POR MEDIO DE PETICIÓN A PPK

  • Ahora que no se concretó venta del complejo de La Oroya no tiene sentido mantener ECA Aire tan bajos
  • La OMS recomienda no más de 20 microgramos de dióxido de azufre en el aire y en Perú solo se exige 80

La campaña “¡Firma por un Perú con aire limpio!” pretende hacer llegar una petición masiva al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, para que los Estándares de Calidad Ambiental del Aire (ECA Aire) sean más elevados, tal como era antes de que fueran modificados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) este año.

Estos nuevos parámetros ya rigen para los sectores extractivos, especialmente para el rubro minero, así como para las industrias y el sector de servicios. Es así que, desde junio de este año, el sector Ambiente permite un rango mayor de contaminación.

Un caso especial ha sido el del complejo metalúrgico La Oroya, cuyo intento de venta ha fracaso tres veces en este año.

La falta de postores para invertir en La Oroya y la mina Cobriza en Junín, ha evidenciado que hacer la contaminación ‘más permisible’, no ha funcionado. Es por ello que desde la Red Uniendo Manos, miembro de la RED MUQUI, se ha impulsado firmar una petición para derogar el Decreto Supremo (N°003-MINAM-2017) que dio paso a esta medida del gobierno.

En esta petición se adjunta una carta en la que se expone al presidente de la República, y a la Ministra del Ambiente, que este nuevo estándar de calidad ambiental del aire para dióxido de carbono (SO2) no protege la salud.

Cabe recordar que el viceministro de Gestión Ambiental, Marcos Alegre, refirió que el cambio se dio teniendo en cuenta que otros países como Chile y Colombia tienen el parámetro de 250, por lo que el límite de 20 resultaba muy “exigente”.

Asimismo, indicó que con el nuevo estándar se podrá generar una mayor competitividad en nuestra economía “y también se protege a la salud”.

En la misiva, firmada por más de 1200 personas, se le recuerda a Kuczynski que desde el 2014 el Perú ya contaba un estándar de calidad del aire -para SO2- de un promedio de 20 ug/m3 en 24 horas, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por ello que no puede permitirse que el gobierno actual eleve el estándar a un promedio de 250 ug/m3 en 24 horas, sin suficiente criterio científico.

campaña reduniendo

“No se puede construir un crecimiento económico, contaminando el aire que respiramos, poniendo en riesgo nuestra salud, haciendo que los costos de esta contaminación la asuman todos los peruanos y lo que es peor perjudicando especialmente los bolsillos de los más pobres”, indican las organizaciones gestoras de esta petición.

En la carta que todo ciudadano puede firmar, se asevera que es un error poner los intereses privados por delante del ser humano. “Parece que el gobierno actual privilegia intereses de industrias contaminantes por encima del derecho que tiene la población a respirar un aire limpio. Esta revisión de los ECAs desconoce que el ser humano debiera ser considerado el valor central de la sociedad”, indica parte del texto.

¡Firma por un Perú con aire limpio! es una campaña que parte de la iniciativa del Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización, unido a otras organizaciones como la Red Uniendo Manos contra la Pobreza, el Centro Cultural Labor Cerro de Pasco, la Asociación Civil Labor y la Red de Constructores de la Nación Humana Universal.

DATOS:

  • El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el ambiente (aire, agua o suelo) que no representa riesgo significativo para la salud de personas ni del ambiente.
  • El ECA para aire está compuesto por diez parámetros: benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, plomo, material particulado PM2,5, material particulado PM10, monóxido de carbono, hidrocarburos totales (expresados como hexano), ozono y sulfuro de hidrógeno, cada uno de los cuales tienen un valor específico.
  • El dióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, comúnmente liberado durante erupciones volcánicas. Es generado también por la quema de combustibles fósiles -como el carbón y petróleo- y en áreas urbanas por las termoeléctricas, las industrias y el tráfico vehicular.

