A TRAVÉS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

  • Sociedad Civil exige que borrador del marco de alianza que suscribirá el gobierno peruano, sea público
  • En este periodo de gobierno el BM nuevamente condiciona políticas de Estado a los préstamos que ofrece
  • Transparencia y acceso a la información, seguridad territorial y sector laboral son los más afectados

Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que 65 de los 112 Decretos Legislativos de reactivación económica que el Poder Ejecutivo ha emitido, entre diciembre 2016 y enero de este año, vienen debilitando aún más la institucionalidad ambiental del Estado, tal como sucedió en el gobierno de Ollanta Humala con los “paquetazos ambientales”.

Todo ello ha generado nuevamente un retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, la institucionalidad ambiental, la transparencia y acceso a la información, la seguridad territorial, el derecho al agua, y ha dado paso a la flexibilización de la normativa minera, con la formalización de la minería informal.

A través de un pronunciamiento también suscrito por la RED MUQUI, la Sociedad Civil mostró su preocupación por estos impactos y su relación directa con el proceso de Alianza con el Perú 2017-2021, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pronto firmará con el Grupo del Banco Mundial (GBM).

“Esta avalancha normativa no es un gesto aislado, un escenario similar se dio en el gobierno anterior con los llamados paquetazos ambientales. La Ley N° 30230, impulsada por el Banco Mundial como una “acción previa” a la aprobación de un DPL (Préstamos de políticas para el desarrollo, en inglés), ha sido señalada como nociva para la institucionalidad ambiental, ya que implicó el recorte de facultades fiscalizadoras del OEFA”, suscribieron más de 50 organizaciones.

Ya que el GBM está elaborando su Estrategia Marco de Alianza País del Perú, las organizaciones firmantes consideran oportuno alertar sobre los potenciales impactos de los Decretos Legislativos emitidos en los últimos meses, y, sobre todo, exigir que se tenga la oportunidad de conocer públicamente el borrador de esta Alianza, para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer comentar y hacer aportes.

Fórmula sin éxito

Organizaciones de la Sociedad Civil recordaron que flexibilizar los controles socio-ambientales para tener inversiones sostenibles, ha sido un rotundo fracaso, pues La ley N° 30230 que prometía mayor inversión, no ha logrado que el Perú salga del puesto 67 de ranking de competitividad Doing Business desde el año 2011. Esto evidencia que no existe ningún efecto probado sobre la dinamización de las inversiones.

“El rol de la banca multilateral es apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Dónde sí hay indicadores es en el aumento de la conflictividad social, de emergencias ambientales, costos sociales y de la corrupción asociada a la falta de transparencia en grandes proyectos de infraestructura”, se asevera en el pronunciamiento.

Por parte del GBM, es importante el fortalecimiento de procedimientos para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.

En el caso de los Pueblos Indígenas, los más afectados por la Ley N° 30230, se hace necesaria que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos Este proceso debe permitir y garantizar el acceso previo y adecuado culturalmente de la información a ser consultada, en lugar de promover el secretismo que se facilita con el D.L. N° 1353.

Proinversión y APP en la mira

Cabe mencionar que el GBM financió la ley marco de APP (Asociación Público Privada), en el marco del DPL sobre gastos públicos y política de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal, que promueve la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura a través de APP que genera riesgos de déficit fiscal, impactos socio-ambientales, entre otros.

En línea con esta política, el D.L. N° 1251 reforma la legislación de APP y la estructura de ProInversión con la finalidad de acelerar el proceso de promoción de proyectos; los cuales además se rodean de superpoderes de expropiación territorial a cargo de una nueva burocracia la APIP (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) adscrita a ProInversión (que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) creada por D.L. N° 1333.

Es así que la Sociedad Civil proponen que las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para los sectores populares y la precarización laboral, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.

¿Y la Transparencia?

