CASO HUANCABAMBA

La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba solicitó una pena privativa de libertad de 25 años para los tres policías implicados en el presunto asesinato de dos campesinos, y el intento de homicidio de otros cuatro pobladores de la comunidad de Segunda y Cajas (Huancabamba, Piura), a la que ingresaron y reprimieron violentamente con armas de fuego en diciembre del año 2009.

Los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, fueron acusados formalmente por la Fiscalía de Huancabamba por haber quitado la vida a los comuneros Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y tratar de atentar contra la vida de Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara.

A principios de mayo la Segunda Fiscalía Superior Penal de Piura (Disposición No. 33) dispuso que se formule la acusación fiscal por los delitos de homicidio, así como por lesiones graves contra los comuneros. Ahora esta disposición fue acatada por la Fiscalía Provincial de Huancabamba.

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Recuento del caso
En noviembre del año 2009, ocurrió un extraño ataque al campamento de la empresa Río Blanco en el murieron tres personas. En respuesta, los directivos de la empresa se reunieron con el gobierno y el Primer Ministro Javier Velásquez, quien dispuso que se militarice la zona. En búsqueda de los responsables, se desplegaron contingentes policiales.

Es así que el 2 de diciembre del año 2009, campesinos del Sector de Cajas Canchaque de la comunidad Segunda y Cajas habían increpado a un grupo de 30 efectivos por ingresar a sus tierras sin la debida autorización comunal. En esas circunstancias, los policías optaron por reprimirlos con disparos, en lugar de actuar con prudencia y promover un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras. De esta forma causaron la muerte de los dos campesinos e hirieron de gravedad a los otros cinco.

Lamentablemente no se pudo evitar situaciones de violencia, ni recurrir a un diálogo con los campesinos que defendían su derecho a la inviolabilidad de sus tierras.

“El objetivo de este proceso es que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, sancionando con la severidad que la ley establece a los efectivos policiales que causaron la muerte de dos campesinos y atentaron contra la vida de otros cuatro, a quienes dejaron gravemente heridos, teniendo incluso que amputarle una pierna a uno de ellos para salvarle la vida, causándole una gravísima incapacidad física”, señaló David Velazco Rondón, Director Ejecutivo de FEDEPAZ y abogado de uno de los agraviados.

Fuente / Foto: FEDEPAZ

CASO MAJAZ

El Juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Huancabamba (Piura) resolvió unificar los dos procesos penales en los que se vienen investigando las presuntas torturas que sufrieron 28 campesinos dentro del campamento minero de Río Blanco, a cargo de la empresa Copper S.A. Esta decisión fue tomada ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, organización que representa a las presuntas víctimas.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba acumuló en un solo proceso los Expedientes No. 201-2013 y No. 30-2011, ambos correspondientes a investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que son señalados como presuntos responsables de los actos de tortura y secuestro agravado, presuntamente cometidos contra los comuneros que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco en agosto del año 2005.

Según testimonios de los supuestos agraviados, entre los días 1 y 3 de agosto de 2005, estuvieron cautivos dentro del campamento minero donde fueron víctimas de tortura por parte de la Policía en conjunto con funcionarios y trabajadores de Río Blanco Copper S.A., así como de la empresa de seguridad privada Forza.

Algunas de las vejaciones física, además de las psicológicas, los pobladores denunciaron que les vendaron los ojos y fueron llevados a un matadero de reses, en otro momento fueron cubiertos con bolsas tipo costal y se les roseó gas lacrimógeno, y hasta se denunció maltratos contra mujeres que estaban en dicho grupo.

Una de las investigaciones penales es seguida contra dos coroneles y otros doce miembros de la Policía Nacional del Perú, sobre quienes pesa una acusación fiscal en la que se solicita 10 años de cárcel por el Delito Contra la humanidad – Tortura. La segunda, se sigue contra dos generales y un comandante PNP, para quienes la fiscalía pide una imposición de 25 años de pena privativa de la libertad, por el mismo Delito contra la Humanidad – Tortura Agravada, y al que se le suma el Delito contra la Libertad Personal – Secuestro Agravado.

Al respecto, FEDEPAZ considera que la acumulación de las dos investigaciones penales en un solo proceso judicial (Expediente No. 30-2011) constituye un gran paso en la lucha contra la impunidad en las violaciones de derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad.

De esta manera, la organización miembro de la RED MUQUI refiere que se estaría evitando la posibilidad de emisión de sentencias contradictorias sobre un mismo crimen. Asimismo, FEDEPAZ se reafirma en la necesidad de que se haga justicia a las víctimas y se les repare de forma integral.

Esta unificación de procesos de un caso común, permitirá una investigación más efectiva para que se sancione a todos los responsables de esta brutal agresión a los citados campesinos quienes ejercían su derecho a la protesta social, a la defensa de sus tierras, y a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, bajo el modelo de desarrollo local que ellos han elegido.

Frente a estos casos de violación a los derechos humanos por actividades extractivas, FEDEPAZ considera necesario mejorar los marcos normativos del sector minería para que las empresas se vean realmente obligadas a respetar los derechos de las personas, especialmente, a los pueblos indígenas.

 

Fuente: FEDEPAZ

Foto: CNDDHH

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