RED MUQUI, ante la situación de conflictividad social que persiste en el Valle de Tambo en Arequipa, y que se ha extendido a Moquegua, Tacna, Cusco, y otros lugares del país, y frente a las recientes decisiones asumidas por el gobierno y la postura de los gremios empresariales, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  1. El Estado necesita fortalecer, priorizar y ejercer su rol protector de la persona humana y de su dignidad ante cualquier decisión que requiera tomar.
  2. Consideramos que las inversiones son importantes para la economía del país, pero deben darse o promoverse en el marco del respeto de los derechos humanos. Los últimos gobiernos, acogiendo el discurso de los sectores empresariales, han buscado incrementar las inversiones, en particular para las actividades extractivas, y en especial en minería, con marcos normativos y políticas que sacrifican la regulación de protección del ambiente y los derechos de las personas bajo una justificación de “simplificación administrativa” o de “reducción de la tramitología”.
  3. Estos “paquetazos” normativos debilitaron los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre otras cosas, facilitando su modificación por Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) cuyo plazo de aprobación es de tan solo 15 días. También se debilitó la fiscalización ambiental al limitar la función sancionadora de OEFA durante tres años.
  4. Nos preocupa que las presiones de los gremios empresariales sigan incidiendo en las decisiones que se toman en diversas instancias del gobierno nacional, y ello evite que el Estado asuma su rol garante de derechos frente a situaciones que pueden generar conflictividad social. El Estado no puede reducir su rol a ser sólo “mediador”.
  5. El caso del proyecto minero Tía María nos plantea la necesidad de contar con un Estado que recupere su rol constitucional, garante de derechos como prioritario; y desde esa perspectiva revise sus decisiones en marcos normativos y políticas públicas sobre temas ambientales, sociales y de criminalización de la protesta, que hoy en día facilitan las actividades extractivas en desmedro de derechos fundamentales de las poblaciones y comunidades de las zonas de influencia de los proyectos, propiciando mayor conflictividad social.
  6. En ese sentido, es necesario comprender que las protestas que hoy se extienden a nivel nacional son legítimas, porque las poblaciones y comunidades lo único que hacen es defender sus territorios y bienes comunes; en particular, exigiendo se respeten sus modos de vida y sus actividades económicas ancestrales. Se trata de poblaciones que subsisten sin mayor apoyo de un Estado, que, en vez de despreciar sus actividades como la agricultura, la ganadería, la artesanía, y el turismo sostenible; o ponerlas en riesgo, debiera apoyarlas para que mejoren sus condiciones de existencia. Este apoyo es una exigencia porque es el Estado el responsable de que todos y todas lleven una vida con dignidad y justicia en el país.

Lima, 15 de agosto de 2019     

RED MUQUI es un colectivo nacional que se conformó en octubre del año 2003 en una coyuntura particularmente especial, luego de culminado abruptamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori por los hechos de corrupción que fueron públicos, del breve gobierno de transición de Valentín Paniagua y recién iniciado el gobierno de Alejandro Toledo.

En esa época se avizoraba una creciente conflictividad social vinculada con el crecimiento desmedido de las actividades extractivas, en especial la actividad minera, en la que se centraba nuevamente la dependencia de nuestra economía. Casos como la consulta vecinal realizada en Tambogrande (Piura) en el año 2002, donde el 98% de su población votó por la no realización de actividad minera en sus tierras, y la terrible contaminación producida en La Oroya (Junín), a sólo cinco horas de Lima, donde más del 90% de los niños tenía intoxicación por plomo producido por la actividad minero-metalúrgica, lo que la colocaba luego, entre las cinco ciudades más contaminadas del mundo, impulsaron a un conjunto de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, a unirse en un solo esfuerzo por el acompañamiento de casos y propuestas, así nació la RED MUQUI.

Desde RED MUQUI, nuestras 29 instituciones miembro a nivel nacional de 11 regiones del país, avizoramos juntos, el logro de un Perú donde pueblos y comunidades disfruten plenamente del acceso a sus territorios y recursos naturales, donde ejerzan sus derechos individuales y colectivos con criterios de justicia social y ambiental nacionales e internacionales, y donde puedan ejercer sus modos de vida que se cimientan en la sostenibilidad y el Buen Vivir. Pero pese a nuestros llamados y propuestas, los retrocesos en los últimos años son evidentes, y borran los avances que se habían logrado, remontándonos a la misma situación que vivimos en la época del gobierno de Fujimori.  

