TRAS POSTERGACIÓN DE SENTENCIA

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia reprogramó para el 3 de mayo la lectura del fallo que resolvería si se revierte, o no, el juicio que Máxima Acuña ganó contra Yanacocha, en donde se le pretendió acusar de usurpación agravada.

Los magistrados argumentaron que no tenían votos suficientes para emitir una opinión sobre el recurso de casación presentado por la empresa minera.

De manera que no hubo sentencia final que días anteriores, ya que no hubo quórum suficiente en las sesiones celebradas por la sala en las últimas semanas, y porque, además, uno de sus miembros estará de vacaciones en los próximos días.

A la salida de la diligencia, Mirtha Vásquez, abogada de la campesina, lamentó que el tribunal prolongue la incertidumbre de la familia y aseguró que la sala pudo notificar con anticipación sobre la postergación de la lectura de sentencia.

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“Esperamos que la próxima vez se emita la sentencia porque esto genera mucho desgaste emocional para Máxima y su familia. Ellos tienen que trasladarse desde muy lejos y les resulta un viaje muy costoso, ya que su hija, esposo y yerno fueron también están implicado en todo este proceso”, agregó.

Por su parte, Máxima Acuña aseguró a los periodistas que solo espera "justicia, y nada más". Escuetamente reiteró que no puede tener tranquilidad ya que la empresa sigue enviando a sus trabajadores para hostigarla y provocarla.

A su turno, Christian Schroder, Director Regional Legal de Yanacocha, insistió en que la minera solo busca entablar un diálogo con la familia desde hace dos años.

El funcionario minero aseguró a RED MUQUI, que pese a los procesos –civil y penal- que la empresa lleva contra la familia campesina, si están dispuestos a seguir promoviendo el diálogo, e incluso llegar a un acuerdo extrajudicial.

Finalidad de casación

Por medio de este recurso de casación presentado a esta máxima instancia, la minera pretende que se declare nulo el fallo que declaraba inocente a Acuña, y su familia, por la presunta comisión del delito de usurpación del terreno. Precisamente, ese fue el histórico proceso que la ganadora del premio Goldman ganó a Yanacocha ante la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, en segunda instancia.

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De esta manera se reabriría el juicio –en primera instancia- que en agosto de 2014 condenaba a Máxima, su esposo Jaime, su hija Ysidora y su yerno Elías a dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad (suspendida) y al pago de una reparación de S/.5,500.

Para Mirtha Vásquez, esta casación "es solo un recurso extraordinario donde Yanacocha intenta que se interprete la ley como a ellos les conviene".

“Si la casación sale a favor nuestro, este caso por fin quedaría cerrado. En la sala de Cajamarca lo que se dijo es que no se pudo probar que hubo ‘violencia’, que es el primer elemento para la configuración del delito de usurpación agravada”, explicó

DATOS:

  • El proyecto Conga, tiene una inversión prevista de 4.800 millones de dólares.
  • Para llevarlo a cabo se contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para verter los residuos tóxicos.
  • Yanacocha compró entre 1996 y 1997 tierras para su proyecto minero Conga a la comunidad campesina de Sorocucho, donde se encuentra Tragadero Grande, la propiedad en disputa con los Chaupe Acuña.
  • La familia alega que poseen dichos terrenos desde 1994 por medio de un certificado de posesión. Yanacocha argumenta que dicho documento no es un título de propiedad.
  • El proyecto se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos.

Fuente: RED MUQUI / EFE / Semana Económica

Fotos y videos: RED MUQUI

ANTE CORTE SUPREMA

  • Minera pidió anular fallo que impide desalojar campesina Máxima Acuña

La empresa minera Yanacocha intentó convencer a la Corte Suprema de Justicia, de que Máxima Acuña y su familia cometió delito de usurpación agravada, luego de mostrar una foto captada desde una satélite, que presentó como nuevo elemento probatorio.

