El día de hoy, viernes 27 de septiembre, la institución Proyecto Amigo de la provincia de Sanchez Carrión en la Libertad, se pronunció frente a la muerte del joven Luis Eduardo Briceño Escobedo de 17 años, del distrito de Bambamarca, perteneciente a la provincia de Bolívar.

El levantamiento del cadáver se realizó el día de ayer, jueves 26 de septiembre, por el personal de medicina legal del Ministerio Público y policías de la Divincri. De acuerdo a la examinación del cuerpo, el personal de medicina legal constató que el joven habría muerto de asfixia; posiblemente por un derrumbe en la zona donde se encontraba trabajando.

Solo se hizo el levantamiento del cadáver y no se realizó la necropsia respectiva, pese a que el Ministerio Público está obligado a realizarlo. Frente a ello la fiscalía podría ser denunciada por omisión de funciones.

En el cerro El Toro se encuentran operando tres empresas formales, siete informales en vías de formalización y aproximadamente 200 mineros ilegales, según la comisión investigadora regional de la problemática de la minería informal en el cerro El Toro, formada hace algunos meses.

Frente a ello, la institución que hacer parte de la Red Muqui, Proyecto Amigo se pronunció:

PRONUNCIAMIENTO ¡NO MAS MUERTE EN EL CERRO EL TORO, ABAJO LA INDIFERENCIA, ¡ABAJO LA IMPUNIDAD!

Denunciamos contundentemente las muertes que siguen dándose en el Cerro el Toro, sin que se haga algo por resguardar el derecho de todos; en especial de los niños y adolescentes. HOY UN ADOLESCENTE MÁS HA MUERTO. Murió asfixiado, rasguñando la tierra para tratar de salir de uno de los cientos de derrumbes que suceden desde hace años sin que se haga lo necesario para detener tanto daño. Invocamos a nuestras autoridades a hacer lo necesario para buscar justicia. NO permitamos otro entierro clandestino, No permitamos que esto se arregle con un monto de dinero entregado a las familias afectadas. Nos solidarizamos con el gran dolor que en estos momentos deben de estar pasando. Por su ser querido fallecido es que pedimos que esto NO QUEDE IMPUNE y que NO VUELVA A REPETIRSE. Invocamos a la fiscalía a proceder de acuerdo a ley y que reciba el apoyo de toda la comunidad huamachuquina para que haga respetar la búsqueda de justicia. No sigamos pasivos, intentemos una vez más; repudiemos la falta de acción determinada para resolver la situación de la minería ilegal, en todas sus formas. Aquí No decimos no a la minería, decimos que se haga bajo ciertas condiciones, como el respeto a la vida. Lo pedimos en nombre de la infancia, adolescencia y población que vive cerca de las zonas afectadas por la contaminación y los accidentes que provoca dicha actividad. Esta afectación se refleja en varios problemas de salud que no van a tener cura total por lo que debemos hacer algo. Lo pedimos por los trabajadores también, que en la búsqueda legitima de ganar más, trabajan sin ningún tipo de protección, de seguridad social. Huamachuco debe contar una historia diferente. NO permitamos, No toleremos la indiferencia frente a lo que sucede. Exijamos derechos para todos y todas. El oro y un trabajo no puede valer más que la vida

¡NO MAS MUERTE EN EL CERRO EL TORO, ABAJO LA INDIFERENCIA, ¡ABAJO LA IMPUNIDAD!

Proyecto Amigo

Desde hace casi tres décadas, los conflictos sociales relacionados con la explotación minera en nuestro país han ido creciendo en número e intensidad. Los que son provocados por la presencia de la minería representan el 64% de todos los conflictos sociales del país (que a su vez ocupan el 66% de la totalidad de los conflictos nacionales)[1]. En este contexto, una fuerte preocupación por los riesgos que la actividad minera genera hacia la salud humana y ambiental ha ido aumentando entre las comunidades indígenas, campesinas, y población en general. Estos riesgos se multiplican con la proliferación de la minería informal e ilegal que tienen menor control por parte del Estado. Las actividades mineras ilegales e informales se relacionan en la mayoría de los casos con la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), conducida por individuos, grupos o comunidades que extraen pequeñas cantidades de mineral al día, utilizando poca tecnología y maquinaria.  