La coyuntura actual de crisis que vive el país, con el presidente Kuczynski salvado de la vacancia, a partir de tratos con la bancada fujimorista, nos remonta a recordar el por qué se conformó la RED MUQUI y plantear nuestra posición sobre la situación que atravesamos:  

Recordamos que los problemas de flexibilización de marcos ambientales y de acceso a las tierras comunales se inician justamente con el gran paquetazo de decretos legislativos producido con el autogolpe del gobierno de Fujimori el año 1992, cuando con el D. Leg. 757, Ley Marco de la Inversión Privada, se deroga en gran medida el D. Leg. 613, Código del Medio Ambiente, con menos de dos años de vigencia, que era un Código de avanzada y ejemplo para América Latina, evitando medidas de protección y conservación, para facilitar las inversiones “a cualquier costo”. Asimismo, la nueva Constitución del año 1993, dictada por el gobierno de Fujimori, elimina las garantías de “inembargables e inalienables” de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, para sólo dejar la de “imprescriptibles”, previendo sólo una perspectiva económica de su uso para el acceso a los créditos y la posibilidad de su embargo, sin considerar la relación social, cultural, religiosa que las comunidades tienen con sus tierras y sus recursos naturales.

Ese mismo escenario de involución legal, sin vivir la misma coyuntura económica y política que se vivió a inicios de los años 90, es el que sufrimos hoy, y es que en realidad pese a las votaciones cada 5 años, no vivimos una auténtica democracia.

Los hechos recientemente conocidos sobre los negocios realizados por empresas del Presidente de la República cuando ostentaba cargos públicos en anteriores gobiernos, evidencian las continuas denuncias de “puertas giratorias” que desde Red Muqui hemos realizado, donde los operadores del sector privado pasan al sector público, facilitando normas, contratos y proyectos, y luego regresan al sector privado promovidos a nuevos cargos por la información privilegiada que tienen, o por las facilidades que han prestado a las empresas durante la gestión pública que asumieron. Lo más grave es que éstas personas asumen como normales éstas prácticas, sin asumir responsabilidades por su accionar.      

Nuestros últimos gobiernos, desde el gobierno del condenado ex presidente Fujimori, pasando por Toledo, García, el propio Humala, pero en especial el actual presidente Kuczynski, estuvieron o fueron cooptados por el poder económico, para flexibilizar aún más las normativas y políticas públicas que ya se habían sido flexibilizadas desde el gobierno fujimorista, en diversos ámbitos, facilitando las actividades extractivas, fundamentalmente la actividad minera, eliminando las garantías para las tierras y derechos de nuestras comunidades campesinas y nativas, eliminando las regulaciones ambientales, con los paquetazos normativos y los decretos legislativos emitidos con las facultades brindadas por el actual Congreso de la República, en favor de las empresas.

Nos preocupa desde RED MUQUI que ésta situación de indiferencia de nuestros gobernantes, por una economía que tenga como centro a la persona, su dignidad, participación, seguridad y el bien común, y que más bien prioriza favorecer al poder económico, dejando de lado a la mayoría de peruanas y peruanos, genere situaciones de violencia, que ya se están promoviendo con la represión policial y procesos de criminalización de la protesta social, que se han seguido ejerciendo durante este gobierno, con las declaraciones de estado de emergencia en lugares donde las poblaciones han realizado protestas pacíficas y justas por actividades mineras que no cumplen estándares ambientales y sociales, y se agudicen ahora por las nefastas decisiones políticas del actual gobierno, como la del reciente indulto al condenado ex presidente Fujimori.  

La situación actual de crisis que vivimos, evidencia que en materia económica, independientemente de las luchas por parcelas de poder entre el poder ejecutivo y el legislativo, en realidad lo que ha habido desde el inicio del mandato del presidente Kuczynski es un cogobierno con el Fujimorismo, que luego ha incluido acuerdos de impunidad y solapamiento de la corrupción, y que la actual decisión de otorgar el indulto al condenado por delitos contra los derechos humanos, ex presidente Fujimori, simplemente lo confirma. 

Finalmente, nuestros gobernantes en el poder ejecutivo y legislativo deben asumir sus responsabilidades, y dar los pasos que correspondan para que haya autoridades que con independencia y dejando de lado lazos con intereses económicos, tomen decisiones en favor de todas/os los peruanos, no como ha sucedido hasta la fecha.

Lima, 28 de diciembre de 2018

muguiro

Por: Paco Muguiro Ibarra S.J.

