CASO EXPULSIÓN DE DOCUMENTALISTAS EN CUSCO

El Instituto de Defensa Legal (IDL), CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF Cusco) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha), presentaron una demanda de Hábeas Corpus ante la amenaza de una nueva detención -arbitraria e ilegal- en contra de Jennifer Moore (ciudadana canadiense), coordinadora del programa con América Latina de MiningWatch Canadá y defensora de los derechos humanos.

La demanda se presentó en contra del Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad del Estado de Cusco de la Policía Nacional del Perú y la Jefatura Zonal de Cusco de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

A través de este recurso constitucional, recibido por el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, estas organizaciones de Derechos Humanos piden que la Policía Nacional se abstenga de detener, hostigar, criminalizar o atentar contra la libertad de opinión y expresión de la ciudadana canadiense, quien debe regresar al Perú el próximo 8 de agosto de este año.

“La detención de Moore se realizó en violación del derecho de las personas a ser puestas a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario, pues permaneció detenida por 4 horas aproximadamente, tiempo más que suficiente para realizar la identificación de su identidad personal”, señaló Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL.

Ruiz Molleda agregó que también hubo violación de la libertad de opinión y de expresión reconocido en la Constitución, así como un acto de censura que es prohibido por el ordenamiento jurídico constitucional.

“Es lamentable que el Ministerio del Interior insista en que Moore fue detenida por cuestionar las malas prácticas de una empresa minera, y que ello afecta el orden público. Es por ello que también ha solicitado se ordene a Interior, el cese de amenazas de expulsión e impedimentos para Moore”, indicó el constitucionalista.

En la demanda se pidió que se ponga en conocimiento de la Fiscalía Provincial Penal competente para que se investigue la comisión de ilícitos penales en perjuicio de Moore, a causa de su detención arbitraria y la persecución, hostigamiento, difamación y criminalización que ha sufrido

Desde Canadá, la agraviada Jennifer Moore, afirmó que en este proceso de criminalización hay una intención de aislar a las comunidades que viven alrededor de la mina de cobre de Hudbay en Cusco y limitar la información independiente y solidaria a que tienen acceso hoy y al futuro.

“Es un precedente terrible para muchas personas quienes están haciendo esfuerzos para compartir sus investigaciones, su periodismo, y su experiencia - técnica o personal - con las comunidades afectadas por la minería en Perú y la población en general. Tenemos que cuestionar esto", dijo a Alerta Minera Canadá.

Convenios con la minera de por medio

En opinión de los demandantes, esto es consecuencia de los convenios entre las empresas mineras y la Policía, que solo privatizan el ejercicio del poder coercitivo del Estado y privatizan el orden minero a favor de las empresas mineras, y promoviendo la criminalización de la protesta o de quienes las cuestionan.

“Es de conocimiento público que la empresa minera HudBay mantiene convenios con la PNP de la región policial Cusco, el mismo que permite a la empresa coordinar con los efectivos policiales una serie de acciones que va en contra de sus funciones constitucionales, convirtiéndose en una especie de agente de seguridad privada de la empresa minera”, remarcó Ruth Luque, abogada especialista que ha revisado y denunciado estos convenios.

En ese sentido, Luque insistió en que los convenios se revisen y sean transparentes. Más aun cuando se ha establecido que los convenios con las mineras, no los suscriban las direcciones territoriales, sino directamente con el sector Interior en Lima.

“En la cláusula 5.1.7. del convenio con HudBay se indica que el jefe del destacamento policial designado a la minera, puede hacer una serie de intervenciones a pedido de terceros o de la misma empresa. Es por ello que defienden una posición arbitraria contraria a la empresa, algo que va en contra de un estado de derecho donde todos podemos opinar diferente”, aseveró la fundadora de DHSF Cusco.

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Detalles de la detención

El 21 de abril, la proyección documental terminó alrededor de las 7:40 de la noche.  Pasadas las 8:00 p.m., cuando comenzaron todos los asistentes comenzaron a salir de la Casa de la Cultura, agentes policiales vestidos de civil interceptaron a los documentalistas mientras los grababan en video. Luego fueron rodeados por otros 20 policías vestidos de civil que habían llegado en autos particulares con lunas polarizadas. El personal de migraciones también llegó para identificarse. En medio de todo argumentaron que se trataba de una intervención de rutina para identificarlos.

