COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

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“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

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“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

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“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

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Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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Por: Javier Jahncke Benavente, Secretario Ejecutivo RED MUQUI

La semana pasada Javier Fernández Concha, el primer Vice ministro de Gobernanza Territorial de la PCM, dio sendas entrevistas en medios de prensa donde sorprendió, por lo menos a nosotros, planteado que sólo existen 5 conflictos sociales en el país, y que éstos sólo se dan cuando hay crisis, es decir a su entender cuando hay “toma de carretera, secuestro o se rompe el orden jurídico”. Es lamentable la reducida visión de la nueva autoridad responsable de abordar los conflictos sociales, lo que se entiende por su experiencia en el sector privado, fundamentalmente trazando estrategias en favor de empresas mineras.

Si bien coincidimos con el, en que el modelo actual de abordaje de conflictos “se ha agotado”, consideramos que es justamente por la intensión que hay desde el Estado (y que se mantiene) de acudir a la conformación de espacios de diálogo (mesas) primero para “desconflictivizar” la situación de crisis, y luego a “negociar”, como se ha dicho, no a escuchar y entender los problemas de fondo y considerar las perspectivas culturales de nuestras comunidades y poblaciones respecto de ciertas decisiones, antes de tomarlas, y con ello afectar definitivamente sus modos de vida, la naturaleza y los recursos naturales de los que viven.

Es peligroso hablar sólo de “conversar” y no de “dialogar. Conversar, no implica ningún compromiso. Acaso los afectados por las decisiones del Estado, ¿no requieren de su compromiso?. El verdadero dialogo si es necesario, y no implica “capitular” como también se ha dicho, es comprender el trasfondo de los problemas, cuáles son los verdaderos temas de agenda de nuestros pobladores, que lo primero que buscan, es ser escuchados  y reconocidos por un Estado históricamente ausente, para que luego se discuta con ellos sobre lo que requieren y las soluciones, y estas no se trabajen en gabinete y se les impongan, como se ha hecho por ejemplo con el adelanto social, establecido en los decretos legislativos, y que fue una promesa electoral de Kuczynski. Ahí no pierde el Estado, gana en evitar conflictividad y mantener la estabilidad que requieren las inversiones donde puedan y deben darse.

Pero para ello, las decisiones del Estado sobre actividades económicas en una determinada zona, deben involucrar y beneficiar a los pueblos de dichas zonas, no perjudicarlos en beneficio de otros intereses económicos. De esa manera es que se previenen los conflictos

Si nos ponemos a dirimir teóricamente cuando hay un conflicto, no vamos a poder abordarlo desde sus inicios y evitar la escalada y la crisis. Si se pretende abordar sólo la crisis, la perspectiva de la represión policial y militar y la criminalización de la protesta para recuperar el “principio de autoridad” es lo único que queda, y a eso no le podemos llamar una “estrategia” adecuada de abordar conflictos, elevando el número de heridos, muertes y detenidos/as por el hecho de ejercer la defensa de sus derechos.

En su momento, en el debate electoral, RED MUQUI propuso en el documento “Balance y propuestas para el funcionamiento de los procesos de diálogo en el Perú”, una visión integral de los conflictos, como se plantea, pero con un sistema nacional que integre las instancias locales, regionales y nacionales, que tengan mecanismos  de alerta temprana que permitan establecer canales desde la instancia más cercana a la población, que recoja las demandas e inquietudes de comunidades y poblaciones, a las que se debe asegurar el acceso a la información y el asesoramiento necesario para evitar asimetrías, y que dichos canales cuenten con profesionales que puedan comprender el contexto y hacer llegar dichas inquietudes a través de las distintas instancias del Estado.

Estos canales no existen o no han funcionado, por ello las demandas no son atendidas cuando corresponde, o no se cumplen los compromisos adquiridos, y ello genera las medidas de reclamo y exigencia pacífica desde las comunidades y poblaciones, que lo único que buscan es la acción del Estado y viabilizar soluciones.

Los procesos de diálogo, no van a funcionar si no se cambia la perspectiva sobre el mismo. Si no hay verdaderos mecanismos de prevención, y si en el diálogo efectivo, no se dan condiciones mínimas para su realización, como tener una línea de base de la situación, se rompan las asimetrías con la información y el apoyo técnico legal, participen los actores legítimos, se acuerde una agenda, y se priorice una perspectiva intercultural del proceso.

Un tema central y final en el proceso de diálogo es el monitoreo de  acuerdos y compromisos. En eso estamos de acuerdo con el Viceministro, en que el diálogo tiene que ir acompañado del cumplimiento del Estado. Pero el Estado debe primero cumplir su rol garante de derechos y no sólo de la inversión, priorizar la defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones antes que a la economía, que es la que debe beneficiarnos a todas y todos los peruanos y no perjudicarnos, que lamentablemente es lo que ocurre con la salud y la vida de las personas a nivel nacional.

