DETERMINÓ 19 INFORME OCM

  • Región macrosur sigue concentrando mayor parte de conflictos socioambientales del país (34%)
  • Se recomienda derogar convenios entre las mineras y la PNP para evitar mayores fricciones con la población

El director del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), José de Echave, consideró el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe discutir en serio -y a fondo- sobre qué tipo de institucionalidad y políticas públicas necesita el Perú para hacer frente a los conflictos sociales.

Durante la presentación del 19 reporte del OCM, se evidenció en que aún no se tiene una Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad fortalecida, que pueda orientarse a implementar el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos que PPK propuso en su plan de gobierno.

“Se requiere un Sistema Nacional con alta capacidad de prevención y nula letalidad. De igual manera, un refuerzo de la institucionalidad y presencia del Estado en todo el territorio donde exista conflictividad, así como una buena coordinación multisectorial”, puntualizó De Echave.

Asimismo, recordó que es fundamental que se desarrolle un claro enfoque de derechos que tome en cuenta que los territorios en los cuales se producen los conflictos no son territorios vacíos; hay comunidades y pueblos indígenas con derechos que deben ser respetados.

Adelanto social “atrasado”

OCM19 1

El también exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, señaló que, en el trancurso de esta gestión, sigue predominando el enfoque del “adelanto social”. Propuesta que está presente en el plan de gobierno como la gran solución a la conflictividad socioambiental en el país.

“Aún no se entiende desde el Estado que los conflictos son multidimensionales y con variables, no solo económicas, sino sociales, culturales, y ambientales. Además, este instrumento ya ha sido utilizado en el periodo 2006 y 2011 durante el súper ciclo. Si bien hubo recursos, no se solucionó el problema y los conflictos aumentaron”, especificó.

De Echave comentó que la aplicación del “adelanto social” ya es evidente en el caso de Las Bambas, con la diferencia que el proyecto minero ya está en marcha.

“Este “adelanto social atrasado” de “Cotabambas competitiva”, incluye infraestructura y servicios públicos; entidades productivas; educación y salud; acompañamiento, control y monitoreo. Sin embargo, la agenda que la población plantea tiene que ver con derechos humanos, medio ambiente, desarrollo sostenible, y responsabilidad social que tiene que ver con el comportamiento de la empresa”, recordó.

Criminalización

OCM19 2

Mirtha Vásquez, directora del Grupo de Intervención y Formación para el Desarrollo Sostenible (Grufides), se refirió a las nuevas disposiciones legales sobre detención de personas, que ahora ha cambiado con un decreto supremo. “En contexto de conflictos socioambientales, detener a una persona hasta 15 días, puede resultar grave”, indicó.

En ese sentido, Vásquez dijo que la política de criminalización se viene profundizando con la persecución, encarcelación de líderes medioambientales, a quienes se les impone las condenas por los delitos más graves del código penal. “Esta es una clara muestra de que el gobierno puede dar lecciones, condenando un líder, y los demás no se atrevan a levantarse. Es una pedagogía del miedo”, alertó.

A su turno, David Velazco, director de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), comentó que la reciente promulgación del decreto N° 1245, pese a que la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, expuso sobre la política de derechos humanos ante la CIDH.

“Este decreto supone la sobre criminalización y el aumento de penas por delitos como hurto agravado, daños, que perjudicarán a quienes protestan, porque estos delitos son los que se utilizan para acusarlos”, puntualizó durante su presentación.

Convenios PNP-Mineras

Respecto a los convenios que mantiene la Policía Nacional con las empresas mineras, Velazco aseguró que aún se mantienen, como en el caso de Las Bambas.

Los Decretos Supremos N° 1213 y 1230 aprobados hace un año, junto con el Decreto Legislativo N° 1148, mantienen la posibilidad de los contratos de seguridad privada con la Policía. Se presta la fuerza pública, lo cual ha sido denunciado ante la CIDH en presencia de la ministra de Justicia, quien se ha comprometido a revisarlos”, manifestó.

