Hoy 22 de abril, en el Día Internacional de la Tierra, como parte de Red Muqui queremos anunciar que en conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) y Caritas Perú hemos lanzado la campaña: “Seamos profetas de la vida. Protejamos nuestra tierra, nuestra casa común” a nivel nacional. Nuestra sociedad consumista nos está llevando a utilizar una serie de productos, en grandes cantidades, que su degradación demora cientos de años y contaminan y dañan nuestra casa común: la tierra.

  • Según la última estadística sobre concesiones mineras de noviembre 2017, el 14.07% del territorio nacional está concesionado a la actividad minera, del cual cerca del 50% son tierras de las comunidades campesinas.
  • Del total de 8, 448 pasivos ambientales mineros en la actualidad, el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. Peor aún con la iniciativa del gobierno a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), plantea que los relaves mineros puedan volver a utilizarse para extraer lo máximo posible del mineral desechado, perjudicando más la salud ambiental de las comunidades.
  • Normas como la Ley 30230 favorece la venta de las tierras campesinas incluyendo a las Juntas Directivas de una Comunidad Campesina en la decisión sobre la disposición de tierras, la que corresponde en exclusiva a la Asamblea General de la Comunidad y buscan eliminar garantías a las tierras de las Comunidades, facilitando el acceso especialmente a los proyectos mineros.

En ese sentido, tras haber pasado semana santa, queremos rememorar los mensajes del Papa Francisco a los Movimientos Populares hace algunos años: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por cultivarla y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, porque hay una relación con la tierra que está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción.”

En el Perú, el gobierno y el congreso siguen implementando políticas y leyes para desarrollar la minería en todo el país, sin preocuparse en que cerca de 3 millones de peruanos y peruanas trabajan como agricultores familiares; actividad que no es compatible con la minería y que cuenta con nulo apoyo del gobierno. No existe un presupuesto específico para la implementación del Plan de Agricultura Familiar, en un contexto en que en el mundo se ha llegado a la conclusión de que la agricultura familiar es parte de la solución a los problemas del cambio climático; la inseguridad alimentaria; el deterioro de los recursos naturales y el calentamiento global.

Como se señaló en una de las conclusiones del Foro para promover la agricultura familiar; los agricultores/as pueden ayudar a sostener servicios ecosistémicos que pueden dar agua a los agricultores/as mismos, como la instalación de cochas, la siembra y cosecha de aguas, y la filtración en general. Los agricultores/as, sobre todo los agricultores/as agroecológicos tienen un rol importante como combatir la desertificación; la degradación de la tierra y de los suelos.

Como Red Muqui señalamos que seguimos comprometidos con la defensa de la tierra y con las alternativas económicas productivas sostenibles para el territorio y las comunidades.

El día de ayer, martes 9 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el dictamen para remediar los pasivos ambientales que las empresas mineras han dejado en el país a lo largo de más de 50 años de actividad minera.

El dictamen reúne 10 proyectos de ley de diversos congresistas y propone que la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, tenga una gestión y manejo más eficiente, eliminando el riesgo para el ecosistema y la salud ambiental; por la que miles de personas se ven afectadas por la contaminación a nivel nacional. La Oroya – Pasco; Hualgayoc – Cajamarca; Espinar – Cusco; la cuenca del río Rímac – Lima; y comunidades de Huancavelica y Puno, son los lugares más afectados según el presidente de la Comisión Wilbert Rosas, quién agregó: “el Ministerio de Salud ha reconocido que los pasivos ambientales mineros es una de las principales causas de contaminación por metales pesados”.

¿Qué es un pasivo ambiental minero?

Según el artículo 2 del Dictamen: “Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas, cualquiera sea el momento en el que se hubiesen generado, y que constituyen un riesgo permanente o temporal y potencial para la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables; el ecosistema circundante, la propiedad y los territorios indígenas”.

Al respecto, la congresista Marisa Glave señaló en el debate que el 80% de los pasivos ambientales mineros no tienen un responsable identificado. “Desde que aparecieron las listas de pasivos ambientales elaborados por el Estado, no se les designa responsabilidad”.

