Se busca amedrentar. La policía nacional envió una carta notarial este 19 de abril organización social Derechos Humanos sin Fronteras, de Cusco, afirmando que se está cometiendo “difamación y delito contra el honor”, en alusión a la difusión de información que dicha organización realiza desde redes sociales sobre el abuso de autoridad cometido con mujeres de la comunidad de Espinar. Como respuesta, Derechos Humanos sin Fronteras publicó un comunicado este 27 de abril.

Cabe recordar que el 3 de abril, una familia denunció haber sido agredida por la policía. Afirmaron que personal de seguridad de la minera Glencore y efectivos de la policía ingresaron a su propiedad. Las fotos, difundidas en redes sociales, muestran mujeres campesinas en el suelo, rodeadas de la PNP.

En la carta notarial la PNP señala que:

“Con respecto a los hechos suscitados el pasado 03 de abril, entre los pobladores y la minera Antapacay, así como la declaración del Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, no podemos pronunciarnos al respecto, debido a que es materia de investigación fiscal, así como decisión del Gobierno Central”.

Derechos Humanos sin Fronteras, también ha dado alerta sobre los continuos Estados de Emergencia en el corredor minero del Sur, sobre todo, en Espinar. Medidas que han sido calificadas como arbitrarias y que atropellan los derechos por dirigentes de la zona como Victor Limaypuma y Ferdinam García. “Exigimos al presidente de la república a que levante el estado de emergencia, que constantemente atemoriza a los cotabambinos”, dijo Ferdinam García, secretario de Derechos Humanos del Frente de Defensa de los intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas en una conferencia de prensa realizada por CooperAcción hace unas semanas en Lima.

En esa misma conferencia, Evelyn Cavero, presidenta del Consejo Regional de Apurímac, aseveró que “no se puede mantener un silencio cómplice ante las arbitrariedades del gobierno central y la empresa con las comunidades”. Hizo alusión a la alianza que mantendría la policía con la empresa.

Ammnistía Internacional señaló, por su parte, que son muchas las formas en que se criminaliza a los dirigentes u organizaciones sociales. La representante en nuestro país de AI, Marina Navarro Indicó para La República que con frecuencia los defensores medio ambientales enfrentan procesos judiciales infundados como una forma de hostigamiento y con el objetivo de silenciarlos.

Este es el comunicado que Derechos Humanos sin Fronteras difundió esta mañana:

La Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco, organización integrante de la Cnddhh Perú, frente a la carta notarial de la Dirección de la VII Macro Región Policial Cusco – Apurímac, en la que se nos pide rectificarnos por el presunto “contenido de las informaciones tendenciosas y por lo demás agraviantes contra el honor, prestigio, imagen institucional y buena reputación del personal de la PNP”, dado que habríamos “cometido el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada”, nos expresamos ante la opinión pública con el siguiente pronunciamiento:

1. Rechazamos esta forma de amedrentamiento en contra de nuestro trabajo, lo único que busca es no dar respuesta a las múltiples denuncias y quejas que legítimamente expresan los pobladores que viven en la provincia de Espinar y en los territorios cercanos al proyecto minero Las Bambas, o del ámbito del corredor minero. Una preocupación real por su honor y prestigio de la PNP, debiera ser más bien el esclarecimiento de denuncias y quejas que pobladores de Espinar realizan en contra de miembros de la PNP. Nos preguntamos ¿Ésta es la estrategia del gobierno de Martín Vizcarra para abordar los problemas de la población en territorios con conflictividad socio ambiental?

2. Es de público conocimiento que nuestra institución ha expresado su rechazo a la existencia de Convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Nos reafirmamos, que estos convenios le quitan legitimidad y credibilidad a la PNP, ahondando la deslegitimidad que instituciones como la PNP deben brindar a favor de la población.

3. Es inadmisible la prórroga de Estado de emergencia por sesenta días en el Corredor Minero Vial Apurímac– Cusco–Arequipa (Decreto Supremo N°37-2018 PCM). No es solamente inconstitucional, sino se utiliza como estrategia para silenciar el legítimo derecho a la expresión que las poblaciones en este territorio tienen. Con esta nueva prórroga, el Gobierno actual demuestra su incapacidad por resolver las múltiples preocupaciones que la población tiene a la fecha.

4. Es de conocimiento que el 3 de abril del 2018 en uno de los sectores de la comunidad de Alto Huarca (Espinar), una familia denuncio la intervención violenta de miembros de seguridad de la empresa minera Glencore – Antapaccay con apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Los hechos fueron denunciados públicamente, consecuencia de ello actualmente existe una denuncia por abuso de autoridad en contra de la Fiscal Provincial Adjunta de Espinar Delia Avendaño Yucra, personal de seguridad de la Empresa Minera Glencore - Antapaccay y los que resulten responsables, ante la Fiscalía Superior de Cusco. La investigación se encuentra en curso.

5. Como organización de derechos humanos, hemos evidenciado y hecho pública nuestra postura sobre este tipo de actuaciones irregulares del Estado, en reiteras oportunidades hemos exigido que las instituciones del estatales garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las poblaciones en territorios afectados por actividad minera que enfrentan preocupaciones por contaminación, afectaciones en su salud, criminalización de protesta, etc.

6. Ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y le recordamos al Estado que es también su obligación garantizar que las y los Defensores de Derechos Humanos, debemos desarrollar nuestras actividades sin temor a represalias, y cualquier restricción a nuestra labor la denunciaremos públicamente, solicitando a las instancias respectivas se garantice nuestro trabajo como organización defensora de los derechos humanos y hacemos responsable al Estado peruano, de cualquier situación que pudiera ocurrir en contra de la integridad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización.