Con esta supuesta prueba, el abogado de Yanacocha, Eduardo Alcocer, intentó demostrar que el terreno en litigio le pertenecía a Yanacocha desde antes que llegara Acuña y su familia al lugar.

Durante la audiencia, Alcocer reiteró que los Chaupe Acuña a Tragadero Grande, de manera violenta, golpeando a policías y vigilantes privados, y así lograr apoderarse del terreno.

En respuesta, Walter Gutiérrez Roque, abogado de los campesinos, desestimó las pruebas presentadas por la minera, debido a que carece de "fuerza probatoria" y porque además no fue incluida al inicio del proceso que duró entre el año 2011 y 2014.

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Gutiérrez explicó que se pueden presentar nuevas pruebas durante el proceso, pero hay que demostrar que recién se ha tenido acceso a ellas. Según dijo, Yanacocha no ha podido hacerlo.

“La empresa no ha mostrado ningún argumento fuerte. Yanacocha aduce que durante el proceso (2011-2014) no se recusó a un juez que aparentemente tenía vínculo con rondas campesinas, y tampoco se les había aceptado otros elementos de prueba”, comentó Gutiérrez a RED MUQUI, al término de la diligencia.

Mecánica del proceso

En esta audiencia convocada por la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, Yanacocha hizo una exposición oral de la casación que había formulado. Por su lado, la defensa de los Chaupe Acuña debía rebatir lo argumentado por la minera.

“Hubiera sido importante que la señora Máxima esté en la audiencia y sea escuchada, porque el trámite casatorio indica que después que abogados dan cuenta de un informe, la parte afectada tiene oportunidad de hablar”, comentó el letrado.

Porqué se admitió la casación

La casación es factible como recurso extraordinario con el fin de que la Corte Suprema pueda observar las sentencias previas.

“Hemos solicitado que se confirme la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, y que la casación sea declarada infundada e improcedente”, informó Gutiérrez.

La intención de la minera es que la Sala Penal Permanente declare nulo un fallo dictado en segunda instancia que declaraba inocente a Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación del terreno, y que más bien prevalezca la sentencia en primera instancia, donde fueron declarados culpables.

La defensa insistió que Corte Suprema vea que el tipo penal no se ha cumplido, ya que no ha habido violencia por parte de la familia, porque el predio siempre ha estado en posesión de la señora Máxima. “Lo que se tiene es solo el ejercicio normal de la posesión por parte de ella”, dijo Gutiérrez.

En esta oportunidad, la sala, presidida el juez supremo Josué Pariona en reemplazo de Javier Villa Stein, quien renunció al cargo hace unos días.

Ahora la Corte Suprema en lo Penal, debe emitir una resolución de casación que da por finalizado el trámite casasorio. La decisión de la Sala se conocerá este 12 de abril desde las 8:30 de la mañana.

Nuevo precedente

En opinión del abogado Walter Gutiérrez, en este caso la causal es generar doctrina jurisprudencial.

“Se podría sentar un precedente respecto al delito que se le está imputando a Máxima Acuña. La usurpación agravada necesitaba antes de alguien que para que uno usurpe, además de desposeer e ingresar directamente, también tendría que haberse demostrado que ejerció violencia. Que es lo que no hubo en este caso”, explicó a RED MUQUI.

Es decir, que, a partir de este caso la doctrina va a indicar que para que exista usurpación agravada debe cumplirse todos estos factores en un mismo momento, incluso violencia.

“De salir favorable la sentencia, podríamos revertir muchas otras correspondientes a otros procesos que mantiene la familia”, señaló.

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DATOS:

Máxima Acuña, su familia y su abogada Mirtha Vásquez, no pudieron estar presentes en la audiencia, debido a que no pudieron abordar el avión que los iba a traer a Lima. La aerolínea tomó esta determinación debido al mal tiempo y a las lluvias al norte del país.

