EN AUDIENCIA DE ARGENTINA

  • Comisionados de la CIDH pidieron que se revisen convenios que Policía mantiene con mineras y Sociedad Civil pidió que se hagan públicos
  • Estado insiste que solo existen 10 convenios y no 114 como informa la PNP

Comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendaron al Perú que la manera de controlar el orden interno en contexto de protesta social no sea una cláusula de los convenios que la Policía Nacional mantiene con empresas mineras.

De igual manera, indicaron que es necesario revisar estos acuerdos contractuales y reparar en posibles violaciones a los derechos humanos de las personas que se levantan cuando se ven afectados por las actividades mineras.

“La idea una privatización de la Policía es un problema porque cuando se hacen contratos con empresas privadas no hay garantía de respeto a los derechos humanos y los casos de violaciones de derechos humanos involucran históricamente a las acciones de la policía del Estado”, señaló Paulo Vannuchi.

“Estos convenios son una cuestión para que se dé un conflicto, porque la policía está trabajando para una empresa y tienen que proteger los intereses de la empresa en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces hay que examinarlos y eliminarlos”, aseveró Margarette May Macaulay.

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Defensa desde la Sociedad Civil

Momentos antes, Maritza Quispe, abogada de Instituto de Defensa Legal (IDL) informó que según un informe emitido por la propia Policía Nacional del Perú (PNP), existen 112 convenios firmados entre empresas mineras y la policía.

“Las empresas mineras establecen cómo es que los efectivos policiales van a combatir la protesta social. También deciden sobre la designación de policías según requerimiento y necesidad de las mineras. Mientras tanto en el Perú existe un déficit de efectivos policiales para garantizar la seguridad ciudadana”, sostuvo.

Ante ello, la comisionada Esmeralda de Troitiño sugirió que “los acuerdos que existan tienen que ser revisados, porque para combatir una protesta social y preservar el orden público no se requiere el espacio de un convenio con una empresa privada, creo que eso debe separarse”.

Tras mencionar que estos acuerdos son firmados con empresas que mantienen un alto grado de conflictividad en sus zonas de influencia (Yanacocha, Glencore, Antapaccay y Hudbay), agregó que en estos convenios se concreta el pago a los efectivos policiales, transporte, dotación de vestimenta, alimentación, y, sobre todo, un porcentaje de dinero que va a la propia institución policial. “Es evidente que estos convenios no son gratuitos”, aseveró.

Por su parte, Ana María Vidal, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recordó que las suscripciones de acuerdos contractuales “PNP-mineras”, empezaron en el gobierno de Fujimori y se han mantenido a lo largo de estos últimos gobiernos. “Todo ello con el fin de que sirvan a las empresas como seguridad privada”, remarcó.

Estado insiste en que solo hay 10 convenios

La respuesta del Estado no se hizo esperar. El Procurador Adjunto Supranacional, Iván Bazán, aseguró que el Ministerio del Interior solo da cuenta de la existencia de 10 convenios vigentes entre mineras y PNP. Y que de estos 10, solamente uno está vigente que es de Las Bambas y cuya suscripción expira en agosto de este año.

“La cifra de más de un centenar de convenios posiblemente ha sido anterior. Los convenios no son tan numerosos, se tratan de algunos específicos. El hecho de que haya un convenio (con una empresa minera) no subordina a la PNP. Así que no se trata de una privatización sin límite de la Policía, no existe tal situación”, insistió.

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En ese sentido, el representante del Estado peruano argumentó que ley que regula a la PNP –hasta el año 2016- permitía que la Policía suscriba convenios con diversas entidades, públicas o privadas. Y que ahora con la nueva regulación –a través de un decreto legislativo- se mantiene la misma norma, con la salvaguarda de que es el MININTER el que ahora aprueba estos convenios con mineras.

Sobre los estados de emergencia

En otro momento, Ana María Vidal de la CNDDHH explicó a los comisionados de la CIDH, que, en los estados de emergencia, el Estado peruano no cumple en proteger otros derechos como la vida y la integridad. Esta medida es extraordinaria y siempre que se aplique, el Estado debe informar a la OEA, algo que -según dijo- no se cumple.

“Otro mecanismo es la creación de los estados de emergencia “preventivos”, tenemos el caso de Chumbivilcas y Espinar (Cusco), que en el 2015 estuvieron en estado de emergencia por el conflicto que sucedía en Apurímac, es decir en otra región”, relató durante la audiencia.

Vidal también advirtió sobre el accionar y la entrada de las Fuerzas Armadas en protestas sociales, incluso en lugares donde no se ha decretado el estado de emergencia tal como permite el decreto legislativo N°1095.

“Estas medidas de emergencia son bastante acotadas cuando hay una eventual crisis del orden público. Y hay una evaluación del Poder Ejecutivo respetando los requisitos previstos en la convención para reestablecer el orden público sin ocasionar daños a las personas, como a la propiedad pública y privada”, rebatió el Procurador Bazán, que además aseguró que Perú es el único país que informa periódicamente, a la OEA sobre los estados de emergencia que se decretan.

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Defensores y su criminalización

Milton Sánchez de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) comentó que, a la fecha hay 120 personas denunciadas y 300 procesadas por el proyecto Conga (Cajamarca). “Vivimos en una situación de permanente vulnerabilidad por habernos juntado para proteger nuestras aguas y ríos de quienes vienen a realizar minería”, relató.