Ya que Jennifer no contaba con su pasaporte a la mano, fue trasladada hasta la sección de extranjería de la División de Seguridad del Estado (ubicada en la urbanización Progreso), de igual modo se llevaron a Jhon, pese a que él sí se identificó.

Luego de ponerse en ponerse en contacto con sus respectivas embajadas y ante la llegada de un representante de la Defensoría del Pueblo, se le permitió a Jennifer y a una abogada de DHSF ir a recoger su pasaporte en compañía de dos agentes policiales.

Al regresar a la oficina de extranjería, los abogados verificaron que la policía de extranjería tenía en su poder un pliego interrogatorio respecto a las acciones de Jennifer y Jhon, incluso días antes de que llegaran al Perú. 

Con ello se confirmó que no se trataba de un simple procedimiento de “verificación”, sino de una acción planificada y ejecutada para la vigilancia y seguimiento de ambos extranjeros.

Ante esta situación, y por recomendación de los abogados, Jennifer y Jhon se negaron a responder y a firmar cualquier tipo de declaración; sin embargo, el Sub Oficial PNP Edgar Abarca ordenó que no los dejaran salir hasta la llegada del Fiscal de Turismo, que jamás llegó. Es así que fueron retenidos hasta la 1:00 a.m. del 22 de abril.

Luego, durante ese fin de semana se emitió una citación policial para que declaren sobre su situación migratoria en territorio peruano.

Ese día por la tarde, Jhon y Jennifer llegaron por avión hasta la ciudad de Lima y luego se embarcaron en otro vuelo internacional. Finalmente salieron del país por temor a no tener las garantías sobre su integridad personal.

Los estaban siguiendo

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Los efectivos policiales estuvieron siguiendo a Dougherty y a Moore cuando fueron a presentar el documental en los distritos de Chamaca, Velille y Santo Tomas (provincia de Chumbivilcas, Cusco).

En dichos lugares, la policía estuvo preguntando a los asistentes sobre el contenido del documental, además de indagar en donde se hospedaban los extranjeros, así como sus actividades.

Por ejemplo, en Velille, dos policías uniformados y armados se presentaron en el domicilio de Juan Valencia, encargado de la convocatoria para la presentación del documental, pidiendo la entrega de algún acuerdo o acta del evento. En respuesta, Valencia dijo que hubo dos periodistas de la empresa minera y que podían preguntarles a ellos. 

Al día siguiente, Valencia también fue abordado dos trabajadores de HudBay, identificados como Nilton Días (jefe de relaciones interinstitucionales) y Clodomiro Monge. Ambos preguntaron lo mismo que los oficiales.

Igualmente, en Santo Tomás, dos policías visitaron unas tres veces el hospedaje donde se alojaban Jennifer y John. En todo momento insistieron en ver el cuaderno de registros y obtener más datos de los dos.

Los equipos legales de CooperAcción y DHSF, miembros de la RED MUQUI, señalaron que este “seguimiento” solo se da en el marco de la persecución de un delito y con el conocimiento de la Fiscalía.

“Si se trata de averiguar acerca de la situación jurídica de un inmigrante, no se necesita hacer actos de seguimiento porque serían desproporcionales. En este caso la Policía del Perú actuó en forma aislada, atribuyéndose el seguimiento a personas que gozan de sus derechos al libre tránsito y libre expresión”, apuntaron.

No hubo investigación

En su comunicado público del 22 de abril (Nro. 008-2017), el Ministerio del Interior se adelantó a definir la situación migratoria de los documentalistas sin haber empezado la investigación correspondiente.

“La conducta de los ciudadanos extranjeros implica la alteración del orden público o el orden interno por lo que cabría la aplicación de la medida de expulsión”, señala Interior, vulnerando el derecho de las personas a ser considerados inocentes, mientras no se pruebe su responsabilidad.

Fuente: IDL / DHSF / RED MUQUI / La Mula

Fotos: CBC News / Investigativemedia.com / Flin Flon documental

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO. 

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

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En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo. 

"Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores"

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"Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera", recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

"El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas", dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

"A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera", apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

"Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos", recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP. 

