POR FALTA DE LICENCIA SOCIAL

  • Se ratificó rechazo del convenio firmado entre el gobierno y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan
  • Campesinos piden respeto a la consulta vecinal en rechazo de Río Blanco en el 2007

Los ronderos y comuneros campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca (región Piura) exigen que en el plazo de un mes, el gobierno local de Huancabamba  cierre las oficinas de la Empresa Minera Río Blanco, ya que no cuenta con la licencia social para sus realizar sus actividades.

Es así que una comisión conformada por autoridades y ronderos de la zona, llegó hasta la municipalidad provincial para exigirle al alcalde de Huancabamba, Marco Velasco, se pronuncie sobre este gran problema social que sigue latente en dicha provincia.

A través de un Acta de acuerdos, que resultó de la movilización del 16 de diciembre, las comunidades y sus autoridades ratificaron su rechazo al Convenio suscrito por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el consorcio chino chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, durante la APEC.

“Rechazamos de forma tajante el Convenio suscrito por el gobierno de Kuczynski para realizar el proyecto minero Rio Blanco a espaldas de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas, Yanta, y gobiernos locales de Ayabaca y Huancabamba”, indica el acta.

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De igual manera, se hizo un llamado a todas las organizaciones ronderiles de la Región Piura, Asociaciones de agricultores, Juntas de Usuarios y Regantes, Juntas Vecinales de barrios y Urbanizaciones Populares a informarse e incorporarse orgánicamente a la defensa de los Páramos Andinos y Bosques de Neblina.

Todo ello con el fin de exigir la validez de la Consulta Popular del 16 de setiembre del 2007, que avaló –en un 97%- su rechazo a la minería en los páramos andinos y bosques de neblina, y seguir priorizando sus actividades cotidianas como la agricultura, la ganadería y el turismo sostenible.

Desconfianza

Por su parte, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), recordó que la Dirección general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) había aprobado una modificación al plan de rehabilitación del proyecto Rio Blanco, porque según este sector, aún subsisten afectaciones ambientales que no se han remediado.

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“El Estado le ha aprobado un plan de remediación por 7 años y 10 meses. no sabemos por qué tanto tiempo. Las comunidades sospechan que en realidad están tratando de ganar tiempo para regresar al territorio, y en la práctica solicitar ampliación para actividades de exploración minera”, señaló.

Velasco comentó que a ello se suma, el hecho de que las comunidades no han sido consultadas sobre esta eventual decisión del gobierno para aprobar esta ampliación.

Protesta masiva

Luego que el Ejecutivo suspendiera la mesa de diálogo programada para el martes 13 de diciembre en Huancabamba. El 16 de diciembre, se llevó a cabo una movilización pacífica hasta la sede municipal de Huancabamba. Ahí se congregaron cerca de 5 mil campesinos provenientes de las comunidades de Huancabamba y Ayabaca, para rechazar el intento del gobierno central de "promocionar" el proyecto Minero Rio Blanco.

Fuente / Fotos: REDAD Piura / Comunicaciones RED MUQUI

CON UN DÍA DE ANTICIPACIÓN

  • Reunión se iba a desarrollar este martes 13 por la mañana
  • Comunidades de Piura y Cajamarca dieron a conocer sus condiciones de diálogo

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decidió suspender la primera reunión de la mesa de diálogo que iba a sostener con las comunidades de las provincias de Huancabamba, Ayabaca (región Piura), Jaén y San Ignacio (Cajamarca), informó Merbil Peña Vilela, alcalde del distrito de Carmen de la Frontera.

Según indicó Peña a RED MUQUI, la PCM no aceptó que la mesa se desarrolle en Sapalache (capital de Carmen de la Frontera), tal como lo propuso Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), por ser el lugar donde se inició el conflicto por Río Blanco en el año 2003.

Por medio de una carta enviada a la PCM y al Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Frente presentó su lista de participantes, así como sus condiciones para iniciar este proceso de diálogo, tras el convenio suscrito entre el Estado y el consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que invertiría alrededor de US$ 2,500 millones para obtener, durante 20 años, una producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

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Entre ellas está incluir a todos los representantes que integran el FDSFNP, incluyendo a sus asesores; que quienes representen al Estado en la mesa, sean funcionarios con capacidad de decisión como son ministros o viceministros, entre otras.

