RED MUQUI, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para expresar lo siguiente:

  1. Lamentamos la actitud incongruente y prepotente del Gobierno del señor Vizcarra respecto a la imposición del proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern Perú Copper Corporation en el Valle de Tambo, provincia de Islay en Arequipa; como parte de una estrategia económica, que prioriza la aplicación de la “Agenda País” de la Confiep y la explotación sin control de nuestros recurso naturales por parte de empresas extractivas, que afecta derechos fundamentales de las comunidades y poblaciones ubicadas dentro o alrededor de esos proyectos mineros.
  2. El gobierno, por palabras del propio Presidente, busca una salida “dialogada” al conflicto, que éste mismo ha generado al otorgar la “licencia de construcción” a la empresa; sin tener en cuenta la oposición abrumadoramente mayoritaria de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, abdica de su rol constitucional de garante de los derechos de las personas; asumiendo un papel violador de derechos fundamentales, al dictar una serie de medidas y tomar decisiones que ponen en riesgo la integridad física, libertad personal, y derecho a la legítima protesta social de la población de Valle de Tambo que ya sufre 10 años de constante asedio policial y agresión por el hecho de defender sus modos de vida basados en la agricultura, agroindustria y agro exportación.
  3. Desde Red Muqui habíamos ya alertado, que nuevamente el Valle de Tambo se podría convertir en un laboratorio de aplicación de medidas de criminalización y represión de la protesta social. En efecto, primero fue la aplicación de la figura delictiva de crimen organizado, a través de la Asociación Ilícita para Delinquir, tratando a los representantes de las organizaciones sociales, que son reconocidos como defensoras y defensores de derechos humanos (por el reciente Protocolo de Protección publicado por el Ministerio de Justicia y los tratados internacionales de derechos humanos); como si fueran una banda de delincuentes comunes. Lo que incluso ha ocurrido recientemente en Arequipa con informes de inteligencia que los califica de “radicales y violentistas”.
  4. Finalmente se ha aplicado en el caso Tía María, el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), arguyendo que las instalaciones del Terminal Portuario de Matarani corrían el riesgo de ser afectadas. La aplicación de la inconstitucional norma administrativa de Activos Críticos, que permite la intervención de las Fuerzas Armadas y con ello la “militarización” en un conflicto social; desnaturaliza el rol constitucional que estas juegan en la defensa nacional, permitiendo que intervengan en el orden interno. Tarea que compete, por mandato de la propia Constitución, a la Policía Nacional; con los riesgos que ello conlleva en el uso de armas de fuego de largo alcance, calificadas como letales y prohibidas, en una eventual represión.
  5. Hay que destacar que en la Misión de Observación de Derechos Humanos en la que recientemente RED MUQUI participó junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Centros, pudimos comprobar in situ, pese a la negativa del Jefe de la IX Macro Región Policial en Arequipa, que la Policía Nacional sí intervenía en la represión del conflicto con armas de fuego letales, de largo alcance, y no sólo con armas disuasivas como establecen las normas sobre el uso debido de la fuerza. Lo que fue corroborado por los propios policías a quienes entrevistamos en el cuartel Chucarapi en Valle de Tambo.
  6. A ésta medida se suma el lamentable rol que está jugando el Ministerio Público en Arequipa; que está abdicando de su obligación constitucional de investigar un hecho delictivo para perseguirlo penalmente y; por el contrario, solicita a los profesionales de la salud en la provincia de Islay, que entreguen las prendas de las personas heridas, restos de proyectiles de armas de fuego, etc, como consecuencia de las acciones de represión policial; a la propia policía cuestionada por estar acciones brutales de represión. Lo que, sin duda, pone en riesgo los medios probatorios para futuros procesos que puedan establecer responsabilidades en violaciones de derechos humanos de parte de la policía en su accionar.

