DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

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El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

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Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

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De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

  • Convenios fueron entregados por Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), CooperAcción, RED MUQUI y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
  • Acuerdos privados entre la minera y Ministerio del Interior no garantiza respeto a los derechos humanos
  • Efectivos custodian integridad de la minera haciendo el el uso de la fuerza
  • PNP del Cusco entregó documentos de convenios a DHSF, luego de un orden judicial

El proyecto minero Las Bambas (Cotabambas, Apurímac) paga entre 100 a 110 soles diarios, a los efectivos que repriman protestas sociales y custodien solo la integridad de la minera, según convenio interinstitucional firmado con la Policía Nacional, a través de la Región Policial del Cusco (Oficio N° 088-2016-REGPOL CUSCO-EM/OID). Todo ello en el marco prestación de servicios extraordinarios complementarios.

Estos pagos se realizan de manera individual, de acuerdo a la jerarquía de cada policía, y de manera quincenal. Sin embargo, el depósito se hace por medio de la institución policial sin transparencia alguna.

En el documento refiere que la empresa minera, es quien mantiene libros y registros contables de todos los pagos que efectúa a la PNP por un periodo no menor a tres años.

Como parte del convenio, la Policía coloca a disposición de la minera, al General PNP Directoral de la Región Policial Sur Oriente quien es el encargado del control, supervisión, coordinación, evaluación y planeamiento. Es decir, se coloca a un funcionario público al servicio de un privado, aun cuando sus funciones son pagadas por el Estado.

Asimismo, se establece un depósito en cuenta corriente (N° 002-161102172 del Banco de la Nación) del 0.11% de la UIT por hora, a nombre de la Unidad Ejecutora 000036 “X Dirección Territorial de Policía Cusco”, como recursos directamente recaudados dentro de los primeros 10 días de cada mes. Recaudaciones que no se dan a conocer públicamente.

Además de ello, la minera establece que los efectivos policiales asignados desempeñen otras acciones fuera del área del PROYECTO. Por ejemplo, en la cláusula 5.1.7 indica que las operaciones policiales pueden realizarse fuera del área geográfica del PROYECTO. 

“El Jefe del Destacamento, ante cualquier contingencia, deberá dirigir las operaciones policiales…ya sea dentro del área de EL PROYECTO o, cuando las circunstancias lo ameriten, fuera de dicha área”, especifica el documento.

No obstante este no es el único convenio que la Región Policial del Cusco ha suscrito en la zona sur del país. Entre los años 2010 y 2014, se suscribieron otros con la Compañía Minera Quechua (Espinar), Compañía Minera Tintaya-Antapaccay (Espinar) y Minera Hudbay (proyecto Contancia en Chumbivilcas), todas ubicadas en el Cusco.

Sin garantía de derechos

Aunque estén respaldados por Ley, lamentablemente estos convenios permiten el abuso y la violación de los derechos humanos. Sumado a ello, desnaturalizan la función policial, que, en vez de resguardar y garantizar la seguridad de todos los peruanos, termina por convertirse en una especie de seguridad privada de la empresa minera.

“La Policía Nacional hará uso de la fuerza en casos excepcionales y extremos, cuando esté en riesgo inminente la vida del personal de LAS BAMBAS y/o sus contratistas” exige la empresa minera.

Como resultado de esta cláusula convenios, que no son de carácter público, están los hechos violentos como el que sucedió el pasado 14 de octubre, en medio del conflicto de Las Bambas, en donde el comunero Quintino Cereceda Huisa (42 años) falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Acto que ha desprestigiado a la Policía en el manejo de conflictos socio ambientales.

Aunque la empresa aclara que no existe ningún tipo de vínculo laboral, ni dependencia, entre el personal de la PNP y LAS BAMBAS (cláusula 12.3.1.) consideramos que, si existiría un nivel de dependencia e incluso, la empresa podría tener la condición de tercero civilmente responsable en la medida que su comportamiento tolera o promueve una conducta punible.

Sociedad Civil presentó convenios

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En conferencia de prensa, Ruth Luque, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) estimó que producto de todos los convenios existentes en el Perú, la PNP estaría recibiendo más de un millón de soles a nivel institucional debido al porcentaje que percibe por cada hora que trabajan los efectivos por resguardar a las mineras.

