PARA IMPLEMENTAR MEDIDA CAUTELAR CIDH

  • Marisol Pérez Tello se reunió con Máxima Acuña el día de la No violencia contra la mujer
  • Familia campesina apenas recibe la visita de dos policías a la semana
  • Daniel Chaupe fue interceptado y hostilizado por personal de seguridad de Yanacocha  

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, admitió que el Estado no tiene desarrollado ningún protocolo de atención, ni medidas de protección para cumplir con la medida cautelar dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de los Chaupe Acuña. Así lo informó, Mirtha Vásquez, abogada de esta familia.

Como parte de la campaña “Máxima no está sola”, que Amnistía Internacional viene promoviendo a nivel internacional, se logró que Pérez Tello reciba a Máxima Acuña en la misma sede del Minjus, el último 25 de noviembre, día de la No violencia contra la mujer.

Durante este encuentro, Mirtha Vásquez comentó a RED MUQUI, que la ministra ofreció sus disculpas a Máxima por su situación, y le reconoció que el Estado no está haciendo casi nada por ella.

Asimismo, Pérez Tello se comprometió a visitar a Máxima en Cajamarca para este mes de enero. “Nosotros esperamos que cumpla con esta visita porque las autoridades deben conocer de cerca, qué es lo que implica un conflicto y cómo se violan los derechos humanos. Ella también ha ofrecido trabajar sobre el protocolo de protección”, remarcó la abogada.

De igual manera, Vásquez señaló que la titular de Justicia y Derechos Humanos, reconoció que tema de Máxima no se reduce a una disputa de propiedad, sino a un tema de derechos humanos. Además, la ministra manifestó su preocupación referente a las políticas de relacionamiento que tiene la empresa Yanacocha con ella y las comunidades campesinas.

Dos policías, dos veces por semana

La directora de Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) también señaló que lo único que el Estado le ha ofrecido a Máxima Acuña es enviar a dos policías a la semana, para que constaten cómo se encuentra ella y su familia.

“Este no es un mecanismo eficiente de protección. A veces estos efectivos llegan cuando ya han acabado los ataques. Lo único que hacen es levantar un acta de constatación. ¿Qué tipo de protección eficiente es esa? Solamente llegan en un momento puntual y luego se retiran. Ni siquiera hacen un registro de incidentes”, comentó Vásquez Chuquilin a RED MUQUI.

En diálogo con RED MUQUI, comentó que esto ya ha sido expuesto en la 159 audiencia de la CIDH, en la que también participó la ministra de Justicia. “No se puede hablar de protección cuando el Estado no tiene mecanismo y personal preparado para ejecutar estas medidas. No están preparados para ninguna acción frente a la empresa o al agresor”, aseveró.

Ante la CIDH, el procurador del Estado respondió que lo único que se podía pedir al Ministerio del Interior (Mininter), es mejorar el sistema de envío de policías.

“Para Máxima y su familia representan una amenaza y desconfianza, porque recordemos que la Policía han sido parte del convenio de seguridad privada que esta institución mantiene con la empresa Yanacocha”, advirtió.

Mirtha Vásquez expuso que un mecanismo de protección adecuado, implicaría acciones desde varios sectores, entre ellos: el Mininter, Minjus y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Actualmente coordinamos con funcionarios de nivel intermedio del Minister. El MIMP envió unos psicólogos para que evalúen a la familia en el mes de octubre, pero luego no han regresado. En este caso, los daños no solo son físicos, sino psicológicos”, expresó.

Atentado contra el hijo de Máxima

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Otro hecho de hostilización sucedió el reciente domingo, aproximadamente a las 9:30 a.m., cuando Daniel Chaupe se dirigía en su motocicleta desde Tragadero hacia Cajamarca.

A la altura del sector de Quinuapampa, fue interceptado abruptamente por una camioneta, que provocó la caída de Chaupe al costado de la vía causándole varias heridas en todo el cuerpo.  La camioneta se dio a la fuga sin prestarle ningún tipo de auxilio.

El último 13 de diciembre, Daniel Chaupe Acuñafue nuevamente amenazado por personal de vigilancia de la empresa minera que se encuentra en inmediaciones del terreno de la familia: “Te vamos a encontrar en Santa Rosa y te vamos a pelar como a cuy”, le dijeron, mientras vertían una serie de insultos, pateando y destruyendo objetos descartables delante de él diciendo: “Ojalá éstos fueran tú”.

“Temo por la vida de mis hijos”

Máxima Acuña piensa que estos nuevos ataques pueden provenir de la empresa como represalia por haberse negado estos últimos días a hablar y recibir a funcionarios de la minera, que insisten en presionarlos para entrar en un supuesto diálogo. 