Ante este grave problema, el dictamen aprobado plantea que “la responsabilidad de la remediación y mitigación de los pasivos ambientales mineros clasificados de muy alto y alto riesgo recae en el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, hasta que este identifique y determine al responsable generador de dichos pasivos o a su remediador voluntario. Cuando esto ocurra, dicha responsabilidad le es transferida a este”.

La controversia con la Comisión de Energía y Minas

Durante la sesión de la Comisión de Pueblos, hubo una discrepancia respecto a la Tercera Disposición Complementaria y Final, que plantea sanciones para las empresas mineras que no cumplan con la remediación ambiental.

“Tercera Disposición Complementaria y Final. - Impedimentos para solicitar nuevos petitorios mineros y explotar unidades mineras, y caducidad de denuncios, petitorios y concesiones mineras, de beneficio, labor general y transporte minero

Al respecto el congresista Olaechea señaló que lo que se debe hacer es incentivar y no sancionar a las empresas para que cumplan con la remediación ambiental y que asuman voluntariamente los pasivos ambientales de los relaves mineros que no tienen a una empresa responsable para volver a utilizarlos como se hace en otros países.

Finalmente, mediante votación, se aprobó por mayoría que sí vaya en el Dictamen tal y como está redactada la Tercera Disposición Complementaria.

Esta misma discusión se llevó a cabo en la Comisión de Energía y Minas hace más de un mes, en que se aprobó también un Dictamen para regular los pasivos ambientales de la actividad minera. En dicha Comisión no se aprobó las sanciones a las empresas mineras señaladas en la disposición de la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Comisión de Pueblos.

En la discusión en la Comisión de Pueblos, también se señaló que no existe actualmente un presupuesto para la remediación ambiental de los pasivos ambientales por actividad minera, por lo que se aprobó en el dictamen que: El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico puede transferir al FONAM un monto presupuestal anual, que puede incluir el monto que les corresponde por la distribución del dinero recaudado por derecho de vigencia, con la exclusiva finalidad de que el FONAM los destine a la remediación de las áreas afectadas por los pasivos ambientales mineros de responsabilidad del Estado. Esta propuesta tampoco fue aprobada en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas.

¿Qué es lo que sigue?

Al haber dos dictámenes aprobados con algunas diferencias en la Comisión de Pueblos y en la Comisión de Energía y Minas, lo que sigue es que la Junta de Portavoces agende la discusión de la ley 28271, que actualmente regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y las dos Comisiones puedan realizar un texto sustitutorio conjunto para que entre un solo Dictamen a la discusión en el Pleno del Congreso, o de lo contrario, al no haber acuerdo final entre las dos Comisiones, entren los dos dictámenes a discutirse y finalmente votarse para tener una ley mucho más eficiente en la gestión y manejo eficiente de la remediación de pasivos ambientales mineros.

Desde Red Muqui respaldamos el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos y hacemos un llamado a las y los congresistas para discutir y aprobar tan importante Dictamen, que las comunidades afectadas por la minería están esperando.

Los representantes de las comunidades más lastimadas por la minería y el petróleo se reunieron el día 31 de enero con el ministro de salud Abel Salinas Rivas. Hicieron llegar sus demandas y solicitaron atención prioritaria para menores afectados a consecuencia de la contaminación que padecen en su día a día.

Estuvieron presentes líderes de Espinar, La Oroya, Pasco, San Mateo, Chiriaco, Bambamarca, Puno, Cuninico, quienes solicitaron que se continúe el diálogo empezado con la anterior gestión. El ministro agendó una próxima reunión para marzo.

Cabe resaltar, que se tratan de casos emblemáticos, donde han ocurrido graves problemas ambientales.  Un estudio de Red Muqui, presentado el año pasado, mostró que niños y niñas de Pasco y La Oroya tenían hasta 4 tipos de metales tóxicos en la sangre, uno de ellos mortal y cancerígeno como es el arsénico. El plomo, otro de los metales que los niños tenían en la sangre, trajo múltiples afectaciones a la vista, el estómago y problemas en el nivel de concentración.  