Sánchez manifestó que en el caso de Conga (Cajamarca) mataron a cinco peruanos y la investigación por estas muertes se encuentra archivada, mientras que 300 personas que estuvieron en el conflicto han sabido recibir acusaciones para condenarlos hasta por 36 años de cárcel.

“Lo que sienten los defensores frente a la institucionalidad del Estado porque hay tendencia a la persecución e intimidación y criminalizar. Es por ello que la Sociedad Civil no pide tan solo un mecanismo, sino una política pública para su protección. Política que hasta ahora el Estado no elabora”, lamentó Ana María Vidal de la CNDDHH.

Entre otros ejemplos de criminalización, la abogada se refirió al caso de Espinar (Cusco) en donde la investigación por la muerte de tres civiles se encuentra archivada, mientras que los procesos contra líderes y pobladores sigue por más de 5 años y con penas privativas de hasta 10 años.

“Como resultado se les sigue un proceso penal a los manifestantes por tenencia ilegal de armas y disturbios. Por supuesto, no existe ningún proceso en contra de los policías”, comparó.

Políticas extractivas a la orden

Juliana Bravo de Earthrights Internacional, resaltó la importancia de que la CIDH conozca la grave situación de los derechos humanos que se vive en el Perú como consecuencia de la implementación y desarrollo de una política económica extractivista que desconoce los principios fundamentales de un Estado de derecho democrático.

“Este modelo extractivista en el Perú ha implicado la concesión desmedida del territorio nacional, la adopción de una política encaminada a favorecer y fortalecer la explotación de recursos naturales por parte de empresas privadas (nacionales e internacionales), y que hoy una de las principales fuentes de violaciones a los derechos humanos sean al incursión y desarrollo de proyectos extractivos”, expresó.

Detalló que la política extractivista del Perú. atenta contra múltiples derechos como: el derecho a la vida, al agua, al medio ambiente sano, a la autodeterminación del desarrollo, a la consulta libre e informada, a la vivienda frente a desalojos mineros.

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DATOS EMITIDOS EN LA AUDIENCIA

  • En el 2016, la Comisión Nacional de Juristas (CAJ) señaló que el Perú es el segundo país América Latina con mayor concentración de inversiones mineras en el mundo.
  • En los últimos cuatro gobiernos democráticos del Perú, hubo 152 civiles muertos por uso abusivo de la fuerza pública, el 60% falleció durante las movilizaciones para reivindicación de derechos en zonas de influencia de proyectos extractivos.
  • Apenas un solo caso ha recibido sentencia, los demás se encuentran impunes desde hace 16 años. Ocurre lo contrario con los procesos penales que se les abre a los dirigentes sociales y a los pobladores que ejercen su derecho a la protesta.
  • La CNDDHH ha contabilizado más de 1950 heridos en conflictos sociales, de los cuales el Estado no se ha hecho cargo hasta el momento.
  • En donde se pretendía desarrollar el proyecto minero Conga, nacen cinco ríos, hay 700 manantiales de agua, captaciones de agua para el consumo humano y riego.
  • Conga pretende destruir lagunas para extraer oro, cobre y plata, sino también depositar sustancias tóxicas 96 mil toneladas de relaves mineros todos los días durante 17 años.

Fuente: CIDH 162 Audiencia / CNDDHH

Fotos: GRUFIDES/ CIDH / DEMUS

EN NOVIEMBRE SE REALIZA EPU

  • Normativas para reactivar economía y su afectación a territorios indígenas es el principal problema expuesto por Sociedad Civil

La Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene programado evaluar la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en el Perú para el mes de noviembre, a través del Examen Periódico Universal (EPU) que su Consejo de DDHH realiza cada 5 años, a cada uno de los 193 de sus Estados miembro.

Durante el próximo periodo de sesiones (6 al 17 de noviembre próximo, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra), y siguiendo la metodología establecida, representantes de Japón, Venezuela y Portugal evaluarán al Estado peruano sobre los avances en la protección de los derechos humanos y se buscará respuestas ante las vulneraciones que se presenten.

Es así que, cada año, 42 Estados son revisados durante 3 sesiones del Grupo de Trabajo dedicadas. Estas se celebran normalmente en los periodos enero/febrero, mayo/junio y octubre/noviembre.

El resultado de cada revisión es reflejado en un "informe final" en el que se emiten recomendaciones que el Estado examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión.

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Para asegurar la imparcialidad del EPU, no solo revisa la información que entrega el propio Estado en evaluación, sino también se consideran los reportes que pueblos indígenas, instituciones y la sociedad civil entregan acerca de avances y violaciones a derechos humanos en el país.

Es por ello que, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Grupo PPII de la CNDDHH) ha entregado un informe a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de las vulneraciones a los derechos de las poblaciones indígenas en el Perú.

"En último EPU, se saludó la promulgación de la Ley de Consulta y se pidió su ejecución. Precisamente, el informe entregado a Naciones Unidas da cuenta de las debilidades en la que ha caído la implementación de esta Ley, debido a cómo en el Perú se viene privilegiando políticas de promoción económica por encima de los derechos indígenas al territorio, salud, ambiente sano, etc. ", comentó Diego Saavedra, especialista de DAR y coordinador del Grupo PPII de la CNDDHH.