Cusco, 27 de abril del 2018

La vida no vale un cobre es el primer documental transmedia que retrata el drama del impacto de la actividad minera en el sur de Perú. La variedad de formatos permiten que el espectador pueda conocer de manera dinámica las historias, convivencias y testimonios de las poblaciones afectadas por esta actividad.

Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje, otros- forman parte del documental transmedia La vida no vale un cobre. Su formato permite al espectador conocer de cerca los conflictos que genera la mina en la provincia de Espinar, Cusco, donde se encuentra una de las minas de cobre más grandes del mundo, la poderosa mina suiza Glencore, que viene extrayendo de esta provincia más de 160 mil toneladas de concentrado de cobre al año para ser llevados hasta China.

Espinar cumple este año 36 años de explotación de minerales, sin embargo las cifras de pobreza no se han revertido en la zona.

El documental cuya producción duró año y medio, da un principal protagonismo a las mujeres en sus diversas piezas, como el corto animado La vida no vale un cobre, el cortometraje Pachamama herida,video arte Otros tiempos y el teaser del largometraje Melchora y su lucha contra la contaminación minera.

La narrativa del documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar, Cusco, muestra cómo sus aguas se contaminan debido a la actividad minera. En el camino, ella observa cómo los ganados -que son la principal fuente económica para las poblaciones de la zona- están muriendo, mientras que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado de cobre, dejando a su paso pobreza y contaminación.

Corto animado La Vida no vale un cobre:https://bit.ly/2H17MHm

La segunda pieza de La vida no vale un cobre es el teaser del largometraje Melchora, que se estrenará en noviembre de este año, cuyo personaje principal es una dirigente social de Alto Huancané (Espinar), Melchora Surco, quien a raíz de los resultados de estudios oficiales del Censopas (Minsa) inicia su lucha, recorrerá todas las instituciones nacionales e internacionales denunciando que toda su comunidad consume agua contaminada por la actividad minera. El teaser relata cómo su vida y la de sus vecinos ha cambiado desde que ingresó el gigante de cobre que prometía prosperidad a su localidad. Ella tiene más de 10 metales en su cuerpo, los habitantes de su comunidad también están enfermos, Melchora suplica al Estado nacional, local y regional que sean atendidos con salud especializada y con acceso al agua.

Teaser Melchora: https://bit.ly/2GZEIjG

La directora del documental Magali Zevallos señala que el objetivo del proyecto es visibilizar la alarmante contaminación ambiental que hay en Espinar y el daño irreversible en la salud de su población. Dos estudios realizados en esta provincia cusqueña han demostrado que cerca a 700 personas dosadas entre los años 2010 y 2013 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (Censopas) tienen metales pesados tóxicos en su organismo y hasta la fecha no hay tratamiento especializado para los afectados. Asimismo desde el 2012, el Estado se comprometió mediante las Mesas de Diálogos -instaladas hace seis años a raíz del conflicto social- que se identificarían las causas de la contaminación en la zona, han pasado seis años y no hay respuesta del Estado.

“Desde hace 16 años se alerta de la contaminación en la zona mediante monitoreos ambientales. Desde hace ocho años el Estado ha identificado que hay centenares de personas contaminadas. Existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, pero no se ha implementado por falta de presupuesto. Estamos frente a un Estado indolente, que no está interviniendo en las zonas extractivas del país a pesar de que las poblaciones claman intervención urgente”, señala Zevallos.

Añade que hay un patrón desde el Estado de ocultar información sobre estudios de contaminación en zonas extractivas, y afirma que en dos oportunidades se ocultaron los resultados del Censopas en Espinar. “Esto es una clara violación a los derechos humanos. Hay un Estado ausente que desde las mesas de diálogo, tras el conflicto de Espinar, se ha comprometido a atender el tema de salud, acceso al agua y el tema ambiental que son las principales preocupaciones de la ciudadanía en la zona. Hasta la fecha no hay acciones concretas para revertir esta  alarmante situación”.

El documental recoge a través de sus infografías animadas cifras y data oficial sobre temas sociales, pues según el Censo del 2007 del INEI, el 64.7% de la población de la provincia de Espinar es pobre, el distrito de Espinar: 56.3%. Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de Espinar no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.

En 2007 la desnutrición crónica afectaba al 42,1% y el 2009 al 47,1% de los niños menores de cinco años de la provincia, lo que significaba que hubo 2,916 y 3,567 niños con desnutrición crónica entre 2007 y 2009.  Según la Micro Red Yauri (2014) de las 764 mujeres evaluadas, 445 presentaban anemia entre leve (231), moderada (213) y severa.

La vida no vale un cobre es una producción de Hiperactiva Comunicaciones,  el equipo está conformado por documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista peruana Magali Zevallos. Proyecto que tiene sus orígenes en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Tv San Antonio de Los Baños, Cuba.

 

Se puede revisar el documental AQUI:  http://lavidanovaleuncobre.com/

DESPÚES DE 5 AÑOS DE PROCESO

  • Defensa presentan alegatos finales de dirigentes y exalcalde procesados

El juicio oral contra el exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), Oscar Mollohuanca, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Herbert Huamán y Sergio Huamani, ha llegado a su etapa final.

Para este martes 4 de julio a las 10:30 horas, el Poder Judicial de Ica programó la audiencia de alegatos finales en el Primer Juzgado Unipersonal de Ica. Luego de escuchar los alegatos finales, se estima que el juez estaría emitiendo sentencia en las próximas semanas.

Tras casi cinco años de investigaciones injustas y dilaciones en el caso, Mollohuanca, Huamán y Huamani vienen afrontando un proceso judicial en la ciudad de Ica, por haber participado en las movilizaciones sociales e intentar canalizar las justas demandas de la población espinarense en contra de la empresa minera Antapaccay.

Los delitos que se les imputan son: atentado contra la seguridad común y entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios. Para ello, la Fiscalía ha solicitado 8 años por los dos primeros delitos, y 7 por disturbios, Además del pago de 100 mil nuevos soles como reparación civil.