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

  • Exigen cese de contaminación por operaciones mineras e incumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo
  • Paro se desarrolló de manera ordenada y de manera pacífica

La integrante del Único de Defensa por los Interés de Espinar (FUDIE), Elsa Merma, informó a Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) que el paro preventivo que se acata en la provincia de Espinar (Cusco) se desarrolla de manera pacífica pese al bloqueo del km 14 de la vía Espinar – Arequipa, que comprende los centros poblados de Alto Huancané, Tintaya Marquiri, Huisa, Hancollahua, Condoroma, Imata; tramo por donde pasan las unidades vehiculares de las empresas mineras HudBay, Las Bambas y Antapaccay.

“Hasta el momento el paro se desarrolla de manera pacífica y ordenada, hemos conversado con los trabajadores de la UGEL, que han dispuesto apoyarnos y nos acompañan en esta marcha”.

Asimismo, indicó que por la tarde se llevará a cabo un mitin en la plaza central de Espinar donde se contará con la presencia del Alcalde provincial, Manuel Salinas. Esta jornada de protesta responde al incumplimiento de los compromisos y acuerdos asumidos por el Gobierno Central en la mesa de diálogo que fue instalada hace más de tres años.

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Básicamente las organizaciones sociales y algunas autoridades locales de las comunidades exigen el cese de la contaminación ambiental en el entorno de las operaciones mineras de Glencore Antapaccay en la provincia. Como producto de estas actividades, existe parte de la población con altos índices de metales pesados en la sangre, y que hasta el momento no reciben tratamiento especializado por parte del Ministerio de Salud.

Desde las 00:00 horas, la medida de fuerza inició con la participación de las diferentes organizaciones sociales como: el Frente Único de Defensa por los Interés de Espinar – FUDIE, la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – ADEPAMI, El Frente único de defensa del cañón de Apurímac, la  Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, El Frente Único Juventud Kana – FUJEK, y representantes de comunidades afectadas por la minería.

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Con esta medida, también se recuerda el cuarto año de la lucha del 21 de mayo del 2012, cuando el pueblo de Espinar realizó una protesta contra la contaminación ambiental que afectaba a la población aledaña a la mina y al incumplimiento de los compromisos del gobierno central en torno al proyecto Majes Siguas II y de la empresa minera Xstrata Tintaya (hoy Glencore). Como parte de las actividades, los dirigentes mencionaron además que se rendirá homenaje a las tres víctimas que fallecieron por impactos de bala durante los enfrentamientos con la Policía en mayo del 2012.

Lee también: Espinar inicia paro de 24 horas frente al incumplimiento de compromisos para afrontar contaminación ambiental

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

 

TRAS CONFORMACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO

  • Fiscalía abrió investigación pese a que no se registraron enfrentamientos durante protesta
  • Son 14 los denunciados por delitos contra los medios de transporte entre otros

El presidente de la Comunidad Urasana (distrito de Velille, Chumbivilcas), Amilcar Alcca Chacalla, informó a Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) que la fiscalía de San Tomás ha abierto una investigación a varios dirigentes sociales y alcaldes de provincia de Chumbivilcas, así como de los distritos Velille, Chamaca y Livitaca, por haber participado en las movilizaciones del 25, 26 y 27 de enero en la zona de influencia del proyecto minero de Constancia a cargo de la empresa canadiense Hudbay.

El dirigente comunal de Urasana, señaló haber sido denunciado por delitos contra los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, entre otros. En la misma situación se encontrarían 13 dirigentes comunales del Frente de Defensa de Velille junto con los tres alcaldes distritales y el alcalde provincial de Chumbivilcas.

Amilcar Alcca dijo mostrarse sorprendido por esta determinación del ministerio público, y aseguró a DHSF Cusco que durante esta protesta de enero, no se registraron disturbios ni enfrentamientos entre pobladores y efectivos policiales.

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El Frente de Defensa de Velille, los presidentes comunales, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y los distritos cercanos a esta provincia, realizaron un paro preventivo de 72 horas los días 25, 26 y 27 de Enero del presente año, en contra de la empresa HudBay Perú SAC, y su proyecto minero Constancia en la provincia de Chumbivilcas. 

Esta medida de lucha respondió al pedido de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, en el marco de su política de responsabilidad social y ambiental con los centros poblados y comunidades locales.

Otro pedido contemplado en el pliego de reclamos alcanzados a la minera, era la declaración a de todas las comunidades del distrito de Velille como área de influencia directa, mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y social de dicho proyecto minero.

