Desde hace casi tres décadas, los conflictos sociales relacionados con la explotación minera en nuestro país han ido creciendo en número e intensidad. Los que son provocados por la presencia de la minería representan el 64% de todos los conflictos sociales del país (que a su vez ocupan el 66% de la totalidad de los conflictos nacionales)[1]. En este contexto, una fuerte preocupación por los riesgos que la actividad minera genera hacia la salud humana y ambiental ha ido aumentando entre las comunidades indígenas, campesinas, y población en general. Estos riesgos se multiplican con la proliferación de la minería informal e ilegal que tienen menor control por parte del Estado. Las actividades mineras ilegales e informales se relacionan en la mayoría de los casos con la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), conducida por individuos, grupos o comunidades que extraen pequeñas cantidades de mineral al día, utilizando poca tecnología y maquinaria.  

El día de hoy 27 de setiembre se ha producido la muerte de un joven en el cerro el Toro, que se ubica en la provincia de Huamachuco, sierra de La Libertad; producto de los derrumbes causados por la minería ilegal. Huamachuco viene siendo escenario de protestas frente a los problemas que genera la minería informal en las comunidades desde hace varios años. A inicios de año, también, se produjo el asesinato de un dirigente del Frente de defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián de Suyo en Piura, producto de las disputas entre la minería informal e ilegal. El día de ayer, jueves 26 de septiembre, se acaba de realizar una movilización en Cajamarca producto de la contaminación del Valle de Condebamba por la minería formal e informal; el segundo valle productor de nuestro país. Asimismo, en Ancash, la minería informal sigue proliferando en Pallasca y Chacas y queriendo entrar a la comunidad de Vicos, perteneciente al parque nacional de Huascarán; obteniendo el rechazo de la comunidad. En Madre de Dios, que es el lugar más enfocado por los medios de comunicación, la minería illegal sigue operando en lugares donde no hay presencia policial. 

Entre los factores principales que han empujado la proliferación de la minería ilegal e informal, sobre todo entre los mineros artesanales y de pequeña escala, se encuentra la baja oportunidad de empleo y de ingreso económico de las poblaciones que viven en las regiones donde hay minería informal e ilegal.

Agregado a ello, en este último mes se acaba de aprobar el aplazamiento hacia el 2021 de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera para que los mineros artesanales y pertenecientes al segmento de pequeña minería, puedan iniciar el proceso de formalización. No obstante, dar respuesta a la realidad de la minería informal en nuestro país requiere de una respuesta integral. En el Foro que estamos organizando contaremos con la participación de representantes regionales, del Estado y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales (FENAMARPE). 

Día: miércoles 2 de octubre de 2019
Hora: 9am - 1pm

Lugar: Auditorio Alberto Andrade del Congreso de la República. Av. Abancay 151, Edificio Juan Santos Atahualpa.

[1] Defensoría del Pueblo, Julio 2019, pp. 19, 21.  

 

PUESTO: SECRETARÍA EJECUTIVA

¿Quiénes somos?

Somos una red de 29 instituciones de 11 regiones del Perú, que desde el año 2003, actuando local, regional, nacional e internacionalmente, defiende y promueve el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de comunidades y poblaciones, así como el desarrollo sostenible en situaciones en las cuales se pretende realizar y/o se vienen realizando actividades mineras abordando sus implicancias sociales, ambientales y culturales.

 

¿Qué labor realizamos?

Nuestro trabajo comprende procesos de reflexión, propuestas, comunicación e incidencia, de modo tal que se alcancen los mayores acuerdos y la legitimidad social posibles que sustenten prácticas de actores sociales relevantes y la implementación de políticas públicas favorables a la justicia social y ambiental. En nuestro quehacer es fundamental el acompañamiento a las organizaciones sociales, comunidades, pueblos y poblaciones en sus procesos de empoderamiento, autonomía y fortalecimiento de capacidades.

Para cumplir con nuestros fines institucionales:

  • Ponemos en práctica un modelo de gestión descentralizado que promueve la cooperación entre sus integrantes y la sostenibilidad económica de la red.
  • Apreciamos de modo especial el potencial de interaprendizaje y fortalecimiento de capacidades que la red ofrece a sus integrantes.
  • Asumimos como enfoques de trabajo las perspectivas participativas, la equidad, género, generación e interculturalidad.