En respuesta, el Ejecutivo también les comunicó que antes deberán sostener una reunión de coordinación para evaluar estos pedidos acordados por las autoridades locales y regionales y dirigentes de Rondas, Comunidades Campesinas y demás organizaciones sociales que habitan en lo que sería la zona de influencia del proyecto minero.

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Cabe mencionar que estas condiciones del FDSFNP surgieron de una asamblea que sostuvieron este fin de semana en el Gobierno Regional de Piura. En este encuentro se acordó principalmente, rechazar la realización del proyecto minero en Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio, debido a los serios impactos ambientales y sociales que ha ocasionado desde hace 13 años.

Asimismo, el FDSFNP coincidió en exigir que el Estado respete la Constitución y el Convenio 196 de la OIT que reconocen su autonomía comunal y el derecho a la consulta previa, que debe aplicarse antes de tomar cualquier decisión que les puede afectar. 

Otro de los acuerdos concretados, fue la coordinación y acciones de los integrantes del FDSFNP, de las cuatro provincias en los espacios de diálogo que se puedan generar a nivel nacional, regional y local; fomentar la diversificación productiva en los planes de desarrollo concertados con las municipalidades locales y provinciales, y gobiernos regionales, ello supone desarrollo de actividades sostenibles como la agricultura, la ganadería y el turismo.

Cabe mencionar que el Frente de Defensa ha solicitado el acompañamiento de un grupo técnico conformado por RED MUQUI, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Páz (Fedepaz), Red Regional de Agua, Desarrollo y Democracia de Piura (REDAD), el área de Justicia y Paz de la diócesis de Chulucanas y la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones de la Sociedad Civil que conocen muy bien el caso (desde que era minera Majaz S.A.), además de haber asumido la defensa de los dirigentes comunales que fueron torturados por la policía en la campamento minero en el año 2005. 

La zona de influencia del proyecto Río Blanco, está constituida por páramos y bosques de neblina generadoras de humedad y vegetación, en estos ecosistemas se encuentran las nacientes de los ríos: Piura, Quiroz y Huancabamba, fuentes de agua de la región de Piura. De igual manera, de estos lugares nace el río Chinchipe tributario del Marañon (cuenca amazónica) que también abastece a las provincias cajamarquinas de de Jaén y San Ignacio.

DATOS:

  • En su última visita a Lima, los representantes de las comunidades sostuvieron reuniones con la vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, y con funcionarios de la PCM y el MEM. En este encuentro se planteó comenzar la mesa de diálogo el 13 de diciembre desde las 10:00 a.m.
  • El FDSFNP se ha conformado el 2005 para ejercer la defensa conjunta desde las provincias Ayabaca, Huancabamba, San Ignacio, de los derechos humanos y del medio ambiente.
  • En setiembre de 2007, se llevó a cabo una consulta vecinal en los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca), así como en el distrito de El Carmen de la Frontera en (Huancabamba), donde el 95% se mostró en contra de que se desarrolle minería en sus territorios comunales.

 

Fuente: Red Muqui

Fotos: Oxfam / REDAD Piura / El Peruano

RED MUQUI lamenta que el Estado peruano haya suscrito un convenio con la empresa Río Blanco Copper S.A. (antes minera Majaz y hoy subsidiaria del consorcio minera Zijin), sin haber brindado ningún tipo de información al pueblo, ni a las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba (región Piura) y tampoco a las de San Ignacio (región Cajamarca).

Con el fin de promover el proyecto minero Río Blanco en territorios comunales, el Estado no aplicado el derecho a la consulta previa en dichas zonas, y nuevamente, se viene vulnerando lo señalado en el Convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política del Perú que reconoce la autonomía de estas comunidades campesinas.

Es necesario recordar que en el setiembre del año 2007, las comunidades y poblaciones de los distritos de Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca), de El Carmen de la Frontera (provincia de Huancabamba), llevaron a cabo una consulta vecinal en la que 95% decidió apoyar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y el turismo en sus territorios; rechazando así, la actividad minera, por los riesgos que ésta genera en el acceso al agua -para la mayor parte de la región- así como para el desarrollo sostenible de sus actividades económicas.

Es por ello, que desde la RED MUQUI rechazamos que nuestro gobierno acepte y promueva que éste tipo de empresas inviertan en nuestro país, aún cuando han cometido violaciones a los derechos humanos (el proyecto Río Blanco ha causado la muerte de 10 personas) y afectaciones a los ecosistemas frágiles y el medio ambiente.