“Nos preguntamos en qué se gasta ese dinero que ingresa bajo el rubro de recursos directamente recaudados. Esta dependencia económica es inaceptable en un Estado constitucional donde los policías deben estar al servicio de toda la población”, señaló.

Otra preocupación expresada por Luque en la rueda de prensa fue el del uso de la fuerza utilizado al servicio de Las Bambas, por ejemplo. 

"Los casos excepcionales y extremos no son especificados en los convenios, pero sí se establece que Policía tiene que anteponer la defensa del personal de Las Bambas, su infraestructura, sus terceros y contratistas, dejando de lado la protección de los pobladores"

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"Esto evidencia que la Policía está parcializada, en este caso con las empresas mineras. Lo mismo ocurrió en Espinar en el 2012, donde incluso se tenía un destacamento policial al interior del campamento minero. Esta forma de intervención policial en base a convenio se ha repetido en muchas zonas del país donde hay actividad minera", recalcó Jaime Borda, Director de Derechos Humanos Sin Fronteras.

"El viceministro de Interior ha reconocido que existen 200 convenios con empresas privadas, 31 de los cuales son con industrias extractivas. Todos ellos rebasan los marcos constitucionales, así como los principios voluntarios de la seguridad y derechos humanos de las propias empresas", dijo Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

"A esta situación de los convenios se suma la cooptación de entidades de la Policía, como fue el caso de la DINI en donde se colocó un funcionario relacionado a una empresa minera", apuntó Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI.

"Aquí los protocolos, sobre los cuales la policía debe tomar decisiones han sido trastocados y perturbados por estos convenios establecidos con la empresa minera. El mismo Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha reconocido que en el conflicto de Las Bambas, los efectivos al mando no supieron seguir los protocolos", recordó José De Echave, miembro de CooperAcción.

Cómo se obtuvieron

El 01 de setiembre del 2014, la organización Derechos Humanos Sin Fronteras, interpuso una acción de Habeas Data ante el Juzgado Mixto de Wanchaq (Cusco) y consiguió que dos años después, la Región Policial Sur Oriente de Cusco entregue una copia de dichos convenios suscritos entre los años 2010 al 2014. La información entregada, no solo reconfirma la existencia de convenios, sino brindan información sobre sus objetivos y los beneficios económicos que obtiene la PNP. 

DATOS:

El objetivo de estos acuerdos interinstitucionales, y de otros a nivel nacional, se da en el marco de la aplicación de la Ley de la Policía Nacional del Perú (Ley N° 27238), y el Decreto Supremo N° 004-2009-IN, que reglamenta los Servicios Extraordinarios Complementarios a la función Policial, con el fin de prestar servicios de vigilancia, seguridad y otros convenios en el área de influencia del proyecto minero.

Fotos: Jorge Chávez / Comunicaciones RED MUQUI

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El día viernes 14 de octubre, la conflictividad social por la actividad minero extractiva en el Perú, cobró una nueva víctima, Quintino Cereceda Huiza, la primera víctima del gobierno del presidente Kuczynski, antes de cumplir el tercer mes de asumir su mandato.

Frente a ello, fue importante escuchar al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, exigiendo una investigación profunda de los hechos en los miembros de la policía, luego de conocerse que la víctima falleció por impacto de un proyectil de arma de fuego. Asimismo dio a conocer que la empresa minera MMG, participó con su maquinaría en la intervención policial ocurrida el día de ayer, la que no fue consultada con las instancias competentes.

Desde RED MUQUI de manera reiterada hemos denunciado el rol que los grupos de poder económico, especialmente empresas extractivas, y más específicamente algunas mineras, ejercen en las decisiones de los gobiernos de turno, el que se ve reflejado en las normativas que desregulan lo ambiental, las garantías sobre la propiedad de las tierras comunales y criminalizan la legitima protesta social y pacífica.

La denuncia que han hecho miembros del partido de gobierno sobre una "cooptación" del gobierno de parte de “grupos de poder”, confirma aquellas preocupaciones, y lo acontecido en el caso del proyecto Las Bambas, hace ver que las decisiones que llevan adelante algunas instancias del Estado, como la Policía, no vienen del Poder Ejecutivo como corresponde, sino de otros poderes fácticos que están por encima.