En el caso de Espinar, un informe de CooperAcción recogió los estudios del Instituto Nacional de Salud-CENSOPAS 2010 y 2013, donde se señala que las personas de las comunidades campesinas tienen distintos metales pesados tóxicos en su cuerpo como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, cianuro. El documento afirma que “solo después de la protesta social del 2012, el Estado Peruano se comprometió a medir la magnitud del riesgo que representa la exposición crónica a metales pesados. Lamentablemente dicha evaluación ha sido deficiente y hasta la fecha no tenemos resultados concluyentes”.

En Cuatro Cuencas y Cuninico, donde los continuos derrames petroleros han afectado el agua, los suelos y la salud de las comunidades indígenas. En Cuninico, por ejemplo, el CENSOPAS tomó en 2016 muestras de sangre y orina a 129 personas. El 50.54% de la población total evaluada poseía valores de mercurio por encima del rango de referencia, en tanto que el 16.81% los evaluados presentaron valores sobre el rango de referencia para el caso del cadmio.

La carta remitida Ministerio de Salud (MINSA), de parte de los afectados, dice lo siguiente: "Nos dirigimos ante usted con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones que están realizando para contar con una intervención multisectorial que permita atender la problemática de la contaminación por metales tóxicos y su impacto en la salud humana"

Yolanda Zurita Trujillo, representante de la Plataforma para la implementación de un programa de salud ambiental de Junín afirmó: “queremos pedir al ministro que se priorice la atención en salud a personas afectadas por la contaminación y los pasivos dejados por la minería y el petróleo”.  Los afectados por metales tóxicos esperan que el ministro atienda a sus demandas.

 

Este lunes 29 de enero se realizó una nueva audiencia por la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte de las organizaciones nacionales representantes indígenas andinos y amazónicos en contra de la Ley 30230. Esta fue parte del Paquetazo ambiental dado entre os los años 2013 – 2014 en el gobierno de Ollanta Humala para debilitar la institucionalidad ambiental y favorecer la ocupación de predios para proyectos de inversión, sin tomar en cuenta la superposición en territorios de comunidades campesinas y nativas, sin aplicar la Consulta Previa.

El Magistrado Augusto Ferrero Costa escuchó a los representantes de las comunidades, quienes dieron a conocer cómo afecta dicha Ley sus tierras, territorios y la desprotección ambiental que se ha generado. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada con el amparo de más de 10 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas, recolectadas por organizaciones del Pacto de Unidad de los pueblos indígenas, y contó con el respaldo de organizaciones civiles que conforman el Grupo de Trabajo sobre Pueblos indígenas de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del cual forma parte Red Muqui.

En la audiencia la representante de ONAMIAP, Ketty Marcelo, afirmó: “La Ley 30230 vulnera nuestros territorios. Para nosotros nuestro territorio significa la vida misma, eso es lo que queremos que entienda el Tribunal Constitucional”.

Antolín Huáscar de la Confederación Nacional Agraria (CNA) aseguró que “se busca expropiar a las comunidades en beneficio de las empresas. Dejemos claro que nadie está en contra del desarrollo, lo que queremos es que el Estado consulte a los pueblos antes de tomar decisiones sobre sus tierras”.

Los abogados Luis Hallazi, del Instituto del Bien Común (IBC), y Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del ambiente y Desarrollo Sostenible sustentaron ante el Magistrado del TC la acción de inconstitucionalidad.  “Estamos cuestionando el artículo 19 de la Ley 30230 porque le retira a OEFA la competencia de multar, eso ya ha sido incluso cuestionado dentro del mismo Congreso. La propia presidenta de OEFA ha dicho que esto atenta contra el derecho a fiscalizar adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del derrame de petróleo en Cuninico, no se multó y eso generó impunidad. Otro aspecto que cuestionamos de esta norma es que impide crear zonas reservadas y esto amenaza el derecho a un ambiente sano y saludable” afirmó Henry Carhuatocto.