“El GBM debe rendir cuentas en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales, y además debe contar con mecanismos específicos que garanticen la participación y vigilancia de los pueblos indígenas, trabajadores”, consideraron las organizaciones.

Precisamente, la Sociedad Civil cuestionó que el gobierno haya emitido el DL N°1353 que debilita el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el país; cuando el GBM viene apoyando iniciativas internacionales de transparencia en industrias extractivas como el EITI.

“Reconocemos que las inversiones son importantes para el desarrollo del país, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, y no para favorecer a las grandes transnacionales que lucran y corrompen a funcionarios y partidos políticos de gobierno. Por eso no vamos a permitir que se basen en la flexibilización normativa”, exhortaron 52 organizaciones de la Sociedad Civil.

Fuente: Pronunciamiento “Las consultas del Banco Mundial y las reformas neoliberales”

Foto: UM Perú

 

  • Proceso comenzó el 1 primero de julio y concluiría en noviembre de este año

Luego de ser anfitrión de la VII Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés), Perú enfrenta un nuevo reto en el marco de esta iniciativa.

Representantes del Secretariado Internacional del EITI conversaron con miembros de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la transparencia en las industrias extractivas y organizaciones de pueblos indígenas para conocer sus impresiones sobre la iniciativa. El encuentro se desarrolló en el marco del proceso de validación de la implementación del EITI en Perú.

El EITI es una alianza estratégica entre 51 países que busca transparentar los pagos que realizan las empresas (de gas, petróleo y minería) a los gobiernos y los pagos que estos reciben producto de la extracción de nuestros recursos naturales.

Cada país cuenta con un organismo, espacio, comisión u otros integrada por gobiernos, empresas y sociedad civil para implementar la iniciativa –en nuestro país se denomina Comisión Nacional EITI Perú–, una de sus principales tareas es propiciar la elaboración de los Informes EITI, llamados estudios de conciliación nacional (ECN), en el caso de Perú.

Perú integra el EITI desde 2005. Con solo un ECN publicado, su primera validación fue en 2012, recibiendo la categoría de “país cumplidor”. En esta oportunidad, nuestro país ya cuenta con cinco estudios, en el último participaron voluntariamente 60 compañías del sector extractivo (18 compañías del sector hidrocarburos y 42 del sector minero), tres empresas menos que el cuarto estudio. Además cuenta con iniciativas regionales en Piura y Moquegua.

Proceso de validación

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“La validación permite afinar la implementación del EITI” explicó a los asistentes Francisco Paris del Secretariado Internacional, quien junto a Aida Amot se encuentran en Lima recogiendo los comentarios de la sociedad civil, empresas y gobiernos –insumos que servirán en el proceso de validación. Por ello parte de su trabajo es conocer cómo la sociedad civil del país está involucrada, asimismo cómo se relaciona y articula.

El papel de la transparencia de las empresas extractivas chinas –como la empresa Chinalco quien aún no participa en los ECN–, la mejora de la comunicación de los resultados de los ECN, al igual que la prontitud de la data de los informes –el V ECN contiene cifras del año 2014– fueron algunos de los aspectos mencionados en el diálogo. Asimismo, representantes de las organizaciones de pueblos indígenas pusieron en agenda la actual coyuntura de la Amazonía tras los derrames de petróleo.

El espacio sirvió también para explicar al Secretariado las expectativas que tiene la sociedad civil frente al EITI. Una de ellas fue su propuesta de incorporar información socio-ambiental para generar confianza en los reportes y fomentar mayor vigilancia al EITI, a través de la participación de más miembros de la sociedad civil y pueblos indígenas. Respecto al estándar ambiental, el Secretario del Internacional precisó que aunque no es obligatorio, más de 14 países ya vienen incorporando información ambiental y que corresponde a la Comisión EITI Perú dar respuesta a ese pedido.