Por todo ello exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009, a través de la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María; y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

07 de agosto del 2019

Actualización

Frente a las recientes declaraciones del general Ugaz y otras personas en redes, respecto a que el joven Carlos Tapia Chino no habría sido herido por una bala, porque el impacto en su cuerpo no generó mayor gravedad en su estado de salud. Y porque se observa en la foto una bala sin percutar; el abogado de la persona herida, Arturo Dueñas, que grabó cuando la ambulancia llegaba con el herido al hospital, señaló en sus redes a las 10pm el día de ayer: "Gracias a Dios el proyectil perdió potencia en el ingreso del cuerpo de Carlos, a esta hora culminó la presente diligencia, mañana continúan las diligencias para el esclarecimiento de hechos materia de la presente investigación y se encuentre él o los responsables de hecho ilícito". Como fue difundido en redes, la ambulancia llegó al Hospital con la persona herida y la enfermera mostró la bala que le sacó al cuerpo de la persona herida.

Noticia desarrollada durante el día el 7 de Agosto

Se confirma segunda persona herida producto de los enfrentamientos entre la policía y la población en Matarani, el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante. 

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Honorio Delgado de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: "los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos".

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala, según testimonio de la paciente y de su madre. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. "Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente", precisó indignada frente al discurso de quiénes dicen que podría ser producto de un perdigón la herida causada a su hija. Un perdigón a 50 metros de distancia no causa un orificio en el brazo y rompe el hueso, finalizó. 

heridaaa

 

Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani - en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

TWIT

Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la IX Macroregión policial del Sur, el general William Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentidacuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

 

milics

Ahora queda demostrado que la PNP sí ha estado usando armas letales como se observa en la foto adjunta y cómo se observa en otras fotos que circulan en redes sociales sobre la protesta en Matarani.

Pronunciamiento de la Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; la Red Muqui, que agrupa a 29 instituciones del país, señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

Prensa Red Muqui 

 

 

 

 

 

 

pr3ns4_7@@@

El día de ayer, 04 de agosto, se publicó en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como señala la resolución suprema.

Paro Total

Como es de conocimiento público, el día de hoy inició la huelga indefinida en Arequipa, y todas las provincias han paralizado sus actividades; participando activamente comerciantes de los diferentes mercados, sindicatos de trabajadores, agricultores, transportistas, etc. La población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, también está protestando y producto de la represión de la policía ha resultado herida Anabella Pucho Uscamayta, Natural del Distrito de Dean Valdivia, quien fue llevada inmediamente en ambulancia al hospital Manuel De Torres Muñoz, junto a su madre.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, debido que al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María, se pondría en riesgo la actividad de la pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado anteriormente con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. El puerto de Matarani sirve para que exporten sus minerales varias empresas mineras que operan en el sur. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, y a nivel constitucional ello está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

El día de hoy fue publicado en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como se señala en la resolución suprema.

Huelga Indefinida

Como es de conocimiento público, este lunes 5 de agosto desde las 00 horas, inicia la huelga indefinida en Arequipa, y diversas organizaciones y población de todas las provincias, incluyendo a la población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, han acordado implementar la medida de fuerza.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María; situación que pone en riesgo la actividad de pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, que a nivel constitucional está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento, añadió. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

Finalmente, como Red Muqui rechazamos esta intervención militar y llamamos al presidente Vizcarra a respetar la voluntad popular de todo el Valle de Tambo y la provincia de Islay, dando una respuesta positiva a la cancelación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María, que está en revisión hace unos días en el Ministerio de Energía y Minas. Las observaciones graves al Estudio de Impacto Ambiental de Tía María se siguen manteniendo y no han sido debidamente levantadas.

Reiteramos, como lo hemos estado señalando en redes sociales, que estaremos atentos junto a la Misión de Derechos Humanos que integramos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional de Centros y Amnistía Internacional, para denunciar cualquier posible violación de derechos humanos de parte de la policía y las fuerzas armadas en el marco de la legítima protesta del Valle de Tambo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, RED MUQUI y la Asociación Nacional de Centros nos constituimos en Misión de Observadores en Arequipa y Valle de Tambo, para verificar la situación de conflictividad social generada por la decisión del gobierno de Martín Vizcarra de conceder la autorización de construcción al proyecto minero Tía María.

El día lunes 22, en la ciudad de Arequipa tomamos conocimiento de la lamentable decisión del gobierno, anunciada por el Premier Del Solar, de hacer uso de la fuerza represiva en contra de la protesta social de la población de Valle de Tambo generada por la imposición del citado proyecto.