Tras la medida de protesta, recién el 27 de febrero se instaló una Mesa de Diálogo en Velille, en la que participaron: el alcalde distrital de Velille, el alcalde provincial de Chumbivilcas, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del el Ministerio de Energía y Minas (MEM). En este encuentro con el Estado, se confirmaron oficialmente los grupos de trabajo de responsabilidad social y medio ambiente.

 

Fuente / Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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ACUERDO EN CHUMBIVILCAS

  • Ese día recién se acordarán  puntos de la agenda de trabajo entre pobladores, la minera HudBay y el MEM
  • Pobladores exigen información sobre modificaciones que se realizó al EIA del proyecto Constancia

Las organizaciones sociales y autoridades de Velille (Chumbivilcas, Cusco) acordaron que el 17 de febrero se llevará a cabo la próxima reunión de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los funcionarios de la empresa minera HudBay que opera en la zona a través del proyecto Constancia

En esta sesión se aprobará el reglamento interno de la Mesa de Diálogo, la agenda de trabajo y la acreditación de los representantes de las partes. En el encuentro con los funcionarios del MEM y HudBay, los dirigentes comunales y las autoridades locales, dejaron en claro que esperan que esta no sea una mesa de diálogo más y que finalmente se logren acuerdos que tomen en cuenta las demandas de la población y sean adecuadamente implementados.

En la reunión del 27 de enero, también estuvieron los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) además del MEM y HudBay; el encuentro se inició en presencia de la Fiscalía de Prevención de Delitos de Chumbivilcas, en el sector de Maranniyuq, y luego se trasladó al colegio Juan de Dios Valencia en Velille. Tras un intenso intercambio entre los representantes de cada sector, se tomó el acuerdo de iniciar el proceso de diálogo.

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Las organizaciones sociales del distrito de Velille iniciaron un paro de 72 horas el lunes 25 de enero, el cual fue contundente al movilizar más de 6 mil pobladores incluyendo a representantes de Livitaca. Aunque la Dirección Regional de la Policía envió un gran contingente de efectivos, y sin no hubo ningún enfrentamiento de por medio, así como tampoco denunciados o detenidos.

Recién en el tercer día de movilización hacia el campamento minero del proyecto Constancia, se pudo instalar un nuevo proceso de diálogo, con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la empresa minera, así como de los gobiernos locales y dirigentes sociales.

De esta manera se levantó el paro de 72 horas que había sido acordado por asamblea popular el 10 de enero último.

Los reclamos

- Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

- Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

- Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, así como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

- Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros

Fotos: Derechos Humanos Sin Fronteras / Tomate Colectivo

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TRAS PARO DE 72 HORAS

Durante este tercer día de paro, los representantes de las organizaciones sociales de base, las autoridades y pobladores del distrito de Velille (Chumbivilcas, Cusco) iniciarán un proceso de diálogo con los representantes de la empresa minera, y funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

 

El arribo de funcionarios no impidió que los manifestantes tomen las vías que van hacia la sede de Hudbay y a la de Glencore. Se reportó que se ha suspendido  la salida de carros de Arequipa con destino a Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Aquira (Apurímac). La mesa de diálogo se postergó para hoy debido a que los miembros del Ejecutivo no portaban sus acreditaciones.

 

Desde las 10 de la mañana, los pobladores se concentraron en el sector de Maraniyoc, ubicado a 3 Km del asentamiento minero.

 

Hasta el momento, la paralización de 72 horas que enfrentan los pobladores de Velille, tiene masiva concurrencia de la población y respaldo de las 8 comunidades del distrito de Velille y las principales organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas. Por otro lado, existe un fuerte y numeroso resguardo policial del asentamiento minero del Proyecto Constancia de la empresa minera Hudbay.

 

Lea también: Chumbivilcas: Pobladores de Velille inician paro y se movilizan cerca al campamento proyecto minero Constancia – Hud Bay

 

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policía Nacional. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

 

DATO:

El proyecto Constancia se ubica en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco / Diario La República

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras del Cusco

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OTRO CONFLICTO EN EL CUSCO

Esta mañana el  frente de Defensa de Velille, las juntas barriales, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas y las ocho comunidades de Velille iniciaron  el paro preventivo de 72 horas en contra de la empresa minera HudBay Perú SAC, que promueve el proyecto Constancia en el distrito de Velille, Chamaca y Livitaca de la provincia de Chumbivilcas.