Mientras se desarrollaba la audiencia, hubo un plantón de solidaridad a las afueras del Palacio de Justicia por parte de Fenmucarinap, Amnistía, CNDDHH, DEMUS y RED MUQUI.

Fuente: RED MUQUI / EFE

Fotos: Wayka / RED MUQUI

ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

  • Empresa presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y este miércoles se revisará en audiencia
  • Sala que aun preside Javier Villa Stein verá el caso
  • Este proceso Yanacocha denunció por usurpación agravada a casi toda la familia Chaupe Acuña

Este miércoles 15 de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia que –en última instancia– declaró inocente a la familia Chaupe Acuña del delito de usurpación agravada, y otros cargos formulados por la empresa minera Yanacocha.

En este proceso penal, que duró entre el año 2011 y 2014, fueron incluidos: Máxima Acuña; Jaime Chaupe, su esposo; Isidora Chaupe, su hija, y Elías Chávez, su yerno. Es por ello, que la ganadora del premio Goldman 2016 y toda su familia, acudirán a esta audiencia programada en la sede de la corte suprema en Lima.

En la sala penal, que aun preside Javier Villa Stein, se discutirán los argumentos de la empresa que buscan anular la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca (17 de diciembre del 2014), y reabrir el proceso con el fin de volver a juzgar a la familia bajo pena de cárcel efectiva.

Precisamente, esta fue la sentencia histórica que permitió a Máxima y a su familia permanecer en su predio al no haber pruebas concretas de la usurpación que denunciaba Yanacocha.

Pese a que la Sala Penal de apelaciones fue la última instancia para este caso y sus sentencias no se pueden apelar, la empresa Yanacocha y abogados, presentaron un recurso extraordinario, denominado “Casación”.

Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña y su familia, explicó que este recurso está prescrito en la ley y solo procede excepcionalmente, por causales específicas.

“Con esta casación no se puede volver a juzgar el caso (los hechos), pero sí se puede revisar que la sentencia haya sido dada conforme a ley, y que las normas se hayan interpretado de manera correcta”, puntualizó la letrada.

Asimismo, la defensora legal de Máxima Acuña, precisó que la sentencia dada en la segunda instancia (Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca) es absolutamente clara y no existe ninguna contradicción o vacío de ley.

“La empresa minera ha logrado que su recurso de Casación sea admitido, argumentando que se debe interpretar en otro sentido la norma que regula el proceso de usurpación. Ahora la Sala Penal de la Corte Suprema, señala en su resolución que es importante revisar el caso para sentar “criterios jurisprudenciales””, especificó.

Cabe recordar que la familia campesina y la minera estuvieron inmersos en un juicio que duró casi cuatro años (2011 al 2014), y en el que la empresa siempre argumentó que los Chaupe Acuña nunca vivió allí. Yanacocha adujo que el 9 de agosto de 2011 invadieron la propiedad violentamente, incluso “golpeando una veintena de policías”. 

Sin embargo, la familia asegura que fue en ese año (2011) que la empresa llegó hasta su predio Por su parte la familia, argumentaba que fue Yanacocha la que llegó hasta el predio y pretendió desalojarlos violentamente, agrediéndolos y destruyéndoles lo poco que tenían.  

Máxima junto a su familia, lejos de irse, se quedó en el predio y desde ese momento –hasta la fecha- es que resiste las constantes hostilizaciones e irrupciones de Yanacocha y su personal de seguridad privada cada cierto tiempo.

El 17 de diciembre del 2014 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, declaró absuelta a la familia de todos los cargos que la empresa les imputaba, en tanto no existían medios de prueba que acreditaban lo argumentado por la empresa.

Plantón de solidaridad

Desde las 8:00 horas del 15 de marzo, diversos colectivos, organizaciones de la Sociedad Civil y personas que se solidarizan con Máxima Acuña y su familia, han convocado a un plantón frente al Palacio de Justicia, lugar donde se ubica la Sala Penal Permanente. La audiencia está programada para las 8:30 de la mañana.

