ANTE CORTE SUPREMA

  • Minera pidió anular fallo que impide desalojar campesina Máxima Acuña

La empresa minera Yanacocha intentó convencer a la Corte Suprema de Justicia, de que Máxima Acuña y su familia cometió delito de usurpación agravada, luego de mostrar una foto captada desde una satélite, que presentó como nuevo elemento probatorio.

Con esta supuesta prueba, el abogado de Yanacocha, Eduardo Alcocer, intentó demostrar que el terreno en litigio le pertenecía a Yanacocha desde antes que llegara Acuña y su familia al lugar.

Durante la audiencia, Alcocer reiteró que los Chaupe Acuña a Tragadero Grande, de manera violenta, golpeando a policías y vigilantes privados, y así lograr apoderarse del terreno.

En respuesta, Walter Gutiérrez Roque, abogado de los campesinos, desestimó las pruebas presentadas por la minera, debido a que carece de "fuerza probatoria" y porque además no fue incluida al inicio del proceso que duró entre el año 2011 y 2014.

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Gutiérrez explicó que se pueden presentar nuevas pruebas durante el proceso, pero hay que demostrar que recién se ha tenido acceso a ellas. Según dijo, Yanacocha no ha podido hacerlo.

“La empresa no ha mostrado ningún argumento fuerte. Yanacocha aduce que durante el proceso (2011-2014) no se recusó a un juez que aparentemente tenía vínculo con rondas campesinas, y tampoco se les había aceptado otros elementos de prueba”, comentó Gutiérrez a RED MUQUI, al término de la diligencia.

Mecánica del proceso

En esta audiencia convocada por la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, Yanacocha hizo una exposición oral de la casación que había formulado. Por su lado, la defensa de los Chaupe Acuña debía rebatir lo argumentado por la minera.

“Hubiera sido importante que la señora Máxima esté en la audiencia y sea escuchada, porque el trámite casatorio indica que después que abogados dan cuenta de un informe, la parte afectada tiene oportunidad de hablar”, comentó el letrado.

Porqué se admitió la casación

La casación es factible como recurso extraordinario con el fin de que la Corte Suprema pueda observar las sentencias previas.

“Hemos solicitado que se confirme la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, y que la casación sea declarada infundada e improcedente”, informó Gutiérrez.

La intención de la minera es que la Sala Penal Permanente declare nulo un fallo dictado en segunda instancia que declaraba inocente a Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación del terreno, y que más bien prevalezca la sentencia en primera instancia, donde fueron declarados culpables.

La defensa insistió que Corte Suprema vea que el tipo penal no se ha cumplido, ya que no ha habido violencia por parte de la familia, porque el predio siempre ha estado en posesión de la señora Máxima. “Lo que se tiene es solo el ejercicio normal de la posesión por parte de ella”, dijo Gutiérrez.

En esta oportunidad, la sala, presidida el juez supremo Josué Pariona en reemplazo de Javier Villa Stein, quien renunció al cargo hace unos días.

Ahora la Corte Suprema en lo Penal, debe emitir una resolución de casación que da por finalizado el trámite casasorio. La decisión de la Sala se conocerá este 12 de abril desde las 8:30 de la mañana.

Nuevo precedente

En opinión del abogado Walter Gutiérrez, en este caso la causal es generar doctrina jurisprudencial.

“Se podría sentar un precedente respecto al delito que se le está imputando a Máxima Acuña. La usurpación agravada necesitaba antes de alguien que para que uno usurpe, además de desposeer e ingresar directamente, también tendría que haberse demostrado que ejerció violencia. Que es lo que no hubo en este caso”, explicó a RED MUQUI.

Es decir, que, a partir de este caso la doctrina va a indicar que para que exista usurpación agravada debe cumplirse todos estos factores en un mismo momento, incluso violencia.

“De salir favorable la sentencia, podríamos revertir muchas otras correspondientes a otros procesos que mantiene la familia”, señaló.

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DATOS:

Máxima Acuña, su familia y su abogada Mirtha Vásquez, no pudieron estar presentes en la audiencia, debido a que no pudieron abordar el avión que los iba a traer a Lima. La aerolínea tomó esta determinación debido al mal tiempo y a las lluvias al norte del país.