Fuente: Red Uniendo Manos Perú / Gestión

Fotos:  Red Uniendo Manos Perú / Radio Nacional

RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como "desierta" la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)". En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

"Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas.La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres" (Carta Encíclica Laudato Si', N° 20).

El 21 de julio del año pasado emitimos un comunicado "Posición de la Iglesia Católica ante la situación que vive Lo Oroya" y decíamos:

La Iglesia está preocupada por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya -CMLO: la calidad de vida socio-ambiental o el trabajo remunerado, las ganancias de las Empresas y los impuestos que recibe el Estado. En ambos casos hay personas que se benefician, y otras que resultan afectadas.

La calidad del aire es esencial para la vida y la salud de las personas. Actualmente los pasivos ambientales afectan de manera especial a los niños.

• El proceso de venta del CMLO exige la adecuación de la calidad del aire a 80 ug/m3 para La Oroya, llo y Arequipa (Decreto Supremo N°006-2013 MINAM), pese a que en el resto del país la exigencia es de 20ug/m3 como nivel máximo de dióxido de azufre (Decreto Supremo N°003-2008 MINAM).

• Las exigencias ambientales no pueden flexibilizarse a favor de intereses económicos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Asimismo, la preocupación laboral debe garantizar un trabajo digno y una justa indemnización de los trabajadores.

• Por lo cual, invocamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú: el gobierno debe tener muy en cuenta el mandato constitucional: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado" (Art. 1°).

Ante estas afirmaciones del Comunicado que emitimos el 21de julio de 2016, se cumple lo que afirma el profeta Ezequiel: "...escuchan tus palabras.,...pero no las practican..." (Ez., 33,30-33). Y ahora añadimos lo siguiente:

1. En mayo pasado el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) emitió un pronunciamiento claro y valiente indicando: "En el marco de lo legislación ambiental, es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente paro el dióxido de azufre, el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud (OMS)".

2. El 6 de junio 2017 se establecieron los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante el D.S. N°003-2017- MINAM, elevando la norma de la emisión del Dióxido de Azufre de 80 a 250ug/m3 (24 horas).

3. con esta lamentable e incomprensible decisión, en el mes en que celebramos el 196 aniversario de la independencia de nuestra Patria, se realizará la segunda ronda de subastas. Una decisión Inmerecida para la Región Junín y para el Perú.

4. Sin embargo, "El Perú declaró desierto ayer, por falta de postores, la subasta del CMLO -administrado por Doe Run durante año, con severos daños medioambientales-, según informaron agencias internacionales... Lo agencia Reuters indica que para el 17 de julio, se ha programado una segunda subasta del complejo, y si esta fracasa, se realizaría otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%". (Diario CORREO - Huancayo, 07 de julio 2017)

5. Con la flexibilización de los ECA para el aire y la reducción del 30% en la tercera subasta a realizarse el 26 de julio próximo, se facilitaría la venta del CMLO que beneficiará a las instituciones-miembros de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

6. Debemos manifestar, con mucho pesar, que en dicha Junta de Acreedores participa el Grupo RENCO al cual pertenecía Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennen, enjuició al Estado Peruano solicitando $USD 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado los ECA para el aire, en su debido momento.

7. La posible reactivación del CMLO, permitirá un empleo a los trabajadores. pero en un ambiente de alta contaminación del aire que seguirá perjudicando nocivamente su salud y la calidad de vida de las personas que viven en La Oroya, y la de sus trabajadores.

8. Con la probable venta del CMLO se condenaría nuevamente a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana y al espíritu de la Constitución Política a del Perú (Art.1°).

9. En ese sentido, debemos recordar que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo a la población de La Oroya, así como buscar otras alternativas de desarrollo sostenible para sus familias.

10. Igualmente nos solidarizamos con la población de Cerro de Paseo y con su Obispo Mons. Luis Alberto Barrera en la lucha por una vida digna y saludable.