Finalmente, esperamos que la unificación en el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la oficina de demarcación territorial, no pretenda también aprovechar las normas de los paquetazos como la Ley N°30230, y la de los decretos legislativos, como el D.Leg. 1333, aún vigente, que eliminan garantías a la propiedad y facilitan el acceso a tierras con títulos de propiedad, aprovechando los problemas de delimitación de linderos que aún existen en especial en los territorios de nuestras comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, situación que podría generar más conflictos sociales en el país. 

  • Perú, uno de los mayores exportadores de minerales del mundo, se enfrenta a numerosos conflictos sociales y ambientales negativos. Pronto cambiará el Gobierno. ¿Cambiará también la situación?

Perú encabeza la lista de países latinoamericanos exportadores de zinc, plata, plomo, estaño, hierro y bismuto, y encabeza la lista de exportadores mundiales de oro. 51 proyectos mineros lleva la cartera de inversiones peruana para los años 2012-2018, según datos del Ministerio de Minas.

El otro lado de la medalla: 214 conflictos sociales, de ellos 147 socioambientales, 94 estrictamente mineros. En un país cuya costa se encuentra afectada y amenazada por el cambio climático, los efectos medioambientales de las actividades extractivas son de especial preocupación. Las poblaciones rurales temen por su entorno y su subsistencia.

“Entre 2011 y 2015, los conflictos han dejado un saldo de 58 muertos y 549 heridos", dice a DW Javier Jahncke, secretario ejecutivo de Muqui, una red que agrupa a 29 organizaciones que trabajan en 11 regiones de Perú. De cara a las elecciones, organizaciones sociales y ambientales del país exponen fallos y proponen cambios. ¿Esperan mejoría?

Según el estudio de la Red Muqui y la organización alemana Misereor, más del 20 por ciento del territorio peruano -incluyendo áreas naturales protegidas, zonas de recargas hídricas, bosques y comunidades- está concesionado ya a actividades mineras ; el 49,63 por ciento se encuentra en tierras ancestrales indígenas o de comunidades campesinas.

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Avances, ¿sólo sobre el papel?
Si bien el saliente gobierno de Ollanta Humala creó un ministerio del Medio Ambiente, recortes en los recursos destinados para éste no han hecho su gestión exitosa.

Por otro lado, la flexibilización de las normas ambientales como las de los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, reducción de multas en caso de incumplimiento o menor rigor exigido en los estudios previos, “ha llevado a la aprobación de controvertidos proyectos cuyo estudio preliminar deja muchas dudas abiertas”, afirma Jahncke. Las organizaciones y las comunidades echan en falta también la consulta previa.
A este respecto, sin respuesta de ninguna instancia oficial, DW consultó a la agencia especializada Minería del Perú, que lleva 24 años colaborando con el ramo minero del país.

“No existe un derecho legal que le permita a una comunidad decirle no a un proyecto minero. En el Perú las riquezas del subsuelo son propiedad del Estado. Si la riqueza está debajo de un territorio perteneciente a una comunidad, la empresa a la que se le concesiona la riqueza del subsuelo debe llegar a un acuerdo con la comunidad para que le permita utilizar su territorio", explica a DW Juan Vargas, de Minería del Perú.

Según sus datos, dado que el derecho a la consulta previa se incorporó a la legislación en 2014, "hasta ahora se han terminado tres procesos en forma positiva para la actividad minera. La consulta previa se está dando para proyectos de exploración, no se puede hablar de que haya un cuestionamiento de la viabilidad del proyecto", dice Vargas.

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Un caso emblemático
A este respecto, aceptando que sí ha habido mesas de diálogo a raíz de sonados conflictos entre las mineras y las poblaciones, Jahncke distingue entre hablar de condiciones diferentes y hablar de viabilidad. Su ejemplo son los tajos a cielo abierto de Tía María y la Tapada.

“El tajo de La Tapada se encuentra a 500 metros del pase del canal del río. Las explosiones van a generar polvos y residuos en los relaves en el cauce del río. La empresa, al hacer el estudio, dejó fuera del análisis justo la zona existente entre el tajo y el río, que puede ser la más comprometida", dice Jahncke.

¿Por qué? Probablemente porque la contaminación del aire, las aguas profundas y las aguas del río afectarían directamente a los 47.441 habitantes del Valle -de los cuales 24.000 trabajan permanentemente en la pequeña y mediana agricultura-, a los 349.638 empleos eventuales y a los pescadores artesanales de la desembocadura del río.

Frente a estas cifras, la información gubernamental menciona los 3500 puestos de trabajo que crearía Tía María. La población se opone.

¿Sin esperanza de cambio?
Por el momento, el gobierno saliente subraya sus avances en normas. Los candidatos a la presidencia ofrecen diversificar la economía, ocuparse más del agro y cuidar de las inversiones para el crecimiento del Perú, más aún en tiempos de reducción del precio de las materias primas.

Las organizaciones de la Red Muqui temen que no se tenga en cuenta la protección de las poblaciones, los impactos ambientales y el ordenamiento territorial. “Lo que quieren las poblaciones es discutir la viabilidad de los proyectos. Mientras no se discuta, habrá un entrampamiento", teme Jahncke.

VER NOTA EN DW

 

Fuente / Fotos: DW.com/es

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

"Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe "Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015", el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

 “Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

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DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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