El mismo día, la Misión fue informada por las y los dirigentes locales que en el marco de la acción policial por “liberar” la vía Panamericana, se habrían producido 4 detenciones de pobladores. Del mismo modo, se informó a la Misión que algunos civiles resultaron heridos producto de la acción policial. Al respecto, la Misión solicitó una reunión inmediata con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez, y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López, quienes señalaron que hasta ese momento no se habían producido detenciones ni personas heridas por las intervenciones policiales.

El día martes 23, la Misión se trasladó al Valle de Tambo, visitando la Comisaría de Cocachacra y el Cuartel Chucarapi, antes y después de producido un nuevo enfrentamiento con los pobladores. En este contexto se produjo la primera detención, del señor Gilberto Colque, quien fue conducido a las instalaciones del Cuartel Chucarapi. La Misión verificó que el Sr. Colque se encontraba en buen estado de salud y contaba con defensa legal, el mismo que posteriormente -tras larga espera de presencia fiscal- fue trasladado a la ciudad de Arequipa para continuar las investigaciones. Consideramos fundamental que el Ministerio Público priorice una presencia permanente de fiscales en el Valle de Tambo, a fin de brindar garantías a la población para el ejercicio de sus derechos.

Durante el mismo día, la población del Valle de Tambo recibió al Viceministro de Gobernanza Territorial, Sr. Raúl Molina. Sin embargo, la voluntad de apertura de la población no encontró eco en el gobierno, cuando se informó de una reunión del Ministro de Energía y Minas con representantes de la provincia de Islay, en los precisos momentos en que la población se encontraba movilizada en el Valle de Tambo.

La Misión expresa su preocupación por la falta de diálogo y por los hechos de violencia.No se puede imponer un proyecto minero bajo el uso de la fuerza, sin consideración a los modos de vida y modelos de desarrollo presentes en el Valle de Tambo, sostenidos en la agricultura, agroindustria y agroexportación.

En este sentido, se exhorta a las partes, en particular al poder ejecutivo, a cesar el uso de mecanismos de violencia, de presión y/o estigmatización que puedan afectar el ejercicio de los derechos de las personas. En este sentido, recordamos a la opinión pública que las y los pobladores del Valle de Tambo vienen levantando su voz de protesta frente al proyecto de Tía María desde hace 10 años, sin encontrar respuesta desde el Estado, encontrándose en un estado de tensión y afectación hasta la fecha.

Del mismo modo, la Misión comparte su preocupación frente a la situación de las personas heridas en el contexto del conflicto. Hasta este momento, el actual conflicto ha producido 11 policías heridos y/o contusos, dados a conocer ampliamente por los medios. Del mismo modo se ha reportado 3 civiles heridos, entre ellos una pobladora impactada peligrosamente por una bomba lacrimógena en la frente, según los medios han indicado. Resulta grave que no pueda determinarse el real número de civiles heridos por el temor de la población a atenderse en los centros de salud, donde podrían ser detenidos y/o criminalizados por su participación en las protestas.

Finalmente, la Misión exhorta al gobierno central, a las autoridades regionales y locales a buscar una solución definitiva al conflicto social generado por el proyecto minero Tía María, que respete el derecho de las y los ciudadanos del Valle de Tambo a decidir sobre sus modos de vida y su futuro. El gobierno del Presidente Vizcarra debe recuperar su rol de garante de derechos, y no aceptar presiones de grupos económicos que pretenden imponer sus intereses por encima del respeto a la dignidad y a la vida de las personas.

Lima, 24 de julio del 2019

Luego de haber realizado acciones en la ciudad de Arequipa el lunes 22, reuniéndose con el Jefe de la Novena Macro Región Policial Arequipa, General Roy Ugaz Suárez; y con el Presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Dr. Franklin Tomy López; para manifestar su preocupación frente al uso de la violencia en el operativo policial en el Valle de Tambo y verificar la detención de personas civiles que reportaba la población del Valle. La Misión de Derechos Humanos, que tiene como objetivo elaborar un Informe de la situación de conflictividad que se vive en la Islay, desencadenado por el proyecto minero Tía María; se trasladó al Valle de Tambo el martes 22.