No debemos olvidar que el actual jefe de la DINI, que se encarga de las operaciones de inteligencia a nivel nacional, proviene del trabajo en las empresas hidroeléctricas y mineras, y que ex miembros del partido de gobierno han indicado ésta semana, que una de esas empresas era a la que le solicitaban donaciones. Seguimos aplicando la política de las puertas giratorias, pero ésta vez en espacios más delicados como los que atienden la problemática de la conflictividad social.

Si bien el Ministro Basombrío ha dejado en claro el papel comprometido de la empresa minera en la acción concertada con la Policía en el caso Las Bambas, sin tener “órdenes superiores”, se necesitan acciones efectivas como la decisión política de eliminar los convenios de “seguridad” entre la policía y las empresas mineras. Para ello los poderes ejecutivo y legislativo deben tomar decisiones concertadas que efectivicen dicha acción, y demuestren que no hay “grupos de poder”, por encima del Estado.

Finalmente, para abordar los conflictos sociales se requiere una política transversal de diálogo, que la asuman todos los niveles de gobierno. Con el nombramiento de una persona no se va a logra cambiar la perspectiva que este proceso ha tenido, de facilitar las inversiones, sin considerar las agendas históricas de las poblaciones, en especial de los pueblos indígenas, ni tener una perspectiva intercultural, entendiendo que los procesos de diálogo y consulta previa son mecanismos que permiten evitar la conflictividad social y generan la participación, antes que poner en peligro las inversiones.

SEÑALAN DIRIGENTES

  • Pedido surge ante exoneración del pago de impuestos a la empresa MMG Limited durante 5 años
  • Agricultura, salud y educación requieren atención del Estado en la zona de influencia de Las Bambas

Dirigentes del Frente de Defensa y Federaciones Campesinas de Cotabambas piden que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declare de interés nacional a la provincia, con el fin de que se puedan ejecutar mayor inversión social y de infraestructura, ya que Las Bambas, pese a ser uno de los proyectos más importantes a nivel mundial, no dejará canon minero en la zona, durante los cinco primeros años.

“Estamos pidiendo al Ejecutivo y al Congreso que declaren de interés nacional a la provincia de Cotabambas. Solo así podrá haber inversión pública desde el Ejecutivo y desde todos los sectores”, precisó a RED MUQUI, Víctor Limaypuma, dirigente de la comunidad campesina de Asacasi (Tambobamba, Cotabambas).

“Pese a la inversión de más de 10 millones de dólares por el proyecto Las Bambas, no existe un solo proyecto sostenible para la provincia, en cuanto a agricultura, educación o la salud. Está abandonada prácticamente”, sentenció Roberto Martínez, presidente de la Federación Campesina del distrito de Progreso (provincia de Grau)

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La directora de CooperAcción, Ana Leyva, explicó que -según contrato- la empresa minera MMG Limited cuenta con el beneficio de poder recuperar hasta el 80% de su inversión en un lapso de cinco años.

Es por ello que casi hasta el año 2022, Las Bambas no va a generar canon minero a la provincia, debido a la exoneración del pago del Impuesto a la Renta. Es decir, el canon para las poblaciones de la zona de influencia y gobiernos locales, va a tardar.

“Ya que no va a haber Canon en la zona, planteamos que exista un convenio marco y un seguro ambiental, porque no sabemos cuáles serán los impactos a futuro. El interés nacional para las inversiones debe incluir a los seis distritos”, enfatizó Virginia Pinares, presidenta del Comité de lucha de Cotabambas.

Los representantes de las poblaciones de Grau y Cotabambas expresaron su temor a que los actuales funcionarios muestren la misma actitud del gobierno en la mesa de diálogo, y este espacio avance lentamente.

Esta comitiva de dirigentes ofreció una conferencia de prensa en el Congreso de la República, en donde estuvieron acompañados de congresistas de la región Apurímac, Richard Arce (Frente Amplio) y Dalmiro Palomino (Fuerza Popular).