Río Blanco

OCM19 3

De otro lado, Velazco advirtió que ante la presencia del proyecto Río Blanco, la situación de conflictividad en Piura podría recrudecer en los próximos meses. Comentó que, ahora que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le ha aprobado a Río Blanco, un plan de rehabilitación ambiental para los próximos 7 años, las comunidades se sientes desconfiadas y preocupadas.

“Al no ser consultadas, las comunidades estiman que con esto el Estado solo está ganando tiempo para ingresar a sus territorios y que, en la práctica, la empresa solicite ampliaciones para realizar exploración y –hasta- explotación minera”, agregó.

También informó que las comunidades han comenzado a organizarse y movilizarse para exigirle al Estado que se respete la decisión del 97% de la población que, por el año 2007, pidió el retiro de la empresa Río Blanco, y se impulsen actividades como la agricultura y ganadería en sus territorios.

Las Bambas

Al referirse al caso del proyecto minero Las Bambas, De Echave comentó que no queda claro de qué manera es que la empresa MMG Limited atenderá el pedido de modificar el EIA de Las Bambas a marzo del 2017.

“Hay que recordar que una modificación del EIA puede darse por pedido de la empresa o por exigencia del OEFA. Hasta donde tenemos entendido no se ha dado ninguno de estos casos. No se sabe cuál será mecanismo legal que se está utilizando para cambiar un EIA en tres meses, y que además ha sido modificado 6 veces en 2 años”, advirtió.

DATOS DEL OCM

  • 34% de los conflictos están ubicados en el sur, en el norte 28%, en el centro 22%. Siendo Apurímac, Áncash, Cusco, Puno y Cajamarca las zonas de mayor concentración.
  • El Marco Económico Multianual ha proyectado un crecimiento para la Minería del 20% durante el próximo año. Sin embargo, en el crecimiento del país se proyecta alrededor del 7% que no es muy alto.
  • El aporte tributario ha ido cayendo de manera sostenida en estos últimos años, hasta llegar apenas al 4%, en lo que se refiere a impuesto a la renta, y un poco más del 5% de tributos internos en total. En el año 2007, el impuesto a la renta por recaudación minera, llegaba al 50%.

Fotos: CooperAcción / OCM Perú

EN GOBIERNO DE PPK

Durante la presentación del 18°Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Péru), que impulsan CooperAcción, el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) –miembros de la RED MUQUI–, el economista y exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, expresó su preocupación sobre la tendencia de desregulación y contrarreforma que desde hace varios años viene afectando la institucionalidad del sector Ambiente, y que formará parte de las políticas del gobierno entrante de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado por varios periodistas, el representante de CooperAcción, refirió que hasta el momento, en el Perú no se ha podido conseguir una gestión ambiental fortalecida, transversal y que sea transectorial, sin restarle autoridad al Ministerio del Ambiente (Minam), así como a todos sus organismos adscritos como la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante. En su plan de gobierno parten de la idea de que los conflictos sociales se pueden solucionar con una inyección económica (“adelanto social”); sin reconocer que los conflictos son multidimensionales que pueden tener también componente ambientales, sociales y culturales”, agregó De Echave.

En ese sentido, De Echave cuestionó que el gobierno de PPK tenga una voluntad política, tomando en cuenta que la propuesta de Peruanos Por el Kambio en materia ambiental está orientada a temas específicos como la minería ilegal, que si bien es importante, poco se podrá hacer si no se refuerza la débil institucionalidad ambiental que deja Ollanta Humala. De igual modo, comentó que una eventual fusión de ministerios, sería desfavorable para el sector Ambiente, el cual pasaría a ser una secretaría técnica.

“No solo es un escenario difícil por las leyes de los paquetazos ambientales y los decretos supremos que contraviene a la fiscalización ambiental, sino también porque existe la propuesta de fusionar algunos ministerios, como por ejemplo, el ya voceado gran ministerio de los Recursos Naturales y de Ambiente, en el que estarían los sectores Agricultura, Pesquería, Ambiente, Cultura y Energía y Minas, además de siete viceministerios”, indicó.

De Echave, dejó entrever que en este nuevo gobierno aún es incierto el desarrollo de las funciones del SENACE, que hasta el momento tiene funciones transferidas desde los sectores de Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones. Y que además tiene como jefe, a Patrick Wieland, quien antes de asumir este cargo, fue un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargado de “destrabar” las inversiones.