Cabe recordar que desde el 2012, la Fiscalía modificó en más de cuatro ocasiones su acusación y tipificación de delitos, pidió 20 años de cárcel. La investigación contra el alcalde y dirigentes se desarrolló en Ica, luego que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidiera remitir el caso fuera de Cusco, porque supuestamente no existía garantía para los fiscales. Desde entonces no retornó al distrito judicial Cusco pese a que cesó la violencia unos pocos días después de iniciada la investigación.

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El caso fue asumido por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, María Ley Tokumori.

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), con apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), informó que garantizará la presencia de los abogados y los mismos denunciados, en esta última fase del proceso.

DATO:

El conflicto en Espinar estalló en mayo del 2012, y cuyo saldo fueron 3 personas fallecidos, más de 100 heridos (entre civiles y policías), una decena de personas detenidas para luego ser procesados judicialmente.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco

Fotos: Radio Venus / DHSF Cusco

PESE A DESESTIMACIÓN DE DELITOS

  • En investigación preliminar la propia Fiscalía desestimó acusaciones del MINSA
  • Ahora el Ministerio Público se centra en acusación de uso de documentación falsa

Fiscalía formuló acusación penal contra el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, y el médico ambientalista, Fernando Osores, quienes denunciaron el caso de campesinos afectados en su salud por metales pesados en Espinar (Cusco).

Pese a que, en su investigación preliminar, el Ministerio Público archivó cuatro de los cinco delitos contemplados en la denuncia realizada por Procuraduría Pública del Ministerio de Salud (MINSA), La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa insiste en que Ruiz y Osores se valieron de un certificado de defunción falso para denunciar que el Estado trató de ocultar contaminación de personas por metales pesados en sangre.

“En octubre del año 2015, Fernando Osores y mi persona, denunciamos que campesinos afectados por metales pesados en Espinar empezaron a ver su salud gravemente comprometida. Como fue el caso de Margarita Ccahuana Córdova, quien murió por cáncer renal y por intoxicación por arsénico y cadmio, tal como señala su certificado de defunción”, comentó Ruiz Molleda.

Según señaló el MINSA en su denuncia de año 2015, el abogado de IDL y el médico especialista en salud ambiental, habrían falsificado el resultado del examen clínico de doña Margarita (otorgado por CENSOPAS en el 2010), al igual que su firma en una declaración jurada donde ella ratificaba su denuncia. Esto fue desestimado por la misma Fiscalía.

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Asimismo, el procurador del MINSA aseguró que Ruiz y Osores, en coordinación con el médico arequipeño Julián Olave, insertaron información falsa en el certificado de defunción de la señora Cahuana.

“Desde antes de la denuncia de la Procuraduría, nosotros demostramos que el certificado de defunción de la fallecida doña Margarita, nos fue entregado por su hijo Canciano Taquima Ccahuana. Y que este documento fue expedido regularmente por Julián Olave, médico del Hospital de Goyeneche de Arequipa”, replicó Ruiz.

Ahora el despacho fiscal ha centrado su investigación en el certificado de defunción y ha ordenado una serie de diligencias luego de casi dos años de la publicación del artículo donde se dio a conocer el caso de contaminación de las poblaciones de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané.

Entre tanto, se ha “forzado” la confección de un nuevo certificado de defunción, quitando convenientemente el diagnóstico de intoxicación por metales pesados que tenía el original cuando falleció Ccahuana.

Juan Carlos Ruiz también recordó que el caso de contaminación por metales en personas fue seguido y expuesto ante la Defensoría del Pueblo.

“Lo que el Ministerio de Salud quiere esconder es que la totalidad de los miembros de las comunidades de Huisa y Alto Huancané tienen metales pesados altamente tóxicos en el organismo, por encima de los máximos límites permisibles. Así lo ha reconocido la Defensoría del Pueblo en una recomendación defensorial dirigida a la Diresa Cusco”, aseveró el abogado del IDL.

Además, los pobladores de la comunidad de Huisa ratificaron que el formato de los resultados recibidos por doña Margarita, es el mismo que a ellos les entregaron. De esta manera desmintieron al CENSOPAS.

“Ahora somos perseguidos por el Estado, por la única razón de exponer la barbarie en Espinar y procurar protección a los derechos fundamentales de los afectados, como la dignidad de la persona humana, la vida, la integridad personal y la salud, en asociación al derecho a un ambiente equilibrado”, manifestó el letrado.

Mientras fiscalía avanza, MINSA se detiene

Luego de casi dos años de haberse conocido el caso, no existe un compromiso por asumir la responsabilidad de brindar atención a los afectados en dichas comunidades campesinas cusqueñas.  

“Ojalá las autoridades del Estado actuaran con la misma prontitud y empeño para buscar financiamiento del plan de atención integral de las personas afectadas con metales pesados. La Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Cusco afirmó haber elaborado el plan de atención, pero que el Gobierno Regional de Cusco y el Gobierno Central no tienen recursos para ejecutarlo. A su vez, el Gobierno Central refiere que dicha función escapa de sus competencias. Entretanto, los defensores de derechos humanos debemos pagar varios de los platos rotos”, alertó Juan Carlos Ruiz.

Recuento del caso

En agosto del 2015, Juan Carlos Ruiz Fernando Osores Plenge escribieron un artículo titulado «La contaminación en Espinar por metales pesados comienza a cobrar sus primeras víctimas» de esta manera denunciaron públicamente las causas de la muerte de Margarita Ccahuana Córdova.

Para ello, citaron su propio certificado de defunción en donde se detalla: 1) shock séptico e insuficiencia renal; 2) cáncer renal; e 3) intoxicación por cadmio y arsénico.