Dirigentes en el Congreso

Como parte de su agenda de actividades en Lima, los dirigentes de los frentes y comunidades campesinas de Cotabambas y Grau participaron este martes en la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

Ante este grupo de trabajo manifestaron su preocupación por las significativas modificatorias de los Estudios de Impacto Ambiental de Las Bambas, sin haber consultado a las comunidades de esta zona de Apurímac. En ese sentido, solicitaron que un tercero externo evalúe y emita una opinión. “Al no consultarnos estos cambios han vulnerado nuestros derechos.”, manifestó uno de los dirigentes presentes.

De igual modo, los dirigentes sociales informaron sobre los 300 vehículos pesados que pasan delante de las viviendas, levantando polvo, generando vibraciones y ruido todos los días.

Asimismo, reclamaron que haya proyectos sociales de impacto en la zona, que estén establecidos dentro de los planes de desarrollo concertado participativos; y que los aportes sociales se transparenten, para que no pase como en otras provincias y sí se conozca el monto y en qué se ha invertido.

Nexo con el Ejecutivo

Al finalizar la intervención de los dirigentes cotabambinos, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, María Elena Foronda, informó que se concluyó en que los derechos a ser consultados y a la participación de la población de Cotabambas ha sido violentado.

“El caso Las Bambas será tomado como tema prioritario en nuestra agenda de trabajo, tal como sucede con los derrames de petróleo en la Amazonía. Esto con el fin de canalizar la relación con el Ministerio del Ambiente y el viceministerio de Interculturalidad”, declaró a RED MUQUI.

Asimismo, adelanto que desde su grupo de trabajo se está formalizando la participación de la comisión en la mesa de diálogo de Cotabambas. Se espera que en la próxima sesión pueda haber acuerdo para estar presente en la mesa en Tambobamba.

Reuniones sin ministros

Durante los días 12, 13 y 14 de setiembre, los dirigentes sostuvieron una serie de reuniones con representantes de la PCM, el OEFA, el MINAM y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con el fin de mejorar la calidad y efectividad de la mesa de diálogo, ya que muchas de las exigencias aún no logran ser resueltas.

Aun así, el gobierno mantuvo la actitud de recibirlos con funcionarios técnicos de mando medio, sin capacidad de resolución política que requiere este tema.

Uno de los pedidos concretos al OEFA ha sido la creación de una oficina local de este organismo en Apurímac, que pueda aportar a la fiscalización efectiva y oportuna de varias actividades de alto impacto que se planean en la zona de Cotabambas.

Fuente: CooperAcción / RED MUQUI

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

CON REGLAMENTO APROBADO

  • Resolución fue publicada en diario oficial el último viernes
  • Dirigentes sociales llegaron a Lima y se reunirán con algunos sectores del Ejecutivo y el Congreso
  • Reuniones de los ejes temáticos fueron colocadas para octubre

La mesa de diálogo para el desarrollo sostenible de Cotabambas tendrá una vigencia de seis meses, según dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de una Resolución Ministerial (N° 187-2016-PCM) y que fue emitida este viernes en el diario Oficial El Peruano.

“La finalidad de dicho Grupo de Trabajo es realizar acciones de seguimiento y coordinación orientadas a promover el desarrollo sostenible de la citada provincia y una adecuada gestión ambiental del proyecto minero Las Bambas, garantizando la protección de los derechos de la población”, precisa la norma.

Esta resolución –firmada por el premier Fernando Zavala– se emitió luego que se acordara aprobar el reglamento de este espacio, que desde ahora se regirá por un marco legal.

El 7 y 8 de setiembre ser realizó la segunda reunión entre los funcionarios de este gobierno, autoridades locales, la empresa MMG Limited y las organizaciones sociales de la provincia de Cotabambas. A partir de los resultados de estos dos días de reuniones, se obtuvo el “Reglamento de funcionamiento de la mesa”, en base al borrador elaborado por una comisión designada en la anterior reunión (22 de agosto).

Un importante acuerdo de este reglamento, fue el de contar con un tercer actor como facilitador de la mesa, ello a propuesta de la sociedad civil de la provincia. En respuesta, la PCM se comprometió a designar un facilitador profesional con experiencia y que propicie un diálogo horizontal y la construcción de consensos, informó CooperAcción, organización miembro de la RED MUQUI.