Ya en el Valle de Tambo, la Misión constituida por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muqui, Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Centros; visitó en la persona de Tito Bracamonte - secretario ejecutivo de la CNDDHH- y Javier Jahcnke – secretario ejecutivo de la Red Muqui- las instalaciones del Cuartel de Chucarapi, que la policía viene utilizando como instalación para el operativo. Asimismo, tomó el reporte del Comandante Medina de la DINOES, quién señaló los 5 heridos/contusos que había sufrido la PNP en los enfrentamientos del lunes 22; y que el operativo policial contaba con la participación de la USE Lima y Arequipa y la DINOES de Lima.

Posteriormente la Misión se dirigió a entablar una reunión con el párroco de Cocachacra, Jorge Caselli, quién manifestó que la población se siente herida por no ser escuchada directamente por el gobierno central en todos estos años de conflicto, y que tienen muy presente la represión vivida en el conflicto el 2011 y 2015. Señaló que la población siente que les quieren imponer un proyecto económico del que no viven.

Asimismo, agregó que la población del Valle de Tambo puede sentir cada vez mayor mortificación al no observar que se informa lo que pasa en el Valle con veracidad, como cuando el Gobierno señala que el operativo policial del lunes 22 fue pacífico. Precisó que la población tiene temor de atenderse en los centros de salud porque pueden ser identificados y detenidos como ocurrió en el 2015. Finalmente señaló que los familiares de las personas asesinadas en los años pasados se encuentran abandonadas por el Estado, al no haber recibido ningún tipo de reparación.

Tras la visita al párroco; la Misión se reunió con la población del Valle de Tambo que se encontraba reunida en la plaza San Francisco del distrito Cocachacra, con el objetivo de tomar el reporte directo de la situación de los pobladores tras los enfrentamientos el día lunes; la situación de los familiares de las personas asesinadas en el conflicto durante el 2015 y 2011; y la afectación en general que vienen sufriendo en estos 10 años de conflicto.

En la audiencia pública se tomó reporte de una persona herida y de la situación de las personas criminalizadas tras las protestas ocurridas el 2015 y 2011; señalando una de ellas que estuvo presa más de un año por haber sido sembrada por la policía. Asimismo, la población planteó su preocupación permanente frente al escenario de vulneración de derechos humanos que ya han vivido antes, proponiendo que se instale una oficina de derechos humanos. Propuesta que fue recibida por la institución de derechos humanos de CEPRODE – Arequipa, que posteriormente instaló una oficina en el local de la Junta de Usuarios de Valle de Tambo, con el acompañamiento de la Misión.

Después de la audiencia pública, la Misión se trasladó a Punta de Bombón, para buscar a los familiares de las personas asesinadas el 2011, logrando encontrar a Margarita Suni Checa, viuda del sr Aurelio Huarcapuma; quién señaló que tras la muerte de su esposo no obtuvo ninguna atención del Estado, ni reparación económica. Actualmente la señora sufre de artrosis.

Al término de la reunión, la Misión se dirigió a reunirse con el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, para tomar el reporte frente a lo ocurrido en los enfrentamientos el lunes 22; la situación del Valle en términos productivos; y el rol de la Municipalidad en el conflicto. El alcalde señaló que intervino el lunes 22 para que cesen los enfrentamientos y puedan liberar a un joven que fue retenido en el cuartel de Chucarapi durante más de una hora. Retención que fue negada inicialmente por la policía.

En medio de la reunión, la Misión y el alcalde tomaron conocimiento del enfrentamiento que se estaba desarrollando en la carretera perteneciente a la zona de Chucarapi, y que habían detenidos y heridos, por lo que la Misión inmediatamente se dirigió a la zona de enfrentamiento y al cuartel de Chucarapi para verificar la situación, constatando que había sido detenido Gilberto Colqui de 31 años. Asimismo, la Misión constató la presencia de una mujer herida gravemente en el rostro, que la población reportó había sido herida por la policía, que estuvo disparando las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, en palabras de los protestantes.

Finalmente, la Misión logró reunirse con el detenido y verificar que estaba en buen estado de salud. Asimismo, se reunió con la Defensoría del Pueblo, el abogado del detenido y el abogado de la municipalidad de Dean Valdivia, en las inmediaciones del cuartel de Chucarapi, exigiendo la presencia del fiscal que no quería llegar al cuartel de Chucarapi; y que finalmente llegó. En el lugar, la Misión constató que no hay fiscales presentes en la zona de manera permanente y ello es un obstáculo para la actuación oportuna de los fiscales en una situación de conflictividad.

