocupaciones que la población tiene a la fecha.

4. Es de conocimiento que el 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar), una familia denuncio la intervención violenta de miembros de seguridad de la empresa minera Glencore – Antapaccay con apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Los hechos fueron denunciados públicamente, consecuencia de ello actualmente existe una denuncia por abuso de autoridad en contra de la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore - Antapaccay y los que resulten responsables, ante la Fiscalía Superior de Cusco. La investigación se encuentra en curso.

5. Como organización de derechos humanos, hemos evidenciado y hecho pública nuestra postura sobre este tipo de actuaciones irregulares del Estado, en reiteras oportunidades hemos exigido que las instituciones del estatales garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las poblaciones en territorios afectados por actividad minera que enfrentan preocupaciones por contaminación, afectaciones en su salud, criminalización de protesta, etc.

6. Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y le recordamos al Estado que es también su obligación garantizar que las y los Defensores de Derechos Humanos, debemos desarrollar nuestras actividades sin temor a represalias, y cualquier restricción a nuestra labor la denunciaremos públicamente, solicitando a las instancias respectivas se garantice nuestro trabajo como organización defensora de los derechos humanos y hacemos responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.

Cusco, 27 de abril del 2018

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO. 

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

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En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo. 

"Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores"

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"Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera", recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

"El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas", dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

"A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera", apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

"Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos", recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP. 

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

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Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

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Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

DESDE ESTE VIERNES 20

  • Desde el 2013 no se concretan acuerdos de mesa de diálogo en la zona

El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y varias organizaciones sociales representativas de la provincia de Espinar acatarán un paro preventivo de 24 horas en respuesta al incumplimiento de los compromisos asumidos por las diferentes entidades públicas para afrontar la contaminación ambiental que se vive en dicha provincia cusqueña.

Los pobladores de Espinar señalaron que la mesa de diálogo en la provincia no ha dado los resultados esperados por la población, desde que se instaló; sino por el contrario, los funcionarios representantes no toman en cuenta los plazos para llevar a cabo las soluciones planteadas en este espacio.

En diálogo con Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), el Presidente del FUNDIE, Edgar Huaranca, detalló que la plataforma de lucha de este paro responde a que desde hace casi 3 años, no se cumple con atender a los pobladores afectados por metales pesados en la sangre, además de la negación sobre la presencia de metales pesados en el ambiente, por parte de organismos públicos especializados involucrados en el tema.

“Las evaluaciones de OEFA, ANA, SENASA, CENSOPAS, DIGESA Y DIRESA, están concluyendo en sus informes que en relación a la actividad minera, no se ha hallado metales pesados en el aire y el agua; en el caso del SENASA, se está haciendo evaluaciones junto con un laboratorio extranjero que señala lo mismo. Esto que ha motivado al rechazo de las organizaciones sociales.

Respecto a la atención de salud que los afectados de Espinar requieren con urgencia, Huaranca, recordó que inicialmente, el Ministerio de Salud (Minsa) tenía contemplado ejecutar un plan específico para estas personas que presentan altos porcentajes de metales pesados en la sangre; sin embargo, solo se viene implementando el programa nacional “Más Salud” que no cuenta con especialistas para tratar estos casos.

“Esta campaña no tiene validez para la provincia, dado que la demanda inicial era una atención a las personas con metales pesados que tienen en el cuerpo y la atención inmediata (…) las personas intoxicadas por metales pesados no han sido atendidas, han sido abandonadas a su suerte”, aseveró

Tras mencionar que la empresa Antapaccay (Tintaya) no ha tomado ninguna acción hasta el momento, el representante del FUDIE mencionó que en la plataforma de lucha también se existen puntos referidos a las mineras HudBay y Las Bambas.