Dirigentes en Lima

Las diferentes organizaciones sociales de Cotambambas, entre ellas el Frente de Defensa provincial, expresaron la necesidad de que el Ejecutivo declare de interés nacional el desarrollo de esta provincia donde el 88% de sus habitantes viven en situación de pobreza. Si bien, sus demandas fueron escuchadas, las reuniones de cada eje temático se desarrollarán a lo largo del mes de octubre.

Aun así 15 de ellos llegaron este fin de semana a Lima para cumplir algunas reuniones con algunos sectores del Ejecutivo, entre ellos PCM, Ambiente y el de Transportes y Comunicaciones. En su agenda, también tienen programado asistir a una sesión de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, que preside María Elena Foronda.

Reuniones de Ejes

En esta reunión (del 7 y 8 de setiembre), tampoco hubo la presencia de ningún ministro de Estado. Sin embargo, estuvo la viceministra de Derechos Humanos, Gisela Vignolo, quien se encargó del eje, correspondiente a su sector, y atendió los casos de los deudos, a casi un año del estallido del conflicto.

Al tratarse el tema de responsabilidad social de MMG Limited, el MEM presentó la agenda de trabajo aprobada al inicio del proceso sobre la cual no hubo avances. Frente a ello, la sociedad civil planteó que se incluyera un aporte social como parte del convenio marco, en vista que la empresa minera MMG – Las Bambas no pagará impuestos por lo menos hasta el 2022.

Mientras que, en el eje de Medio Ambiente, la sociedad civil reiteró la necesidad de contar con una opinión técnica respecto a las modificaciones al proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que se hagan los correctivos necesarios. Asimismo, se señaló la necesidad del cumplimiento del ‘Anexo K’ y del asfaltado de la carretera por donde se realiza el transporte minero.

Las próximas reuniones están programadas para el 6 y 7 de octubre, donde se abordarán los medio ambiente y responsabilidad social empresarial, respectivamente. Y para el 20 y 21 de octubre, los ejes de derechos humanos y desarrollo sostenible.

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DATOS

  • Contará con una Secretaría Técnica, que recaerá en un representante de la ONDS - PCM, quien estará a cargo de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados.
  • El Grupo de Trabajo se instalará en un plazo no mayor 10 días hábiles, contados desde el día viernes (publicación de la resolución).
  • Una vez vencidos los 180 días hábiles de su vigencia, se dispondrá de 30 días calendario, adicionales, para presentar un informe final ante el Titular de la PCM.
  • Cada integrante del referido Grupo de Trabajo deberá contar con una representante titular y un representante alterno, designados mediante documento emitido por cada entidad o institución en 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la resolución.
  • La Mesa de Diálogo será presidida por el Ministerio de Energía y Minas, y estará integrada por 10 representantes del Gobierno nacional, uno del gobierno regional, y seis miembros del gobierno local. Es decir, habrá 17 representantes del Estado, 30 personas de la sociedad civil y cuatro miembros de la empresa MMG.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros / Agencia Andina / Correo / La República

Foto: Agencia Andina / CooperAcción

LUEGO DE SEGUNDA REUNIÓN DE DIÁLOGO

  • En reunión de mesa de diálogo, y ante pedido de presencia de los titulares de los sectores, viceministro de Agricultura sugirió que primero se busque reunión con los ministros en Lima
  • Frentes de defensa desean entregar directamente su informe sobre la mesa de diálogo a los ministros de Estado

Las organizaciones sociales de base de Cotabambas (Apurímac) acordaron viajar a Lima para ser recibidos por el Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y los ministros de los sectores involucrados en la mesa de diálogo para el desarrollo de dicha provincia, con el fin de entregar directamente un informe sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso en torno al proyecto minero Las Bambas.

Los representantes y líderes de los frentes de defensa provinciales y distritales, decidieron llegar a la capital los días 12, 13 y 14 de setiembre, una vez que se desarrolle la segunda reunión de la mesa de diálogo (7 y 8 de setiembre) y se apruebe el reglamento que sobre el que se regirá el proceso; acuerdo que fue tomado en la reanudación de la mesa de diálogo que se realizó el lunes 22 último en Tambobamba.