Qué dice la Sociedad Civil esta vez

El informe EPU 2017: Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en el Perú, muestra cómo es que, en estos últimos cuatro años, el Estado peruano ha desplegado un conjunto de políticas que buscan enfrentar la caída de precios de las materias primas que extraen y exportan estas actividades extractivas.

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En ese sentido, da cuenta que la principal afectación de las medidas de ‘reactivación económica’ en la población indígena, se centra en sus territorios, ya que se les impone proyectos sin consulta, o con limitados mecanismos de participación que generan impactos sociales y ambientales muy serios.

Como parte de su metodología en la elaboración de este documento, el Grupo PPII de la CNDDHH –al que pertenece RED MUQUI– se han hecho análisis técnicos a partir de la identificación normativa, que plantean vulneraciones a derechos, normas y políticas.

Asimismo, se especifica a la ONU que este informe es resultado de la información que se ha recogido y construido con las organizaciones indígenas a nivel nacional.

“De acuerdo a las opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado peruano a Naciones Unidas en el año 2012 (Código A/HRC/22/15/Add.1), no existe una referencia específica a compromisos por atender la situación de los pueblos indígenas y las amenazas a sus derechos. Por ello, creemos necesario compartir la siguiente información”, indica el inicio del informe.

Apartados del informe:

  • Situación de los pueblos indígenas
  • Vulneración de la normativa vigente de los derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas
  • Vulneración de derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas por omisión a la titulación de sus tierras indígenas
  • Vulneraciones a la Consulta Previa
  • Normativa de gestión ambiental que afecta derechos colectivos, al territorio y la salud de los pueblos indígenas
  • Vulneraciones a los derechos de las mujeres indígenas

DATO:

  • Tres documentos principales son utilizados para realizar el examen del Estado: Un informe nacional (20 páginas) preparado por el Estado examinado; Una compilación de diez páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que contiene información de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, y agencias de las Naciones Unidas como el PNUD y UNICEF; un resumen preparado por la OACDH que contiene información de la sociedad civil.
  • Este viernes termina el 27° Periodo de Sesiones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en el que las Naciones Unidas viene evaluando a diferentes Estados – entre ellos Ecuador- sobre la situación de los derechos humanos en cada país.

 

Fuente: Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH / DAR

Fotos: Parthenon.pe / /Flickr de la Cancillería del Ecuador / Informe EPU 2017. Vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas en el Perú 

ANTE CORTE SUPREMA

  • Minera pidió anular fallo que impide desalojar campesina Máxima Acuña

La empresa minera Yanacocha intentó convencer a la Corte Suprema de Justicia, de que Máxima Acuña y su familia cometió delito de usurpación agravada, luego de mostrar una foto captada desde una satélite, que presentó como nuevo elemento probatorio.

Con esta supuesta prueba, el abogado de Yanacocha, Eduardo Alcocer, intentó demostrar que el terreno en litigio le pertenecía a Yanacocha desde antes que llegara Acuña y su familia al lugar.

Durante la audiencia, Alcocer reiteró que los Chaupe Acuña a Tragadero Grande, de manera violenta, golpeando a policías y vigilantes privados, y así lograr apoderarse del terreno.

En respuesta, Walter Gutiérrez Roque, abogado de los campesinos, desestimó las pruebas presentadas por la minera, debido a que carece de "fuerza probatoria" y porque además no fue incluida al inicio del proceso que duró entre el año 2011 y 2014.

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Gutiérrez explicó que se pueden presentar nuevas pruebas durante el proceso, pero hay que demostrar que recién se ha tenido acceso a ellas. Según dijo, Yanacocha no ha podido hacerlo.

“La empresa no ha mostrado ningún argumento fuerte. Yanacocha aduce que durante el proceso (2011-2014) no se recusó a un juez que aparentemente tenía vínculo con rondas campesinas, y tampoco se les había aceptado otros elementos de prueba”, comentó Gutiérrez a RED MUQUI, al término de la diligencia.

Mecánica del proceso

En esta audiencia convocada por la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, Yanacocha hizo una exposición oral de la casación que había formulado. Por su lado, la defensa de los Chaupe Acuña debía rebatir lo argumentado por la minera.

“Hubiera sido importante que la señora Máxima esté en la audiencia y sea escuchada, porque el trámite casatorio indica que después que abogados dan cuenta de un informe, la parte afectada tiene oportunidad de hablar”, comentó el letrado.

Porqué se admitió la casación

La casación es factible como recurso extraordinario con el fin de que la Corte Suprema pueda observar las sentencias previas.

“Hemos solicitado que se confirme la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, y que la casación sea declarada infundada e improcedente”, informó Gutiérrez.

La intención de la minera es que la Sala Penal Permanente declare nulo un fallo dictado en segunda instancia que declaraba inocente a Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación del terreno, y que más bien prevalezca la sentencia en primera instancia, donde fueron declarados culpables.

La defensa insistió que Corte Suprema vea que el tipo penal no se ha cumplido, ya que no ha habido violencia por parte de la familia, porque el predio siempre ha estado en posesión de la señora Máxima. “Lo que se tiene es solo el ejercicio normal de la posesión por parte de ella”, dijo Gutiérrez.

En esta oportunidad, la sala, presidida el juez supremo Josué Pariona en reemplazo de Javier Villa Stein, quien renunció al cargo hace unos días.

Ahora la Corte Suprema en lo Penal, debe emitir una resolución de casación que da por finalizado el trámite casasorio. La decisión de la Sala se conocerá este 12 de abril desde las 8:30 de la mañana.

