×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 45

 javier

Por: Javier Jahncke Benavente, Secretario Ejecutivo RED MUQUI

La semana pasada Javier Fernández Concha, el primer Vice ministro de Gobernanza Territorial de la PCM, dio sendas entrevistas en medios de prensa donde sorprendió, por lo menos a nosotros, planteado que sólo existen 5 conflictos sociales en el país, y que éstos sólo se dan cuando hay crisis, es decir a su entender cuando hay “toma de carretera, secuestro o se rompe el orden jurídico”. Es lamentable la reducida visión de la nueva autoridad responsable de abordar los conflictos sociales, lo que se entiende por su experiencia en el sector privado, fundamentalmente trazando estrategias en favor de empresas mineras.

Si bien coincidimos con el, en que el modelo actual de abordaje de conflictos “se ha agotado”, consideramos que es justamente por la intensión que hay desde el Estado (y que se mantiene) de acudir a la conformación de espacios de diálogo (mesas) primero para “desconflictivizar” la situación de crisis, y luego a “negociar”, como se ha dicho, no a escuchar y entender los problemas de fondo y considerar las perspectivas culturales de nuestras comunidades y poblaciones respecto de ciertas decisiones, antes de tomarlas, y con ello afectar definitivamente sus modos de vida, la naturaleza y los recursos naturales de los que viven.

Es peligroso hablar sólo de “conversar” y no de “dialogar. Conversar, no implica ningún compromiso. Acaso los afectados por las decisiones del Estado, ¿no requieren de su compromiso?. El verdadero dialogo si es necesario, y no implica “capitular” como también se ha dicho, es comprender el trasfondo de los problemas, cuáles son los verdaderos temas de agenda de nuestros pobladores, que lo primero que buscan, es ser escuchados  y reconocidos por un Estado históricamente ausente, para que luego se discuta con ellos sobre lo que requieren y las soluciones, y estas no se trabajen en gabinete y se les impongan, como se ha hecho por ejemplo con el adelanto social, establecido en los decretos legislativos, y que fue una promesa electoral de Kuczynski. Ahí no pierde el Estado, gana en evitar conflictividad y mantener la estabilidad que requieren las inversiones donde puedan y deben darse.

Pero para ello, las decisiones del Estado sobre actividades económicas en una determinada zona, deben involucrar y beneficiar a los pueblos de dichas zonas, no perjudicarlos en beneficio de otros intereses económicos. De esa manera es que se previenen los conflictos

Si nos ponemos a dirimir teóricamente cuando hay un conflicto, no vamos a poder abordarlo desde sus inicios y evitar la escalada y la crisis. Si se pretende abordar sólo la crisis, la perspectiva de la represión policial y militar y la criminalización de la protesta para recuperar el “principio de autoridad” es lo único que queda, y a eso no le podemos llamar una “estrategia” adecuada de abordar conflictos, elevando el número de heridos, muertes y detenidos/as por el hecho de ejercer la defensa de sus derechos.

En su momento, en el debate electoral, RED MUQUI propuso en el documento “Balance y propuestas para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú”, una visión integral de los conflictos, como se plantea, pero con un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, que tengan mecanismos  de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población, que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías, y que dichos canales cuenten con profesionales que puedan comprender el contexto y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado.

Estos canales no existen o no han funcionado, por ello las demandas no son atendidas cuando corresponde, o no se cumplen los compromisos adquiridos, y ello genera las medidas de reclamo y exigencia pacífica desde las comunidades y poblaciones, que lo único que buscan es la acción del Estado y viabilizar soluciones.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización, como tener una línea de base de la situación, se rompan las asimetrías con la información y el apoyo técnico legal, participen los actores legítimos, se acuerde una agenda, y se priorice una perspectiva intercultural del proceso.

Un tema central y final en el proceso de diálogo es el monitoreo de  acuerdos y compromisos. En eso estamos de acuerdo con el Viceministro, en que el diálogo tiene que ir acompañado del cumplimiento del Estado. Pero el Estado debe primero cumplir su rol garante de derechos y no sólo de la inversión, priorizar la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones antes que a la economía, que es la que debe beneficiarnos a todas y todos los peruanos y no perjudicarnos, que lamentablemente es lo que ocurre con la salud y la vida de las personas a nivel nacional.

Finalmente, esperamos que la unificación en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la oficina de demarcación territorial, no pretenda también aprovechar las normas de los paquetazos como la Ley N°30230, y la de los decretos legislativos, como el D.Leg. 1333, aún vigente, que eliminan garantías a la propiedad y facilitan el acceso a tierras con títulos de propiedad, aprovechando los problemas de delimitación de linderos que aún existen en especial en los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, situación que podría generar más conflictos sociales en el país. 