En el transcurso de estos días, los dirigentes sociales enviarán documentos solicitando una cita con cada uno de los ministros, incluso con el mismo presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el premier Zavala.

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Ausencia de ministros
Esta decisión por parte de los dirigentes de los frentes de defensa, responde al descontento de no haber contado con la presencia de ningún ministro de Estado del gobierno de PPK. Pese a que enviaron invitaciones formales con anticipación.
“Nosotros vamos a hacer nuestro propio resumen de cuánto se ha avanzado, y lo vamos a entregar a los titulares de los ministerios”, intervino Rodolfo Abarca, presidente del frente de defensa de Cotabambas.

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“Así como el presidente está llegando a otros sitios, debe llegar aquí y mandar funcionarios que realmente evalúen esta situación. Comencemos con nuevos ánimos, que se vea un verdadero compromiso”, convocó Virginia Pinares del comité de lucha del frente de defensa cotabambino.

El 22 de agosto último, tres viceministros participaron y representaron al Ejecutivo, uno de ellos, fue Guillermo Shinno, quien ya ha ocupado cargo de viceministro de Minas en el gobierno anterior. Mientras que, los otros dos, nuevos en la gestión, fueron Jorge Montenegro, el viceministro de Agricultura, y Ricardo Vidal, viceministro de Vivienda y Urbanismo.

En la reunión los dirigentes manifestaron cierto descontento por la permanencia en el cargo de algunos funcionarios del gobierno anterior, ya que ello podría significar el “continuismo” de un desarrollo lento en la conducción de la mesa.

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Al respecto el viceministro de Agricultura manifestó que muchos de los funcionarios son valiosos; no obstante, se encuentran en evaluación. Asimismo, sugirió a los dirigentes viajar a Lima y buscar un acercamiento con los ministros para que ellos puedan “devolver” la visita más adelante.

“En caso no haya resultados, o existieran motivos que no permitan que esto (la mesa) se pueda seguir manejando, o no se permita que existan obras que beneficien a las comunidades; los ministros, que ostentan el cargo político, junto con el premier y el presidente, tomarán la mejor decisión”, comentó.

Legislativo en la mesa
Por su parte el congresista representante de Apurímac, Richard Arce, consideró que los ministros deberían tener un gesto político con la población de Cotabambas y acudir a la reunión del 7 de setiembre. “Es decirle al país que el gobierno actual tiene la disposición a dialogar, la iniciativa debería partir del premier Zavala, de ahí el proceso técnico se realizará con los funcionarios de mando medio”, recomendó.

"Tenemos que mejorar"
Por su parte, el Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila, reconoció que el Ejecutivo –en el gobierno anterior– cometió errores en la conducción de la mesa de diálogo, especialmente en el tiempo demorado (6 meses) para tramitar –mediante resolución– la denominación correcta de la mesa de "desarrollo" a "mesa de diálogo".

Para este nuevo periodo, Ávila –ratificado en su cargo por este gobierno– recalcó que falta mejorar la metodología del proceso de diálogo, así como la participación de cada uno de los sectores. No obstante, indicó que sí existe voluntad por parte de este gobierno de que el diálogo sea eficaz y que las comunidades logren su desarrollo social.

“Tenemos que mejorar. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de los acuerdos”, declaró al término de la reunión en Tambobamba.

En cuanto a las mesas de desarrollo que se establecieron en la provincia de Grau y el distrito de Challhuahuacho, y que siguen pendientes, aseguró que están en proceso de seguimiento, hasta que este gobierno pueda hacer un balance de cada una, tal como lo está haciendo en Cotabambas.

Fuente / Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL

  • Ese fue el compromiso de la ONDS - PCM durante encuentro con frentes de defensa y autoridades locales
  • Se acordó que vigencia de la mesa de diálogo será de 6 meses
  • Próxima cita para aprobar reglamento y conocer avances de ejes temáticos será el 7 de setiembre en Tambobamba

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometió a darle continuidad a la “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” (Apurímac), por medio de una resolución ministerial que será emitida en un lapso no mayor a 20 días, garantizó el jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM (ONDS-PCM), José Ávila.