Frente a estos hechos constatados, la Misión acaba de emitir un Comunicado exigiendo el cese del uso de la violencia al presidente Martín Vizcarra, que se encuentra, hoy miércoles 23, en la ciudad de Arequipa.

En la reciente conferencia de prensa realizada en el Congreso de la República por el gobernador regional, Cáceres Llica, acompañado del alcalde provincial de Islay y todos los alcaldes distritales de la provincia; las autoridades pidieron la intervención de organismos internacionales en la provincia ante la negativa de Vizcarra de no escucharlos frente a los graves impactos que tendrá toda la provincia en términos económicos, agrícolas, hídricos y en salud humana por afectación de metales tóxicos como ya se visualiza en otras regiones del país.

En la conferencia, el alcalde provincial, Edgar Rivera, señaló: “Pedimos intervención de organismos internacionales en Islay. Vizcarra no nos ha escuchado. ¿Cómo nos pueden imponer un proyecto nuevo, cuando nuestras actividades y ejes económicos de la provincia son la pesca, la agricultura y el turismo? ¿Cómo quieren imponernos nuevos proyectos, si hay ejes económicos abandonados por el gobierno central en la provincia?”.

Por su parte, el gobernador regional agregó: “Queremos intervención de organismos internacionales. Técnicamente podemos decir muchas cosas: que está a 800 metros del río Tambo; a 2km del mar; y que va a ser una mina a tajo abierto que va a desaparecer el valle de Tambo”.

El diálogo

Sobre el diálogo planteado por el gobierno, el gobernador regional señaló: “Ahora indican queremos dialogo, ¿de qué?, si ya se dio la licencia de construcción. Pedimos que se anule la licencia de construcción, allí podemos sentarnos a dialogar”. Agregó que el presidente se comprometió con ellos en no dar la licencia de construcción a la empresa Southern si antes no dialogaba con la población de Valle de Tambo. Sin embargo, luego “nos sorprendió con licencia de construcción entre gallos y medianoche. Quiere decir que ha traicionado a nuestro pueblo. El presidente se debe al voto popular del Perú, tiene que escuchar a su pueblo, debe mandar obedeciendo. Le pedimos que reflexione, ya son cuatro días de huelga”, sentenció.

Protesta Macroregional

El gobernador regional agregó que las protestas pueden expandirse. “Esto se va a intensificar, se van a sumar los pueblos; es más hasta se puede sumar todo el sur del Perú. Ya el gobernador de Tacna ha señalado que apoya al valle del Tambo, el de Moquegua también, que apoyar, y así vamos sumando”.

El gobernador regional informó durante la conferencia que está enterado de que en la región vienen coordinando la CGTP y otras organizaciones para la realización de protestas en toda la región. Cabe señalar que el día de ayer las organizaciones gremiales pesqueras de Matarani también se sumaron al paro frente al impacto negativo que tendría en la pesca la descarga de la salmuera en el mar, en el proceso de desanilización del agua de mar para el uso del proyecto minero.

Nueva Ley de Minería

El gobernador regional también planteó la necesidad de impulsar una nueva ley de minera. “La ley de minería es de 1993, donde se da todos los beneficios a las mineras; es más se les devuelve dinero. 15 mil millones se les ha devuelto. Necesitamos que el Congreso haga una nueva ley con el Ejecutivo. Que vea el tema de impuestos; de las ganancias; regalías; el tema ambiental; y permisos sociales. Las comunidades campesinas no son contempladas en la actual ley”.

Finalizó señalando, no somos antimineros, pero hay lugares donde se puede hacer minería y otros no. “En el valle del Tambo no es posible. ¿Cómo es posible que el gobierno central quiera destruir un ecosistema frágil?”.

SOBRE CASO TÍA MARÍA

  • Texto escrito por José Lapa Romero fue presentado en Arequipa, Cusco, Puno y Lima
  • Autor aborda otros factores más allá del modelo económico hegemónico que el Estado y Southern Cooper pretenden implantar en este valle agrícola

“Lo que los ojos no ven” aborda el tema del capital minero, hegemonía, represión estatal y movimiento social en el Valle de Tambo entre marzo y mayo del 2015. Este periodo de tiempo se refiere sobre el conflicto de Tía María en la región Arequipa.