DATO:

  • Yanacocha y la familia campesina, se disputan desde hace años un terreno de no más de 25 Has., ubicado a 4000 metros de altura, y que sería parte del Proyecto minero Conga.

Foto: Chungo y Batann

POR USURPACIÓN AGRAVADA

  • Investigación preliminar culminó el 17 de febrero
  • Fiscal tomó como elementos probatorios vídeos registrados por el propio personal de Yanacocha

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Celendín (Cajamarca) notificó que su despacho fiscal decidió “Formalizar Investigación Preparatoria” contra la empresa minera Yanacocha por Usurpación Agravada en agravio de Máxima Acuña Atalaya y su familia. Así lo confirmó Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña.

Esto se debe a que la Fiscalía, a cargo del Dr. Marco Terán Arribasplata, determinó que que miembros de seguridad de la empresa minera sí ingresaron al predio que ocupa la denunciante los días 18 de setiembre y 4 de octubre del año pasado.

La defensora legal de la familia indicó que, si bien, los ataques son constantes desde el año 2014, en las fechas señaladas han ocurridos los ingresos “más violentos”. En ambas oportunidades, la empresa no solo destruyó los cultivos de papa y parte de la choza familiar, sino que se enfrentaron directamente a Máxima Acuña y a su esposo Jaime que se encontraban solos en el lugar.

“Luego de que la familia denunciara estos hechos (ocurridos en setiembre y octubre de 2016) se inició una investigación fiscal que ha concluido el 17 de febrero último, y que ha tenido como resultado esta disposición fiscal que encuentra indicios razonables para formalizar esta denuncia”, señaló a través de su cuenta personal en Facebook.

Vásquez recordó que, desde el año 2014, la Familia Chaupe Acuña viene sufriendo una serie de agresiones por parte de la empresa minera Yanacocha, quien de manera recurrente ha venido ingresando al predio ocupado por esta familia, aduciendo que estas acciones serían “defensas posesorias permitidas por ley”.

La abogada recordó que algunas de las denuncias han sido archivadas y otras se encuentran en curso. En cuanto a la decisión del Fiscal Terán, la letrada manifestó que el argumento de la defensa posesoria no tiene razón de ser. 

"Defensa posesoria sería una actuación inmediata cuando detectas que alguien te quiere invadir, pero la que posee ese terreno es la familia y no la empresa. Entonces, ¿cómo la empresa puede verse amenazada de que alguien la invada si no posee el terreno? Además, ese terreno está en litigio y mientras lo esté se protege a la parte que está en posesión de ese terreno", expresó.  

Por el momento, el representante del Ministerio Público en Celendín (Cajamarca) señala que existen indicios de que Yanacocha cometió el delito de usurparción. En base a ello, el fiscal Terán ha decidido que debe iniciar una investigación preparatoria, que luego de realizarse tendría dos desenlaces: que se formalice la acusación o se archive el caso.

“Este es el primer caso en que un Fiscal resuelve seriamente el tema, valorando las pruebas y dando argumentos contundentes sobre la existencia de indicios de delitos, dando luz verde a la investigación”, resaltó Vásquez Chuquilin.

En esta etapa, el Fiscal ha creído conveniente realizar una investigación más profunda, tras culminar la preliminar (el 17 de febrero), sin embargo, aún no se ha formalizado una denuncia penal contra la minera.

La abogada de la ganadora de los premios Goldman, dijo que los agraviados esperan que en este proceso se desenvuelva de la manera más objetiva y sobre todo con celeridad para evitar que la empresa los siga agrediendo y justificando esta conducta abusiva y violenta en una figura legal como la defensa posesoria.

Llegar a un predio ocupado por una persona o familia, destruir e irse, de ninguna manera puede convalidarse como defensa posesoria; ahora, con este caso, está en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial sentar precedente, diferenciar la figura de defensa posesoria e impedir que sea utilizada para generar abusos y delitos”, agregó la defensora legal de la familia campesina.