En ese sentido, mostramos nuestra preocupación por las facilidades que el Estado brinda a la inversión, con una nueva regulación normativa que ha permitido el debilitamiento de las instituciones ambientales y sociales -con los paquetazos ambientales- que proyectos de este tipo se ejecuten, pese a que se afectan derechos humanos y colectivos, y ecosistemas frágiles y fuentes de recursos hídricos.

Consideramos que el retorno de la empresa Río Blanco Copper S.A. podría acarrear graves impactos en la vida y salud de las personas, así como, en nuestra naturaleza y en las actividades económicas enraizadas en dichas tierras, como la agricultura y ganadería de las que nuestras comunidades y poblaciones dependen.

Asimismo, con el aval que le ha permitido la suscripción del citado convenio con el Estado peruano, y el respaldo del Presidente de China durante la APEC, la empresa minera viene generando división y enfrentamiento entre las organizaciones, por medio de la entrega de dádivas a determinadas personas por trabajos ocasionales y la cooptación de dirigentes.

Es por ello, que desde la RED MUQUI demandamos que se cumplan las normas nacionales e internacionales que amparan los derechos de las comunidades y poblaciones locales, antes de tomar cualquier decisión que los afecte, como en el caso del proyecto minero Río Blanco y de cualquier otro proyecto de inversión.

Esperamos que el diálogo -instrumento al que siempre han recurrido las comunidades de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio para resolver sus problemas- sea el que impere, a fin de canalizar las preocupaciones de las organizaciones sociales y sus autoridades; evitar mayor conflictividad, y considerar las propuestas de las comunidades y poblaciones, quienes buscar mayor apoyo estatal para promover sus actividades económicas de desarrollo sostenible, como son la agricultura, agricultura ecológica, ganadería y el turismo sostenible.

Lima, diciembre de 2016

RED MUQUI

DENUNCIAN AYABACA Y HUANCABAMBA

  • Decisión no toma en cuenta consulta vecinal que decidió el retiro de la empresa en el 2007
  • Hace seis años que la minera se retiró de estos territorios comunales

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y de Yanta (Ayabaca) de la región Piura, denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha decidido rehabilitar el proyecto minero Río Blanco, sin aplicar consulta previa en las localidades afectadas que han mostrado su rechazo a la actividad minera en el año 2007.

El 14 de setiembre último, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, aprobó la “Modificación de la Actualización del Plan de Rehabilitación del Proyecto de Exploración Minera Río Blanco” (Resolución Directoral No. 274-2016-MEM-DGAAM).

Para estas comunidades piuranas, llama la atención que el MEM decida que, en los próximos siete años, se debe ejecutar este nuevo Plan de Rehabilitación. Y que, además, el Ejecutivo, desconozca al 97% de la población de Huancabamba y Ayabaca, que rechazó la actividad minera en sus territorios, por medio de una consulta vecinal en el año 2007.

Cabe recordar que, a inicios del 2009, el MEM aprobó y llevó a cabo un Plan de Rehabilitación de los pasivos a causa de la fase de exploración de Río Blanco. El periodo de ejecución de este plan estuvo marcado entre julio de 2009 y julio de 2011.

No obstante, estas actividades de rehabilitación culminaron cuando Río Blanco Copper S.A. desmontó su campamento minero, en diciembre de 2010. Fue entonces que las comunidades afectadas, que siempre respetaron normas y procedimientos, iniciaron un resembrado de árboles y vegetación propia de la zona.

Movimiento policial en el lugar

Últimamente las comunidades han observado la presencia de efectivos militares y policiales en sus territorios, bajo el pretexto de instalar bases militares y/o policiales para supuestas actividades de defensa nacional y/o control de actividades ilícitas en la frontera.

Los comuneros temen que con esta irrupción se militarice la zona con el fin de permitir el reingreso de Río Blanco Copper S.A.; los comuneros también estiman que policías y militares podrían iniciar acciones de represión contra ellos, al manifestar la defensa de sus tierras y sus derechos fundamentales.

Asimismo, los pobladores han denunciado que desde hace 14 días se observa la quema de árboles en los montes de diversos sectores de la provincia, como en los distritos de Carmen de la Frontera, Sondor y Sondorillo. Denuncian que se habrían quemado alrededor de 26 mil pinos, de los cuales 17 mil pertenecerían al Anexo de Salalá en Huancabamba.