Nuevo precedente

En opinión del abogado Walter Gutiérrez, en este caso la causal es generar doctrina jurisprudencial.

“Se podría sentar un precedente respecto al delito que se le está imputando a Máxima Acuña. La usurpación agravada necesitaba antes de alguien que para que uno usurpe, además de desposeer e ingresar directamente, también tendría que haberse demostrado que ejerció violencia. Que es lo que no hubo en este caso”, explicó a RED MUQUI.

Es decir, que, a partir de este caso la doctrina va a indicar que para que exista usurpación agravada debe cumplirse todos estos factores en un mismo momento, incluso violencia.

“De salir favorable la sentencia, podríamos revertir muchas otras correspondientes a otros procesos que mantiene la familia”, señaló.

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DATOS:

Máxima Acuña, su familia y su abogada Mirtha Vásquez, no pudieron estar presentes en la audiencia, debido a que no pudieron abordar el avión que los iba a traer a Lima. La aerolínea tomó esta determinación debido al mal tiempo y a las lluvias al norte del país.

Mientras se desarrollaba la audiencia, hubo un plantón de solidaridad a las afueras del Palacio de Justicia por parte de Fenmucarinap, Amnistía, CNDDHH, DEMUS y RED MUQUI.

Fuente: RED MUQUI / EFE

Fotos: Wayka / RED MUQUI

DERECHOS HUMANOS

  • Ello parte del gobierno de Canadá desde la política “Open for justice”

RED MUQUI estuvo entre las organizaciones que respaldaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en decisión de designar -a futuro- a un Defensor de Derechos Humanos que se encargaría de atender a las personas afectadas por compañías petroleras, gasíferas y mineras canadienses en el extranjero.

Es así que la RED MUQUI, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Nacional de Centros (ANC), manifestó su apoyo a esta iniciativa de “Open for Justice” del Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

“La creación de este Defensor permitiría una mejor gestión del impacto de las empresas canadienses en el mundo y brindaría una instancia a las personas afectadas desde sus respectivos países”, enfatizaron las organizaciones peruanas en la carta dirigida a Trudeau.

A ello agregaron que la existencia de una instancia que atienda denuncias de violaciones a los derechos humanos por responsabilidad empresarial en el sector extractivo, significaría un paso fundamental en la ‘justiciabilidad’ internacional de los derechos humanos, además de un efecto positivo en la reputación del sector extractivo canadiense.

Recomendaciones a Canadá

En la misiva, RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC, formularon algunas recomendaciones al gobierno canadiense en torno a esta nueva instancia.

La sociedad civil peruana consideró indispensable que la oficina del eventual Defensor de Derechos Humanos, debe mantener total independencia del gobierno y de las empresas del sector extractivo, cuya participación también debería ser obligatoria.

Asimismo, las organizaciones peruanas comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos, sugirieron que esta oficina posea facultad de investigar las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, así como evaluar que las empresas extractivas cumplan con un conjunto de estándares, de esta manera se podrá determinar si se ha ocasionado el daño alegado.

En otro punto, se exhortó a que se pueda llevar un proceso transparente que incluya la publicación de un informe público final con recomendaciones desde las empresas y el gobierno.  Luego de ello, sería necesario hacer un seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de todas las recomendaciones. A ello se suma la recomendación de prever la posibilidad de que las empresas se vean limitadas en recibir apoyo del gobierno canadienses, en caso de no cumplirlas.

Para todo ello, la sociedad civil peruana indicó que estas recomendaciones se realizar en base al proyecto de ley The Global Leadership in Business and Human Rights Act: An act to create an independent human rights ombudsperson for the international extractive sector, elaborado por Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

Referencias

RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC también dieron cuenta sobre las graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales por parte de las industrias extractivas en nuestra región.

Para ello citaron el estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, que realizó el Grupo de Trabajo sobre Minería y Medio Ambiente en América Latina.

 

En dicho documento se analizaron veinte proyectos extractivos que pertenecían a empresas con casas matrices en Canadá, de ello se constató que, en cuatro de estos, hubo vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo.

Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf

 

Fuente: Carta dirigida al Primer Ministro Justin Trudeau, sobre llamado para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero.

Foto: Thisisinsider.com

EVIDENCIA INFORME INTERNACIONAL

  • Diez organizaciones de derechos humanos presentaron publicación que refleja políticas de represión hacia quienes protestan
  • APRODEH presentó el caso de Perú respecto a pueblos indígenas y actividades extractivas

En América Latina, los Estados que han logrado crecimiento económico y mejora en la condición de vida de algunos sectores sociales, respondieron de manera hostil y antidemocrática ante quienes expresan las contradicciones del desarrollo económico a través de la protesta social, señaló el informe “Los Estados Latinoamericanos frente a la protesta social”.

Tras las diversas presentaciones de casos y normativas desde las fuerzas del orden, el documento muestra cómo es que los gobiernos latinoamericanos respondieron de forma dispar a tensiones y conflictos que expresan las contradicciones del modelo económico, y la desigualdad social que aún queda por reducir.

Esta publicación documenta y analiza casos sobre las respuestas del Estado frente a la protesta social en ocho países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

“Con distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalización de los militantes y activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes a todos los países analizados”, se refiere de manera preocupante.

Desde nuestro país, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), miembro de la RED MUQUI, formó parte del grupo de diez organizaciones latinoamericanas de derechos humanos, que construyeron y presentaron dicho informe.