Los funcionarios de Yanacocha denunciados son los siguientes: Raúl Farfán Amat y León, director de asuntos externos; Gilberto Bazán Hernández, jefe del área de Tierras, Carlos Martos Chávarry, especialista de seguridad, Jean Carlo Serván Delgado, gerente legal, y Julio Feliz Herrán García, jefe de seguridad de dicha empresa.

Foto: Ojo Público

Fuentes: Facebook Mirtha Vásquez / La Mula / RPP

  • Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
  • Indicó que de los defensores ambientales asesinados este año, 40% son indígenas

La relatora especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz refirió que las últimas agresiones contra Máxima Acuña, por la seguridad privada contratada por Yanacocha, corresponde a una técnica utilizada para amedrentar a los indígenas, similar a la que sufrió Bertha Cáceres en Honduras.

"Es lo mismo que pasó en Honduras, donde los implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron miembros de la seguridad privada de la empresa (constructora), incluyendo algunos militares", apuntó en relación al asesinato de la lideresa indígena ocurrido hace siete meses por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

En ese sentido advirtió que los defensores “carecen de protección porque los que gobiernan tienen más interés en lograr las tierras” y reveló que existen varios países que no tienen leyes que defiendan la postura de los ambientalistas.

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Al mencionar el caso de Perú, la comisionada por la ONU en materia de Pueblos Indígenas, remarcó que "la prioridad de los gobiernos, desde el pasado hasta ahora, ha sido generar crecimiento económico a partir de las industrias extractivas", lo que hace que los líderes indígenas sean una "amenaza para el deseo del Estado de usar las tierras y generar beneficio de interés para las grandes corporaciones mineras".

En reunión con agencias internacionales de prensa en Roma (Italia), Tauli-Corpuz señaló que esas personas "carecen de protección porque los que están en el poder son los que tienen más interés en lograr esas tierras". Asimismo, detalló que hay países que no poseen leyes que defienden los derechos indígenas y otros como Brasil (con empresarios agrícolas en el Parlamento) que sí las tienen, pero no las aplican porque dan prioridad a las que sirven para desarrollar proyectos mineros o hidráulicos.

Es por ello que recomendó que, ante la indefensión de los indígenas, la relatora instó a llevar ante la justicia nacional o internacional los casos de violación de sus derechos. Más aun cuando los indígenas representan alrededor del 40 % de los 137 ambientalistas y defensores de derechos humanos asesinados este año en el mundo.

La minera Yanacocha señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada.

El 4 de octubre último se denunció invasión a la propiedad de la familia Chaupe Acuña. Personal de la minera Yanacocha llegó a las 10 de la mañana y nuevamente destruyó unos cultivos. En esta ocasión, el esposo de Máxima Acuña, Jaime Chaupe se encontraba solo en el lugar.

Ese mismo día, la empresa señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada. También refirieron que Chaupe Lozano conversó con el representante de Asuntos Externos de la mina, Raúl Farfán, en presencia de periodistas, pero hasta el momento no se ha difundido dicho diálogo.

Territorios y derechos: materia de preocupación

El último Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas fue remitido por el Consejo de Derechos Humanos, y es revisado a profundidad en el 71° Período de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su informe que tuvo lugar en Nueva York, y concluyó este 30 de septiembre, afirma que el cierre de la brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y nacional, y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo su principal preocupación.

Tauli-Corpuz alerta de un número alarmante y creciente de casos en los que la inversión extranjera en los sectores de minería, petróleo y gas fue lo que resulta en graves violaciones de la tierra, el autogobierno de los pueblos indígenas y derechos culturales.

Acuerdos internacionales de inversión podrían agravar y exacerbar a los graves impactos de los proyectos de inversión sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La conservación y su impacto en los pueblos indígenas son un tema constante. Es por ello que, en su información, afirma que las zonas protegidas brindan la posibilidad de salvaguardar la diversidad biológica para beneficio de toda la humanidad.