“Ya hemos dirigido una carta formal a los directivos de Newmont en EE.UU. donde expreso cuál es nuestra posición como familia frente a este grave problema. Entonces no entiendo por qué la empresa sigue mandando a sus funcionarios a cada rato a molestar a mi familia ofreciéndole becas, dinero, terrenos, como si esto fuera un negocio. Que nos dejen de presionar, de amenazar, de atacar. Yo temo por la vida de mis hijos”, dijo Máxima en Cajamarca, sumamente afectada por este último atentado contra su hijo Daniel.

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / GRUFIDES / Noticias SER

Fotos: Ministerio de Justicia / GRUFIDES

TRAS MOSTRAR PREOCUPACIÓN

Durante su 159º Período Ordinario de Sesiones, los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron al Estado peruano a mantener un diálogo con la Sociedad Civil en cuanto a la existencia de los convenios de seguridad privada entre la Policía Nacional y las empresas mineras que operan en el Perú.

En presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, la CIDH mostró su preocupación por la existencia de estos convenios que han agudizado los conflictos socioambientales, así como la criminalización de la protesta social a causa de los mismos.

Es por ello, que durante la Audiencia General “Política del estado peruano en materia de derechos humanos” solicitaron al Estado peruano y a los representantes de la sociedad civil, a seguir informando a la Comisión sobre la evolución de ambas problemáticas.

Convenios PNP en la mira

El encargado de exponer sobre los convenios de seguridad privada que la Policía Nacional mantiene con las empresas mineras, fue David Velazco, director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz).

davidvelazco CIDH

En este punto señaló que lo más grave es cuando la Policía Nacional del Perú (PNP), en aparente cumplimiento de su función pública de control del orden interno en los conflictos sociales, ejerce represión –que suele ser brutal- no sólo bajo la dirección de su comando sino, también, de la Gerencia General o Gerencia de Seguridad de las empresas extractivas.

“Se está produciendo es un fenómeno de “delicadísima privatización” de la Policía al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero e hidrocarburos. Ya se habla de la mercerización de la fuerza pública en favor de la defensa de los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales”, aseveró ante la comisión.

Aquí también precisó que el Estado peruano ha dado facilidades y apariencia constitucionalidad a la intervención de las fuerzas policiales, con la aprobación de normas de jerarquía legal que, aunque prohíben servicios de seguridad privada por parte del efectivo policial -de manera personal- ratifican la excepcionalidad de los contratos de servicios de seguridad privada brindados por la policía a empresas privadas (Decretos Legislativos N° 1148, 1213 y 1230).

Es por ello que, Fedepaz solicitó que la CIDH exhorte al Estado Peruano a revisar y derogar las normas que criminalizan la protesta social, así como a establecer una política pública de protección a los defensores de derechos humanos que sigue pendiente desde el sector Justicia.

Ministra responde

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A su turno, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, señaló que el tema de los contratos de seguridad privada estaba siendo revisado por el Estado peruano en el contexto de lo que debe ser la responsabilidad social empresarial y en la línea de los principios voluntarios por parte de las empresas para respetar los derechos humanos. Para Fedepaz, con esto, Pérez Tello dio a entender que dichos convenios quedarían sin efecto.

Criminalización de la protesta

En cuanto a la criminalización de la protesta social alrededor de los conflictos socioambientales en el Perú, Velazco Rondón mencionó que tiene como base: el uso indiscriminado de la fuerza policial y militar, la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los dirigentes de las protestas, campañas de difamación a los defensores de derechos humanos, y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización.

Al inicio de su intervención, el abogado explicó que la política sistemática de criminalización por parte del Estado, se va manteniendo gracias a medidas legislativas como la Ley N°30151 (Modificatoria del artículo 20° del Código Penal), que permite la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos; así como el Decreto Legislativo N° 1095, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno con –o sin- declaratoria del Estado de Emergencia por parte del Ejecutivo.

Nueva normativa de represión

David Velazco también señaló que el derecho penal se sigue utilizando como principal instrumento de criminalización, y citó como ejemplo la reciente aprobación del Decreto Legislativo No. 1245 que aumenta injustificadamente las penas en delitos como daño agravado, hurto agravado, etc. Tipos penales que normalmente son empleados para iniciar procesos penales a quienes participan en las protestas sociales.

La CIDH ha publicado el video de la sesión en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-y9qCTz7fgA

DATOS:

  • Fedepaz participó en la Audiencia General convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Política del Estado Peruano en materia de derechos humanos”.
  • El Estado Peruano estuvo representado por la Dra. Marisol Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la sociedad Civil estuvo representada por una delegación integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, PROMSEX y Fedepaz.
  • La audiencia tuvo lugar de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. en la Ciudad de Panamá, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones.

Fuente: Fedepaz

Fotos: Captura YouTube CIDH

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