Nuestros objetivos estratégicos institucionales proyectan:

  1. Fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de la Red Muqui, sus capacidades de reflexión, generación de propuestas y acción trabajando de forma descentralizada y articulada.
  2. Promover reformas institucionales, políticas públicas y buenas prácticas de actores sociales relevantes en lo relacionado a la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por actividades mineras considerando estándares sociales y ambientales internacionales.
  3. Promover conjuntamente con sus miembros la realización, extensión, articulación y visibilización de experiencias de desarrollo social, económico y ambientalmente sostenibles, de forma que se conviertan en alternativas consistentes capaces de desafiar al modelo extractivista y ganar aceptación y apoyo activo de organizaciones sociales y la opinión pública.
  4. Fortalecer capacidades de los actores locales y sus organizaciones para que intervengan estratégicamente con acciones y propuestas en la defensa y exigibilidad de sus derechos, de manera que puedan poner en práctica sus proyectos de vida y contribuir a un modelo de desarrollo alternativo y democrático.

¿Qué labores cumple la Secretaría Ejecutiva?

El/la Secretario/a Ejecutivo/a es el encargado/a de velar por el buen funcionamiento de Red Muqui, de gestionar los planes y de operativizar las directivas del Consejo Directivo y de la Asamblea, a quienes rinde cuentas. Desempeña la representación legal, la administración y gestión ordinaria de la Red, siendo el cargo de confianza más de más alto nivel.

 

Duración del cargo

El cargo de Secretaría Ejecutiva se ejerce por un período de dos años, y es posible sólo una reelección inmediata.

 

Perfil del puesto de Secretaría Ejecutiva y experiencia requerida Educación

-       Formación universitaria en Ciencias Sociales, Derecho, Comunicaciones o afines.

-       Formación y conocimiento de la problemática minera, socio ambiental y de comunidades campesinas en el Perú.

 

Conocimientos especiales

-       Manejo de Microsoft Office e internet.

-       Buena redacción, presentación de informes

Características especiales

  • Gran integridad moral, identificado/a con las demandas de la población afectada por actividades mineras y con las aspiraciones de cambio del modelo económico extractivista, economías solidarias y alternativas de desarrollo, que pueda representar con un alto perfil a la Red Muqui en diversos espacios en situaciones de conflicto y coyunturas adversas.
  • No tener antecedentes penales, laborales o administrativos que impliquen acciones delictivas, de violencia, corrupción y omisión a la asistencia familiar.
  • Experiencia de fortalecimiento de articulaciones macro-regionales con acompañamiento permanente.
  • Disponibilidad de viaje permanente.
  • Disponibilidad permanente para la atención de situaciones de crisis
  • Apertura para la escucha, el diálogo, el trabajo permanente de reflexión sobre los procesos de las organizaciones de base como de las instituciones que conforman la red.
  • Habilidad para analizar de forma permanente la coyuntura política del país y de la región, así como manejo de estrategias políticas de cara al Estado;
  • Capacidad de trabajo articulado con las diversas macro-regiones con una visión clara del trabajo en equipo y de manera multidisciplinaria.
  • Análisis técnico y político de planes, normas jurídicas, resoluciones y otras políticas públicas vinculadas con la minería, el agua y la gestión de territorios
  • Capacidad de promover el posicionamiento internacional de la Red Muqui con sinergias de instituciones, universidades, organizaciones internacionales en espacios políticos fundamentales (Unión Europea, Naciones Unidas, CIDH, entre otros)
  • Cercanía importante a las instituciones que conforman la Red Muqui en la actualidad, así como a las demás organizaciones de la sociedad civil del amplio movimiento de derechos humanos en el Perú
  • Habilidades para la recaudación de fondos en un entorno adverso de las financieras internacionales
  • Habilidades organizacionales y administrativas, manejo de tecnologías de la información, internet y redes sociales.
  • Capacidad de impulsar la incidencia de Red Muqui en espacios de interrelación con otras redes, e instituciones públicas y privadas.
  • Buena expresión verbal y escrita.

Experiencia previa

  • Mínimo 3 años ejerciendo funciones de Secretaría Ejecutiva y/o dirección en instituciones afines a Red Muqui.
  • Preferible conocimiento de la labor y funcionamiento de la Red Muqui
  • Incluir referencias de al menos dos experiencias de trabajo previas.