El día de hoy 27 de setiembre se ha producido la muerte de un joven en el cerro el Toro, que se ubica en la provincia de Huamachuco, sierra de La Libertad; producto de los derrumbes causados por la minería ilegal. Huamachuco viene siendo escenario de protestas frente a los problemas que genera la minería informal en las comunidades desde hace varios años. A inicios de año, también, se produjo el asesinato de un dirigente del Frente de defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián de Suyo en Piura, producto de las disputas entre la minería informal e ilegal. El día de ayer, jueves 26 de septiembre, se acaba de realizar una movilización en Cajamarca producto de la contaminación del Valle de Condebamba por la minería formal e informal; el segundo valle productor de nuestro país. Asimismo, en Ancash, la minería informal sigue proliferando en Pallasca y Chacas y queriendo entrar a la comunidad de Vicos, perteneciente al parque nacional de Huascarán; obteniendo el rechazo de la comunidad. En Madre de Dios, que es el lugar más enfocado por los medios de comunicación, la minería illegal sigue operando en lugares donde no hay presencia policial. 

Entre los factores principales que han empujado la proliferación de la minería ilegal e informal, sobre todo entre los mineros artesanales y de pequeña escala, se encuentra la baja oportunidad de empleo y de ingreso económico de las poblaciones que viven en las regiones donde hay minería informal e ilegal.

Agregado a ello, en este último mes se acaba de aprobar el aplazamiento hacia el 2021 de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera para que los mineros artesanales y pertenecientes al segmento de pequeña minería, puedan iniciar el proceso de formalización. No obstante, dar respuesta a la realidad de la minería informal en nuestro país requiere de una respuesta integral. En el Foro que estamos organizando contaremos con la participación de representantes regionales, del Estado y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (FENAMARPE). 

Día: miércoles 2 de octubre de 2019
Hora: 9am - 1pm

Lugar: Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Av. Abancay 151, Edificio Juan Santos Atahualpa.

[1] Defensoría del Pueblo, Julio 2019, pp. 19, 21.  

javier

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI

Corani (Puno), Mina Justa (Marcona/Nazca en Ica), Quellaveco (Moquegua), Michiquillay (Cajamarca). El mensaje del Presidente Kuczynski nos trajo el anuncio de nuevos proyectos mineros confirmando que seguimos dependiendo sólo de una actividad económica como eje de nuestra economía, ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no podemos enlazar un verdadero programa de diversificación económica en el país, que impulse verdaderamente -y no sólo con paliativos- actividades económicas como la agricultura? especialmente la agricultura familiar a cargo de nuestras comunidades campesinas, de las que depende nuestra canasta familiar a nivel nacional.

Sólo el 7% de nuestro territorio nacional está dedicado a la agricultura de consumo que aporta a la canasta familiar, y ese territorio, que es fundamentalmente de las comunidades campesinas, no está protegido de actividades como la minería, así como de su crecimiento, impactos ambientales y afectaciones a la salud humana.

Otra actividad importante que debe priorizarse es el turismo sostenible, en un país de riqueza cultural e histórica inmejorable como el nuestro. Debiera aprovecharse con mayor apoyo, pero ahora se eliminan los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para pririzar los proyectos mineros, gracias a los decretos legislativos emitidos en el gobierno del señor Kuczynski.

En su mensaje, usted ha hablado de formalización, señor Kuczynski. De hecho, hay toda una campaña del gobierno para impulsarla. Estamos de acuerdo, sin embargo, no podemos formalizar todo de la misma manera. No podemos formalizar la actividad minera informal actual como está. Los decretos legislativos que su gobierno dictó a fines del año pasado, permiten que solo con “declaraciones juradas” los mineros informales presenten un instrumento de gestión ambiental para la formalización minera (IGAFOM): un papel en el que se limitan a indicar sus acciones, y aseguran que cuentan con los supuestos permisos que el propietario del suelo les habría dado para realizar actividad minera.

Saltan varias preguntas: ¿quién da ese permiso?, ¿quién revisa su formalidad? ¿quién da seguimiento al cumplimiento posterior de presentarlo? Es decir, basta con “formalizar” y no interesan los impactos ambientales, ni sociales y mucho menos los que se generan en la salud de las personas. ¿Así se formaliza en minería para recibir más ingresos?