“Con la minera HudBay (Chumbivilcas, Cusco) y las Bambas (Cotabambas, Apurímac) tenemos el problema de contaminación y deterioro de las vías. HudBay hace circular unos 160 convoys aproximadamente, tanto de ida como de vuelta, las vías se han ido deteriorando. Además, se levanta una polvareda que afecta a las personas y a nuestros animales; lo mismo ocurre con Las Bambas que tampoco ha querido tomar las previsiones del caso, y en esta primera etapa de producción son más de 200 unidades vehiculares pesadas que circulan”, comentó a DHSF.

Precisamente, Huaranca hace referencia a las vias cusqueñas que pasan por los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata, y que llegan hasta Arequipa.

En ese sentido, indicó que existe un compromiso por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para asfaltar las vías por donde transitan los camiones desde Chumbivilcas, las cuales son consideradas de alto riesgo para la salud humana y de los animales. “Hasta la fecha se ha cumplido en algo el porcentaje de avance pero no se cuenta con el presupuesto para su ejecución. Es de suma importancia que esta vía sea declarada en emergencia a fin de que no haya más contaminación”, agregó.

Durante esta jornada de lucha, se tiene programado el cierre de vías de acceso a la provincia de Espinar especialmente de aquellas que se conectan con Chumbivilcas y Cusco, como son las de Espinar, Sicuani y San Tomás. “Se  ha coordinado con las diferentes organizaciones para que desde tempranas horas se realicen los piquetes cerrando el acceso a la provincia de Espinar”, señaló el presidente del FUDIE. 

Asimismo, Huaranca informó que este 21 de mayo -día simbólico de la dignidad Epinarense- se conmemora un año de la creación del Frente Único de la Juventud Espinarense, así como una serie de actividades para dar muestra de la contaminación ambiental que sufre la provincia y el incumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades en el año 2012.

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Fuente / Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

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El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas. 

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

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Afectadas. Melchora Surco y Santusa Ñoñoncca de la comunidad del Alto Huancané

POR MEDIO DE TRES DEMANDAS

  • Denuncias penal y constitucional se formularon a la par con investigación periodística
  • Estado ocultó resultados de comuneros con metales en el organismo en dos oportunidades

Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA) emprendieron una serie de demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, en defensa de dos de las comunidades que habitan en la zona de influencia del proyecto minero Antapacay (Espinar, Cusco) y que han visto afectada su salud ante la presencia de 16 metales pesados en la sangre.

Dichas demandas han sido interpuestas contra el Estado Peruano por haber omitido los resultados de las muestras de sangre y orina, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas), tomó a los habitantes de las comunidades de Huisa y Alto Huancané en el año 2010, en Espinar (Cusco).

Tal como indica el informe periodístico del equipo de investigación de Convoca, “Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, en este primer estudio, el CENSOPAS conoció que cientos de pobladores de Huisa y Alto Huancané, ubicadas entre los ríos Salado y Cañipía, estuvieron expuestos a arsénico, mercurio, cadmio y plomo, metales considerados por la OMS como altamente cancerígenos. Aun así callaron.

Asimismo, la investigación de Convoca, añade que en el 2013, Censopas hizo un nuevo estudio tras un acuerdo de la mesa de diálogo de Espinar; es así que recogió 180 muestras de orina y confirmó los hallazgos del primer estudio (2010), solo que esta vez arrojó resultados de otros 11 metales presentes en los organismos de los habitantes evaluados. La toma de muestras de estas nuevas 11 sustancias no tuvo el consentimiento de los donantes, y es por ello que volvieron a guardar “reserva”, y no se conocieron hasta diciembre de 2014.

Ante todas estas omisiones y secretismos por parte del Censopas, sin importar la salud de las personas, la plataforma de abogados de DHSF Cusco, CooperAcción y el IDL -junto con los afectados- elaboraron y presentaron una demanda de cumplimiento, es decir, un proceso constitucional con el que se busca que el Estado cumpla con las leyes para proteger la salud, específicamente en las comunidades aledañas al proyecto Antapaccay (ampliación Tintaya).