Lugar y horario de trabajo

  • Se trabajará la jornada laboral establecida por las leyes laborales vigentes.
  • El centro de trabajo se encuentra en Lima, pero debe tener disponibilidad para viajar al interior del país y al extranjero.

Condiciones de la contratación

-       Beneficios sociales de acuerdo a ley

-       Contrato a plazo fijo por dos años

-       Disponibilidad inmediata y a tiempo completo

-       Disponibilidad de viajar al interior del país y al extranjero según la necesidad lo requiera, incluso en días de fin de semana, feriados y a zonas de altura.

Proceso de selección

Las personas interesadas, deben enviar su Curriculum Vitae y una carta de motivación del interés por postular, incluyendo sus pretensiones salariales, hasta el sábado 31 de agosto a horas 11:59 pm. Indicando en asunto: SECRETARIA EJECUTIVA RED MUQUI a la cuenta de correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Única y exclusivamente ingresarán al proceso de selección los CV enviados por ésta vía y en el plazo indicado. El proceso de selección estará a cargo del Comité Evaluador responsable para dicho fin.

Términos de Referencia by prensamuqui on Scribd

Más de 7 mil pobladores de los diferentes distritos de la provincia de Candarave: Camilaca, Cairani, Huanuara, Quilahuani, Curibaya y Candarave; llegaron a la capital de la región Tacna en marcha de sacrificio, para exigir que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anule las licencias de uso de agua a Southern; empresa que viene extrayendo el agua de las lagunas Aricota y Suches – que se vienen secando-, y también el agua subterránea. Southern tiene licencias de uso de agua en la provincia desde hace 59 años, y actualmente utilizan el agua para sus proyectos de extracción de cobre de Toquepala en Tacna; y Cuajone, en Moquegua. Esta es la segunda movilización, pero ya no en la provincia de Candarave, como lo fue el 1 de julio; sino en la capital de Tacna.

La movilización fue encabezada el Presidente de la Junta de Usuarios de los Recursos Hídricos de Candarave, Abdy Chambilla Joaquín, quién señaló que exigen la devolución del recurso hídrico. “La parte alta de los nacientes del río Callazas están secos, no hay vegetación y ya no hay laguna de vizcachas”. Agregó: “el problema es que el gobierno saca resoluciones sobre el recurso hídrico otorgándole el recurso a la empresa Southern sin consultar a la población”. También encabezaron la movilización el alcalde provincial de Candarave, Rodolfo Nina, y los alcaldes distritales.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA)

En la actualidad no contamos con un inventario de recursos hídricos actualizado a nivel nacional. Desde la Red Muqui nos preguntamos: ¿Cómo la ANA puede otorgar las licencias de uso de agua para las actividades mineras sin saber cuánta cantidad de agua se dispone, y necesita Candarave y Tacna? Teniendo en cuenta los usos del agua que se deben priorizar según el artículo 36 de la Ley 29338 de Recursos Hídricos: para consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas; que son las actividades con las que las comunidades históricamente han generado su alimento e ingreso económico en Candarave.

Gobernador regional se compromete

La movilización se dirigió a la sede del gobierno regional para exigirle al presidente regional, Juan Tonconi, que se sume a la protesta y gestione la llegada del presidente Vizcarra a la provincia de Candarave. Al llegar la movilización a la sede del gobierno regional, el gobernador dio unas palabras comprometiéndose con la población: “nosotros somos del pueblo, nos debemos al pueblo. Por eso hoy más que nunca ratifico mi posición respaldando a cada uno de ustedes. El Pueblo de Candarave exige justicia hídrica y nosotros respaldamos ello. Coordinando con el alcalde provincial y los alcaldes distritales vamos a exigir al gobierno central para que haga una revisión de la licencia de uso de agua de la empresa minera Southern”.

Agregó que de ser posible viajaría hoy mismo a Lima para gestionar la reunión, y señaló que el problema con Southern ya ha traspasado regiones, haciendo alusión al conflicto en Islay por el proyecto Tía María. “Nosotros no debemos aceptar represión, no queremos autoritarismo, ni imposiciones. Tengan plena confianza que tienen un hermano más que no los va a abandonar. Los vamos a respaldar en su lucha”, finalizó.