Mientras se desarrollaba la audiencia, hubo un plantón de solidaridad a las afueras del Palacio de Justicia por parte de Fenmucarinap, Amnistía, CNDDHH, DEMUS y RED MUQUI.

Fuente: RED MUQUI / EFE

Fotos: Wayka / RED MUQUI

DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

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El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

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Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

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De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

RED MUQUI participó en la Semana Internacional de la Vigilancia Indígena, aportando sus, experiencias de éxito en monitoreo ambiental que se lleva a cabo en la sierra de nuestro país.

Durante el evento se presentaron los trabajos que se realizan con las comunidades andinas de La Libertad, Cajamarca y Cusco, quienes vienen monitoreando la calidad del agua de los ríos debido a la presencia de minería y el alto riesgo de contaminación que representan.

Las experiencias presentadas por Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), coincidieron en la importancia de contar con una ley –política pública- que reconozca el trabajo que realizan las comunidades para preservar los recursos naturales.

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Experiencia AMAS

La institución de miembro de RED MUQUI con mayor experiencia en impartición de monitoreo ambiental independiente es AMAS. Fue conformada en el año 2003 a raíz de la preocupación que causó la presencia de la empresa minera Barrick-Misqichilca en tres cabeceras de cuenca de la región de La Libertad.

Ronal Gabriel, técnico especializado en monitoreo de agua, afirmó que desde ese momento se ha venido implementando todo un proceso de capacitación y empoderamiento de los pobladores quienes vigilan tres cuencas en zona de influencia minera de las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión-Huamachuco, y Santiago de Chuco (La Libertad).

“Los pobladores han trabajado en minería y conocen su alto nivel de contaminación. Ante ello, se acercan a sus autoridades locales a solicitar información, y al no obtener respuesta recurre a la iglesia a la consideran una institución confiable”, relató.

Como parte del acompañamiento en el fortalecimiento de capacidades, AMAS realiza talleres formativos, trabajos de campo, y tras la información recolectada se elaboran informes que son presentados a la sociedad civil y entidades del Estado. También recordó que AMAS comenzó a realizar un monitoreo de base antes del comienzo de las operaciones del proyecto minero. Ello ayuda a controlar la calidad de agua anualmente.

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La base de la impartición del monitoreo ambiental y participativo, es el taller de derechos humanos y democracia. "Lo importante de ello, es empoderar a los dirigentes, a los campesinos, a los comuneros para que defiendan sus derechos y decidan el tipo de desarrollo que necesitan desde las cabeceras de cuenca", indicó durante su exposición ante varios monitores indígenas.

Además, Gabriel indicó que AMAS imparte un taller de percepción ambiental que implica la visita de la zona de influencia de la gran minería, y el de “Formación de monitores de agua y de biota”, donde aprenden los multiparámetros del agua y georeferenciación.

Con estos equipos se obtienen resultados de la calidad de agua que son comparados con los estándares de calidad, por los mismos campesinos. De estos resultados ellos elaboran informes anuales.  

“Hemos exigido al MINAM para que se nos reconozcan los resultados de los monitoreos ambientales de la calidad del agua. En la salida de campo, los dirigentes capacitados son capaces de acompañar la labor de un técnico proveniente de un laboratorio certificado”, aseveró.

Precisamente en el 2008, en convenio con la Universidad Nacional de Trujillo, AMAS implementa otro tipo de monitoreo con macroinvertebrados, que no está legislado en el país. Además, en complementario a los procesos físicoquímicos.

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“Estamos desarrollando un protocolo en la zona norte con la Universidad Nacional de Trujillo. Este método con bichitos, no es costoso y es fácil de identificar por los pobladores”, anotó.

Ronal Gabriel aclaró que el monitoreo comunitario, no es necesariamente es independiente; ya que las empresas mineras y el Estado realizan monitoreos participativos con la comunidad. No obstante, el monitoreo que coordina AMAS es independiente e inopinado, y ello lo determinan las propias comunidades. “De esta manera han podido encontrar indicadores claros de contaminación”, aclaró.