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Juan Carlos Ruiz (IDL), Jaime Borda (DHSF Cusco), Melchora Surco (Alto Huancané) y Juan Magaño (Huisa)

Para ello, se contó con el apoyo del doctor Fernando Osores, médico Magister en enfermedades infeccionas y tropicales, quien trabajó en el CENSOPAS, así en el equipo de profesionales del estudio del 2013. En ese año, Osores denunció estas irregularidades al momento de evaluar a los pobladores, así como la expedición de los resultados a los pobladores “sin sellos, membretes, ni firmas”.

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Dr. Fernando Osores 

Juan Carlos Ruiz, Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó de intolerable el hecho de que el mismo Ministerio de Salud, a través del CENSOPAS, haya ocultado a los pobladores durante tres años, los diagnósticos por metales pesados en la sangre.

El letrado de IDL también recalcó que el Estado tiene una función de garante de derechos, así como de protección de los mismos. En ese sentido, Ruiz recordó que el Estado -ante una situación como esta- tiene la obligación de investigar, prevenir, reparar y sancionar:

“Es necesario investigar las causas. Luego de cinco años aun no se sabe el origen de esta contaminación; por un lado, la empresa aduce que es de origen natural, y por otro, los afectados señalan directamente a la actividad minera. Además de también prevenir las violaciones (a los derechos humanos) y reparar la vigencia de la salud, se requiere sancionar a aquellos que resulten responsables por haber cometido ilícitos penales o administrativos” apuntó Juan Carlos Ruiz.

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Melchora Surco muestra fotos de como eran sus tierras antes de la contaminación ambiental por metales

Tres demandas

De ser favorable la sentencia a raíz de la demanda de cumplimiento (presentada en mayo de 2015), se tendría que decretar emergencia sanitaria, emergencia ambiental, así como practicar exámenes epidemiológicos y toxicológicos en la zona.

Los defensores legales de las comunidades de Huisa y Alto Huancané indicaron que se busca una orden judicial para afectar el presupuesto y así ejecutar un Plan de Atención Integral que no se limite a campañas informativas, sino integrales.

De igual modo, los abogados de las comunidades señalaron está en curso una demanda penal interpuesta por la ONG Solsticio debido a los ilícitos penales, como el de no atender a personas en peligro.

Juan Carlos Ruiz del IDL añadió que vienen preparando una demanda civil contra el Estado, por no cumplir con atender la salud de estas personas, pese a saber y haber comprobando que se encontraban en peligro. Es por ello que se apunta a que los afectados por metales en la sangre, reciban una reparación civil.  “Aun no se establece la responsabilidad de la empresa minera”, deslizó Ruiz.

Cuestión de presupuesto

Otro aspecto importante que mencionaron los abogados defensores, fue que en medio de los procesos de amparo, la procuradora de la Dirección de Salud del Cusco (DIRESA Cusco) reconoció la gravedad de los afectados y adujo que como el gobierno regional tenía un PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI), pero que el gobierno central no facilitó el presupuesto. “Dicho PAI demanda un millón y medio de soles para su ejecución, y tras cinco de evidencia de daño en las personas no se atiende a la gente porque supuestamente no hay dinero, pese a lo que genera la actividad minera en la zona”, incidió Juan Carlos Ruiz del IDL.

“La actividad minera, petrolera y energética son muy importantes ya que generan trabajo y divisas, pero no a costa de sacrificar vidas y poner en peligro la integridad física de las personas. El artículo 59 de la Constitución es muy claro: la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad contractual son muy importantes y hay que protegerlas, pero no pueden poner en peligro la salud de las personas”, remarcó Ruiz.

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Gabriel Arriarán y Milagros Salazar de Convoca.pe

“Los impactos de la minería en la salud de la población de Espinar: nuevos hallazgos”, es un informe periodístico elaborado por el equipo de periodistas de investigación de Convoca, con el respaldo de CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF - Cusco) y médicos especializados en salud ambiental.

La presentación estuvo a cargo de Milagros Salazar y Gabriel Arriarán de Convoca, junto con representantes de las comunidades afectadas. 

Fotos: Facebook Convoca / Comunicaciones RED MUQUI

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