En su aporte desde el caso peruano, APRODEH señaló que la criminalización de la protesta social y de la defensa de territorios indígenas obedece a la expansión de megaproyectos extractivos durante los últimos 25 años.

Las 10 organizaciones latinoamericanas del informe, añaden que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales, como por nuevas tendencias que recrudecen este panorama e incluyen la criminalización de acciones de protesta, a través de reformas normativas y legislativas.

“Los Estados suelen utilizar la fuerza para contener y controlar las manifestaciones públicas, en vez de tomar medidas para garantizar el ejercicio de derechos y resolver los problemas de fondo”, remarcaron.

En su introducción, el documento enfatiza que la protesta social es un derecho fundamental para la defensa de otros derechos. “Muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que sucedieron en las calles en el pasado”, se precisa.

Sin embargo, las respuestas estatales que buscan restringir las protestas, se dan a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática.

A lo largo de la publicación se presentan cuatro ejes: las restricciones legales y administrativas a las manifestaciones públicas, la represión y el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad de la violencia policial.

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Asimismo, se profundiza en temas vinculados con los conflictos de tierra y territorio, la intervención de las fuerzas armadas en la protesta social, la falta de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones y el impacto de las leyes antiterroristas.

Otra cuestión, es la violencia policial contras las mujeres y los habitantes de las zonas rurales y las prácticas estatales racistas.

Algunos apuntes sobre Perú

A lo largo del documento se van mencionando los puntos en común entre los nueve países. APRODEH, miembro de la RED MUQUI, señaló que en Perú la criminalización de la protesta social y de la defensa de territorios indígenas obedece a la expansión de megaproyectos extractivos durante los últimos 25 años.

En ese sentido se da cuenta sobre la arbitraria declaración de Estado de Emergencia, que, si bien está en el artículo 137 de la Constitución, se ha convertido en una práctica estatal reiterativa que prohíbe –durante 30 o 60 días- las manifestaciones y reuniones públicas en conflictos de gran repercusión y militarizar el control del orden público. Ante ello se citan los casos de Amazonas, en 2009; en Cajamarca, en 2011 y 2012; en Espinar, en 2012; en Islay y en Apurímac, en 2015.

Entre otros puntos, se resalta En Perú, la extrema violencia con la que las fuerzas del orden actúan durante los conflictos entre las comunidades rurales y las industrias extractivas. Entre 2010 y 2015 se registraron por lo menos 75 muertes en este tipo de conflictos, la mayoría de ellas ocasionadas por el uso de armas de fuego.

Conclusiones

La reflexión del informe refiere a cómo los Estados pueden evitar situaciones de violencia en las protestas mediante protocolos, leyes e interpretaciones judiciales protectoras de derechos. Se destacan en ese sentido las pautas delineadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Una perspectiva respetuosa de los estándares de derechos humanos implica que los Estados establezcan regulaciones para garantizar el derecho a la protesta. En este sentido, es importante que el sistema internacional de protección de derechos humanos precise el contenido y alcance de estas obligaciones positivas de los Estados”, resaltan las organizaciones participantes.

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Esta publicación es el resultado del trabajo colectivo de las siguientes organizaciones:

Justiça Global, Brasil.

Corporación Humanas, Chile.

Observatorio Ciudadano, Chile.

CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia.

Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México.

Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México.

Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México.

Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay.

APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú.

Provea- Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos, Venezuela.

CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.

Fotos: Mídia Ninja Brasil / Fabiola Ferrero de Venezuela

PESE A AMENAZAS DE MUERTE

  • Mexicano ganador del Premio Goldman 2005 fue acribillado este fin de semana
  • Fiscalía identificó a presunto asesino, pero aún no determina posible móvil del crimen
  • Baldenegro López será enterrado en el mismo territorio que defendió por años del crimen organizado y la tala clandestina

El titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, César Peniche confirmó que Isidro Baldenegro López, líder indígena asesinado este fin de semana en el estado de Chihuahua, no contaba con medidas cautelares para su protección, es por ello que el ganador del Goldman Prize 2005, no tenía vigilancia policíaca para preservar su integridad física.

En conferencia de prensa, Peniche Espejel aseguró que se ha identificado al presunto asesino del activista mexicano que dedicó su vida a la defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, al igual que lo hizo su padre, Julio Baldenegro , quien también fue asesinado a balazos en 1986. En ese entonces, Isidro tenía 20 años y casi de inmediato tomo el puesto que él dejó.

Debido a la lejanía del lugar, la Fiscalía chihuahuense no tuvo conocimiento de los hechos hasta la tarde del lunes. Recién el martes 17 se envió un equipo de peritos, policías estatales y Ministerio Público al poblado, donde se pudo confirmar el deceso de Baldenegro.

Ubican a presunto asesino

En un comunicado la Fiscalía General del Estado, aseguró que se iniciaron los operativos de búsqueda de Romeo R.M. de 25 años, quien habría disparado unas seis veces a la víctima con un arma 38 súper.

“A través de las primeras indagatorias, se tiene plenamente identificado a quien privó de la vida a la víctima, de 51 años, quien actualmente radicaba en la ciudad de Guachochi y cuyo cuerpo sin vida fue llevado a la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo para la práctica de la necropsia”, puntualizó a los medios de comunicación.