Lo que sostuvimos entonces es que hay personas que sucumben ante la inacción del Estado, en concreto del Ministerio de Salud (MINSA) y el Gobierno Regional de Cusco (Diresa Cusco), pues –como todos sabemos, incluyendo las autoridades– la población de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané están expuestas a metales pesados por encima de los límites permisibles.

“Fue en aras de hacer constar nuestro trabajo profesional, que ingresamos en el caso de doña Margarita por un pedido expreso que ella realizó antes de morir. La comunera solicitó asesoría y representación legal al Instituto de Defensa Legal su asesoría, con el propósito de defender sus derechos. De lo contrario, no hubiésemos intervenido”, aclaró Juan Carlos Ruiz.

Fuente y fotos: Justicia Viva / IDL

TRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL

  • Bolivia, Colombia y Ecuador integran esta comisión de trabajo
  • Próximo Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales se llevará a cabo en el 2018 en Colombia

Con el fin de impulsar las propuestas e incidir en las instancias de decisión de sus respectivos países, la RED MUQUI y organizaciones de Bolivia, Colombia y Ecuador conformaron el Grupo de Trabajo Andino de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo.

El 9, 10 y 11 de noviembre más de 26 organizaciones dedicadas al monitoreo ambiental se reunieron en el II Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales, para el fortalecimiento e impulso de los diferentes niveles de organización social y procesos de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, en cada uno de los países de la comunidad andina. Dicha reunión fue organizada por RED MUQUI y Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco (DHSF).

Retos

Los temas pendientes aún siguen siendo la inclusión y reconocimiento de los mecanismos y organizaciones de vigilancia y monitoreo ambiental participativo, dentro de los sistemas de gestión y fiscalización ambiental en nuestros países.

Más aun cuando el factor común en los países de América del Sur, es cómo territorios de las comunidades campesinas, indígenas y nativas, se han perfilado como el destino de las inversiones mineras, hidrocarburíferas e hidroeléctricas.

A consecuencia de ello, durante este segundo encuentro, se compartieron problemáticas como: Vulneración de derechos colectivos e individuales, contaminación de ambiente, criminalización de la protesta, entre otros.

Intercambio de experiencias

Durante el primer día de jornada (09 de noviembre) se presentó un análisis del contexto político y su relación con las industrias extractivas, la afectación en los recursos naturales y el medio ambiente.

Para ello, se contó con la ponencia de Sergio Vásquez Rojas, director de CENDA Bolivia; Luis Guillermo Pérez Casas del Colectivo Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR Colombia) y Antonio Ureta del Consorcio de Capacitación para el Manejo de los Recursos Naturales Renovables (CAMAREN, Ecuador); mientras que los miembros de Muqui norte, centro y sur dieron a conocer el panorama nacional y regional.

Por la tarde, se llevó a cabo el FORO PÚBLICO INTERNACIONAL: “Experiencias de Vigilancia Ambiental y de Políticas Públicas para la Gestión Sostenible de Recursos Naturales en América Latina”, de donde surgió una declaración de nivel internacional.

En el segundo día se presentaron iniciativas y experiencias de las organizaciones que realizan e imparten monitoreo ambiental participativo. En esta muestra se expusieron metodologías, protocolos y materiales del trabajo en campo.  

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En base a este intercambio y aprendizaje, las organizaciones se orientaron a la construcción de perspectivas, lineamientos, y próximos espacios de articulación internacional.

En el recorrido de experiencias se mostró cómo es que los mecanismos ancestrales de vigilancia y monitoreo ambiental son utilizados por las comunidades como espacios culturales y espirituales, además de la protección de sus recursos naturales y territorio, que es su principal fin.

Asimismo, se trató sobre la utilidad de la información generada por las organizaciones que realizan el monitoreo y vigilancia ambiental participativa, que al ser reconocida por las instancias competentes debe, puede ser considerada como medio probatorio para iniciar acciones legales.

Trabajo de campo en Espinar

En este encuentro, estuvieron presentes vigilantes y monitores ambientales, quienes llegaron hasta la provincia de Espinar y tuvieron la oportunidad de conocer dos experiencias exitosas de monitoreo ambiental en campo.

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Uno fue el método de reconocimiento de macroinvertebrados (insectos) que aplica la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS, La Libertad), y el otro, el que aplica Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF, Cusco), Sumamarka (Puno) y Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA, Bolivia), organizaciones que realizan monitoreo en base de reactivos y tienen certificaciones de la Global Watch Water (GWW).

Previamente, los participantes hicieron un recorrido en las inmediaciones de la zona minera de la provincia de Espinar, que comprende el antiguo proyecto minero Tintaya, el actual, que es Antapaccay. Asimismo, se sostuvieron una reunión con dirigentes y líderes de comunidades afectadas por la minería en Espinar, en donde la experiencia de monitoreo ambiental vigente desde el 2013.

Es así que RED MUQUI y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), organizaron esta reunión internacional de intercambio, programada del 9 al 11 de noviembre en la ciudad del Cusco.

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Esta edición del Encuentro Internacional de Vigilancia, se decidió llevar a cabo en el sur andino del Perú, debido a que esta zona concentra más del 50% de inversiones mineras, a la par con el 50% de conflictividad socio ambiental a causa de la minería. Ante esta situación, se consideró que es necesario contar con más comités de vigilancia y monitoreo ambiental, y repotenciar experiencias como las de Apurímac y Puno.

DATO:

El I Encuentro Internacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitario e indígena se realizó en diciembre del 2014, en la ciudad de Marcará (Caráz, Ancash). Ahí se identificó una debilidad organizacional y de articulación para lograr implementar las prácticas de monitoreo y vigilancia ambiental en las diversas regiones del país y de Latinoamérica.