 “Esta Ley nace para generar inversión, buscando para ello flexibilizar procedimientos administrativos. Asimismo, esta norma ha venido debilitando el marco de derechos fundamentales de los pueblos indígenas”, aseguró Luis Hallazi, abogado del IBC. Agregó, también, que esta Ley debió pasar por Consulta Previa porque afecta derechos de comunidades campesinas y nativas, sin embargo, no se realizó este proceso. “Esto es una muestra más del carácter inconstitucional de esta Ley”, indicó.

“En el caso de territorio de las comunidades, el 40% no están tituladas, se está fomentado otorgar derechos sobre tierras no tituladas”, concluyó Hallazi.

¿Qué esperan las comunidades del veredicto del Tribunal Constitucional?

“Seguimos  en este proceso porque nos motiva la defensa del derecho de la consulta previa y el amparo del convenio 169. La defensa de nuestro territorio y la defensa de nuestros pueblos es fundamental, y la Ley 30230 busca fomentar la inversión sin pasar por el proceso de consulta, eso nos vulnera” comentó el dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), Jorge Prado.  

“Me quedé con la sensación de que los procuradores no entienden lo que implica la consulta Previa. Nuestros territorios se van a ver afectados y nosotros estamos defendiéndolos”, opina Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP , también, afirmó que es un hito que el Tribunal Constitucional haya escuchado a los representantes de las comunidades y  espera que la decisión sea en salvaguarda de los derechos de las poblaciones originarias.

El Papa verde

May 26, 2019

“La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso”. Estas palabras, recogidas de la encíclica Laudato Si y no de El Capital de Carlos Marx, fueron escritas y suscritas por el papa Francisco. Y por si no había quedado clara la idea, más adelante sostiene de forma rotunda y concluyente: “el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral ni la inclusión social” (p.86).

Jorge Mario Bergoglio, publicó tres documentos apenas subió al poder como pontífice de El Vaticano: el primero fue la encíclica Lumen Fidei; después la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y el tercero, en honor a San Francisco de Asís, lo tituló con el epíteto que el santo inicia su famoso Canto de las criaturas: “Alabado sea” (Laudato si). Se trata de un cuestionamiento profundo al consumismo, al crecimiento a toda costa, a la acumulación capitalista, al acopio de datos informativos que no se llega a convertir en conocimiento, y durante todo el texto insiste permanentemente que en la tierra todo está interconectado; que no es posible hablar de una propuesta ecológica sin parar el consumismo tecnológico, sin replantear profundamente la necesidad de crecimiento (niega la teoría del crecimiento ilimitado) y sin vincularlo a una propuesta social.

En la encíclica hay una crítica al antropocentrismo —lamentablemente no al androcentrismo ni al patriarcado— y a la visión del ser humano de percibirse como “domine” de la naturaleza. Para el papa Francisco, los seres humanos estamos en el mismo rango que el resto de seres, con la diferencia de que somos responsables. Por eso mismo, esta encíclica cuestiona la extracción de bienes considerándolos “recursos” sin mediar otra lógica que la del enriquecimiento; e incluso va más allá, cuando también cuestiona que la tecnología de la biología —en cuanto a mejoramiento de semillas o investigaciones médicas— sea dependiente de la comercialización y, por lo tanto, lucro de unos cuantos.

Por eso, la encíclica propone “la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural […] recuperando los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano” (p.90). Precisamente considera que aquella forma de vida opuesta al consumismo, que hoy ha devenido en una contracultura, es una resistencia que debemos tomar en consideración para recuperar lo esencial del ser humano: “la apertura a un ‘tú’ capaz de conocer, amar y dialogar [que] sigue siendo la nobleza de la persona humana” (p.93).