Peniche indicó que aún no se establece el móvil del crimen, sin embargo, se ha confirmado que Romeo no pertenece a ninguna de los grupos delictivos que han incursionado en la tala ilegal, y que son identificadas en la zona de la Sierra Tarahuamara. Ante ello, se contempla que el homicidio podría tener alguna relación con el activismo que realizaba Isidro en las comunidades indígenas.

A esto, el fiscal señaló que a pesar de que en la Sierra Tarahumara se conocen nombres de líderes de grupos delictivos y de personas que hostigan y han cometido homicidios contra quienes defienden su territorio, la administración pasada no abrió una sola carpeta de investigación.

El crimen se registró en el interior de una vivienda ubicada en la comunidad Coloradas de la Virgen del municipio de Guadalupe y Calvo, la tarde del domingo pasado.

Defensor de los bosques

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Baldenegro, de unos 50 años, era un destacado defensor de los derechos de los indígenas y de los bosques comunales de Coloradas de la Virgen (Sierra Madre Occidental, en el oeste de México), contra la presencia de grupos criminales que se han ensañado contra los rarámuri y las otras tres etnias que comprende la región serrana chihuahuense.

En 1993, creó Fuerza Ambiental, una organización dedicada a combatir la tala de los árboles de pino y roble de los bosques de la Sierra Madre Occidental que se encuentran en el territorio indígena originario donde habitan los tarahumaras.

"Baldenegro desarrolló un movimiento no violento de resistencia para luchar contra la tala, obteniendo el apoyo de ONG locales e internacionales. En 2002, organizó sentadas y marchas no violentas, lo que llevó al gobierno a suspender temporalmente la tala en la zona", señala un obituario publicado en la página web del premio Goldman en las últimas horas.

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En marzo de 2003 fue encarcelado por supuesta posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y drogas, pero numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos aseguraron que se trataba de una represalia por su férrea defensa de los bosques.

Luego de quince meses en prisión, el activista - declarado por Amnistía Internacional como preso de conciencia- fue excarcelado después de que la Fiscalía general retirara los cargos en su contra por la presión ejercida dentro y fuera del país. Un año después (en el año 2005) la Fundación Goldman reconoció su lucha contra la tala de árboles en una zona devastada por la violencia, la corrupción y el narcotráfico.

DATO:

El premio Golman, considerado el premio Nobel del medioambiente, fue creado en 1990 para impulsar a personas que actúan de forma extraordinaria para proteger el medioambiente, aun a costa de su seguridad e integridad personal. En abril de 2016 el premio fue otorgado a la peruana Máxima Acuña (44 años) por su lucha contra las mineras en defensa del agua en su natal Cajamarca.

Fuente: BBC Mundo / Proceso.com.mx / RPP / Entrelíneas

Fotos: Goldman Prize / kokopelli-nmsu.com

TRAS MOSTRAR PREOCUPACIÓN

Durante su 159º Período Ordinario de Sesiones, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron al Estado peruano a mantener un diálogo con la Sociedad Civil en cuanto a la existencia de los convenios de seguridad privada entre la Policía Nacional y las empresas mineras que operan en el Perú.

En presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, la CIDH mostró su preocupación por la existencia de estos convenios que han agudizado los conflictos socioambientales, así como la criminalización de la protesta social a causa de los mismos.

Es por ello, que durante la Audiencia General “Política del estado peruano en materia de derechos humanos” solicitaron al Estado peruano y a los representantes de la sociedad civil, a seguir informando a la Comisión sobre la evolución de ambas problemáticas.

Convenios PNP en la mira

El encargado de exponer sobre los convenios de seguridad privada que la Policía Nacional mantiene con las empresas mineras, fue David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

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En este punto señaló que lo más grave es cuando la Policía Nacional del Perú (PNP), en aparente cumplimiento de su función pública de control del orden interno en los conflictos sociales, ejerce represión –que suele ser brutal- no sólo bajo la dirección de su comando sino, también, de la Gerencia General o Gerencia de Seguridad de las empresas extractivas.

“Se está produciendo es un fenómeno de “delicadísima privatización” de la Policía al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero e hidrocarburos. Ya se habla de la mercerización de la fuerza pública en favor de la defensa de los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales”, aseveró ante la comisión.

Aquí también precisó que el Estado peruano ha dado facilidades y apariencia constitucionalidad a la intervención de las fuerzas policiales, con la aprobación de normas de jerarquía legal que, aunque prohíben servicios de seguridad privada por parte del efectivo policial -de manera personal- ratifican la excepcionalidad de los contratos de servicios de seguridad privada brindados por la policía a empresas privadas (Decretos Legislativos N° 1148, 1213 y 1230).

Es por ello que, Fedepaz solicitó que la CIDH exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que criminalizan la protesta social, así como a establecer una política pública de protección a los defensores de derechos humanos que sigue pendiente desde el sector Justicia.

Ministra responde

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A su turno, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, señaló que el tema de los contratos de seguridad privada estaba siendo revisado por el Estado peruano en el contexto de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial y en la línea de los principios voluntarios por parte de las empresas para respetar los derechos humanos. Para Fedepaz, con esto, Pérez Tello dio a entender que dichos convenios quedarían sin efecto.

Criminalización de la protesta

En cuanto a la criminalización de la protesta social alrededor de los conflictos socioambientales en el Perú, Velazco Rondón mencionó que tiene como base: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, campañas de difamación a los defensores de derechos humanos, y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Al inicio de su intervención, el abogado explicó que la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley N°30151 (Modificatoria del artículo 20° del Código Penal), que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos; así como el Decreto Legislativo N° 1095, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno con –o sin- declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo.