Organizaciones participantes: CENDA – Monitoreo en el Lago Poopó y Asociación NUNA de Bolivia; Red Camarén de Ecuador; ACIN-CRIC (Cauca) CAJAR (Córdova) de Colombia; AGH de Alemania; Derechos Humanos y Minería - DHM (Cusco), Organizaciones de Iquitos y Urubamba - DAR, el Gobierno Regional de Cajamarca; los miembros de la RED MUQUI: Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), CADEP (Cusco), SUMA MARKA ONGD (Puno), Instituto de Estudios de las Culturas Andinas - IDECA (Puno), Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA  (Puno), CooperAcción, PASSDIH (Junín), CEAS, AMAS (La Libertad), Natura (Áncash) y GRUFIDES (Cajamarca).

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

RED MUQUI participó en la Semana Internacional de la Vigilancia Indígena, aportando sus, experiencias de éxito en monitoreo ambiental que se lleva a cabo en la sierra de nuestro país.

Durante el evento se presentaron los trabajos que se realizan con las comunidades andinas de La Libertad, Cajamarca y Cusco, quienes vienen monitoreando la calidad del agua de los ríos debido a la presencia de minería y el alto riesgo de contaminación que representan.

Las experiencias presentadas por Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), coincidieron en la importancia de contar con una ley –política pública- que reconozca el trabajo que realizan las comunidades para preservar los recursos naturales.

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Experiencia AMAS

La institución de miembro de RED MUQUI con mayor experiencia en impartición de monitoreo ambiental independiente es AMAS. Fue conformada en el año 2003 a raíz de la preocupación que causó la presencia de la empresa minera Barrick-Misqichilca en tres cabeceras de cuenca de la región de La Libertad.

Ronal Gabriel, técnico especializado en monitoreo de agua, afirmó que desde ese momento se ha venido implementando todo un proceso de capacitación y empoderamiento de los pobladores quienes vigilan tres cuencas en zona de influencia minera de las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión-Huamachuco, y Santiago de Chuco (La Libertad).

“Los pobladores han trabajado en minería y conocen su alto nivel de contaminación. Ante ello, se acercan a sus autoridades locales a solicitar información, y al no obtener respuesta recurre a la iglesia a la consideran una institución confiable”, relató.

Como parte del acompañamiento en el fortalecimiento de capacidades, AMAS realiza talleres formativos, trabajos de campo, y tras la información recolectada se elaboran informes que son presentados a la sociedad civil y entidades del Estado. También recordó que AMAS comenzó a realizar un monitoreo de base antes del comienzo de las operaciones del proyecto minero. Ello ayuda a controlar la calidad de agua anualmente.

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La base de la impartición del monitoreo ambiental y participativo, es el taller de derechos humanos y democracia. "Lo importante de ello, es empoderar a los dirigentes, a los campesinos, a los comuneros para que defiendan sus derechos y decidan el tipo de desarrollo que necesitan desde las cabeceras de cuenca", indicó durante su exposición ante varios monitores indígenas.

Además, Gabriel indicó que AMAS imparte un taller de percepción ambiental que implica la visita de la zona de influencia de la gran minería, y el de “Formación de monitores de agua y de biota”, donde aprenden los multiparámetros del agua y georeferenciación.

Con estos equipos se obtienen resultados de la calidad de agua que son comparados con los estándares de calidad, por los mismos campesinos. De estos resultados ellos elaboran informes anuales.  

“Hemos exigido al MINAM para que se nos reconozcan los resultados de los monitoreos ambientales de la calidad del agua. En la salida de campo, los dirigentes capacitados son capaces de acompañar la labor de un técnico proveniente de un laboratorio certificado”, aseveró.

Precisamente en el 2008, en convenio con la Universidad Nacional de Trujillo, AMAS implementa otro tipo de monitoreo con macroinvertebrados, que no está legislado en el país. Además, en complementario a los procesos físicoquímicos.

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“Estamos desarrollando un protocolo en la zona norte con la Universidad Nacional de Trujillo. Este método con bichitos, no es costoso y es fácil de identificar por los pobladores”, anotó.

Ronal Gabriel aclaró que el monitoreo comunitario, no es necesariamente es independiente; ya que las empresas mineras y el Estado realizan monitoreos participativos con la comunidad. No obstante, el monitoreo que coordina AMAS es independiente e inopinado, y ello lo determinan las propias comunidades. “De esta manera han podido encontrar indicadores claros de contaminación”, aclaró.

“A la fecha tenemos 30 comités de vigilancia organizados en la sierra, a nivel nacional. Creemos que el proyecto de ley ayudaría a las comunidades indígenas como indicadores de alerta temprana. Además, sería bueno que una normativa también reconozca los informes que elaboran las comunidades y la Sociedad Civil, ya que poseen sustento científico”, solicitó.

Experiencia GRUFIDES

A su turno, Mirtha Villanueva, coordinadora de vigilancia y monitoreo ambiental de Grufides, comentó que a raíz de las protestas contra el proyecto minero Conga, la población se organizó y comprendió la importancia de la vigilancia ambiental.

“Tomando en cuenta que el 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería. Las mujeres de la ciudad comenzaron a capacitarte y luego replicaron sus conocimientos en comunidades rurales. El impacto de escuchar a otro campesino enseñando sobre monitoreo, es mucho mayor”, puntualizó.

En este año de experiencia hemos logrado que siete organizaciones de base de comunidades afectadas por minería, ya cuenten con información y capacidades para que puedan vigilar sus ríos, a través del estudio de macroinvertebrados.

“Ahora un vigilante ambiental habla del PH del agua, y conoce los seres que habitan en los ríos. Producto de este trabajo práctico, los mismos campesinos elaboran una guía de facilitación, así como una caja de herramientas”, expuso como experiencia.

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Manifestó que gracias a la RED MUQUI y a los compañeros de AMAS, se han realizado encuentros de monitores, con el fin de establecer redes de vigilantes ambientales. De esta manera se puede hacer incidencia en las autoridades.