11. Por último, ante la próxima visita del Papa Francisco, el hombre de la paz, el hombre que cuida toda la creación de Dios, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano será reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Deseamos a la gran familia peruana, en estas fiestas Patrias, una mayor unión de voluntades en la política, en la economía y en lo social, a fin de buscar el bien común en nuestro Perú. Por eso rezamos con el Papa Francisco: "Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (Cfr. Carta Encíclica Laudato SI'N°246)

juanaste

Por: Juan Aste Daffós, Ingeniero Economista, especialista en gestión ambiental, minería y conflictos socioambientales

El 06 de julio próximo se realizará la segunda subasta del complejo metalúrgico de La Oroya y la unidad minera Cobriza, propiedad de Doe Run Peru e incluso hay dos rondas más (17 y 26 de julio) para intentar vender estas unidades que anteriormente fracasaron por mantenerse "muy exigentes" los estándares de calidad del aire para el dióxido de azufre. Ahora que el gobierno peruano (MINAM) ha aprobado y publicado el 07 de junio 2017 (DS 003-2017-MINAM) el aumento del estándar de calidad del aire de 80 a 250 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire, resulta claro que ha sido para permitir que se presenten postores para la venta de los activos del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, pero también ha posibilitado que Ira Leon Rennert, ex dueño de Doe Run Peru, vuelva a presentar la denuncia por 800 millones de dólares contra el gobierno peruano.

Comprobados los efectos de los humos tóxicos del complejo metalúrgico sobre el ambiente y la salud de la población de La Oroya y el valle del Mantaro, resulta cuestionable que se pretenda continuar con el procesamiento de concentrados "sucios" o con altos niveles de elementos tóxicos o impurezas procedentes de empresas mineras del Perú y el extranjero en un complejo con tecnología de la primera mitad del siglo pasado, hecha para procesar concentrados sucios de cobre con prohibitivos niveles de arsénico, además del impacto del procesamiento de los concentrados de plomo y zinc, que juntos han generado elevadas concentraciones del dióxido de azufre, con lo cual este "cocktel tóxico" ha terminado impactando gravemente en la salud de los niños y la población de La Oroya y alrededores.

Doe Run Peru ha trabajado entre 1997 y 2004 importando el 41.6% del total de concentrados de cobre procesados en La Oroya con contenidos de arsénico que han superado el 6% y en promedio han sido 1.53 veces más elevados que los concentrados de cobre de procedencia nacional. Desde el 2004 la producción ha sido intermitente hasta el 2009 en que se paralizó por insolvencia de la empresa. También cuentan ahora los intereses de China, con los que PPK habría coincidido, para que el Perú aumente el nivel de procesamiento de concentrados de cobre porque desde el 2014 China ha prohibido la importación de concentrados de cobre con más de 0.5% de arsénico, por lo que este se quedaría en el Perú con sus conocidos efectos cancerígenos.

Mariano Castro, ex viceministro del período anterior (2011-2016) dice en el portal Mongabay “En el 2008 el MINAM a través del decreto supremo 003-2008-MINAM estableció que el límite diario a nivel nacional es de 20µg/m3, pero hubo tres lugares que tuvieron la excepción de 80µg/m3: Ilo, Arequipa y la ciudad de La Oroya. Esto se dio por sus condiciones especiales de dióxido de azufre acumulado por otras fuentes como el transporte, entre otros. La norma se empezaría a cumplir en el 2009 y así se hizo”.

Castro agregó que el "nuevo ECA de aire se puede exceder hasta siete veces por año el valor de 250 µg/m3 de dióxido de azufre. En el decreto actual solo se establece hasta tres veces por año”. Convoca.pe ha informado que en 2015 el dióxido de azufre en La Oroya se excedió los 80 microgramos por metro cúbico de aire en 5 oportunidades.

Luego de 9 años de paralización, la mayoría de los trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya se han trasladado a otras actividades mineras cercanas o a Huancayo o Lima, pero reclaman la deuda laboral (devengados), razón por la cual representantes de los trabajadores forman parte de la junta de acreedores de Doe Run Peru conjuntamente con los representantes de Doe Run Cayman y el Ministerio de Energía y Minas.