En esta visita tan esperada del Papa Francisco yo desearía que, junto con su defensa del medio ambiente contra el extractivismo, y el amparo a los defensores del medio ambiente asesinados en distintas circunstancias —desde los cinco de Conga hasta el último asesinado en Chaparrí— también pueda tener unas palabras para aquellos otros defensores y defensoras de los derechos humanos, que durante tantos años han luchado por justicia, verdad y memoria y que hoy, además de ser descalificados, olvidados y no escuchados, han sido pisoteados en sus derechos. Ojalá PPK y sus ministros no intenten tergiversar esta visita para seguir justificando su propuesta espuria de reconciliación

Sinopsis: El documental evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas.

La Red MUQUI Perú y la Red Iglesias y Minería, enviaron una carta al Papa Francisco, en el marco de su visita a Perú. En ella, dan a conocer al Papa, la situación de violencia y criminalización que viven las comunidades afectadas por la minería en el Perú, por defender sus derechos.

Al mismo tiempo, indican que las comunidades esperan del Papa, “un mensaje inspirador y esperanzador”, “un mensaje de denuncia de la situación ambiental, generada por un modelo económico consumista que se refleja en la depredación por parte de la actividad minera en los territorios de los pueblos indígenas”.

“La imposición de un modelo de consumo mundial” -dice el texto de la carta- “genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados (…) lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras”. “¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, dice el dirigente campesino Flavio Huarqquede Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos.

“Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, Santo Padre, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dictan normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto”., denuncian La Red MUQUI -Perú y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería.

“Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, manifiestan los autores de la carta, dirigida al Santo Padre, con la expectativa que de un mensaje en defensa de los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

La Red MUQUI Perú, es un colectivo de 29 instituciones de 11 regiones del Perú. La Red Iglesias y Minería, reúne a organizaciones de iglesias de Latinoamérica, cuya misión es acompañar a los pueblos y comunidades en la defensa de sus derechos y de su ambiente.

 

Algunos aspectos claves de la Carta al Papa Francisco enviada por la Red Muqui y la Red Iglesias y Minería:

 

El pueblo peruano, reconoce en la oración de San Francisco de Asís, a la Madre Tierra que, en nuestras lenguas originarias, se traduce como “Pacha Mama”. Cosmovisión ancestral de nuestros pueblos originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú, la que hemos ido olvidando por la presión del modelo económico de consumo que hoy nos invade y sojuzga.

“¿Tenemos que morir para que nuestro país tenga plata?”, interpelaba indignado al Ministro de Salud, el dirigente campesino Flavio Huarqque de Apurímac, donde se opera el proyecto minero Las Bambas, de capitales chinos. Usted, Santo Padre, ha reiterado en sus mensajes a los movimientos sociales, “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero”. Pero, lamentablemente esa economía, en la práctica genera mayores brechas sociales que a su vez generan situaciones de conflictividad social. Por ello, nuestros pueblos demandan respuestas concretas a problemas concretos.

La imposición de un modelo de consumo mundial, genera también la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú, que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materia primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados, con el fin de saciar los apetitos de los patrones de consumo, lo que hace que nuestra economía sólo decida su futuro en base a la minería e hidrocarburos, que en ambos casos presionan más del 50% de las tierras de nuestras comunidades campesinas y nativas, que poco a poco están siendo condenadas a la desaparición por la pérdida de sus tierras. Eso, usted ha dicho a los movimientos sociales, es colonialismo, que “engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano”. “Eso hermanos es inequidad y la inequidad genera violencia que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener”.

No queremos más violencia ni criminalización por defender nuestros derechos. Los pueblos y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería, pero cuyas tierras no están protegidas de ser favorecidas para otros intereses, poniendo en riesgo nuestra seguridad y soberanía alimentaria como país. Los pueblos, Santo Padre, cuestionan la realización de ciertas actividades económicas como la minera, que les son impuestas en sus territorios, sin la debida consulta previa.