Acabamos de tener elecciones generales para conceder el poder a nuestro presidente y congresistas por cinco años. Se suele decir, cuando las elecciones se han desarrollado normalmente, que ha sido una fiesta democrática, pero además en la historia del Perú es la primera vez que podemos celebrar el haber tenido cinco elecciones democráticas ininterrumpidas: Fujimori, Toledo, Alan, Humala y Pedro Pablo Kuczynski. No es poco y esperemos que esta racha siga en adelante. Pero nos podemos preguntar qué tanto somos democráticamente.

En el Latinobarómetro( El Comercio 3 de Septiembre, 2016) ante la pregunta: Prefiere un régimen democrático o autoritario? el 54% dice que democrático, el 15% autoritario, pero lo malo es que el 23% es indiferente. Así que entre los que lo prefieren autoritario y los que les da lo mismo suman 38% , que nos parece una barbaridad. Por eso los ataques al fujimorismo como sistema autoritario y poco democrático no hacen mella en el 38% de los ciudadanos y ciudadanas. Pero qué quiere decir esto? que a ese 38% no les llegan los beneficios de la democracia. Impresionante, que de cada 100 peruanos/as a 38 les da igual, o lo que es peor, de esos 38, 15 prefieren que su gobierno sea autoritario.

La democracia hace referencia a Derechos, y al poder que tiene el pueblo con el voto al transferírselo a las autoridades para que gobiernen en su nombre. Hay derechos adquiridos con la democracia que no son abolidos con los regímenes autoritarios, por ejemplo el derecho a la educación, a la salud y otros, y que siguen desarrollándose normalmente en cualquiera de los dos sistemas. Pero qué pasa con esos 38 que no le ven nada bueno a la democracia? L a respuesta está en la siguiente pregunta: no me importa si un gobierno es no democrático si resuelve los problemas? En el Perú el 39% dice que no le importa, pero además estamos bien con respecto a Latinoamérica cuyo promedio es 47% . Así que de cada 100 latinoamericanos a 47 no les importa un gobierno autoritario si es eficiente.

En el Perú al 2015 había una tasa de pobreza del 22.7% y dentro de esta una de pobreza extrema de 4.5%. Esto quiere decir que están a un nivel de satisfacción de necesidades básicas que no les puede importar mucho otro tipo de necesidades no tan básicas, que puede traer un sistema u otro. A lo que aspiran es a que estas necesidades básicas sean resueltas eficazmente. Es lo que hacía Fujimori cuando recorría el Perú y entonces había una pobreza del 35%, respondía a la necesidad de agua potable instalando un depósito de agua en un pueblo, y a la necesidad de una escuela en otro y de inmediato, y eso lo hizo durante 10 años. Los pueblos no se preguntaban con qué recursos lo hacía, y como los conseguía, y mucho menos cuestionaban que con ese sistema de administrar los recursos del Estado, le podía dar Vladimiro Montesinos 50.000$ para la educación de sus hijos en EEUU varias veces al año.

Tenemos que reconocer que la Democracia en nuestros países no es tan eficaz ni eficiente como debiera ser, entre otras cosas porque las instituciones de Estado no son ni eficaces ni eficientes. Podemos tener recursos, como ha sido en estos años de crecimiento, pero si el Ministerio de Educación o de Salud o del Interior no son gestionados eficazmente sus servicios llegan mal y tarde a los ciudadanos/as. Las instituciones estatales son como los canales, los brazos por los que me llegan a mí los beneficios de la democracia, pero si no sabemos gestionarlas, aun con recursos, la democracia no nos llega. De ahí que haya un 40% de peruanos/as que se encuentren a gusto si les resuelven los problemas aunque sea el gobierno sea autoritario. Por tanto sin descuidar los Derechos Políticos y civiles, habría que hacer más incapié en los derechos económicos y sociales. En la cuestión de la seguridad ciudadana y la alternativa del Escuadrón de la muerte" ya no es con los estratos pobres, que no les afecta mucho, sino con la clases medias y altas.

Según "Hildebrant en sus 13" de Agosto las contestaciones de los encuestados sobre el tema son terribles: "Quizás sea buena la idea de apoyar a ese escuadrón" ; " Si son delincuentes, están bien muertos"; "con acciones sangrientas van a parar" y así 8 testimonios más. Solo una persona dice: " No estoy de acuerdo de entrar en la ley de la jungla". Así que la democracia que pedimos es que mejoren las instituciones de Estado y nos lleguen sus servicios a tiempo y con calidad.

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