Nueva normativa de represión

David Velazco también señaló que el derecho penal se sigue utilizando como principal instrumento de criminalización, y citó como ejemplo la reciente aprobación del Decreto Legislativo No. 1245 que aumenta injustificadamente las penas en delitos como daño agravado, hurto agravado, etc. Tipos penales que normalmente son empleados para iniciar procesos penales a quienes participan en las protestas sociales.

La CIDH ha publicado el video de la sesión en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

DATOS:

  • Fedepaz participó en la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Política del Estado Peruano en materia de derechos humanos”.
  • El Estado Peruano estuvo representado por la Dra. Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la sociedad Civil estuvo representada por una delegación integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, PROMSEX y Fedepaz.
  • La audiencia tuvo lugar de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. en la Ciudad de Panamá, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones.

Fuente: Fedepaz

Fotos: Captura YouTube CIDH

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

DESDE LATINOAMÉRICA
• Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia
• Petición fue firmada por 15 mil personas de varios países en el mundo

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), interceda ante el gobierno del Perú, para que se otorguen garantías a Máxima Acuña y su abogada Mirtha Vásquez.

En el día internacional de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre, último), este colectivo femenino internacional presentó una petición firmada por 15 mil personas de todo el mundo para pedir por la seguridad de todas las defensoras de la tierra y la vida en América Latina.

En la carta, se denuncia cómo es que los proyectos extractivos, y en particular las actividades mineras, están generando violencia con el cuerpo y el territorio, donde habitan mujeres indígenas que vienen denunciado y defendiendo ante la vulneración de derechos sociales y ambientales.

Esta entrega de petición, se hizo en cada una de las sedes de la ONU en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú. Próximamente serán entregadas en Panamá y en otros países.

En la carta a dirigida a Naciones Unidas se resalta que las mujeres son las más afectadas por las economías extractivistas. “Estamos expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios”, indican.

En el caso de Máxima Acuña, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, recordó a la ONU que, desde hace 4 años, Máxima Acuña y toda su familia han sufrido un claro hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha, a causa de la disputa legal que mantiene por la posesión del predio Tragadero Grande.

“La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura, la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra. Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a sus animales y hasta retiro de sus cosechas de papas sin ningún reparo”, relatan en la carta dirigida a la ONU.

De igual manera refieren el caso de la abogada Mirtha Vásquez, quien también es víctima de intimidación, amenazas y seguimientos tanto ella como a su familia, desde que decidió tomar la defensa legal de la familia Chaupe Acuña. Asimismo, se le remite a la ONU que Vásquez Chuquilin se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio y desinformación.

Por la gravedad de los hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a Mirtha Vásquez y a Máxima Acuña, a fin de que el Estado peruano garantice la integridad de ambas, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido.Entre otros casos que marcan la violencia extractivista, se expuso el asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en Honduras en marzo de 2016; los desalojos forzados en medio de militarización y hostigamientos a mujeres y sus pueblos indígenas en Ecuador para implantar actividades mineras; el dejar sin agua y en condiciones de alta contaminación minera a comunidades enteras en Bolivia; los atentados con armas de fuego a la vida de mujeres por defender el territorio en Guatemala, etc.

“Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de esta petición nos dirigimos a los gobiernos de América Latina, para denunciar y exigir el cese inmediato de toda forma de violencia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas”, enfatiza la petición.

DATO:
La campaña de firmas virtuales fue impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en coordinación con Salva la Selva desde su sitio web www.salvalaselva.org con mucha interacción de personas de diferentes países, que al conocer los ejemplos de violencia contra las mujeres por actividades mineras se sumaron a la petición con una firma.

Fuente: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Foto: SERVINDI

EN PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
• Consultoría financiada por Newmont señala que no existen pruebas concretas en contra de Yanacocha pese a medida cautelar de la CIDH
• Se concluye que empresa minera no persistió en mantener diálogo continuo con la familia Chaupe

RED MUQUI advirtió que en los resultados del Informe “independiente” de la consultora RESOLVE*, que fue encargado y financiado por la trasnacional minera Newmont, se ignoran las pruebas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a emitir la medida cautelar (Nº 452-11), que obliga al Estado Peruano proteger y garantizar la vida e integridad personal de la familia Chaupe Acuña.

Entre los hallazgos que la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, recogió entre agosto de 2015 y marzo de 2016, no se consideran los elementos de prueba que se presentó ante la CIDH, y más bien concluye que no existen pruebas concretas de violaciones de derechos humanos por parte de la minera Yanacocha.  

“Es incoherente desconocer como hallazgo importante a la medida cautela que la CIDH dictó en este caso. El informe encargado por Newmont también olvidadó que hace unos meses, el propio Estado le otorgó garantías a Máxima y su familia; además tampoco menciona que la medida cautelar todavía requiere ser debidamente implementada por el Estado. Todo esto surge a raíz de las agresiones e incursiones realizadas por la empresa en los cultivos de Máxima Chaupe y su familia”, recordó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de RED MUQUI.  

En ese sentido RED MUQUI cuestionó los criterios para establecer violaciones a los derechos humanos, de quienes elaboraron el Informe Tragadero Grande: Tierra, derechos humanos y normas internacionales en el conflicto entre la familia Chaupe y Minera Yanacocha. (YIFFM, por sus siglas en inglés).