Su texto concluye con recomendaciones sobre la manera en que pueden llevarse a cabo las actividades de conservación, tanto en la esfera normativa como en la práctica, respetando los derechos de los pueblos indígenas y mejorando la conservación sostenible.

El texto de Victoria Tauli, detalla que por zona protegida “se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos de conservación específicos. Las zonas protegidas adoptan modalidades de conservación muy diferentes, entre ellas parques y bosques nacionales, refugios de flora y fauna silvestres, zonas marinas, reservas privadas y reservas administradas por organizaciones no gubernamentales, zonas protegidas de los pueblos indígenas, tierras comunitarias y otras áreas donde la protección de la naturaleza y la práctica de una subsistencia sostenible fomentan la integridad de los ecosistemas”.

Tauli-Corpuz, afirma que los territorios indígenas tradicionales, constituyen 22 por ciento de la superficie del planeta, coinciden con áreas en las que se encuentra 80 por ciento de la diversidad biológica mundial.

DATOS

  • Un relator especial se encarga de presentar informes anuales sobre asuntos específicos o situaciones de especial importancia relativas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
  • También realiza visitas a países y comunica información recibida sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en países específicos.
  • Lleva a cabo actividades en países en seguimiento de las recomendaciones recogidas en sus informes de visita a países.
  • La Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar en 2001 un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, como parte del sistema de procedimientos especiales de la Comisión.

Fuente: EFE verde / Servindi / unsr.vtaulicorpuz.org / RPP Noticias

Fotos: unsr.vtaulicorpuz.org / allevents.in

 

 

  • Por medio de un comunicado expresaron su solidaridad con la campesina y su familia tras última irrupción de minera Yanacocha
  • Medida cautelar de la CIDH que protege a Acuña sigue sin implementarse en el Perú

La comunidad de ganadores del Goldman Prize, publicó el comunicado "Ganadores del premio Goldman se levantan con Máxima", en el que mostraron su solidaridad a Máxima Chaupe y pidieron que el gobierno del Perú tome las medidas necesarias para garantizar la integridad de la vida de Máxima Acuña y su familia, que se ve amenazada por los constantes ataques del personal de seguridad contratado por la empresa minera Yanacocha.

Este documento, fue firmado por 73 activistas de todo el mundo, que fueron galardonados con la Fundación Goldman en los último 25 años (1991-2016).

"Urge que el gobierno peruano garantice la seguridad de Acuña y su familia, incluyendo su derecho a vivir en su tierra. Sus derechos humanos deben ser respetados. Tal como lo indica la Constitución peruana, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, señala el comunicado publicado en la página web de Goldman Prize.

Asimismo, los ganadores del Goldman, apelaron a la última disposición de la Corte Internacional de La Haya sobre compañías, políticos y otros individuos por delitos relacionados "al acaparamiento de tierras y destrucción del ambiente".

De igual modo dirigieron este pronunciamiento a la trasnacional aurífera, Newmont, al ser principal accionista del proyecto minero Conga. Para ello mencionaron que Newmont, en su calidad de integrante del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia (ICMM, siglas en inglés), debe sostener uno de sus diez principios, que consiste en "aplicar prácticas comerciales éticas" para apoyar el desarrollo sostenible.

"Denunciamos cualquier acto de violencia que ha sido llevado a cabo contra la señora Acuña y su familia, y pedimos a Newmont (empresa que conforma la minera Yanacocha) y sus subsidiarios (Buenaventura) retirar inmediatamente sus contratados de seguridad que rodean la propiedad de la señora Acuña. Igualmente, pedimos cesar todo tipo de acoso e intimidación, incluyendo alguna acción legal contra Máxima, la familia Chaupe, u otros miembros de la comunidad", enfatizaron activistas de varios rincones del mundo.