El problema es que estos tres representantes están de acuerdo en reactivar las operaciones del complejo con altos niveles de contaminación e impacto en la salud de los niños y la población de La Oroya, previo compromiso de pago de la deuda a los trabajadores porque de no ser así la alternativa de la liquidación reduciría las expectativas de pago a los trabajadores, el Estado y Doe Run Cayman.

Lo que está en el debate ahora es si se la alternativa más apropiada es la continuidad de las operaciones del complejo o se opta por la liquidación de los activos de Due Run Peru y se promueve un proyecto alternativo de desarrollo sostenible para La Oroya y el valle del Mantaro vista en perspectiva la construcción del túnel trasandino, proyecto que debería estar más ligado al acopio de la producción agraria y agroindustrial así como convertirse en la puerta de entrada a la actividad turística para la sierra central y la selva con mucho más generación de ingresos y empleo y en condiciones favorables de salud ambiental. O se asume la posición inmediatista del corto plazo o se apuesta por un proyecto estratégico sostenible de cara al futuro.

 

javier 

Por: Juan Aste Daffós, Ingeniero Economista, especialista en gestión ambiental, minería y conflictos socioambientales

Lo central del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) es que la tecnología de los circuitos de fundición y refinación data de 1922 para cobre, de 1928 en el caso del plomo y de 1952 tratándose del zinc, habiéndose hecho modificaciones complementarias en 1983 y 1994 para mejorar la productividad, está diseñada para procesar concentrados "sucios", es decir, con prohibitivos niveles de arsénico, bismuto, antimonio, cadmio, plomo, selenio, telurio, indio y otros metales menores, por lo que su rentabilidad está asociada a altos niveles de contaminación que en su momento no tomaron en cuenta el impacto ambiental y social y no habían límites máximos permisibles ni estándares ambientales que cumplir para salvaguardar la salud, la calidad del agua y la flora y fauna del valle del Mantaro.

Actualmente, en el mundo solo hay 4 complejos metalúrgicos que tratan concentrados sucios, el que posee la Dowa Mining Ltda en Japón, el de Hoboken de Union Miniere en Bélgica, el de Ronskar de Boliden Minerals en Suecia y el CMLO de La Oroya de Doe Run Peru SRL en el Perú. La diferencia está en el control y mitigación de la contaminación para cumplir con estándares compatibles con el ambiente y la salud de la población en los países desarrollados.

Así, entre 1997 y 2004, Doe Run Peru, dueña del complejo metalúrgico de La Oroya procesó concentrados de cobre “sucios”, donde el 41.6% fueron importados con contenidos de arsénico 1.53 veces mayores que los concentrados sucios peruanos, estando prohibida la importación de materiales o desechos tóxicos peligrosos de acuerdo al Convenio de Basilea (vigente desde 1989 y con modificaciones hasta el 2005) y en consecuencia, la Sunat nos debe una explicación. Según el Banco Mundial, en el 2005 en el Perú los estándares ambientales de calidad del aire para arsénico y plomo eran 50 veces más permisivos que los estándares internacionales. El estándar de calidad del aire que se mide oficialmente en La Oroya es de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire (ug/m3) promedio anual y 365 ug/m3 promedio diario, los que son menos exigentes que en Canadá (300 ug/m3) y Chile (250 ug/m3). Esto explica porqué La Oroya ha sido considerada entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

En consecuencia, una alternativa para el CMLO, que garantice un ambiente sano que salvaguarde la vida de las personas y el futuro del valle del Mantaro, pasa por eliminar la importación de concentrados sucios procedentes de países que tienen normas ambientales "rígidas" que cuidan el ambiente y la salud y procesar concentrados menos "sucios" generados en minas peruanas, por ejemplo, con un nivel no mayor al 6% de arsénico en los concentrados de cobre, cuyo contenido fino a su vez, no debe ser menor al 25%, que es el caso de los concentrados de la mina Cobriza, que debería ser repotenciada para tales efectos. Asimismo, debe fijarse un nivel mínimo de producción de ácido sulfúrico por contenido de azufre que ingresa con los concentrados.