“A la fecha tenemos 30 comités de vigilancia organizados en la sierra, a nivel nacional. Creemos que el proyecto de ley ayudaría a las comunidades indígenas como indicadores de alerta temprana. Además, sería bueno que una normativa también reconozca los informes que elaboran las comunidades y la Sociedad Civil, ya que poseen sustento científico”, solicitó.

Experiencia GRUFIDES

A su turno, Mirtha Villanueva, coordinadora de vigilancia y monitoreo ambiental de Grufides, comentó que a raíz de las protestas contra el proyecto minero Conga, la población se organizó y comprendió la importancia de la vigilancia ambiental.

“Tomando en cuenta que el 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería. Las mujeres de la ciudad comenzaron a capacitarte y luego replicaron sus conocimientos en comunidades rurales. El impacto de escuchar a otro campesino enseñando sobre monitoreo, es mucho mayor”, puntualizó.

En este año de experiencia hemos logrado que siete organizaciones de base de comunidades afectadas por minería, ya cuenten con información y capacidades para que puedan vigilar sus ríos, a través del estudio de macroinvertebrados.

“Ahora un vigilante ambiental habla del PH del agua, y conoce los seres que habitan en los ríos. Producto de este trabajo práctico, los mismos campesinos elaboran una guía de facilitación, así como una caja de herramientas”, expuso como experiencia.

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Manifestó que gracias a la RED MUQUI y a los compañeros de AMAS, se han realizado encuentros de monitores, con el fin de establecer redes de vigilantes ambientales. De esta manera se puede hacer incidencia en las autoridades.

"Los comités de vigilancia se convierten en organizaciones que pueden tratar otros temas ambientales de la localidad. El ambiente está integrado a la salud y a la educación", precisó.

Mirtha Villanueva dijo que el reconocimiento de los comités de vigilancia ambiental, parte de los gobiernos locales y regionales, a través de sus comisiones ambientales. En el caso de Cajamarca ha sido así, los siete comités de vigilancia ambiental se han formado junto con las municipalidades. “El reto es establecer línea de base en ríos que no estén contaminados”, resaltó.

Experiencia DHSF

Fredy Choquemallco recordó que DHSF acompaña en materia legal, ambiental e incidencia a las poblaciones del Cusco. Refirió que la experiencia de monitoreo y vigilancia se ha venido desarrollando en Espinar, una de las provincias más altas en donde la empresa Glencore ha asentado el proyecto Tintaya-Antapaccay en la cuenca Cañipía, desde el año 2012.

Entre los demás problemas de contaminación del lugar está el pase de 800 camiones que generan material particulado que afectan a comunidades, pastizales y animales; derrames en los ríos, de los cuales han sido cinco identificados por el OEFA, entre el 2015 y 2016.

En medio de esta situación, SENASA, OEFA y ANA han venido insistiendo en que la contaminación se da manera "natural" ya que la zona es mineralizada con metales pesados, y la muerte de los animales se debe a que los comuneros “no saben hacerse cargo”.

Es así que las nueve comunidades que habitan a lo largo de la cuenca Cañipía decidieron organizarse. Con el acompañamiento de DHSF, conformaron sus comités ambientales en asamblea comunal.

“Como organización de la Sociedad Civil visitamos a las comunidades, facilitamos capacitaciones, nos juntamos a debatir y a buscar soluciones a los problemas ambientales de la zona. Ahora también participan los institutos, colegios y universidades”, anotó el ingeniero de DHSF.

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Durante su presentación explicó que, al capacitarse, las comunidades se fortalecen y ganan seguridad cuando manejan las herramientas de monitoreo especializado.

“Manejar los instrumentos no es tan difícil. Un kit de monitoreo portátil usa reactivos, y los equipos multiparámetros se basan en temperatura, PH, alcalinidad, nitidez y el nivel del caudal. Luego que se recogen los datos, se analizan en cuadros estadísticos y se toman decisiones de incidencia”, detalló.