Otra expectativa fue que se transparente la información sobre los gastos y compromisos sociales, así como a los beneficiarios reales de las industrias extractivas (personas naturales propietarias de las empresas)[1] y que se profundice la transparencia en la información fiscal (tributaria y no tributaria), el aporte, la distribución y el uso de los recursos obtenidos por los gobiernos de las industrias extractivas.

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo Propuesta Ciudadana como representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional EITI –titular y alterno, respectivamente– seguirán informando sobre cómo se viene desarrollando la evaluación del país.

Para más información sobre la iniciativa visita el portal web de DAR dedicado al EITI.

Conoce en qué consiste el proceso de validación aquí.

Accede aquí al estándar actual del EITI.

 [1] La obligación de trasparentar la información de los beneficiarios reales es un compromiso del Estándar EITI aprobado el febrero de 2016 durante la VII Conferencia en Lima.

Fuente / Fotos: DAR

La explotación de los recursos naturales no renovables forma parte crucial en muchas economías del mundo, siendo casi el motor central de sus PBI. Las actividades extractivas están relacionadas con conflictos sociales (en algunos casos criminalizando su protesta), y denuncias de corrupción, pero sobre todo al desconocimiento y desinformación por parte de la población sobre la renta, las utilidades y los usos del dinero que recibe el Estado proveniente de los impuestos y regalías.

Transparentar el flujo económico de las industrias extractivas es fundamental. Por tal motivo la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) cobra gran relevancia en el mundo y en nuestro país. El EITI se conforma por representantes de gobiernos, empresas y sociedad civil con el objetivo de transparentar los pagos que realizan las empresas extractivas a los Estados y el ingreso que se recibe de estas, para prevenir hechos de corrupción y mejorar la gestión de los recursos económicos que se obtienen de esta actividad. En la actualidad 51 países la conforman de manera voluntaria.

Desde 2005, Perú es miembro de la iniciativa y ha venido cumpliendo con los criterios y exigencias del estándar, ha sido el primer país en América Latina en recibir la categoría de país cumplidor y en implementar dos experiencias descentralizadas que permiten a la ciudadanía vigilar el uso de los recursos del canon en sus localidades, tales son los casos de Piura y Moquegua.

Sin embargo, ninguno de los candidatos presidenciales ha tenido propuestas concretas en materia de transparencia en el sector extractivo y la prevención de conflictos sociales. El EITI al ser un mecanismo que fomenta mayor transparencia, puede servir para generar confianza con la población y ayudar a prevenir los conflictos sociales.

En febrero de este año, la Comisión Nacional EITI Perú presentó los resultados del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN) del EITI (elaborado por la Consultora E&Y) correspondiente al año fiscal 2014. En este estudio participaron 59 empresas. Para asegurar amplia cobertura uno de los criterios de participación es que el aporte de la empresa sea igual o mayor al 2% del valor de producción para el sector minero y de 1% para el hidrocarburifero.

Esta Comisión ha definido que los resultados de los Estudios deben reflejar los siguientes conceptos: (i) Impuesto a la Renta determinado por el Contribuyente (de las Declaraciones Juradas presentadas por los subsectores minería e hidrocarburos); (ii) Regalías (subsectores de minería y petróleo); (iii) Impuesto Especial a la Minería (solo para el subsector minería); (iv) Gravamen Especial a la Minería (solo para el subsector minería) y (v) Derecho de Vigencia (solo para el subsector minería).

En el V estudio se logró cubrir al 85% del valor de producción minero y el 95% del subsector hidrocarburos. Solo una compañía manifestó su intención de no adherirse al informe EITI, la Minera Chinalco Perú SA, la cual cuenta con una participación mayor al 2% del sector. La decisión de esta empresa de no participar afecta negativamente el objetivo del país de cumplir con el estándar EITI.

Por lo expuesto, instamos a que los candidatos den continuidad y fortalezcan esta iniciativa y que empresas como Chinalco transparenten sus pagos al Estado, evidenciando su voluntad de adherirse al estándar EITI, a fin de evitar poner en riesgo la permanencia de nuestro país en una iniciativa que podría contribuir a mejorar los procesos de participación y transparencia ambiental en nuestros recursos extractivos.