Los manifestantes se movilizaron por las principales vías de acceso, para concentrarse a 1 km del campamento minero, cerca de Chilloroya. Ante la Plataforma de Lucha presentado por el Frente de Defensa del distrito de Velille, los representantes de la empresa Hudbay se comprometieron en iniciar proceso de dialogo el día de mañana martes 26 a las 13 horas; en el que participaran los representantes de la empresa minera, las autoridades de Chumbivilcas, los representantes de las 8 comunidades y los representantes de los frentes de defensa. Siendo como intermediario la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cabe recordar que la empresa minera HudBay ya ha tenido problemas con algunas comunidades afectadas por el el proyecto Constancia. En noviembre del 2014 un grupo de comuneros de la comunidad de Uchuccarco realizó un plantón en el campamento minero de HudBay pruduciendose algunos enfrentamientos entre los pobladores y los miembros de la Policia Nacional.

La comunidad de Uchuccarco en ese entonces denunció el incumplimiento de compromisos asumidos por parte de la Empresa Hudbay y su negativa a discutir y/o negociar una 2da adenda al convenio inicial suscrito. Luego de ello se instaló una mesa de dialogo y hasta la fecha existen reuniones para discutir las demandas de la comunidad de Uchuccarco.

Asimismo, vecinos del distrito de Santo Tomás, en Chumbivilcas;  reportaron que a través de la radio emisora local “Qorilazo”,  una persona que se auto identificó como comandante de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción de Espinar, habría manifestado que los efectivos policiales en torno a la unidad minera Constancia contaban con la orden de disparar a cualquier persona que intentara violentar las instalaciones de la mina. Este hecho provocó el malestar de la población y causó la adhesión de más manifestantes a la protesta.

Durante la jornada los accesos hacia la provincia de Chumbivilcas estuvieron bloqueados y los piquetes de huelguistas señalaron que mantendrán sus posiciones hasta el día 27 de enero, impidiendo el pase de los vehículos. Por otro lado, se informó que un grupo de 200 personas aproximadamente logró acercarse hacia las instalaciones de la mina Constancia; no obstante, los dirigentes del Comité de Lucha han negado cualquier tipo de coordinación con dichas personas.

Hasta el momento, el  Ministerio de Energía y Minas ha enviado un comunicado exhortando al diálogo entre la empresa y la población, así como al cese de la movilización.

Qué es lo que reclaman

- Que se declare como área influencia directa a todas las comunidades del distrito de Velille mediante la modificación del Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Constancia.

- Ejecución del monitoreo ambiental mínimo 3 veces al año en el que participe OEFA, ANA, Hudbay y el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental del distrito,

- Que se informe de las modificaciones que se realizó al estudio de impacto ambiental, asi como la implementación de un plan de contingencia sobre la contaminación ambiental en el área de influencia de la mina.

- Así mismo se pide que dentro del plan de desarrollo distrital se considere la implementación de programas educativos, centros de salud, energía eléctrica y el asfaltado de la carretera que conecta a Espinar – Chumbivilcas, más puestos de trabajo, la promoción del desarrollo económico y el fiel cumplimiento de los convenios con las comunidades aledañas al proyecto, entre otros temas.

Algunos antecedentes

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Velille es un distrito de la provincia de Chumbivilcas, y es uno de los distritos afectados por el proyecto minero de Constancia de la Canadiense HudBay, junto a los distritos de Chamaca y Livitaca. Las autoridades locales y las organizaciones sociales de Velille desde el año 2015 han venido organizando diferentes eventos, congresos y foros sobre la presencia de la actividad minera en su territorio, estas discusiones estaban centrados en los aportes sociales y ambientales que la empresa deberia realizar para el distrito de Velille.

Parte de estas discuciones en sus eventos públicos se encontraba la poca información que se habría brindado desde el Gobierno Central y la empresa minera sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Constacia.

Tanto el Alcalde de Velille Sergio Valencia Salcedo como el presidente del Frente de Defensa de Velille Guider Puma, han señalado que se ha insistido con invitaciones y cartas a la empresa minera para que se pueda sentar a dialogar y a los mismos representantes del gobierno nacional, y no han obtenido respuesta a sus demandas.

 

Fuente: Derechos Humanos Sin Fronteras / Observatorio de Conflictos Mineros/ Voces de la Tierra

Foto: Derechos Humanos Sin Fronteras / Voces de la Tierra

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