Para ellos, este desastre ambiental -sobre el cual ninguna autoridad se ha manifestado para investigar y remediar- formaría parte de una estrategia de la empresa para desprestigiar a las comunidades campesinas opositoras proyecto minero, señalarlas como responsables de contaminación y atribuir estos incendios a la minería ilegal en la zona. Algo que las comunidades rechazan y condenan.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), estima que Río Blanco está generando un “contexto favorable” para concretar su regreso, al mostrarse como una empresa que cuenta con tecnología que no contamina, ofrece miles de empleos, etc.

“Todo ello concuerda con el anuncio del inicio de la fase de explotación en el 2021, que adempas se vería confirmado con el reciente Convenio de Promoción del proyecto Minero Río Blanco, suscrito entre el MEM y el Consorcio Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, en el contexto de la APEC”, señaló la institución miembro de la RED MUQUI.

DATO:

Se estima una inversión no menor a los US$ 2,500 millones para rehabilitar Río Blanco, que tendría una vida útil de 20 años en la producción de 200 mil toneladas de cobre fino y 3,000 toneladas de molibdeno fino por año.

Fuente: FEDEPAZ / Gestión

Foto: Rumbo Minero

CASO HUANCABAMBA

La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba solicitó una pena privativa de libertad de 25 años para los tres policías implicados en el presunto asesinato de dos campesinos, y el intento de homicidio de otros cuatro pobladores de la comunidad de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura), a la que ingresaron y reprimieron violentamente con armas de fuego en diciembre del año 2009.

Los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de Huancabamba por haber quitado la vida a los comuneros Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y tratar de atentar contra la vida de Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara.

A principios de mayo la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal por los delitos de homicidio, así como por lesiones graves contra los comuneros. Ahora esta disposición fue acatada por la Fiscalía Provincial de Huancabamba.

Lee también: Fiscalía Superior de Piura ordenó acusación contra tres policías por homicidio y lesiones graves en agravio de comuneros de Huancabamba

Recuento del caso
En noviembre del año 2009, ocurrió un extraño ataque al campamento de la empresa Río Blanco en el murieron tres personas. En respuesta, los directivos de la empresa se reunieron con el gobierno y el Primer Ministro Javier Velásquez, quien dispuso que se militarice la zona. En búsqueda de los responsables, se desplegaron contingentes policiales.

Es así que el 2 de diciembre del año 2009, campesinos del Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas habían increpado a un grupo de 30 efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los policías optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de los dos campesinos e hirieron de gravedad a los otros cinco.

Lamentablemente no se pudo evitar situaciones de violencia, ni recurrir a un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras.

“El objetivo de este proceso es que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, sancionando con la severidad que la ley establece a los efectivos policiales que causaron la muerte de dos campesinos y atentaron contra la vida de otros cuatro, a quienes dejaron gravemente heridos, teniendo incluso que amputarle una pierna a uno de ellos para salvarle la vida, causándole una gravísima incapacidad física”, señaló David Velazco Rondón, Director Ejecutivo de FEDEPAZ y abogado de uno de los agraviados.

Fuente / Foto: FEDEPAZ

CASO MAJAZ

El Juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Huancabamba (Piura) resolvió unificar los dos procesos penales en los que se vienen investigando las presuntas torturas que sufrieron 28 campesinos dentro del campamento minero de Río Blanco, a cargo de la empresa Copper S.A. Esta decisión fue tomada ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, organización que representa a las presuntas víctimas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba acumuló en un solo proceso los Expedientes No. 201-2013 y No. 30-2011, ambos correspondientes a investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que son señalados como presuntos responsables de los actos de tortura y secuestro agravado, presuntamente cometidos contra los comuneros que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en agosto del año 2005.

Según testimonios de los supuestos agraviados, entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, estuvieron cautivos dentro del campamento minero donde fueron víctimas de tortura por parte de la Policía en conjunto con funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A., así como de la empresa de seguridad privada Forza.

Algunas de las vejaciones física, además de las psicológicas, los pobladores denunciaron que les vendaron los ojos y fueron llevados a un matadero de reses, en otro momento fueron cubiertos con bolsas tipo costal y se les roseó gas lacrimógeno, y hasta se denunció maltratos contra mujeres que estaban en dicho grupo.