Este lunes 22 de agosto en el distrito de Tambobamba (Cotabambas), la gestión del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sostuvo su primera reunión de diálogo en Cotabambas con los frentes de defensa y autoridades de la provincia donde opera el proyecto minero Las Bambas. Durante el desarrollo de la mesa, Ávila se comprometió a impulsar la  norma que amplíe el plazo (de la mesa) a 180 días más.

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Aunque la vigencia de la mesa venció el 15 de agosto pasado, y hubo un pedido formal de reanudación, por parte de los dirigentes sociales de los distritos de Cotabambas; esta reunión no fue de carácter informal, sino que se desarrolló como una reunión de balance y evaluación de los alcances logrados, hasta el momento, por el gobierno anterior.

No obstante, se llegaron a ciertos acuerdos en concordancia a la agenda planteada por los frentes de defensa de Cotabambas: Ampliación del plazo de funcionamiento de la mesa de diálogo, establecimiento de un reglamento y la reanudación de los ejes temáticos para tratar la problemática en torno a Las Bambas.

El reglamento

Un punto importante que se llegó a consensuar, fue la elaboración del reglamento sobre el que se conducirá la mesa. Este marco legal, será aprobado luego de emitida la Resolución Ministerial que amplía la vigencia de la mesa por 180 días. Mientras tanto, se conformó un equipo técnico integrado por las organizaciones sociales, el congresista de la región, Richard Arce, y los representantes de la ONDS-PCM y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Este grupo trabajará una propuesta de reglamento que deberá ser presentada el día 7 de setiembre en Tambobamba para su aprobación en plenaria.

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Cómo quedan los ejes

Asimismo, los días 7 y 8 de setiembre, se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en los ejes temáticos: medio ambiente y modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), responsabilidad social empresarial en la zona de influencia, derechos humanos y desarrollo sostenible de la Provincia de Cotabambas.

De igual manera, se invitará a participar en la reunión a los alcaldes de la provincia de Cotabambas, un funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas y ProInversión. Asimismo, solicitará la presencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para analizar el problema de ciudadanos que están involucrados en procesos penales.

Funcionarios nuevos y ratificados

En esta nueva etapa del diálogo, llegaron nuevos funcionarios como los viceministros de Agricultura, Jorge Montenegro; de Vivienda y Urbanismo, Richard Vidal; así como funcionarios del gobierno anterior que fueron ratificados en sus cargos, como el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; el jefe de la ONDS-PCM, José Ávila, y el Director General de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo.

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En esta ocasión estuvieron presentes representantes de la adjuntía para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, así como de la Oficina de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA).

Por parte de las autoridades locales, estuvieron presentes los alcaldes distritales de Haquira y Mara, Isaac Anaya y Adiel Sota; respectivamente, y Luis Calderón, gerente general del gobierno regional de Apurímac.

Desde la sociedad civil, estuvieron los dirigentes del Frente de Defensa de los intereses de Cotabambas, Rodolfo Abarca, Virginia Pinares y Allen Torre, quienes también estuvieron acompañados por otros representantes de los distritos y comunidades de Tambobamba, Challhuahuacho, Haquira, Mara, Cotabambas y Coyllurqui.

 

Fuente: RED MUQUI / CooperAcción

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar. Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.

Ante una suspensión más de las reuniones de la mesa de diálogo de la Provincia de Cotabambas relacionada a las actividades de la Mina Las Bambas, nos dirigimos a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. En setiembre del 2015 estalló un conflicto social en la provincia de Cotabambas, luego de que el gobierno hiciera caso omiso al pedido de información de la población sobre la modificación al proyecto minero Las Bambas, que implicó que varios de sus componentes se trasladarán del Cusco a la provincia de Cotabambas, en Apurímac. El conflicto tuvo como saldo tres personas muertas y decenas de heridos.

2. A fines de setiembre el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo para atender los problemas reportados. La mesa fue creada en noviembre, con una norma que dejaba de lado los cuestionamientos ambientales. Recién se instaló el 29 de febrero de 2016, luego de varios meses de concluido el conflicto y tuvo su segunda reunión el 21 de abril. En junio de este año, y luego de reiterados pedidos, la norma de su creación se modificó para incorporar los temas que preocupaban a la población de Cotabambas.