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Como parte del resultado de trabajo que DHSF realiza desde el año 2013, Fredy Choquemallco indicó que la cuenca Cañipira cuenta con una red de monitoreo, dividida en ocho puntos: la parte alta donde se encuentra el proyecto minero Antapaccay, la media y la baja. Finalmente añadió que las comunidades han elaborado un inventario de recursos hídricos como parte del trabajo de campo.

DATO:

Del 24 al 26 de octubre se desarrolló la  SEMANA DE LA VIGILANCIA INDÍGENA, jornada en la que se presentaron aprendizajes y avances sobre las tareas de vigilancia que vienen desarrollando y que se evidencian como una solución frente a emergencias ambientales como las vividas en los últimos años en el país.

Fotos: DHSF / Comunicaciones RED MUQUI

RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Lamentamos que nuevamente, el personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha haya perpetrado una acción de violencia contra Máxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, el 18 de setiembre último. En un comunicado público dicha empresa reconoce haber ingresado a las tierras de los Chaupe Acuña con el fin de remover “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados“.

2. En un video difundido por la propia empresa Yanacocha, se puede ver como un contingente de alrededor de veinte miembros de seguridad -provistos de escudos y armas disuasivas contundentes- cruzan el cerco perimétrico establecido por la propia empresa minera, que delimita sus tierras, respecto a la propiedad de los Chaupe Acuña.

3. En la grabación se aprecia la fuerza desmedida y desigual que ejerce la seguridad de la empresa minera contra los esfuerzos de Máxima Acuña y su esposo quienes, estando solos, tratan de defender lo que consideran suyo. Como consecuencia la pareja de campesinos termina con severas lesiones, las mismas que han llevado a que ambos sean evaluados y diagnosticados como policontusos. Sobre estos hechos la Defensoría del Pueblo ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público.

4. Exigimos al Ministerio Público que investigue a profundidad y con la debida celeridad y transparencia lo sucedido, y denuncie a quienes resultaran responsables.

5. Nos sumamos a la invocación de la Defensoría del Pueblo, y exigimos al Estado peruano que respete sus obligaciones internacionales, cumpliendo con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de Máxima Acuña. El Estado debe brindar las garantías y seguridad necesaria a ella y su familia, para evitar que la empresa minera Yanacocha y la empresa que le brinda servicios de seguridad, sigan ejerciendo actos de violencia en su contra, afectando sus derechos a la integridad personal y a la salud.

6. Hacemos de público conocimiento que la acción prepotente ejercida por la empresa minera y la empresa que le brinda servicios de seguridad es favorecida por la Ley N° 30230, norma que forma parte de los paquetazos normativos aprobados entre el 2013-2015. Esta norma, mediante sus artículos 65, 66 y 67, modificaron el artículo 920 del Código Civil respecto a la defensa extrajudicial de la posesión, de la que hace mención la empresa minera Yanacocha en su comunicado para sustentar su acción violenta.

7. RED MUQUI y GRUFIDES, en su momento, denunciamos el peligro de ésta normativa al indicar que permite la “recuperación rápida e inmediata de la posesión”1, sin necesidad de recurrir a la autoridad judicial, permitiendo el uso de la fuerza, o ejerciendo “la justicia por mano propia”. Así ha ocurrido en este caso. Teniendo Máxima Acuña documentos que acreditan la legalidad de su posesión y más aún, encontrándose judicializado el caso, minera Yanacocha ejerce el uso de la fuerza, sin tener ningún tipo de mandato judicial que la ampare.

8. Finalmente, el acto de violencia sufrido por Máxima Acuña y su esposo a través de la aplicación de la “defensa posesoria”, es sólo un ejemplo de las múltiples violaciones de derechos que las normas de los paquetazos normativos (aprobados y promulgados entre el 2013 y el 2015) pueden ocasionar. Por ello demandamos al Poder Legislativo la necesidad de derogar las Leyes N° 30230, N° 30327 y el D.S. N° 001-2015-EM, entre otras normativas, que consideramos lesivas a los derechos fundamentales, y que solo están generando mayor conflictividad social con su aplicación.

Lima, 19 de setiembre de 2016

 

1. En “Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú –Análisis”, 2015. RED MUQUI y GRUFIDES.

EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

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Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

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Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que "queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida".