En el Perú se está desconociendo a las comunidades campesinas como pueblos indígenas (siendo que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, suscrito por el Perú, la Ley de Consulta Previa del Perú, y los informes del Estado Peruano al Comité de expertos de OIT las reconocen como tales). La población que vive en zonas de operaciones mineras, cuestiona que los mecanismos de participación ciudadana sean sólo informativos y no permiten se ponga en discusión la decisión sobre la realización o no de una actividad, discutiendo el por qué, para qué, en que nos beneficia o no, como afecta nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra existencia, es decir, privilegiar el vivir una ecología integral, que es el llamado de su Encíclica Laudato Sí.

Incoherencia de los gobernantes en el Perú con el Mensaje de Papa Francisco

Frente a su mensaje esperanzador e inspirador, nuestros gobernantes en el Perú, los mismos que Su Santidad recibió en su despacho en Roma para invitarlo a Perú, toman medidas, dicta normas, y establecen políticas públicas, que desregulan en materia ambiental y social y facilitan el acceso de los intereses económicos de las empresas mineras, poniendo en riesgo la salud ambiental y humana de las personas, su entorno y la supervivencia de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en el Perú. Hay una gran incoherencia que denunciamos ante Su Santidad, en espera que pueda hacer un llamado, durante su visita, al gobierno del Perú al respecto.

Sólo, entre octubre 2016 y marzo 2017, el presente gobierno del señor Kuczynski, emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de lograr su objetivo, estos cambios en el marco normativo han propiciado un clima de conflictividad social en el país porque la mayor parte de estos decretos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general, como sucede con los derechos colectivos de las comunidades nativas y campesinas.

Sobre la minería informal que, por ejemplo, está en Puerto Maldonado, lugar que Su Santidad visitará, constatamos que son empresas mineras “formales”, las que mantienen el círculo vicioso de la minería informal, permitiéndoles alojarse en las concesiones de las que son titulares, les brindan herramientas, maquinaria e insumos químicos para su labor, y les compran la tierra mineralizada. Un círculo vicioso auspiciado por los marcos normativos vigentes.

Como su Santidad manifiesta “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar” (Laudato Si, 13).

Su Santidad, esperamos escuchar su mensaje de esperanza en el Perú

Esperamos en nuestro corazón que la presencia y mensaje de Su Santidad Papa Francisco en el Perú contribuya a mostrar que la responsabilidad de lo que ocurre en el Perú con la contaminación minera es una responsabilidad compartida de las empresas mineras y del Gobierno peruano. Por un lado, las empresas que imponen sus operaciones sin tener en cuenta la voluntad de la población, sin considerar el impacto a largo plazo de sus actividades en el ambiente y violando derechos fundamentales de las personas y comunidades, por otra parte,  el Gobierno que es sumiso a las presiones de las empresas mineras y sus intereses económicos, desregulando sus operaciones, eliminando garantías a las tierras de los pueblos   priorizando la economía y los ingresos por encima del bien común, la salud y la vida.

 

Carta abierta al Papa Francisco by prensamuqui on Scribd

 

 

Lee la CARTA AQUI

El miércoles 13 de diciembre de 2017 se presentó el 21° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), a cargo de las y los representantes de las instituciones que conforman dicho observatorio como son CooperAcciónFedepaz y Grufides.

Dentro de las principales conclusiones de este informe se señala que este año ha sido peculiar porque los conflictos sociales bajaron en comparación a otros periodos. Las movilizaciones se han dado por los derechos laborales y por el derecho a la salud, mientras que la conflictividad social reporta unos 171 conflictos a noviembre. Se presume que puede estar relacionado al hecho de que a partir del 2009 hay una caída sostenida en las inversiones. Se estaría dando una reconfiguración de conflictos donde la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad.

De Echave señaló que, actualmente, un 14% del territorio nacional está concesionado. Luego de una caída estrepitosa de las exploraciones mineras, entre 2010 y 2015 (de un 15.1% a 5.9%), hacia el 2016 estas se han incrementado a un 10%. Y que este dato no deja de ser un indicador que refleja la incipiente recuperación del sector, sin embargo, de ninguna manera representaría un nuevo boom minero como un sector del empresariado quiere hacer creer.

Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de Grufides, precisó que en la región de Cajamarca existen conflictos socioambientales relacionados con reclamos de dos tipos. Por un lado, reclamos por los serios impactos ambientales generados por los pasivos mineros, como los casos de Condebamba y Hualgayoc; por otro lado, reclamos por la expansión de proyectos mineros que incorporan el novedoso “Fondo de Adelanto Social”.

Vásquez sostuvo que la represión de Yanacocha contra la familia de Máxima Acuña y la familia Pajares continúa, al punto de reproducir escenarios de violencia con disparos por parte de la policía, un grave panorama que revela la carencia de una política pública de tratamiento de los conflictos que ya existen y la prevención de los que podrían iniciarse.

David Velazco, director de Fedepaz abordó la situación de criminalización que afecta a la población implicada en conflictos sociales relacionados con minería, a nivel nacional. Mencionó como ejemplo el caso de Ayabaca y Huancabamba, provincias de la región de Piura, en donde existe un gran número de campesinos y comuneros que han sido acusados por delitos de daños, lesiones, secuestro, usurpación y mal uso de los símbolos patrios. Esto, como respuesta a su rechazo y legítima protesta ante la imposición del proyecto minero Río Blanco en sus territorios.

Ana Leyva, directora de CooperAcción, abordó el entramado de normas que se han generado para seguir flexibilizando los estándares de cuidado y conservación ambiental, así como debilitando a las instancias reguladoras y fiscalizadoras. Algunos de los ejemplos señalados son la ampliación para la formalización de la minería ilegal, la flexibilidad para proyectos de entre 20 y 40 plataformas que ya no requieren certificaciones ambientales, o que algunas obras pueden iniciarse sin tener autorización de exploración minera.

Leyva mencionó, también, algunos avances en el ámbito normativo, tales como la sanción inmediata por parte de la OEFA en caso de no cumplir con la medida correctiva, la creación de un registro de infractores, aunque éste solo dura un año, o las modificaciones en relación a la contaminación de suelos que han sido orientadas hacia la remediación. Adicionalmente, precisó que aunque existe una ley de cabeceras de cuencas, no hay ninguna declarada intangible, probablemente, por no estar claros los criterios para definir lo que es una cabecera de cuenca en nuestro país.

El Documental “Historias de Agua” se presentará este miércoles 6 de diciembre a las 6PM en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ingreso es libre. El largometraje evidencia la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de los ecosistemas que la generan en un contexto de cambio climático y muestra las repercusiones de la contaminación producida por la actividad minera y su impacto en el ambiente y la salud de las personas que viven en aquellas zonas y que pagan el precio de vivir en un país al que se le denomina como minero.

El documental evidencia los efectos de la contaminación minera en la vida de las personas.  Muestra cómo todos los seres vivos que la consumen desde su naciente (en los valles altoandinos), hasta llegar a nuestras casas. Se hizo tomando como base Atención médica en Salud en ambientes asociados a minería y metalurgia a menores residentes en Cerro de Pasco y La Oroya, y situación de pasivos ambientales de San Mateo realizado por Red Muqui a poblaciones de Cerro de Pasco, La Oroya. Los exámenes de salud que fueron tomados a niños y niñas de dichas zonas, que consumen agua contaminada, revelaron que los menores tenían hasta cuatro tipos de metales tóxicos como cadmio, arsénicos, plomo y mercurio en diferentes grados de afectación.

En Historias de agua las familias de los afectados cuentan cómo es la convivencia con enfermedades ocasionadas por la contaminación con metales y pasivos mineros de sus fuentes de agua. Asimismo, especialistas de diferentes disciplinas: médicos, ingenieros ambientales, biólogos dan sus puntos de vista sobre los problemas ambientales y la salud en zonas mineras.