3. Si bien la mesa ha tenido algunas reuniones, se ha caracterizado por las frecuentes suspensiones, principalmente motivadas en las dificultades de los representantes del Poder Ejecutivo para asistir. Esto preocupa sobre manera pues el plazo de vigencia de la Mesa termina a mediados de agosto y es muy poco lo que se ha avanzado, dejando a la población grandes interrogantes.

4. Los días 13, 14 y 15 de julio estaban programadas reuniones de la Mesa. Sin embargo, a solicitud del MINEM se suspendieron con la promesa de realizar, por lo menos una de ellas, la siguiente semana, teniendo como fecha probable el 21 de julio. Hasta el momento no nos han convocado a ninguna reunión. Esta situación nos preocupa dado que quedaba pendiente la aprobación de la matriz de acuerdos de lo avanzado y el reglamento de funcionamiento de la mesa, instrumentos que ayudarían a que el nuevo gobierno pueda retomar el diálogo en agosto.

5. Con el transcurrir del tiempo se hace cada vez menos probable que la reunión pendiente se realice ya que estamos ad portas del cambio de gobierno. Consideramos que dejarnos en esta situación es una falta de respeto que genera descontento y profundiza la tensión social. Somos peruanos y creemos que deberíamos ser atendidos como cualquier otro ciudadano. La actitud que las autoridades nacionales vienen teniendo con nosotros desdice todo discurso favorable al diálogo y debilita la institucionalidad construida para resolver los conflictos sociales.

6. El pueblo de Cotabambas pide principalmente que se revisen los cambios efectuados en el proyecto para evitar cualquier daño posible, que se asfalte la carretera por donde se realiza el transporte minero, nuevos convenios de servidumbre de vías y que se atienda a los familiares de las víctimas del conflicto, en su mayoría niños que han quedado en el más completo desamparo. Sobre estos puntos son pocos los avances logrados en la mesa de diálogo, y a ello se añade una inaceptable situación de maltrato.

7. Solicitamos a las nuevas autoridades tener una actitud abierta y sincera para dialogar y construir acuerdos duraderos que nos permitan alcanzar una convivencia pacífica con la empresa MMG, titular del proyecto minero Las Bambas.

26, de julio de 2016

Suscriben:

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FRENTES DE DEFENSA DE LOS INTERESES Y DESARROLLO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

COMITÉ DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL DEL RÍO MAYOTINCO – PUNANQUI, Y DEMÁS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

 

CONCLUYE INFORME 18 DE OCM

  • Contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre
  • Reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico
  • Informe fue presentado por presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides 

 

En el 18º Informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Perú) recorre la macro región norte, la zona central y, en especial, la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).

En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

Nuevo tema de conflictividad

El informe destaca la importancia del corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, uniendo así las operaciones de los proyectos Las Bambas, Constanza y Antapaccay y culminando en el puerto de Matarani (Arequipa) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica.

Sin embargo, el OCM Perú señala que la carretera que une este corredor minero, se ha convertido en un nuevo elemento de conflictividad y motivo de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y el despliegue de otras sustancias, por el polvo que se genera. Es por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto.

Sur Latente

En la provincia cusqueña de Espinar el conflicto con la minera Glencore-Xtrata aun se encuentra latente. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural.

Mientras que en Arequipa, el anuncio de la empresa Southern sobre la espera de una supuesta la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto Tía María, generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

Lo que deja Humala

El Gobierno de Humala cierra su gestión con un legado de más de 200 conflictos sociales sin resolver. A esto se suman la promulgación y adopción de normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental  y que también vienen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal.

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explicó José De Echave de CooperAcción.

En ese sentido, el reporte OCM Perú recuerda que durante las últimas elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron - en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisó De Echave.

Menores aportes tributarios

Respecto al aporte del sector minero en materia tributaria, esta ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El OCM Perú da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

En otra parte del Informe 18, se indica que la inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros.

MÁS DATOS DEL INFORME OCM

  • Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico.
  • Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
  • En los últimos dos años se observa una tendencia de reducción del área concesionada a la minería, a nivel nacional. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas), mientras que en el año 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado, y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros  / CooperAcción

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