El autor, el sociólogo José Lapa Romero, estuvo en el lugar de los hechos y pudo presenciar los enfrentamientos que provocaron la muerte de cuatro personas en la provincia de Islay en el año 2015. Además de esta experiencia personal, el libro también narra la lucha por la agricultura y la vida en el Valle de Tambo, los factores que dieron origen, así como las consecuencias que este conflicto trajo a la población.

Respecto al factor económico el libro detalla el modo de vida de más de 20 mil familias que se dedican a la agricultura en el Valle de Tambo. Por otro lado, está el factor del interés privado empresarial, en este caso, promovido por la empresa quien intenta imponer en le lugar –junto al Estado- una supuesta reactivación de la economía, por medio de la minería.

Como consecuencia de ello, el autor, José Lapa Romero refiere en su obra el proceso de articulación desde las organizaciones sociales hasta los representantes políticos, a consecuencia del proyecto minero.

De igual modo, Lapa Romero remarca cómo es que el Estado siempre ha dependido de la minería, ya que una gran parte del presupuesto nacional es solventado por el aporte minero; es esta dependencia económica la que también genera una subordinación política.

“Lamentablemente el gobierno siempre tendrá prioridad en la inversión privada, que es más rentable que la agricultura. Esta prioridad muchas veces trastoca y violenta derechos fundamentales de la persona. El Valle de Tambo cuenta con un desarrollo agrícola que no es de subsistencia, porque se exportan productos a Bolivia y Venezuela, además seguirá siendo una despensa de seguridad alimentaria de Arequipa y el sur del país”, resaltó.

ojos

Algunos comentarios

La articulación de una economía campesina próspera se impuso contra cualquier intento de destruirla. La reproducción social y la dinámica social se mostraron muy fuertes e indestructibles. A pesar del intento de quebrar la lucha permanentemente y desprestigiarla, la protesta social se hizo cada vez más intensa.

“Este libro muestra la prepotencia de la empresa. La minería corrompe a los medios, corrompe a las organizaciones. Este libro es una herramienta para la lucha del pueblo”, indica el ingeniero Otto Hito, líder del Valle de Tambo.

Por su parte, Oscar Mollohuanca, exalcalde de la provincia de Espinar (Cusco), señala que las estrategias de empoderamiento del capitalismo minero extractivo parecen ser las mismas que se viven en el Cusco con la empresa Xtrata Tintaya.

“Este libro tiene una mirada distinta de lo que comúnmente leemos de los conflictos sociales. Nos da un enfoque de cómo es el juego de poder, las contradicciones económicas, sociales, políticas. Aquí se señala de manera muy clara la hegemonía del poder agrario, frente a la hegemonía del poder minero capitalista transnacional, sus estrategias, sus aliados y como se va construyendo toda esta complejidad de relación contradictoria que termina en lucha”, refiere Mollohuanca.

Sobre el autor

José Antonio Lapa Romero es Sociólogo e investigador social, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado libros de poesía, ha escrito artículos de opinión. Entre sus recientes materiales de investigación destacan: “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en mayo del 2012: El Caso de Espinar de la región Cusco” (2015) y “Hegemonía, dominación y conflicto social minero en el valle de Tambo de marzo a mayo del 2015: El Caso de Tía María en la región Arequipa.”

Foto: Diario El Pueblo 


SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Periodista insiste en que fiscalía señaló a RED MUQUI como financista de “huaraqueros” durante protesta en Islay
• Diario El Comercio tuvo que publicar resolución completa del Consejo de la Prensa Peruana


El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), resolvió que la periodista Cecilia Valenzuela presentó información inexacta sobre RED MUQUI, luego de determinar que la investigación fiscal (N°15060156000-2015-03-0), referida a los hechos de la protesta de Islay (Arequipa), en ningún momento concluye que RED MUQUI financió a grupos violentistas y fue cómplice de extorsión, tal como la columnista afirma en su artículo “La filiación política de la mafia de las lentejas” (miércoles, 14 de octubre del 2015).