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que "la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta".

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

DESDE LAS COMUNIDADES

  • Propuesta nació de RED MUQUI y sus miembros que trabajan en la macrorregión norte del Perú
  • Este sería el resultado de la capacitación en monitoreo comunitario por parte de AMAS y GRUFIDES

En un periodo de 5 años, las organizaciones de la macrorregión norte de la RED MUQUI esperan conformar una red nacional de comités de vigilancia ambiental de ríos y cabeceras de cuenca, integrada por diferentes comunidades y centros poblados de diferentes regiones del país, y que sea resultado de los talleres de capacitación que se imparten a nivel local, indicó Paulo Mejía Sáenz, coordinador del equipo técnico de conformación de comités de vigilancia y monitoreo ambiental del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

“Desde RED MUQUI se ha contemplado la conformación de una red nacional de monitores ambientales, a largo plazo, es decir en unos 5 años. Sin embargo, es necesario que se comience a articular la red a nivel local y luego ir expandiéndola a un nivel regional y finalmente, nacional”, reveló.

Por el momento, GRUFIDES tiene planeado un encuentro de comités locales conformados en Cajamarca, a fin de que intercambien ideas, problemáticas propias y potenciar debilidades. “No todos los comités tienen los mismos conocimientos o aprendizajes, estamos frente a diferentes culturas y costumbres”, recordó Mejía.

Último taller fue en Cajamarca

La RED MUQUI, la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), GRUFIDES y el Gobierno Regional de Cajamarca, organizaron el I Encuentro Macro Norte de Comités de Vigilancia Ambiental que se llevó a cabo el 8 y 9 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Cajamarca (región Cajamarca).

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En este taller de capacitación congregó a treinta personas provenientes de las regiones de Áncash, Cajamarca, La Libertad y Lima; entre los participantes hubo líderes de comités de vigilancia ya conformados, organizaciones sociales y algunos miembros de la RED MUQUI que buscan replicar esta experiencia en sus zonas de trabajo.

Este encuentro tuvo como objetivo comités de vigilancia conozcan las herramientas de medición de la calidad del agua, de acuerdo a la presencia de macroinvertebrados (insectos por lo general) que actúan como bioindicadores, ya que su presencia indican el estado de la calidad del agua (grande, media o baja).

En esta oportunidad, participaron seis comités de vigilancia y monitoreo que fueron conformados y convocados por GRUFIDES, en los distritos y centros poblados de Magadalena, Juanchu Puquio (La Encañada) Cushunga, Jesús y Porcón (Cajamarca). Cada uno de los comités trabaja en un río independiente, diferentes subcuencas que se encuentran mayormente en zonas de influencia minera para ver la afectación del agua en calidad y cantidad del caudal, que es la problemática.

“AMAS es una de las pioneras en el monitoreo con macroinvertebrados, es por ello que GRUFIDES viene trabajando coordinadamente con ellos, para que desde su experiencia de formación de comités en Otuzco (La Libertad), puedan repotenciar los conocimientos que poseen los comités cajamarquinos, el uso de otras herramientas y las terminologías ya que hablamos de órdenes, nombres científicos y familias de los diferentes insectos, lombrices, caracoles, etc.”, señaló Paulo Mejía.

El técnico en monitoreo indicó que GRUFIDES ha implementado kits de herramientas básicas para realizar trabajo en campo y fáciles de utilizar para la población que participa de los comités. Este equipo consta de una red para recoger muestras de macroinvertebrados, fuentes de plástico y termómetros que son básicos para trabajar sobre parámetros de temperatura y PH, y así determinar el estado del agua.

“Con ello esperamos sostener a estos comités en el tiempo, ya que aun no hay fondos suficientes para comprar equipos con multiparámetros fisicoquímicos. Mientras tanto se apunta que los pobladores tengan un nivel más técnico, aprovechando que se cuenta con el apoyo de las municipalidades provinciales y distritales, así como del gobierno regional a través de área de Recursos Naturales”, dejó entrever.