Tras 11 años de implementación del EITI, necesitamos que la materialización de los mecanismos de financiamiento del sector sea parte de una política pública de transparencia, al igual que la administración de la información proporcionada por empresas sea más rápida. La creación de una Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información sería la oportunidad para hacerlo, de tal manera se podría impulsar el EITI y la Alianza de Gobierno Abierto (OGP, en inglés) en el país.

El OGP promueve la transparencia, la lucha contra la corrupción, ampliar la participación social y lograr un gobierno abierto, eficaz y responsable en el manejo del presupuesto y la información pública. Nuestro país también forma parte de esta iniciativa desde el 2012, siendo necesario que también el próximo gobierno se manifieste sobre su continuidad.

Finalmente, el EITI y el OGP se vuelven fundamentales ante el actual contexto de flexibilización de estándares socio-ambientales en las inversiones, cabe señalar, que una de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Evaluación de Desempeño Ambiental Perú 2016 es la inclusión del tema ambiental en el EITI. Por ello, transparentar y hacer accesible mayor información AMBIENTAL respecto a las industrias extractivas como la información relacionada con los procesos de otorgación de derechos, evaluación y fiscalización ambiental, se convierte en salvaguardas para generar inversiones sostenibles.

Lima, 3 de junio de 2016.

VER PRONUNCIAMIENTO

Firman:

1. Alfa-Redi
2. Alternativa - Centro de Investigación Social y Educación Popular
3. Asociación Arariwa
4. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
5. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
6. Asociación Nacional de Centros
7. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
8. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
9. Asociación Servicios Educativos Rurales
10. Cáritas del Perú
11. Central Asháninka del Río Ene (CARE)
12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
13. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)
14. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
15. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú
16. Ciudadanos al Día
17. Confederación Nacional Agraria (CNA)
18. Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
19. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
20. Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro)
21. CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
22. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
23. Environmental Investigation Agency (EIA)
24. EQUIDAD, Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos
25. Foro Ecológico del Perú
26. Forum Solidaridad Perú (FSP)
27. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
28. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
29. Instituto de Desarrollo Socioeconómico (IDS) PROSPECTIVA AMAZÓNICA
30. Instituto del Bien Común (IBC)
31. Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
32. Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P)
33. Paz y Esperanza
34. RED MUQUI Perú
35. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
36. Salud Preventiva Andina
37. Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)

AL SER ACCIONISTA PRINCIPAL

Más de 60 organizaciones y redes –nacionales e internacionales– de la Sociedad Civil le pidieron a la trasnacional Newmont que, en su calidad de accionista principal, tome medidas urgentes e inmediatas para que la minera Yanacocha cese el hostigamiento que ejerce sobre Máxima Acuña y a su familia, desde el año 2011.

En una carta dirigida al presidente y CEO de Newmont, Gary Goldberg, las organizaciones civiles firmantes, cuestionaron que el funcionario acuda a la sétima conferencia internacional del EITI para promover la transparencia en minería y hablar sobre las comunidades afectadas por la actividad extractiva, mientras Yanacocha vulnera los derechos de una familia campesina que decidió no vender sus terrenos al proyecto Conga.

“Lamentamos (…) y rechazamos rotundamente que mientras usted inaugura un evento que promueve la transparencia en actividades extractivas, la trasnacional que dirige, junto con la empresa Buenaventura –su socia en Yanacocha– violen de manera sistemática, prepotente y abusiva, los derechos humanos de la Señora Máxima Acuña de Chaupe y su familia”, aseveraron en la carta a Newmont.