"Los comités de vigilancia se convierten en organizaciones que pueden tratar otros temas ambientales de la localidad. El ambiente está integrado a la salud y a la educación", precisó.

Mirtha Villanueva dijo que el reconocimiento de los comités de vigilancia ambiental, parte de los gobiernos locales y regionales, a través de sus comisiones ambientales. En el caso de Cajamarca ha sido así, los siete comités de vigilancia ambiental se han formado junto con las municipalidades. “El reto es establecer línea de base en ríos que no estén contaminados”, resaltó.

Experiencia DHSF

Fredy Choquemallco recordó que DHSF acompaña en materia legal, ambiental e incidencia a las poblaciones del Cusco. Refirió que la experiencia de monitoreo y vigilancia se ha venido desarrollando en Espinar, una de las provincias más altas en donde la empresa Glencore ha asentado el proyecto Tintaya-Antapaccay en la cuenca Cañipía, desde el año 2012.

Entre los demás problemas de contaminación del lugar está el pase de 800 camiones que generan material particulado que afectan a comunidades, pastizales y animales; derrames en los ríos, de los cuales han sido cinco identificados por el OEFA, entre el 2015 y 2016.

En medio de esta situación, SENASA, OEFA y ANA han venido insistiendo en que la contaminación se da manera "natural" ya que la zona es mineralizada con metales pesados, y la muerte de los animales se debe a que los comuneros “no saben hacerse cargo”.

Es así que las nueve comunidades que habitan a lo largo de la cuenca Cañipía decidieron organizarse. Con el acompañamiento de DHSF, conformaron sus comités ambientales en asamblea comunal.

“Como organización de la Sociedad Civil visitamos a las comunidades, facilitamos capacitaciones, nos juntamos a debatir y a buscar soluciones a los problemas ambientales de la zona. Ahora también participan los institutos, colegios y universidades”, anotó el ingeniero de DHSF.

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Durante su presentación explicó que, al capacitarse, las comunidades se fortalecen y ganan seguridad cuando manejan las herramientas de monitoreo especializado.

“Manejar los instrumentos no es tan difícil. Un kit de monitoreo portátil usa reactivos, y los equipos multiparámetros se basan en temperatura, PH, alcalinidad, nitidez y el nivel del caudal. Luego que se recogen los datos, se analizan en cuadros estadísticos y se toman decisiones de incidencia”, detalló.

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Como parte del resultado de trabajo que DHSF realiza desde el año 2013, Fredy Choquemallco indicó que la cuenca Cañipira cuenta con una red de monitoreo, dividida en ocho puntos: la parte alta donde se encuentra el proyecto minero Antapaccay, la media y la baja. Finalmente añadió que las comunidades han elaborado un inventario de recursos hídricos como parte del trabajo de campo.

DATO:

Del 24 al 26 de octubre se desarrolló la  SEMANA DE LA VIGILANCIA INDÍGENA, jornada en la que se presentaron aprendizajes y avances sobre las tareas de vigilancia que vienen desarrollando y que se evidencian como una solución frente a emergencias ambientales como las vividas en los últimos años en el país.

Fotos: DHSF / Comunicaciones RED MUQUI

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO. 

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

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En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo. 

"Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores"

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"Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera", recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

"El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas", dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

"A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera", apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

"Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos", recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP. 

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

EN INICIO DE JUICIO ORAL

Este viernes 23 de setiembre se inició la etapa oral del juicio contra el exalcalde de la Provincia de Espinar (Cusco) Oscar Mollohuanca Cruz, y los exdirigentes del Frente Único de Defensa (FUDIE) Herbeth Huamán Llave y Sergio Huamani Hilario, quienes son enjuiciados por los delitos de disturbios, atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos.

Durante esta primera audiencia, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica solicitó –para los tres acusados– 20 años de prisión efectiva ante el titular del Juzgado Unipersonal del distrito judicial de Ica, Darcy Vivanco Ballón. Tras su exposición de alegatos, el Fiscal también pidió la inhabilitación a todo cargo público, por cinco años, para el exalcalde de Espinar.

En detalle, el ministerio público de Ica, solicitó para cada uno de los imputados: 8 años de cárcel por el delito de atentado contra la seguridad común; 7 años por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos, y otros 7 años por el delito de disturbios; además de una reparación civil de 100 mil nuevos soles y 250 días de multa a razón de 30% de sus haberes diarios (un total de 1875 soles).

A su turno, la Procuradora del Ministerio del Interior, afirmó que, desde el 21 al 30 de mayo del 2012, se registraron hechos de violencia, disturbios y por tanto pérdidas económicas para Espinar y la región Cusco, además de haber afectado las actividades de la empresa minera Antapaccay. En consecuencia, solicitó que se le imponga a la parte acusada, una reparación civil de 5 millones de nuevos soles en favor del Estado.

En respuesta a los alegatos acusatorios, los abogados de la defensa argumentaron que “la protesta social es un derecho legítimo”, y que las exigencias eran justificadas debido a los indicios de contaminación existentes en la zona desde hace muchos años atrás. También señalaron que la Policía Nacional estuvo claramente parcializada con la empresa, ya que mantiene convenios para la protección de los intereses de la minera.

Quien apareció durante el juicio, fue el Procurador de la Municipalidad provincial de Espinar, quien nunca antes se había hecho presente en este caso (la Municipalidad Provincial de Espinar no es parte agraviada en el proceso).

Tras la exposición de las partes, el juez distrital del Ica, programó una próxima audiencia para este viernes 30 de setiembre, a partir de las 3 de la tarde.

De Cusco a Ica

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Cabe mencionar que en su momento la defensa de los agraviados, solicitó el retorno de la competencia al Juzgado Unipersonal de Espinar (Cusco), petición que fue concedida en primera instancia, pero que fue apelada por la Procuraduría del Ministerio de Interior.