¿Por qué un informe?

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En mayo de 2015, Newmont le encargó a esta misión examinar el conflicto que generó tras la disputa que mantienen con la familia Chaupe, por la posesión de la parcela de tierra denominada “Tragadero Grande” (Ubicada dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco).

Según señala la trasnacional –accionista mayoritaria de Yanacocha– decidieron contratar la elaboración de este informe ante las “persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONGs locales, nacionales e internacionales, hacia Minera Yanacocha, por haber estado implicada en violaciones de derechos humanos, como parte de la disputa de tierras”.

Es así que encargaron le encargaron a Tim Martin (ex embajador de Canadá), liderar esta Misión que tuvo como labor, examinar tres aristas del problema: el proceso de adquisición de tierras por parte de Minera Yanacocha, las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas contra la familia Chaupe y el cumplimiento de Minera Yanacocha de las políticas y normas internacionales propias de Newmont.

La Misión insiste en que no tuvo por objeto llegar a una conclusión sobre la validez de los derechos de posesión, ni ofrecer una resolución legal respecto a potenciales violaciones de derechos humanos, ya que todo esto solo puede ser determinado por cortes judiciales o acuerdos negociados entre las partes. “La misión no es una investigación judicial. La información recogida no va a reunir los estándares para constituir evidencia judicial. No tiene como fin afectar procesos judiciales”, aclaró RESOLVE.

Vulneración de derechos

En este rubro, el informe de la Misión concluye que Yanacocha no realizó una adecuada diligencia en materia de derechos humanos, lo cual representa uno de los factores que contribuyó a una situación en la que los derechos humanos de la familia se pusieron en riesgo durante este conflicto. Pero en otra conclusión, el informe señala que no existe evidencia concluyente de que Minera Yanacocha cometiera “violaciones de derechos humanos”.

Adquisición de tierras

Respecto a este punto, el informe YIFFM, deja en el aire la información sobre la venta previa de los derechos de posesión de Tragadero Grande, ya que se realizó en la década de los 90 (1996 y 1997), por lo que resulta es compleja y no concluyente.

Asimismo, RESOLVE puntualiza que el proceso general de adquisición de tierras desde Yanacocha fue razonable. No obstante, para RED MUQUI, en el informe no se muestra de qué manera se llevó a cabo el proceso de transferencia de tierras a la empresa por parte de la Comunidad Campesina de Sorochuco; si la decisión fue tomada en Asamblea Comunal en un día y hora determinados, con votación de los comuneros calificados y que estaban en el padrón comunal; o si Yanacocha brindó información suficiente a dicha comunidad para que tome una decisión adecuada (de venta), entre otras cuestiones.

“No está claro cómo es que la Comunidad Campesina decidió acordar la venta. RESOLVE solo muestra como hallazgo, la declaración del Presidente de la Comunidad y con ello no se puede definir la legalidad y legitimidad del proceso”, acotó Jahncke Benavente.

Cumplimiento de estándares Newmont

Cabe remarcar que Newmont es miembro fundador del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) cuyos lineamientos corporativos se basan en Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en inglés) y los Principios Voluntarios. Algo que los realizadores del informe, reconocen.

"Los requisitos de las políticas internacionales y de Newmont para el diálogo en la solución de controversias no se satisficieron en el caso Chaupe. Ha habido un retraso para encontrar un camino a la solución debido a una estrategia que priorizó el litigio sobre el diálogo”, puntualizan.

Asimismo, el informe señala la falta de una evaluación de riesgos específica para el caso (con los Chaupe Acuña), un análisis sobre las causas del conflicto y una investigación integral de los asuntos de seguridad. 

Respuesta de la minera

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El vicepresidente, gerente general y Asuntos Corporativos de Yanacocha, Javier Velarde, insistió en que la empresa minera ha buscado permanente un diálogo con los Chaupe Acuña, sin embargo, se perpetró otro ataque contra Máxima Acuña, y su esposo Jaime, el último 18 de setiembre. Velarde tomó el informe pagado por Newmont como otro punto de vista sobre el problema.

“Algunas de las conclusiones del informe no corresponden con nuestra visión del conflicto, pero reconocemos que debemos estar abiertos a comprender todos los puntos de vista involucrados, para superar el estancamiento actual. Confiamos en que este proceso –que ha durado un año y medio– y el informe final abrirán caminos para iniciar un diálogo con la familia Chaupe, el que hemos estado buscando desde hace unos meses para resolver finalmente la disputa con Yanacocha”, indicó.

DATOS:

  • *El recojo de información y realización del informe fue supervisado RESOLVE, organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.
  • El equipo de la misión estuvo compuesto por las siguientes personas: Tim Martin, Director; Myriam Montalvo-Méndez, y Miguel Cervantes Rodríguez, miembros del equipo; Dana Goodson, Asesora en Políticas.
  • La adopción de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido durante más de 30 años un mecanismo para la defensa preventiva de violaciones a los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
  • Newmont es un productor líder de oro y cobre, cuyas operaciones se realizan principalmente en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú, Indonesia y Surinam.

Fuente: Informe Yanacocha Independent Fact Finding Mission / RESOLVE / Yanacocha.com

Foto: Gabriela Delgado RED MUQUI / eltecolote.org / lamula.pe 

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