“En dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que se está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”, resolvió el Tribunal tras evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR. De esta manera se declaró fundada la queja que RED MUQUI presentó en contra de la periodista y del diario El Comercio por esta publicación.

No se atenta contra la libertad de expresión
Como era de esperar, Valenzuela dedicó otra columna de opinión (“La tremenda corte”, miércoles 8 de junio de 2016) en contra del CCP, al asegurar que se está atentando con su libertad de expresión, además de continuar insistiendo en citar el documento fiscal y señalar a la RED MUQUI como financista de los “huaraqueros”.

En su Resolución N° 007-TE/2016 (25 de mayo del 2016), el CPP desestima estos argumentos y recalca que el artículo de Valenzuela no es equivalente a una “opinión” que puede ser contradicha por otra opinión, sino se trata de un caso de difusión de información inexacta en base a una fuente policial, sobre el que el Tribunal sí tiene competencia.

Mala intención
Cecilia Valenzuela tomó los resultados de una investigación fiscal, como si fuese verdad, para indicar que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa “…acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

En su columna de opinión de octubre del año pasado, Valenzuela insiste en que RED MUQUI “…finge ser una genuina ONG ambientalista…” y que “…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse. Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…(…) se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.
Estas falsas afirmaciones que no tienen fundamento, fueron respondidas en su momento (octubre 2015) por el secretario general de RED MUQUI, Javier Jahncke. Para ello se envió una carta de rectificación al diario El Comercio en el que se solicitó un derecho a réplica para rechazar y desmentir las acusaciones ligeras de Valenzuela que vinculan a RED MUQUI con el delito de extorsión y complicidad con grupos violentistas.

Sanción a El Comercio
Si bien el diario decano cumplió en publicar una parte de la carta de rectificación de RED MUQUI (viernes 6 de noviembre de 2015), el Tribunal de Ética del CPP observó que “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC”.

Dicha sentencia señala que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Es por ello que este 8 de junio, El Comercio cumplió con publicar –de manera íntegra– la resolución que da la razón a la queja presentada.

Posición de la RED MUQUI
En respuesta, a la resolución, a la columnista y al medio escrito, Javier Jahncke remarcó que la denuncia de RED MUQUI no busca “atentar contra la libertad de expresión y opinión.

“Buscamos que se informe con la verdad para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, y más bien encontrar las verdaderas causas que están detrás, tal como: la marginación, el olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la atención a las agendas, demandas, preocupaciones y propuestas de las comunidades afectadas, bajo una perspectiva intercultural que considere sus propias nociones sobre desarrollo”, aseveró Jahncke.

Asimismo, recordó que la tarea principal de RED MUQUI responde al acompañamiento de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras que confrontan muchos intereses económicos, a través de la generación de información y asesoramiento en tanto estas lo soliciten, y así buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, con el fin de prevenir los conflictos.

Foto: Captura TVPerú

A UN AÑO DE LA PROTESTA EN ISLAY

A un año del último episodio de violencia y caos que vivieron los agricultores del Valle de Tambo, en Arequipa, por el proyecto minero Tía María de la minera Southern Copper, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) emitió el documental “La batalla del cobre”, el mismo que se estrenó el 11 de febrero de este año.

El programa 'En Portada' viajó hasta Arequipa para conocer de primera mano el conflicto minero que sufre esta región a raíz de la adjudicación de dos minas de extracción de cobre, a la empresa mexicana Southern Cooper. Los documentalistas españoles, reconocen también que minería es uno de los principales sectores de la economía peruana, pero también el origen de un tercio de los problemas sociales.

“En Portada toma el pulso de este conflicto a través de sus principales actores y ha confrontado a unos con otros, a través de hechos y testimonios, en una batalla que se sigue librando y cuyas heridas siguen abiertas”, remarca el equipo de RTVE.

El documental presenta al Valle del Tambo como la despensa de Arequipa y sus 15 mil hectáreas de cultivo y como sirve de sustento alimenticio a 50 mil habitantes y a todo el sur peruano.