Una de las investigaciones penales es seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, sobre quienes pesa una acusación fiscal en la que se solicita 10 años de cárcel por el Delito Contra la humanidad – Tortura. La segunda, se sigue contra dos generales y un comandante PNP, para quienes la fiscalía pide una imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por el mismo Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada, y al que se le suma el Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, la organización miembro de la RED MUQUI refiere que se estaría evitando la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, FEDEPAZ se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y se les repare de forma integral.

Esta unificación de procesos de un caso común, permitirá una investigación más efectiva para que se sancione a todos los responsables de esta brutal agresión a los citados campesinos quienes ejercían su derecho a la protesta social, a la defensa de sus tierras, y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, bajo el modelo de desarrollo local que ellos han elegido.

Frente a estos casos de violación a los derechos humanos por actividades extractivas, FEDEPAZ considera necesario mejorar los marcos normativos del sector minería para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas, especialmente, a los pueblos indígenas.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: CNDDHH

  • De esta forma se impide solicitud de archivamiento por parte de Fiscalía Provincial

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal contra tres efectivos policiales por los delitos de homicidio, en agravio de dos campesinos, así como por lesiones graves contra otros cinco que pertenecen a las comunidades de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura).

Los efectivos policiales: Carlos Edilberto Rosales Ruiz, José Eligio Coba Requena y Edgar Eduardo Torres Guzmán han sido acusados de haber cometido homicidio en agravio de Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, además de tentativa de homicidio contra los campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Guevara, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Rojas Togas y José Ramírez Guevara.

“De lo anterior se puede afirmar que sí existen elementos de convicción que ameritan la emisión de un requerimiento acusatorio (…) por lo tanto, los argumentos antes expuestos permiten afirmar que la decisión adoptada por el fiscal provincial (Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba) no es la adecuada; por lo que corresponde rectificar la misma”, señala la disposición del Fiscal Superior.

De esta manera, este despacho fiscal desestimó el requerimiento de archivamiento  (sobreseimiento) presentado por la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, y declaró fundada la oposición interpuesta por la defensa de las víctimas.

Anteriormente la Primera Fiscalía Provincial inició una investigación en contra de los campesinos por “haber causado lesiones a los policías y daños a sus vehículos”; sin embargo, los abogados de Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) asumieron la defensa de los campesinos y lograron acreditar que ellos eran las víctimas. Es así que el 30 de diciembre de 2010 la Fiscalía decidió formalizar el inicio de una investigación preparatoria contra los 3 citados policías, imputándoles el homicidio y las lesiones graves a los campesinos.

“El objetivo de este proceso es que se establezca la verdad de hechos. Los efectivos policiales dispararon por la espalda a dos campesinos que finalmente fallecieron. Además de causaron graves lesiones a otros cinco comuneros, de los cuales, uno tuvo que ser amputado de una pierna para que pueda sobrevivir”, recordó el abogado defensor de los agraviados, David Velasco.

Culminada la investigación preparatoria y a pesar de las pruebas que acreditaban la responsabilidad penal de los efectivos policiales investigados, la Primera Fiscalía Provincial solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el archivamiento de dicha investigación penal. En respuesta, la defensa legal de los campesinos formuló oposición por escrito de manera oral en Audiencia correspondiente. Después de evaluar, el Juzgado decidió elevar el expediente en consulta al Fiscal Superior, quien resolvió ordenar que el Fiscal Provincial proceda a formular acusación fiscal contra los efectivos policiales que son investigados.

Recuento del caso Huancabamba

El 2 de diciembre del año 2009, un grupo aproximado de 30 policías utilizaron armas de fuego para  reprimieron violentamente a un grupo de campesinos en el Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba, Región Piura).

Los comuneros habían increpado a los efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los efectivos policiales optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de dos campesinos e hirieron de gravedad a otros cinco 5 campesinos.

FEDEPAZ expresó su satisfacción respecto a la decisión de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura, y dijo confiar en que los graves crímenes cometidos por los señalados efectivos policiales no quedarán impunes.

“Si un caso como éste queda en la impunidad, pese a las pruebas irrefutables de la muerte y agresión de campesinos que hacían uso de su legítimo derecho a protestar en defensa de sus derechos comunales, ¿Qué otras víctimas de casos similares podrían tener la esperanza de encontrar justicia en las autoridades peruanas?”, finalizó David Velazco, parte del equipo de defensa legal de FEDEPAZ.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: olca.cl

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