En ese sentido, las Sociedad Civil nacional e internacional, le detalló Newmont los atentados que estos agricultores vienen soportando por proteger su terreno de Tragadero Grande (Celendín, Cajamarca); del mismo modo le informaron a Goldberg sobre la situación judicial de este caso, tal como el fallo final de la Sala Penal de Cajarmarca (17 de diciembre, 2014), y la medida cautelar a favor de los Chaupe (5 de mayo, 2014) dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“(…) Yanacocha actúa ignorando los protocolos internos de Newmont y los principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, asumidos voluntariamente por las principales empresas mineras del mundo (…)”, se recalca en la misiva.

Tras resaltar que Newmont forme parte de la iniciativa EITI y que se oriente a generar transparencia desde la minería, la Sociedad civil peruana e internacional le recordó a Goldberg que solo sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se puede llevar un diálogo alturado y responsable sobre el rol de la minería en estrategias socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

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VER CARTA EN ESPAÑOL

VER CARTA EN INGLÉS

Goldberg en el EITI

El 24 de febrero último, Gary Goldberg expuso en la sesión plenaria de la 7ª Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), y aseguró que junto a otros líderes del sector minero mundial, han participado en algunas reuniones con el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, organismo que ha venido recibiendo quejas y exhortos de comunidades y pueblos afectados por la minería en el mundo.

Según el presidente de la principal accionista de la minera Yanacocha, ahí pudo acercarse a la gente que afirmaba que la minería es la causa de todos los males. De igual modo, comentó que han invitado y llevado a diferentes organizaciones mundiales e instancias de la iglesia, a conocer los lugares donde realizan sus actividades extractivas. Ello para “desbaratar las mentiras que se crean en torno a la minería”.

Pese a ello, Gary Goldberg reconoció es muy importante lograr la licencia social, porque ello les permite desarrollar sus proyectos de oro, en el caso de Newmont.

“Es cierto que hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar. Estamos buscando el bien común. Nos estamos asegurando que los ingresos lleguen a las comunidades”, apuntó Goldberg.

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Transparencia e imagen minera

En otro momento de la Conferencia Global del EITI en Lima, indicó que su trasnacional viene trabajando con otras 22 empresas en la mejora de la industria minera, a través del EITI.

Igualmente destacó que en sus 35 años de experiencia, ha ido cambiando su mirada hacia la búsqueda de nuevos compromisos y uno de ellos es la transparencia.

“Las empresas deben cambiar sus perspectivas respecto a la transparencia. Ello con el fin de que la percepción de la gente acerca de la minería cambie. La gran mayoría no confía en los informes que presentan las mineras”, afirmó.

Asimismo, Goldberg propuso que en minería debe haber mecanismos que permitan mayor transparencia, más allá del vaivén de los precios de los minerales y la naturaleza cíclica de los mismos.

Como una cuestión pendiente, el máximo representante de Newmont advirtió que el sector minero debe tomar en cuenta las recomendaciones del EITI. “Solo 10% de las recomendaciones se llevan a la práctica. De cumplir con la mayoría de estas, podríamos mejorar la aplicación del EITI y lograr la transparencia que todos deseamos alcanzar como meta”, remarcó.

Foto: PT Newmont / Colectivo Tajo abierto / Twitter MINEM

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.

Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.

Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.

La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.

Firmantes:

Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Arariwa

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Civil Universidad Coherente

Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Cáritas del Perú

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colegio Economistas Loreto

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cooperativa Norandino

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

DESCOSUR

Environmental Investigation Agency (EIA)

EarthRights International (ERI)

Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Instituto del Bien Común (IBC)

IPSA - Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto

OXFAM en Perú

Paz y Esperanza

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca

RED MUQUI PERÚ

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Salud Preventiva Andina

Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)

Suma Ciudadana

AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

AFIRMA OXFAM EN PERÚ

El representante de OXFAM en el Perú, Vladimir Pinto, indicó que una reglamentación del derecho a la Consulta Previa no permite que el Estado pueda comprender, de manera más amplia, este derecho propio de los pueblos indígenas.