Bajo la codirección del productor y realizador audiovisual Juan Manuel Torres-Solari Injoque y la publicista social Gabriela Delgado Maldonado, el documental de cincuenta minutos, resume un “road-movie” que empezó a rodarse en Octubre de 2016 siguiendo la ruta del agua desde su naciente, pasando por la ciudad más alta del mundo: Cerro de Pasco, y bajando por Junín, La Oroya, Valle del Mantaro, Ticlio, San Mateo hasta llegar a Lima, registrando adicionalmente tomas exclusivas en el distrito de Shapaja (San Martín), Nauta e Iquitos.

Se trata de una realización sin fines de lucro coproducida por la red de instituciones ambientalistas Red Muqui y el aporte gratuito del Proyecto vivencial de intercambio cultural amazónico KiyaKuyay; con el aporte de la productora ViajandoFilmando y sus colaboradores, junto con el apoyo, de la confederación internacional OXFAM y la organización internacional 11.11.11.

Ver trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E2bJU6ita7I&t=4s

En el marco de la Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país –desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre-, diversas organizaciones sociales vinculados al tema de derechos humanos, poblaciones indígenas, entre otros, vienen organizando una serie de actividades enfocadas a políticas de salud en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas.

 

Primer encuentro de afectados por metales pesados se realizará en Lima. Uno de los temas que se abordarán será sobre la necesidad de medidas urgentes que debe emprender desde el Estado peruano para que se desarrollen políticas públicas con enfoque de prevención, atención y tratamiento especial a la salud de las personas que habitan en zonas de influencia directa e indirecta de las actividades extractivas. La Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las actividades extractivas en el país se desarrollará desde el lunes 27 de noviembre al viernes 1 de diciembre.

 

El lunes 27 se realizará el conversatorio “Espinar sigue esperando: entre la desidia del Estado y la urgencia de una población que sufre la contaminación con metales pesados”. El miércoles 29 se desarrollará el Foro Público Internacional: “Lineamientos de política de salud pública para atender zonas contaminadas por metales pesados”, que se llevará a cabo en Auditorio del Colegio Médico del Perú, Miraflores a las 6pm. Los representantes y poblaciones de las zonas críticas afectadas solicitarán a diversas instituciones del Estado respuesta a sus demandas de atención especializada y prevención como una prioridad de la política pública en el sector salud en el país, sobre todo, en zonas que han sido declaradas en Emergencia Ambiental como el caso de Cerro de Pasco.

Pese a las evidencias de los graves impactos en la salud en varias zonas con presencia de actividades extractivas en el país, poco es lo que se ha hecho en materia de políticas públicas orientadas a proteger a las poblaciones.  Lourdes Mendoza, madre de un niño afectado por contaminación con metales pesados en Pasco, afirma que su hijo padece de serios problemas. Su hijo Benjamín perdió la vista a causa de una enfermedad relacionada con la contaminación por metales pesados en Cerro de Pasco. A raíz de ese problema, ella dedicó gran parte de su tiempo a cuidarlo, ahora el único ingreso del hogar está a cargo de su esposo y resulta insuficiente para la atención médica que necesita. “El gobierno nos ha dicho que pronto habrá una clínica de desintoxicación y que se atenderá a nuestros niños, pero luego no hemos tenido mayores noticias”, asegura.

 

 

El médico ambientalista Fernando Osores evaluó a 24 niños de Pasco y La Oroya para realizar un Informe de Atención de salud para Red Muqui.  Este concluye que existe un elevado riesgo de exposición e intoxicación crónica en seres humanos principalmente de plomo por inhalación de aire contaminado en la zona de las ciudades de La Oroya y de Cerro Pasco. Otros metales como el arsénico, mercurio y cadmio afectan gravemente la salud de las personas en la zona ya que se ingieren con agua contaminada. Ante esta situación el Ministerio de Salud aún no ha respondido.

El caso de Cerro de Pasco es solo uno de los casos que se abordarán en las actividades, donde participarán además personas afectadas por metales pesados de Espinar (Cusco), ,Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), Comunidades nativas del Río Chiriaco (Región Amazonas), de Puno y El Callao.

 

Estas actividades vienen siendo promovidas por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental conformada por CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú y Red MUQUI.

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