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Por: Juan Aste Daffós, Ingeniero Economista, especialista en gestión ambiental, minería y conflictos socioambientales

El 06 de julio próximo se realizará la segunda subasta del complejo metalúrgico de La Oroya y la unidad minera Cobriza, propiedad de Doe Run Peru e incluso hay dos rondas más (17 y 26 de julio) para intentar vender estas unidades que anteriormente fracasaron por mantenerse "muy exigentes" los estándares de calidad del aire para el dióxido de azufre. Ahora que el gobierno peruano (MINAM) ha aprobado y publicado el 07 de junio 2017 (DS 003-2017-MINAM) el aumento del estándar de calidad del aire de 80 a 250 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico de aire, resulta claro que ha sido para permitir que se presenten postores para la venta de los activos del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, pero también ha posibilitado que Ira Leon Rennert, ex dueño de Doe Run Peru, vuelva a presentar la denuncia por 800 millones de dólares contra el gobierno peruano.

Comprobados los efectos de los humos tóxicos del complejo metalúrgico sobre el ambiente y la salud de la población de La Oroya y el valle del Mantaro, resulta cuestionable que se pretenda continuar con el procesamiento de concentrados "sucios" o con altos niveles de elementos tóxicos o impurezas procedentes de empresas mineras del Perú y el extranjero en un complejo con tecnología de la primera mitad del siglo pasado, hecha para procesar concentrados sucios de cobre con prohibitivos niveles de arsénico, además del impacto del procesamiento de los concentrados de plomo y zinc, que juntos han generado elevadas concentraciones del dióxido de azufre, con lo cual este "cocktel tóxico" ha terminado impactando gravemente en la salud de los niños y la población de La Oroya y alrededores.

Doe Run Peru ha trabajado entre 1997 y 2004 importando el 41.6% del total de concentrados de cobre procesados en La Oroya con contenidos de arsénico que han superado el 6% y en promedio han sido 1.53 veces más elevados que los concentrados de cobre de procedencia nacional. Desde el 2004 la producción ha sido intermitente hasta el 2009 en que se paralizó por insolvencia de la empresa. También cuentan ahora los intereses de China, con los que PPK habría coincidido, para que el Perú aumente el nivel de procesamiento de concentrados de cobre porque desde el 2014 China ha prohibido la importación de concentrados de cobre con más de 0.5% de arsénico, por lo que este se quedaría en el Perú con sus conocidos efectos cancerígenos.

Mariano Castro, ex viceministro del período anterior (2011-2016) dice en el portal Mongabay “En el 2008 el MINAM a través del decreto supremo 003-2008-MINAM estableció que el límite diario a nivel nacional es de 20µg/m3, pero hubo tres lugares que tuvieron la excepción de 80µg/m3: Ilo, Arequipa y la ciudad de La Oroya. Esto se dio por sus condiciones especiales de dióxido de azufre acumulado por otras fuentes como el transporte, entre otros. La norma se empezaría a cumplir en el 2009 y así se hizo”.

Castro agregó que el "nuevo ECA de aire se puede exceder hasta siete veces por año el valor de 250 µg/m3 de dióxido de azufre. En el decreto actual solo se establece hasta tres veces por año”. Convoca.pe ha informado que en 2015 el dióxido de azufre en La Oroya se excedió los 80 microgramos por metro cúbico de aire en 5 oportunidades.

Luego de 9 años de paralización, la mayoría de los trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya se han trasladado a otras actividades mineras cercanas o a Huancayo o Lima, pero reclaman la deuda laboral (devengados), razón por la cual representantes de los trabajadores forman parte de la junta de acreedores de Doe Run Peru conjuntamente con los representantes de Doe Run Cayman y el Ministerio de Energía y Minas.

El problema es que estos tres representantes están de acuerdo en reactivar las operaciones del complejo con altos niveles de contaminación e impacto en la salud de los niños y la población de La Oroya, previo compromiso de pago de la deuda a los trabajadores porque de no ser así la alternativa de la liquidación reduciría las expectativas de pago a los trabajadores, el Estado y Doe Run Cayman.

Lo que está en el debate ahora es si se la alternativa más apropiada es la continuidad de las operaciones del complejo o se opta por la liquidación de los activos de Due Run Peru y se promueve un proyecto alternativo de desarrollo sostenible para La Oroya y el valle del Mantaro vista en perspectiva la construcción del túnel trasandino, proyecto que debería estar más ligado al acopio de la producción agraria y agroindustrial así como convertirse en la puerta de entrada a la actividad turística para la sierra central y la selva con mucho más generación de ingresos y empleo y en condiciones favorables de salud ambiental. O se asume la posición inmediatista del corto plazo o se apuesta por un proyecto estratégico sostenible de cara al futuro.

 

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