  • Perú, uno de los mayores exportadores de minerales del mundo, se enfrenta a numerosos conflictos sociales y ambientales negativos. Pronto cambiará el Gobierno. ¿Cambiará también la situación?

Perú encabeza la lista de países latinoamericanos exportadores de zinc, plata, plomo, estaño, hierro y bismuto, y encabeza la lista de exportadores mundiales de oro. 51 proyectos mineros lleva la cartera de inversiones peruana para los años 2012-2018, según datos del Ministerio de Minas.

El otro lado de la medalla: 214 conflictos sociales, de ellos 147 socioambientales, 94 estrictamente mineros. En un país cuya costa se encuentra afectada y amenazada por el cambio climático, los efectos medioambientales de las actividades extractivas son de especial preocupación. Las poblaciones rurales temen por su entorno y su subsistencia.

“Entre 2011 y 2015, los conflictos han dejado un saldo de 58 muertos y 549 heridos", dice a DW Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Muqui, una red que agrupa a 29 organizaciones que trabajan en 11 regiones de Perú. De cara a las elecciones, organizaciones sociales y ambientales del país exponen fallos y proponen cambios. ¿Esperan mejoría?

Según el estudio de la Red Muqui y la organización alemana Misereor, más del 20 por ciento del territorio peruano -incluyendo áreas naturales protegidas, zonas de recargas hídricas, bosques y comunidades- está concesionado ya a actividades mineras ; el 49,63 por ciento se encuentra en tierras ancestrales indígenas o de comunidades campesinas.

javier DW2

Avances, ¿sólo sobre el papel?
Si bien el saliente gobierno de Ollanta Humala creó un ministerio del Medio Ambiente, recortes en los recursos destinados para éste no han hecho su gestión exitosa.

Por otro lado, la flexibilización de las normas ambientales como las de los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, reducción de multas en caso de incumplimiento o menor rigor exigido en los estudios previos, “ha llevado a la aprobación de controvertidos proyectos cuyo estudio preliminar deja muchas dudas abiertas”, afirma Jahncke. Las organizaciones y las comunidades echan en falta también la consulta previa.
A este respecto, sin respuesta de ninguna instancia oficial, DW consultó a la agencia especializada Minería del Perú, que lleva 24 años colaborando con el ramo minero del país.

“No existe un derecho legal que le permita a una comunidad decirle no a un proyecto minero. En el Perú las riquezas del subsuelo son propiedad del Estado. Si la riqueza está debajo de un territorio perteneciente a una comunidad, la empresa a la que se le concesiona la riqueza del subsuelo debe llegar a un acuerdo con la comunidad para que le permita utilizar su territorio", explica a DW Juan Vargas, de Minería del Perú.

Según sus datos, dado que el derecho a la consulta previa se incorporó a la legislación en 2014, "hasta ahora se han terminado tres procesos en forma positiva para la actividad minera. La consulta previa se está dando para proyectos de exploración, no se puede hablar de que haya un cuestionamiento de la viabilidad del proyecto", dice Vargas.

javier DW3

Un caso emblemático
A este respecto, aceptando que sí ha habido mesas de diálogo a raíz de sonados conflictos entre las mineras y las poblaciones, Jahncke distingue entre hablar de condiciones diferentes y hablar de viabilidad. Su ejemplo son los tajos a cielo abierto de Tía María y la Tapada.

“El tajo de La Tapada se encuentra a 500 metros del pase del canal del río. Las explosiones van a generar polvos y residuos en los relaves en el cauce del río. La empresa, al hacer el estudio, dejó fuera del análisis justo la zona existente entre el tajo y el río, que puede ser la más comprometida", dice Jahncke.

¿Por qué? Probablemente porque la contaminación del aire, las aguas profundas y las aguas del río afectarían directamente a los 47.441 habitantes del Valle -de los cuales 24.000 trabajan permanentemente en la pequeña y mediana agricultura-, a los 349.638 empleos eventuales y a los pescadores artesanales de la desembocadura del río.

Frente a estas cifras, la información gubernamental menciona los 3500 puestos de trabajo que crearía Tía María. La población se opone.

¿Sin esperanza de cambio?
Por el momento, el gobierno saliente subraya sus avances en normas. Los candidatos a la presidencia ofrecen diversificar la economía, ocuparse más del agro y cuidar de las inversiones para el crecimiento del Perú, más aún en tiempos de reducción del precio de las materias primas.

Las organizaciones de la Red Muqui temen que no se tenga en cuenta la protección de las poblaciones, los impactos ambientales y el ordenamiento territorial. “Lo que quieren las poblaciones es discutir la viabilidad de los proyectos. Mientras no se discuta, habrá un entrampamiento", teme Jahncke.

VER NOTA EN DW

 

Fuente / Fotos: DW.com/es

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

"Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe "Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015", el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

 “Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

informe uno 2

DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

  1. Popular
  2. Tendencias

Calendario

« Agosto 2017 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31