“Resulta un asunto complejo, porque entrar en detalles restringe el entendimiento de este derecho. Creo que el camino de la reglamentación no es recomendable para otros países, que lamentablemente están pensando en ello como Colombia, Brasil y México, donde se discute como reglamentar el derecho a la consulta”, aseguró Pinto.

Si bien, resaltó que el Perú es un ejemplo en Latinoamérica por ser el país que tiene una ley reglamentada, así como protocolos y modificaciones en los textos de procedimientos de algunos sectores, ello no asegura el éxito de un proceso de consulta.

“Se ha hecho mucho trabajo normativo. Se ha creado una institucionalidad ADHOC, y ello es una forma homogénea de hacer las cosas, sin embargo, tenemos una entidad rectora en el Estado, pero al final cada ente tiene su propio mecanismo específico de implementar las consultas”, consideró.

Para el representante de OXFAM en nuestro país, el éxito de un proceso de consulta previa radica el plan de consulta para cada proceso específico.

“En el Perú, durante los distintos procesos de consulta que se han desarrollado, lo que determina el éxito de las consultas es el plan de consulta porque eso es lo que realmente se negocia. En la mayoría de los casos, estos planes van más allá del reglamento, y con ellos se ha llegado a modificar cosas que, incluso, están específicamente normadas”, señaló.

Durante su intervención en el evento de OXFAM “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, Vladimir Pinto, resaltó el buen resultado que ha traído la consulta previa en aprobación o modificación de leyes de alcance general.

“Los casos de Consulta Previa sobre temas generales que son los que mejor funcionan, más que los casos específicos de afectación. En el Perú tenemos la reglamentación de la ley forestal, el plan nacional de salud intercultural, en donde hubo un dialogo real entre el Estado y las organizaciones y con cambios significativos entre la norma originalmente planteada”, comentó.

De igual modo, Pinto sugirió que el manejo de la cultura de la consulta previa no puede estar solo en un sector del Estado, sino que cada una de las partes involucradas en el proceso debe tener un especialista en la materia, así como un entendimiento básico de los derechos de los pueblos indígenas.

En respuesta, la Directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo, puntualizó que el reglamento ayuda a determinar que se consulta todo aquello que tiene afectación directa sobre los pueblos indígenas, es decir un cambio en la situación jurídica y el ejercicio de un derecho.

“Es un gran reto explicarle a un funcionario como es que la afectación directa de los derechos colectivos y cómo eso ayuda a identificar qué es lo que se consulta”, explicó.

En cuanto a la identificación de pueblos indígenas, Acevedo dijo que el Perú cuenta con una base de datos referencial y que se va a actualizando de acuerdo a los trabajos de campo que el Estado realiza en las comunidades indígenas. Esto se debe a que en los censos poblaciones no se ha recogido información sobre ello.

La representante del Ministerio de Cultura, también aseguró que cuando se implementa el derecho a la consulta, surgen agendas que no están relacionadas al proceso o a lo que se está discutiendo en un caso particular.

“En consulta previa se discute sobre una medida que afecta el derecho colectivo. Hay una agenda indígena y otros temas pendientes que no necesariamente se van a debatir en un proceso de consulta previa. La consulta no es el remedio para los temas históricos, de titulación, acceso a la educación, salud, entre otros”, aclaró Acevedo.

DATO:

Vladimir Pinto (OXFAM Perú) y Ángela Acevedo (Ministerio de Cultura) participaron y comentaron el contenido de dos informes: "Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en América Latina", y "Índice de consentimiento de las comunidades 2015". Ambos documentos fueron presentados en el evento “¿Quién tiene el derecho a decidir? Tendencias sobre la Consulta Previa y el consentimiento comunitario en los sectores de petróleo y minería”, realizado en el marco del EITI y organizado por OXFAM y el Ministerio de Cultura.

 

FOTO: Captura YouTube RED MUQUI

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