Finalmente, el caso se está viendo en Ica, vulnerándose varios derechos entre ellos el derecho al Juez Natural y como tal el acceso a la justicia, además de las dificultades económicas que representa para los dirigentes y los abogados el trasladarse para cada audiencia desde Espinar hasta la ciudad de Ica.

Recuento del caso

El conflicto en Espinar se produjo tras los reiterados reclamos de la población a la empresa minera Xtrata Tintaya (Hoy Glencore Xtrata) y al gobierno por los diversos impactos en el ambiente (aire suelo y agua) y sobre todo la salud de la población que presenta metales pesados en la sangre.

Las principales exigencias eran la solución inmediata a los problemas de contaminación e indemnización por los daños ambientales; la restitución de las fuentes de agua afectadas; una auditoría ambiental internacional al cierre de las operaciones y el respeto pleno de los derechos humanos de las comunidades.

Luego del inicio del paro el 21 de mayo de 2012, se declaró el Estado de Emergencia en toda la provincia y al día siguiente fue detenido el alcalde Mollohuanca y trasladado, en un primer momento a la ciudad de Cusco y luego a Ica.

DATOS:

  • En el 2012, mediante las Resoluciones Administrativas N° 096-2012 y N° 1343-2012, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, se deriva la competencia de los procesos de Espinar – Cusco a los Juzgados y Fiscalías del Distrito Judicial de Ica.

Fuente: DHSF Cusco / Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: DHSF Cusco / Actualidad Ambiental

ANALIZA ÚLTIMO LIBRO DE COOPERACCIÓN

El último libro publicado por CooperAcción, "Conviviendo con la minería en el sur andino", analiza las condiciones que generaron los conflictos sociales en tres zonas mineras y evalúa la efectividad de las mesas de diálogo, que ven dificultado su avance debido a la asimetría de participantes (condiciones) y la conducción poco neutral de quienes las presiden.

César Flores, investigador de CooperAcción, y autor del libro, comentó que estos son algunos de los problemas hallados en el desarrollo de estos espacios, que son el principal instrumento de gestión de conflictos utilizado por el gobierno peruano.

“Vemos comunidades y población rural que se acercan a los espacios de diálogo con muchas debilidades. existe una parte fuerte constituida por la empresa y el Estado. Para reducir asimetrías, se requiere un trabajo preparatorio con las poblaciones y dotar de recursos económicos para que participen porque ellos mismos corren con los gastos para estar presentes”, agregó.

El economista también resaltó que la falla recurrente en casi todas las mesas, corresponde a la designación del facilitador, quien conduce o preside la mesa (o los ejes). Este funcionario designado por el Estado, no ha sido capacitado para conducir un proceso de diálogo, empiezan a abogar por una de las partes, lo cual genera desconfianza en la población.

Asimismo, Flores dijo que, a diferencia de los conflictos de rechazo, los casos de Espinar, Cotabambas y Chamaca –analizados en el libro– corresponden a conflictos de convivencia con la minería; es decir, se acepta la actividad minera, pero no a cualquier costo.

“En las mesas de diálogo que corresponden a conflictos por convivencia (que no se oponen a la actividad minera), poseen un reclamo que responde a una agenda principal de derechos economicos, ambientales, sociales, culturales y a la salud digna”, detalló.

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"Conviviendo con la minería en el sur andino" tiene 31 recomendaciones de políticas públicas para mejorar el diálogo, lograr un impacto de desarrollo, y mejorar la operatividad de las mesas. Cada conclusión está en base a cada uno de los casos.

Se trata de las mesas de Espinar (Cusco, 2012 – 2013), Chamaca (Cusco, 2013) y Cotabambas (Apurímac, 2012 -2013), tres experiencias de procesos de diálogo en el contexto de los proyectos mineros Tintaya, Constancia y Las Bambas, respectivamente.

De esta manera, el libro se enfoca en el sur andino (Cusco y Apurímac), donde se están concentrando el 65% de la cartera de inversión minera, a la par con la conflictividad que también se concentra en un 35% (del total de conflictos que se mantienen en el país).

El autor contó con la colaboración de Marco Zeisser y Vanessa Schaeffer, para ofrecernos un recuento de cada caso, el desarrollo de los espacios de diálogo en torno a las actividades de las empresas mineras Hudbay (Constancia, Chumbivilcas), Xtrata Tintaya (Tintaya Antapacay, Espinar) y MMG Limited (Las Bambas, Cotabambas), zonas de influencia en donde CooperAcción realiza el acompañamiento a las comunidades y organizaciones sociales durante los procesos de diálogo y negociación.

“Con el análisis de esta experiencia, se pretende fortalecer las mesas de diálogo, un instrumento que aún está en construcción, y que es importante para lograr la gobernanza con una gestión de recursos sostenible, y así exista una buena convivencia entre la minería y la población local, y se alcance el desarrollo”, comentó Ana Leyva, Directora de CooperAcción.

Cuestión de territorio y participación

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Durante la presentación de la publicación, David Montoya, Asesor de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM) indicó que los casos de Espinar y Las Bambas, muestran una oportunidad para sacar adelante la gestión del territorio como una política pública de Estado, que está pendiente de incorporar.

“Considero que las mesas se extienden y no se llegan a muchas conclusiones. Se asumen a las mesas como el fin y no como el medio para alcanzar un desarrollo. Atrás del conflicto está la falta de gestión del territorio que no permite el desarrollo. Y para eso se implantó hace 14 años el proceso de descentralización que no ha funcionado”, remarcó.

Asimismo, agregó que el caso de Las Bambas, más que un apoyo político para que el diálogo prospere, se requiere fortalecer e institucionalizar el manejo de la gestión del diálogo y los conflictos sociales en el sector público, que deberían partir desde el mismo Congreso de la República.