“Todo indica que no existe la voluntad de que el SENACE se convierta en un organismo fuerte”, remarcó.

Pendientes alrededor de los conflictos

OCM2016 2

Por su parte, Ana Leyva, directora de CooperAcción se refirió al paquete normativo que el gobierno saliente le deja a PPK, entre estos dispositivos, acotó que urge replantear el uso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) (D.S. N° 054) y evitar que los proyectos se modifiquen sustancialmente a través de esta vía, que toma tan sólo 15 días de tramitación y no cuenta con mecanismos de participación ciudadana. Es así que puso de ejemplo el caso del proyecto Las Bambas, donde el proceso de modificación que sufrió el proyecto en sí y su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se hizo sin informar a la población, lo cual ocasionó el estallido del conflicto en setiembre de 2015.

A su turno,  Mirtha Vásquez, directora de Grufides, reiteró que la situación que vive la región Cajamarca, la cual lleva 20 años de gran minería, es de resistencia sostenida al extractivismo; respecto a Conga, el rechazo se mantiene y esperan expresarlo una vez más a través de una movilización en las próximas semanas.

Comentó además que aún no se puede comprender por qué la Autoridad Nacional del Agua sigue aceptando actividades extractivas que tienen conflictos por agua. Recalcó también que instituciones como la suya buscan proteger los derechos de las comunidades, no promover conflictos ni incentivar actos delictivos, como se les acusa constantemente.

OCM2016 3

OCM2016 4

Para David Velasco, director de Fedepaz, expresó la preocupación por la criminalización de la protesta se mantiene latente.  Según el abogado, estas tres situaciones son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión que deja muertos y heridos.

La cifra de 50 muertos en conflictos sociales en los últimos cinco años la brinda una base de datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una.

Sobre el número de muertes Velazco señaló que "queda claro que a lo largo de este gobierno (Humala) no se respetó la vida".

Si bien reconoció que se mantienen vigentes procesos judiciales por criminalización que tuvieron su origen en hechos anteriores a la actual gestión, como el proceso por el caso Río Blanco, el abogado destacó que "la regla es que no existe a la fecha una resolución judicial firme en el país que establezca responsabilidad por actos de criminalización de la protesta".

Fotos: Jonathan Hurtado / SERVINDI

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Observatorio de Conflictos Mineros / SERVINDI

CONCLUYE INFORME 18 DE OCM

  • Contracción de la inversión minera se verá compensada por el liderazgo en la producción de cobre
  • Reducción de los aportes tributarios por las mineras marcará el nuevo escenario económico
  • Informe fue presentado por presentado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides 

 

En el 18º Informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM Perú) recorre la macro región norte, la zona central y, en especial, la macro región sur (Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ica, Puno, Tacna, Cusco)  que se ha convertido en el principal  destino de las inversiones mineras pero al mismo tiempo concentra el mayor número de conflictos sociales, especialmente en Apurímac  (23 casos).

En esta región destaca el proyecto Las Bambas-la mayor inversión minera en la historia del país que asciende a US$ 10,000 millones- donde se desarrolló un proceso de diálogo que avanza muy lentamente y sin concretar, manteniéndose en un estado de conflictividad latente.

Nuevo tema de conflictividad

El informe destaca la importancia del corredor minero que abarca las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, uniendo así las operaciones de los proyectos Las Bambas, Constanza y Antapaccay y culminando en el puerto de Matarani (Arequipa) por donde se exporta ya el 7,5% de la producción mundial de cobre y se ha convertido en el principal exportador de cobre de Sudamérica.

Sin embargo, el OCM Perú señala que la carretera que une este corredor minero, se ha convertido en un nuevo elemento de conflictividad y motivo de preocupación y malestar entre la población por los continuos accidentes de transporte de mineral y el despliegue de otras sustancias, por el polvo que se genera. Es por ello, reclaman obras de asfaltado para mitigar su impacto.

Sur Latente

En la provincia cusqueña de Espinar el conflicto con la minera Glencore-Xtrata aun se encuentra latente. La población se sigue exigiendo que el Estado peruano asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud de la población. Hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de determinar si la fuente de la contaminación es la minera, mientras la empresa sostiene que su origen es natural.