Sobre medio ambiente, Kuczynski mencionó que “el lago más grande del Perú está contaminado por relaves mineros”. Es bueno que lo reconozca señor Kuczynski, pues la minería formal e informal ha afectado fuentes fundamentales como el Lago Titicaca (Puno) y el Lago Chinchaycocha o Junin (Junin), y otros tantos ríos y recursos hídricos a nivel nacional. Precisamente la minería ilegal ha arrojado históricamente sus relaves sin procesamiento.

Y usted, señor presidente, sabe que una de las protestas que se siguen sumando en Puno, se deben al incumplimiento de promesa electoral que incluía la construcción de pozas de oxidación para procesar el agua residual que llega al lago. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde están los movimientos "políticos" o "terroristas" que supuestamente promueven estas protestas sociales, si es su incumplimiento el que las genera?

Usted menciona que “entonces hay que reducir los impactos ambientales” y nos preguntamos, ¿cómo?, si su propio gobierno promulga decretos legislativos que han reducido los estándares de calidad ambiental (ECA) para aire en doce veces más, ¿para qué?, para hacer posible la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que el miércoles 26 de julio nuevamente declaró desierta la tercera subasta para su compra. Ninguna empresa nacional ni extranjera -ni siquiera los chinos- quieren ser responsables de reactivar un complejo que afecta la vida y salud de las personas.

En todo caso, busquemos alternativas de desarrollo sostenibles para quienes necesitan un puesto de trabajo en La Oroya, pero no atentemos contra de la salud y vida de las personas de esa localidad, que es una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

Esa misma norma de los ECAs de aire, hace posible también el funcionamiento de la refinería de Ilo de la empresa Southern. Se emiten normas que no son para el beneficio de todas y todos los peruanos.

Un interesante mensaje dentro del discurso del presidente ha sido “dignificar a las rondas campesinas”. Justamente, nacieron para asumir la seguridad y para dictar justicia sobre los temas de su competencia, en aquellas zonas donde el Estado no podía –y aún no puede- llegar.

En ese sentido, ha sido importante el avance del actual presidente del Poder Judicial, Duberli Martínez. Pues, como huancabambino (Huancabamba, Piura), conoce cómo es que en su tierra natal funcionan las rondas. Para el gobierno -y los últimos gobiernos- aquellas personas y organizaciones incluidas las rondas, que defienden sus derechos y sus territorios de la imposición de la actividad minera sin consulta previa, por ejemplo, sí son ‘antimineros’, ‘antidesarrollo’, ‘perros del hortelano’.

Ojalá cambiara su perspectiva de las cosas, pero con viceministros como el señor Fernández-Concha como encargado de la Gobernanza Territorial en la PCM, y su vinculación directa con empresas mineras, solo queda la perspectiva de que los conflictos socioambientales responden a ‘conspiración’ e ‘intereses políticos’. No se quieren ver los problemas de fondo como: el olvido, la marginación histórica, la falta de consulta para las decisiones, la imposición, la falta de apoyo para las actividades económicas sostenibles.

Fortalecer el rol del Ministerio de Salud (MINSA) es fundamental. No funciona como debe funcionar...” reconoció en su mensaje, señor Kuczynscki. Usted prioriza la minería, pero no se interesa por los impactos en la salud de las personas que ésta genera, ¿Quién asume el pago de los tratamientos? ¿No deberían ser las propias empresas mineras las que asuman esta la responsabilidad? ¿No deberían ser los países de origen de estas empresas mineras, los que deben exigirles que cumplan los mismos estándares y normas de sus países?

Somos los(as) peruanos(as) quienes asumimos los costos de la minería, ¿Cuál es el verdadero aporte de la minería? ¿Existiría alguno si finalmente asumiera sus responsabilidades de atención a la salud de las personas afectadas, la remediación de todos los pasivos ambientales, los impactos en las actividades económicas de las poblaciones y comunidades locales donde opera?

Hace unas semanas los pobladores de Simón Bolívar (Cerro de Pasco, Pasco) tuvieron que llegar a Lima a encadenarse en la puerta del MINSA, después de muchas reuniones infructuosas y compromisos no asumidos. Solo así pudieron exigir la atención en salud de sus hijos(as) afectados por metales pesados, producto de la contaminación minera y su falta de remediación de sus pasivos ambientales. ¿Acaso se deben seguir tomando esas iniciativas para poder obtener respuesta de su gobierno, señor mandatario?