De igual manera dijo que las asimetrías de actores en una mesa de diálogo, se pueden ir superando si los Gobiernos Regionales (GORE) abren constantes espacios de participación ciudadana.

“No hay forma de que la gente aprenda participación y ciudadanía sino practica y participa permanentemente, lo cual recae sobre los GORE, que además tienen como competencia exclusiva evaluar y hacer un inventario de potenciales minas regionales para gestionar el territorio”, reiteró el funcionario.

Reglamentación y competencia

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Por su parte, Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, coincidió en que el Estado actúa como juez y parte en la mesa de diálogo que lentamente se lleva a cabo en Tambobamba (Cotabambas). También resaltó sobre la necesidad de que las mesas de diálogo cuenten con un marco legal.

“Nos queda la experiencia de que las mesas deben estar reglamentadas para saber cómo se deben conducir, quien va a conducir, quien va a facilitar. En el caso de Cotabambas tuvimos que esperar un año después de la instalación de este espacio”, recordó.

A casi un año del estallido del conflicto que dejó tres muertos en Apurímac, Abarca reiteró que el pueblo de Cotabambas siempre ha tenido la iniciativa del diálogo, siempre hemos cumplido con remitir documentos al gobierno central, por la via regular, para que ellos expliquen a la población sobre las modificatorias del EIA del proyecto Las Bambas.

“Lo que esperamos es que exista un constante acercamiento y voluntad de este nuevo gobierno”, finalizó.

Finalmente, el exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, agregó que es importante medir los resultados de éxito de las mesas, no sólo en términos de obras físicas, sino también en su contribución en la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de la institucionalidad local.

Igualmente, señaló que el adelanto social no es suficiente para resolver los conflictos, ya que los conflictos tienen un carácter multidimensional; además esta política ya se habría aplicado durante la época del súper ciclo de precios cuando abundaban los recursos sin que se reduzcan los conflictos.

Foto: CooperAcción / Comunicaciones RED MUQUI

“No es suficiente una atención generalizada, requerimos una atención especializada”

Sobre la reciente campaña de atención a la salud que ha venido  realizando la DIRESA – Cusco en Espinar denominado: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  los afectados y afectadas por metales pesados, la Asociación ADEPAMI, la comunidad campesina de Huisa de Espinar, las instituciones no gubernamentales como son Derechos Humanos Sin Fronteras, el Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAccion y la Red Muqui nos pronunciamos ante la intención del gobierno nacional y regional de disfrazar una atención a la salud generalizada por una especializada a las personas afectadas por metales pesados de la Provincia de Espinar. Por lo que señalamos:  

Primero.- Que desde el año 2010 se tiene conocimiento de la grave situación en la que se encuentran las personas afectadas por metales pesados en la provincia de Espinar y a pesar de haber trascurrido más de cinco años el Estado no ha realizado ninguna medida adecuada que permita salvaguardar la vida e integridad de los afectados, por el contrario han sido objeto de constantes postergaciones y maltrato para ser atendidos como corresponde.

Segundo.- Que luego del conflicto de mayo del 2012, donde se instaló una mesa de diálogo y posteriormente el grupo de trabajo de medio ambiente, cuyos acuerdos se hacen seguimiento a través del Comité de Gestión y Seguimiento Ambiental Sanitario, no se ha logrado atender el pedido constante que realizan los afectados, es decir una atención especializada. La respuesta tardía que ahora pretende dar el gobierno es la de implementar campañas de atención de salud con especialidades que no están vinculadas a la atención de pacientes con exposición a metales pesados.

Tercero.- El ultimo hecho que generó la indignación de los afectados es lo sucedido el pasado 18 y 19 de agosto en Espinar, ya que la campaña denominada: “Campaña de atención de las 180 personas de las comunidades de Huisa y Alto Huancane…”  no fue debidamente informada y/o comunicada a los afectados, además de no contar con un programa permanente de atención especializada para afectados por metales pesados. Todo esto viene evidenciando improvisación y poca seriedad por parte de la DIRESA en su trabajo.

Cuarto.- La atención que requieren los pobladores expuestos a metales pesados y principalmente las 180 personas, es la presencia de médicos con competencias en medicina ambiental y toxicología,  por ende en el manejo de exposición no ocupacional crónica a metales pesados, además deben estar acompañados de un programa de atención especializada permanente, sobre la base de un diagnóstico integral e idóneo y no con una sola acción, como se pretende realizar ahora, que en la práctica sólo busca cumplir con exigencias de instancias nacionales e internacionales, pero no con una preocupación sistemática por las personas afectadas en el respeto a sus derechos.

Quinto.- La desconfianza de las organizaciones sociales y de los mismos afectados en el cumplimiento de los compromisos asumidos por distintas instituciones del Estado ahora se ha resquebrajado, si bien se ha ampliado una nueva atención para el 19, 20 y 21 de octubre,  las personas ya no confían en las acciones de la DIRESA, por lo que solicitan que una institución y/o asesores acreditados por los mismos afectados de forma independiente y autónoma realice el seguimiento y veeduría correspondiente a esta acción.

Sexto.-  Así mismo exigimos al Poder Judicial emita sentencia en el proceso de cumplimiento presentado en mayo del 2015 por los afectados con metales pesados de Espinar, a fin de que el Juez ordene a las autoridades competentes declare en Estado de Emergencia Sanitaria Ambiental la Provincia de Espinar, conforme se ha solicitado en nuestra demanda.

Por todo ello los afectados y afectadas por  metales pesados, las organizaciones sociales y las instituciones que acompañamos este caso solicitamos a las autoridades competentes tomar las acciones que les corresponde en ejercicio de sus funciones.

 

Espinar, 25 de agosto del 2016

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