De esta manera, debe actualizarse el diseño tecnológico y ajustarse el tamaño de las operaciones así como el del personal, garantizando la prioridad en el empleo a los que laboran en el CMLO así como sus derechos laborales, implementando un plan de reconversión laboral.

Por ello, si antes resultó una desatinada y grave decisión el venderle el CMLO al especulador financiero Ira Leon Rennert, que hizo que Doe Run Peru nunca cumpliera los compromisos ambientales con el Estado Peruano, ahora es inaceptable la prórroga de la situación actual del CMLO y la manera como las administradoras han gestionado Doe Run Peru, que comprende el CMLO y la Mina Cobriza, descapitalizándola para liquidarla y venderla.
No puede seguir matándose la gente en La Oroya y limitar la productividad del valle del Mantaro para garantizar la rentabilidad del CMLO dependiente del procesamiento de concentrados sucios tal como fue diseñado en 1922.

Estado Peruano debe mantenerse alerta

En abril del 2011, Renco Group y Doe Run Perú inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, pretendiendo una indemnización de 800 millones de dólares, alegando que recibieron un trato injusto, que el Gobierno le había exigido responsabilidades adicionales en el programa de manejo ambiental y que había un intento de expropiación de la planta por parte del Estado peruano.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI, es una instancia de arbitraje internacional creada por el Banco Mundial para garantizar e incrementar los flujos de inversiones en el Estado receptor; motivo por el que, existe un sesgo de desconfianza, criticas y cuestionamientos a los mecanismos de funcionamiento y su alto grado de independencia del sistema judicial de los países. Su papel es atender las controversias que surgen entre los inversionistas y los Estados receptores de la inversión y aplicar mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión establecido en los Tratados de Libre Comercio - TLC.

La resolución del 15 de julio del 2016, dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a favor del Estado Peruano en su condición de árbitro para el caso de la demanda de arbitraje planteada por Renco Group y Doe Run Perú, nos permite expresar nuestra satisfacción y reconocimiento como un paso importante en el respeto a los reclamos de la población de La Oroya y la facultad que tienen los países receptores de inversiones para proteger los derechos de las poblaciones locales.

Sin embargo, ésta decisión unánime tomada por los miembros del tribunal arbitral del CIADI, fue prematura, debido a que se refiere al incumplimiento de Renco con el requisito formal del articulo 10.18 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, por que Renco intentó mantener la posibilidad de demandar al Estado peruano en las cortes domesticas, cuando según la norma debía haber negado este derecho al inicio de este proceso.

Por eso, la decisión arbitral dice: “Renco no ha logrado establecer los requisitos para el consentimiento del Perú para arbitrar en virtud del Tratado”; “por tanto, los reclamos de Renco deben ser desestimados por falta de jurisdicción”, cortando por ahora este proceso que pudo haber durado mucho más.

Sin embargo, debemos tener en cuenta las amenazas de la transnacional Renco Group y Doe Run Perú, para volver a demandar al Estado Peruano, lo que debe mantenernos alerta, mediante acciones de mejoramiento de nuestras condiciones ambientales en La Oroya y Región Junín, así como el respeto de los derechos fundamentales a la salud y el trabajo.

Instamos a las autoridades actuales y a quienes asumirán el gobierno, a no caer en las decisiones fáciles de relajar los estándares ambientales, con el pretexto de poner en operación el  Complejo Metalúrgico de La Oroya; por el contrario, los instamos adoptar las medidas de cuidado y control ambiental necesarias, a realizar la remediación de los pasivos ambientales y la promoción de un desarrollo económico sostenible, más amigable con el ambiente, que respete la vida y salud de las personas.

 

Lima, 22 de julio de 2016

 

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