"El agua será legado de este gobierno". Usted ha ofrecido que el 84% de las zonas rurales tendrán agua y desagüe. Habría que recordarle, ¿De dónde va a venir el agua que ofrece si nuestras cabeceras de cuenca y ecosistemas que captan los recursos hídricos están en serio riesgo y, en gran medida, ya contaminados por la minería?

Los empresarios mineros suelen decir que sólo utilizan el 1% del agua disponible. Entonces, ¿por qué siguen buscando y priorizando la operación de proyectos mineros en cabeceras de cuenca donde están las nacientes de los ríos y se depositan nuestras reservas de agua? Es porque es un elemento fundamental para el proceso minero, para la explotación, beneficio (procesamiento), y transporte (mineroductos).

La minería asegura que reutiliza el agua, pero este ciclo no se puede repetir indefinidamente, deben renovarla, y la producción exige también grandes dimensiones de agua, lo cual afecta su cantidad (acceso al agua) y calidad (el agua usada en minería está contaminada). Nos gustaría saber si el señor Kuczynki utilizaría agua procesada de la actividad minera para llenar sus bidones de consumo directo en palacio de gobierno, ¿Por qué poblaciones que habitan en zonas mineras sí deben hacerlo?

Se hace necesario proteger nuestras cabeceras de cuenca y los ecosistemas frágiles que generan y captan recursos hídricos. No es suficiente que solo sean intangibles nuestros Parques Nacionales y Santuarios Naturales. Deben limitarse las concesiones mineras y los proyectos a zonas que no afecten el acceso al agua y su captación. La ley del derecho humano al agua sólo exige que las personas tengan agua en casa, mas no protege las fuentes de donde viene. Y requerimos protección para los páramos, bosques de neblina, bofedales y otras fuentes hídricas, sino no se puede asegurar el derecho humano al agua.

El mandatario no olvidó “Fortalecer a las empresas de agua potable. Seguirán siendo públicas”. Le recordamos que uno de los decretos dictados en su gobierno, ha establecido que estas Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), ahora tendrán un régimen de sociedades con acciones que se pueden vender a otros ‘intereses económicos’.

Con ello, se estaría permitiendo la privatización del recurso hídrico, lo que constituye un grave riesgo para los(as) peruanos(as), porque más allá de que las EPS no estén funcionando bien, su rol es brindar un servicio, no lucrar con ello en beneficio propio o de terceros. Usted presidente dice una cosa en su mensaje, pero las normas que su gobierno ha emitido, y que el Congreso ha bendecido, dicen lo contrario.

Finalmente ha presentado ya cinco proyectos de ley señor presidente que han surgido de su reunión con Keiko Fujimori (¿a cambio de que...?). Uno de ellos, es sobre el tratamiento de aguas residuales. Se plantea mayor participación de las Asociaciones Público Privadas (APP) para ello. Recordemos que en los decretos que su gobierno dictó a fines del 2016, usted plantea que se simplifiquen los procedimientos para los vertimientos de aguas residuales. Ya no intervienen las autoridades responsables, ahora sólo se aplican los ECAs y LMP de agua, que justamente acaban de ser flexibilizados también por su gobierno, apenas el 7 de junio.

¿Y quiénes son los beneficiados? las empresas que se dedicarán al negocio, sin embargo, aquellas personas que utilizan las aguas afectadas para sus actividades económicas o para consumo humano, ¿Cómo quedan? ¿Usted va a facilitar el consumo humano de esas aguas contaminadas? ¿Así va a favorecer el acceso a agua para más peruanos(as) en esas condiciones? Acaso, ¿Las inversiones no son para mejorar la calidad de vida de las personas?

Otro de los proyectos que usted mencionó haber presentado este 28 de julio, busca destrabar el ‘acceso a inmuebles’ para la ejecución de obras de infraestructura. Eso suena volver a presentar el derogado Decreto Legislativo N° 1333 que, mediante el APIP, buscaba facilitar aún más el acceso a predios; en especial a los territorios de comunidades campesinas, en relación con la Ley N°30230.

Después de su reunión con Keiko Fujimori, ¿Seguirá la velada idea de desaparecer las comunidades campesinas? ¿Es así que se pretende mejorar la calidad de vida de las personas en el Péru?

  1. Últimas Noticias

Calendario

« Noviembre 2019 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30