Importancia de los talleres

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Manuel Hora, responsable del área ambiental de AMAS y principal expositor de este taller de capacitación de monitores, remarcó cómo es que el monitoreo ambiental comunitario se realiza con independencia y de forma inopinada, es decir, la comunidad se encarga de los procesos en cualquier momento y se maneja con cierta autonomía, para que los resultados puedan ser confiables.

Al mismo tiempo, Hora lamentó que los comités aun no estén reconocidos como parte del Sistema de Gestión Ambiental y muchas veces no sean tomados en cuenta por Estado. Paulo Mejía de GRUFIDES, coincidió en que se busca el reconocimiento de los comités y que estos tengan participación durante todo el año en la problemática social de la contaminación de cabeceras de cuenca.

En ese sentido, Manuel Hora, técnico de AMAS, indicó que, si bien muchos de los miembros de los comités ya han participado como observadores en un monitoreo y vigilancia, no tienen mucho conocimiento sobre cómo funciona este proceso; es por ello que estos talleres de capacitación son importantes. Mejía agregó que hace falta que los comités de vigilancia pasen por unos 3 o 4 talleres prácticos, en promedio, ya que el tipo de monitoreo con macroinvertebrados tiene una parte muy técnica con la que se deben familiarizar.

Temas del taller

  • Agua y medio ambiente: Importancia del agua importancia y su relación con el medio ambiente, así como las consecuencias de su alteración.
  • Monitoreo de agua: Importancia, criterios válidos para un muestreo, los pasos y conocimiento del ciclo de un monitoreo y  latoma de decisiones según la calidad de agua.
  • Conocimiento de los macroinvertebrados y monitoreo: qué seres conforman este grupo, hábitat, naturaleza y características, materiales y técnicas de captura, cómo determinar la calidad del agua según su presencia y determinación de los puntos de monitoreo a lo largo de un río.
  • Construcción de plan monitoreo: Parte físicoquímica y de acuerdo a la presencia de macroinvertebrados.
  • Trabajo de campo en el río Cajamarquino: Monitoreo de macroinvertebrados y parámetros complementarios
  • Otros: Comentarios de salida al campo, georreferenciación, diagnostico realidad local (mapeo participativo), realidad ambiental, Organización (aliados/opositores), aspectos económicos y políticos, según su localidad.

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

EN RESPUESTA A OXFAM

Tras conocer las polémicas declaraciones de algunos representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que critican, descalifican y hasta desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, al igual que el rol de las instituciones ambientales y sociales que la defienden, el presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhortó a este gremio a fije una posición oficial al respecto.

“Tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente (…) hemos compartido su carta y atraído sus preocupaciones a la atención de la SNMPE y los hemos animado a que respondan a sus inquietudes y delineen una posición oficial”, respondió Butler a la carta enviada organizaciones de la sociedad civil peruana.

Según el CEO de la ICMM este es el proceso que su organización realiza cada vez que las organizaciones de la sociedad civil observan o critican a sus miembros corporativos.

VER NOTA ANTERIOR

Butler, también anotó que durante su última visita a nuestro país, el director de Operaciones de la ICMM, Aidan Davy, participó en un evento organizado por Oxfam y el Ministerio de Cultura del Perú para discutir el tema de la consulta previa.

En ese sentido, Butler, aseguró que Davy le informó que los miembros del SNMPE estuvieron presentes y públicamente manifestaron su compromiso con la consulta previa. “Confío en que este mensaje también ha sido puesto en conocimiento de los demás signatarios”, puntualiza el máximo representante de la ICMM.

Precisamente, durante dicho evento sobre consulta previa (24 de febrero), el también Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy, remarcó que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas"; pero, al ser consultado sobre los comentarios de algunos empresarios del que pertenecen al gremio que agrupa gran parte del sector minero de nuestro país, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Como se recuerda, en el marco de la campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

Entre los firmantes de la carta está la RED MUQUI y algunos de sus miembros como: GRUFIDES, REDAD, Red Uniendo Manos Perú, Aprodeh, Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS), Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas (CADEP), CooperAcción y el Arzobispado de Huancayo.