Antecedentes de Souhern en Candarave

Desde el 2011 ya se alertaba esta situación al presentarse el informe de la Comisión de Balance Hídrico Regional de Tacna a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que señaló que las lagunas de Suches, Vizcachas y Aricota, “se encuentran en una inminente crisis hídrica”. El informe señaló que la laguna Aricota es “gravemente perjudicada por el proyecto minero Toquepala, de Southern”, porque usan el agua de la laguna para la generación de electricidad para el desarrollo del proyecto cuprífero. En ese entonces, se indicó que el descenso acelerado de la laguna era de más de 50 mts. Sin embargo, las autoridades del Estado no hicieron nada para preservar el agua y la empresa minera continuó utilizando el agua.

En los últimos meses los alcaldes de la provincia mediante carta notarial se reunieron con Southern después de estar exigiéndoles tratar el tema del agua de la provincia. Frente a la propuesta a la empresa minera para que otorgue 17 litros por segundo del agua que utilizan para un proyecto de agua en la provincia; la empresa no dio ninguna respuesta, dilatando el tiempo. Frente a estos hechos, los alcaldes y la Junta de Usuarios de Agua de Candarave decidieron reiniciar la protesta.

RED MUQUI se dirige la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

  1. Esta semana la Presidenta de la CONFIEP, María Isabel León anunció la presentación al Presidente Vizcarra de la “Agenda País” de dicho gremio empresarial.
  2. Nos preocupa que entre las prioridades exigidas como parte de su Agenda, CONFIEP haya planteado como “señal importante”, que el gobierno peruano otorgue la licencia de construcción al proyecto minero Tía María de la empresa mexicano-norteamericana Southern, antes del vencimiento del plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho proyecto, que se producirá el 31 de julio próximo.
  3. Denunciamos la evidente presión del empresariado nacional, en particular minero, para lograr la realización del proyecto Tía María, buscando una señal “de que la inversión va a ser protegida”, como se ha dicho desde CONFIEP. Ante ello, esperamos que el presidente cumpla con su declaración respecto de Tía María: “queremos que los proyectos se hagan fruto del consenso, no fruto de la imposición”.
  4. Debemos recordar que el rechazo mayoritario de la población del Valle de Tambo de la provincia de Islay en Arequipa al proyecto minero lleva ya 10 años. Se trata de una lucha legítima que se centra en la agricultura como opción de desarrollo, la misma que aporta a la canasta familiar de las regiones del sur del Perú, dando empleo y siendo respetuosa del ambiente y la naturaleza.
  5. Por ello la población del valle de Tambo se expresó en setiembre del 2009 en una consulta vecinal, con un 97% de los votos válidos en los 6 distritos de la provincia de Islay, rechazando el proyecto minero Tía María y cualquier otro proyecto que implique un riesgo para el valle y la cuenca del río Tambo.
  6. Los riesgos han sido demostrados. Las 136 observaciones al primer EIA del proyecto minero que realizó la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS nunca fueron resueltas debidamente. El nuevo EIA no consideró en su audiencia pública la participación de los agricultores afectados del valle, no se les permitió participar. Las observaciones presentadas al uso del agua de mar con la planta desalinizadora, el impacto sobre aguas subterráneas (con un estudio hidrogeológico deficiente, como lo demostraran expertos internacionales), el impacto del polvo (por falla en la modelación de la dispersión del aire y el establecimiento de solo dos puntos de monitoreo), gases y vibraciones sobre el valle y la población, no fueron debidamente levantadas, ni rigurosamente sustentadas ante el MINEM ni tampoco en los debates realizados. Pese a ello fue aprobado.

Por todo ello, desde RED MUQUI consideramos que sería irresponsable otorgar la licencia de construcción, y con ella dejar expedita la autorización de inicio de operaciones de exploración al proyecto minero Tía María, lo que podría generar un nuevo y más grave conflicto social, que esperamos tampoco se resuelva con una eventual militarización. Si los verdaderos representantes de los pobladores y agricultores del Valle de Tambo aceptan el espacio de diálogo propuesto desde el Ejecutivo, este proceso no debe convertirse en una “negociación”, ni servir para “dar viabilidad” al proyecto, sino debe escuchar la razones por las que los agricultores no consideran viable el proyecto Tía María, no creen que la agricultura sea compatible con dicho proyecto, y recoger sus propuestas sobre la mejora de sus actividades económicas agrícolas y el futuro del Valle, y todo ello no puede estar condicionado a los días que quedan de vigencia del EIA del proyecto.    