Mientras que en Arequipa, el anuncio de la empresa Southern sobre la espera de una supuesta la licencia de construcción para iniciar la ejecución del proyecto Tía María, generó tensión y convocó un paro en mayo de 72 horas que fue ampliamente respaldado.

Lo que deja Humala

El Gobierno de Humala cierra su gestión con un legado de más de 200 conflictos sociales sin resolver. A esto se suman la promulgación y adopción de normativas conocidas como “paquetazos ambientales” que han debilitado la fiscalización ambiental  y que también vienen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y suponen una amenaza a la propiedad comunal.

“El partido de PPK comparte el diagnostico de seguir desregulando en materia ambiental y social. El discurso de la tramitología está enraizado fuertemente en esta agrupación política. Continuar con esta política sería negativo y preocupante”, explicó José De Echave de CooperAcción.

En ese sentido, el reporte OCM Perú recuerda que durante las últimas elecciones presidenciales, ocho de las zonas que pueden considerarse mineras (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Puno, Moquegua y Tacna) apostaron - en primera vuelta-  por fuerzas políticas de izquierda (Frente Amplio y Democracia Directa) las cuales defendían un cambio de reglas en el sector, lanzando un mensaje de rechazo a la política de explotación de recursos.

“El planteamiento de PPK parece no entender que en Perú existen distintos tipos de conflictos: de resistencia a la minería, como podría ser Tía María”, y de coexistencia- que representan la mayoría de los mismos- , es decir, de población que no se opone a la actividad sino que demandan acuerdos para asegurarse de que no van a verse afectados por impactos ambientales, van a tener beneficios económicos y que se respete su cultura; como sucede en el caso de Las Bambas”, precisó De Echave.

Menores aportes tributarios

Respecto al aporte del sector minero en materia tributaria, esta ha ido disminuyendo durante los últimos nueve años. En el 2007, la participación de la minería en el Impuesto a la Renta fue del 50,9%; en 2010 el 32%; en 2012 el 25,7% hasta reducirse al 6,1% durante el 2015.

El OCM Perú da cuenta de que la SUNAT ha devuelto a las mineras más de lo que éstas han aportado al fisco Solo en 2016 (hasta el mes de marzo) la SUNAT ha devuelto a las mineras S/.1,694 millones, mientras que por tributos internos del sector minero ha recibido S/.1,037 millones, por lo que advierte que habrá que prestar especial atención al debate sobre políticas públicas y actividades extractivas.

En otra parte del Informe 18, se indica que la inversión minera se ha contraído por tercer año consecutivo, un fenómeno que no es exclusivo del Perú. La caída de los precios de los minerales ha provocado también que el valor de las exportaciones se haya reducido por quinto año consecutivo. Esta desaceleración también ha paralizado operaciones o suspendido proyectos por la menor inversión como Quellaveco, Los Chancas, Pampa de Pongo, La Granja y Michiquillay, entre otros.

MÁS DATOS DEL INFORME OCM

  • Arequipa ha desplazado del primer lugar de la producción de cobre a Ancash en lo que va de año, y se proyecta como una región donde se puede desarrollar una suerte de cluster metalmecánico.
  • Perú reporta uncrecimiento excepcional del PBI de la minería metálica por estos proyectos cupríferos, además de Toromocho, y la ampliación de Cerro Verde que representa el 24,33% de todo el cobre que se produce en Perú, superando a Antamina (Ancash); por ello se espera que estas operaciones dupliquen la producción de cobre al 2017, consolidando al Perú como segundo productor mundial.
  • En los últimos dos años se observa una tendencia de reducción del área concesionada a la minería, a nivel nacional. El 14,9% del territorio peruano está concesionado a la minería (casi 19 millones de hectáreas), mientras que en el año 2014 el 20,42% del territorio nacional estaba concesionado, y en 2013 (junio) se registraba un 21% de concesiones (es decir, 26 millones de hectáreas).

Fuente / Foto: Observatorio de Conflictos Mineros  / CooperAcción

  1. Últimas Noticias

Calendario

« Noviembre 2019 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30