En la misiva enviada al ICMM, se incluyeron expresiones como: “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), que además de opiniones, también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca satanizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

En respuesta, Oxfam y aliados esperan que la SNMPE atiendan las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

VER RESPUESTA DEL ICMM

DATOS

  • El ICMM está conformado por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo.
  • En su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomo una posición muy clara sobre el consentimiento previo, libre e informado (CPLI). 
  • Contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio.
  • Los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas
  • Tiene como preceptos, adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

Foto de Vicepresidente del ICMM, Aidan Davy: Comunicaciones RED MUQUI

POR MEDIO DE RESOLUCIÓN

El Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Celendín ordenó que la empresa minera Yanacocha retire, de inmediato, las cámaras de vigilancia que había instalado en las inmediaciones de la casa de Máxima Acuña. De igual modo, la sala que preside la jueza Edith Cabanillas Palomino, prohibió el uso de drones para sobrevolar el predio con el fin de espiar y hostigar, en tiempo real, a los miembros de la familia Chaupe Acuña.

Por medio de la Resolución N°06 (Sentencia N° 078-2016), el Juzgado Penal de Celendín respondió al Hábeas Corpus interpuesto por la defensa legal de Máxima Acuña a inicios de este año, ante los por los constantes actos de hostigamiento y violación a la libertad e intimidad de esta familia campesina. Este recurso fue interpuesto luego que la empresa colocara un sistema de video vigilancia que captaba imágenes directas de la casa de Máxima Acuña, además de hacer sobrevolar drones con la misma finalidad.

"Nos notificaron que encuentran responsabilidad en Yanacocha, por estos actos violatorios a la libertad (…) Yo sé que la empresa, a través de sus redes han mandado comunicados en los últimos días, diciendo que ellos no han ejecutado ninguno de estos actos pero, acá tenemos la mejor prueba el juez está señalando que ellos sí cometen este tipo de actos y los está sentenciando”, reaccionó la abogada de Máxima Acuña, Mirtha Vásquez.

Lo que dice Yanacocha

Como se recuerda, el funcionario de la empresa minera ha declarado públicamente en medios como Cuarto Poder (América Televisión) y La Mula, asegurando que Yanacocha no tiene intención de hostigar a Acuña.

En una extensa entrevista con el portal lamula.pe, Velarde deslizó que quienes podrían haber atacado, por ejemplo al perro de los Chaupe, son los comuneros de la zona que se dedican al cuidado de alpacas.

“La acusación no ha sido hacia el personal de seguridad de la empresa sino a los que trabajan en el corral de alpacas, que son comuneros de la zona y no tienen por qué estar atacando al perrito de la señora”, aduce el gerente general de Yanacocha a La Mula.

En otra parte de la entrevista, Velarde señala que se rigen sobre una serie de principios voluntarios en derechos humanos, especialmente diseñados, para que las empresas de seguridad no cometan violaciones de derechos humanos en el desarrollo de sus actividades.

“Nosotros les exigimos a la empresa que cumpla con una serie de entrenamiento en temas de derechos humanos, y nosotros les damos entrenamiento también a los agentes de seguridad en temas de derechos humanos. Cómo comportarse, cómo interactuar con la gente”, asegura Velarde en diálogo con La Mula.

En respuesta, la abogada de Máxima Chaupe dijo considerar abusivo que la empresa use las redes o los medios de comunicación para ir haciendo quedar a esta familia como una mentirosa. Además dijo esperar que de ahora en adelante acaten la ley y empezar a cumplir lo que el juez señala.

"El señor Velarde, trata de negar que ellos hostilizan a la familia, yo creo que la mejor prueba de que él está mintiendo son estas resoluciones (judiciales) que nos dan la razón. Nosotros venimos haciendo denuncias por cada acto de hostigamiento. Cada una está en trámite, esperamos que una resolución similar a esta y que por fin, las autoridades empiecen a ponerle un alto a esta empresa que comete una serie de abusos contra esta familia”, puntualizó Vásquez Chuquilín.

 

Fuente: GRUFIDES / Portafolio Periodístico

VIDEO: Portafolio Periodístico

Foto: TheGuardian.com

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