“La proximidad al valle, eminentemente agrícola, preocupa a sus habitantes, que han mostrado una fuerte oposición al proyecto. Las protestas se han saldado con al menos siete muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenciones”, indica el registro.

batalla2

En la primera parte, el equipo de RTVE llega hasta la zona del proyecto Tía María con un representante de Southern, ahí la empresa les muestra la zona del tajo abierto a una altura de 750 metros sobre el nivel del mar y a 7 km. de distancia del valle, según el funcionario de Servicios ambientales, Darío Oviedo.

En otro ángulo del documental, la reportera recoge la opinión de Otto Hito, un ingeniero ambientalista  independiente quien los conduce hacia el yacimiento “La Tapada” que está más próximo a la población y a los cultivos del valle. En el lugar, el técnico refiere que entre este yacimiento y el valle, apenas existen 1,200 metros de distancia.

“(El peligro) es la cercanía, el material particulado, los gases que va a producir La Tapada y como estos llegarán hasta los cultivos y a la población”, indicó Hito.

Mientras que se muestran imágenes de como empieza un día laboral en el distrito Cocachacra, se recoge el testimonio de la campesina, Mercedes Hinojosa quien en tiempo de cosecha le brinda trabajo a unos 40 agricultores.

“Nosotros vivimos con el agro, de lo que cosechamos. (…) si la Tía María entra, ¿Qué vamos a comer la gente? ¿De qué vamos a vivir?”, cuestionó Hinojosa.

En documental se menciona que en el valle del Tambo, 4 de 5 personas viven de la agricultura, algunos dueños de la tierra la trabajan, otros la arriendan para usufructo, moviendo unos 400 millones de soles por año.

En otro momento, declara Jesús Cornejo, presidente de la junta de usuarios del Valle del Tambo que agrupa a más de la mitad de agricultores del lugar.

“Quien debe asumir los compromisos y las necesidades del pueblo es el gobierno, no la empresa Southern (…) ustedes han visto al decisión del pueblo en defender el valle, no les importa morir”, asevera Cornejo a la reportera española.

Tras exponer testimonios de todas las partes, RTVE rememora los hechos de la huelga indefinida en la provincia de Islay y los deudos de aquellos que murieron durante la protesta.

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa Yamila Osorio refiere que hubo excesos por parte de la policía y de los civiles. Asimismo, la gobernadora opina que la ausencia del Estado es la que viene originando la conflictividad social en el país y la población que vive de actividades tradicionales –como la agricultura- no ha sido bien atentida.

También se recoge opinión de la periodista arequipeña, Mabel Cáceres de El Búho, quien señala a falta de diálogo y una cultura de negociación se suscita hechos de violencia y es ahí cuando el gobierno se da por enterado desde Lima.

De igual modo, el defensor del Pueblo en Arequipa, Manuel Amat, también hizo hincapié en la falta de diálogo desde el gobierno y la misma empresa con la población.

En medio de la remembranza del conflicto, se recoge la voz de Daniel Toranzo, el reportero que grabo el preciso instante en que la policía intentó crear una prueba falsa contra un poblador.

Otro hecho mencionado por RTVE es la relación que mantenía el dirigente Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Gómez Urquizo, abogado de Southern, y su negociación oculta en la que se transaban más de un millón de dólares a cambio de detener el paro en Islay, la misma que acabó con la propagación de sus conversaciones teléfonicas.

Durante el recorrido audiovisual, los realizadores también muestran videos corporativos de la empresa minera y sus ofrecimientos en torno al proyecto.

Como se recuerda tras los hechos de violencia suscitados en mayo de 2015, Southern mantiene paralizadas sus acciones en la zona mientras establece un Plan de Socialización que intenta convencer a los arequipeños sobre los beneficios de la minería.

La producción española muestra el caso de 'Tía María' como un ejemplo de los numerosos conflictos sociales que genera la minería en Perú, que tiene la quinta parte de su territorio adjudicada a empresas mineras.

'La batalla del cobre'' es un reportaje con guión de Yolanda Álvarez; realización de Susana Jiménez Pons; imagen de José Manuel Frean; sonido de Alfredo Sánchez-Toledo; montaje de Javier Mula; y producción de Ana Pastor y Lourdes Calvo.

Fotos: RTVE En Portada

Video: YouTube Info Peru

  1. Últimas Noticias

Calendario

« Octubre 2019 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31