En el documento, los firmantes se mostraron "indignados" por todas acciones perpetradas por la minera Yanacocha, que sigue justificando sus acciones en su derecho a la defensa posesoria, actos que los activistas calificaron como "intento de acoso para forzarla a dejar su casa en Tragadero Grande" con el objetivo "de intentar desarrollar el proyecto Conga".

“Nos levantamos junto con Máxima y su familia en su derecho de defender los páramos y las fuentes de agua de Cajamarca, y de todos los peruanos que sufren los estragos de la minería irresponsable con el medio ambiente y las personas”, manifestaron.

Fuente / Foto: Goldman Evironmental Prize

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que nuevamente, el personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha haya perpetrado una acción de violencia contra Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, el 18 de setiembre último. En un comunicado público dicha empresa reconoce haber ingresado a las tierras de los Chaupe Acuña con el fin de remover “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados“.

2. En un video difundido por la propia empresa Yanacocha, se puede ver como un contingente de alrededor de veinte miembros de seguridad -provistos de escudos y armas disuasivas contundentes- cruzan el cerco perimétrico establecido por la propia empresa minera, que delimita sus tierras, respecto a la propiedad de los Chaupe Acuña.

3. En la grabación se aprecia la fuerza desmedida y desigual que ejerce la seguridad de la empresa minera contra los esfuerzos de Máxima Acuña y su esposo quienes, estando solos, tratan de defender lo que consideran suyo. Como consecuencia la pareja de campesinos termina con severas lesiones, las mismas que han llevado a que ambos sean evaluados y diagnosticados como policontusos. Sobre estos hechos la Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

4. Exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad y con la debida celeridad y transparencia lo sucedido, y denuncie a quienes resultaran responsables.

5. Nos sumamos a la invocación de la Defensoría del Pueblo, y exigimos al Estado peruano que respete sus obligaciones internacionales, cumpliendo con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de Máxima Acuña. El Estado debe brindar las garantías y seguridad necesaria a ella y su familia, para evitar que la empresa minera Yanacocha y la empresa que le brinda servicios de seguridad, sigan ejerciendo actos de violencia en su contra, afectando sus derechos a la integridad personal y a la salud.

6. Hacemos de público conocimiento que la acción prepotente ejercida por la empresa minera y la empresa que le brinda servicios de seguridad es favorecida por la Ley N° 30230, norma que forma parte de los paquetazos normativos aprobados entre el 2013-2015. Esta norma, mediante sus artículos 65, 66 y 67, modificaron el artículo 920 del Código Civil respecto a la defensa extrajudicial de la posesión, de la que hace mención la empresa minera Yanacocha en su comunicado para sustentar su acción violenta.

7. RED MUQUI y GRUFIDES, en su momento, denunciamos el peligro de ésta normativa al indicar que permite la “recuperación rápida e inmediata de la posesión”1, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, permitiendo el uso de la fuerza, o ejerciendo “la justicia por mano propia”. Así ha ocurrido en este caso. Teniendo Máxima Acuña documentos que acreditan la legalidad de su posesión y más aún, encontrándose judicializado el caso, minera Yanacocha ejerce el uso de la fuerza, sin tener ningún tipo de mandato judicial que la ampare.

8. Finalmente, el acto de violencia sufrido por Máxima Acuña y su esposo a través de la aplicación de la “defensa posesoria”, es sólo un ejemplo de las múltiples violaciones de derechos que las normas de los paquetazos normativos (aprobados y promulgados entre el 2013 y el 2015) pueden ocasionar. Por ello demandamos al Poder Legislativo la necesidad de derogar las Leyes N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otras normativas, que consideramos lesivas a los derechos fundamentales, y que solo están generando mayor conflictividad social con su aplicación.

Lima, 19 de setiembre de 2016

 

1. En “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú –Análisis”, 2015. RED MUQUI y GRUFIDES.

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