Lima, 04 de julio de 2019

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA
AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS
A LAS AUTORIDADES DE LA REGION PIURA
A LA OPINION PUBLICA EN GENERAL

La comunidad campesina Apostol Juan Bautista de Locuto, las comisiones de regantes de San Lorenzo, organizaciones agrarias, organizaciones de la sociedad civil del campo y la ciudad del distrito de Tambogrande, ante el anuncio del actual gobierno a traves de pro inversión de dar inicio a las operaciones mineras en la zona de Locuto, ubicada a un kilómetro de Tambogrande en la margen izquierda del Rio Piura en el tercer trimestre del presente año, manifestamos lo siguiente:

  1. Respaldar firme y solidariamente, el pronunciamiento publico del alcalde del distrito de Tambogrande ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, en su decidido rechazo a la explotación minera en el caserío (ciudad) de Locuto-Tambogrande.
  2.  Desde nuestras bases ratificar la valides y vigencia de la consulta vecinal del 2 de junio del 2002, fecha en que conmemoraremos y celebraremos este año,  el 17 aniversario de la decisión libre democrática y soberana del pueblo de Tambogrande, que en un 98.5% dijo no a la explotación minera en nuestro distrito.
  3. Repudiamos y rechazamos la actitud autoritaria del gobierno que combinada a una estrategia mercantilizadora de las empresas mineras, pretenden comprar conciencias, engañando a la población con un falso desarrollo con la inversión minera, por que en ningún sitio de nuestra patria donde hay actividad minera hay desarrollo humano.

El valle de San Lorenzo, el pueblo y la margen izquierda de Tambogrande, unidos en una sola fuerza.

“el algarrobo no va”
El comité de coordinación.

Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica. 

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas#Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Lima, 31 de marzo del 2019

 

 

 

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COINCIDEN EXPERTOS EN CONADES

  • RED MUQUI y CooperAcción formaron parte de mesa principal sobre eje de modelo de desarrollo

Durante la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), expertos que participaron del eje de modelo de desarrollo, concluyeron en la necesidad de dar una mayor prioridad a las diversas actividades económicas y productivas para afianzar un crecimiento económico que sea sostenible, puesto que, el modelo de Economía Extractivista excluye a otros sectores y conlleva a una falsa noción de desarrollo que no contempla lo social y ambiental.

RED MUQUI y CooperAcción aportaron a estas conclusiones tras participar de la mesa “El modelo neoliberal y extractivista, su profundización y los paquetes legislativos, su impacto sobre los bienes y recursos comunes y la construcción de alternativas para un desarrollo alternativo”.

Falso desarrollo económico

José de Echave de CooperAcción expuso un análisis sobre las narrativas que, en estos últimos 15 años, han venido instalando el modelo extractivista en nuestro país, pese a que el sector de la minería ha sufrido la caída del precio de los metales.

El exviceministro de Gestión Ambiental remarcó que, si existen cifras positivas respecto a la expansión y a la producción minera, esto quiere decir la inversión en proyectos mineros haya aumentado.

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“La relación entre los precios de minerales y las inversiones mineras, es directamente proporcional. Y el Perú no es la excepción. El ‘súper ciclo’ de precios y el ciclo de expansión extractiva no es lo mismo, uno forma parte del otro, y esto último es lo que ha crecido en los últimos 25 años”, explicó ante CONADES.

A ello, De Echave agregó que las inversiones mineras a nivel global han caído en un 18.3%, mientras que en Péru, en un 10.2%. También mencionó que esta tendencia se mantiene en otros países como Estados Unidos (-56%), Canadá (-57%), México (-45%) y Chile (-32%).

Tras indicar que América Latina recibe el 28% de las inversiones en minería en el mundo, el representante de CooperAcción aclaró que el “milagro de la economía peruana” no es el resultado ‘exclusivo’ de una ‘fabulosa’ política interna, sino del periodo del súper ciclo de precios que hizo crecer a toda la región, entre el 2002 y 2012 con el disparo al alza de los precios de los metales.

De Echave señaló que, desde hace 5 años, la campaña sobre la existencia de una “tramitología” que –supuestamente- entrampa inversiones y contribuye a afianzar el modelo extractivista en el Perú. Es así que, el empresariado minero ha logrado presionar y rebajar exigencias “ambientales y sociales” mediante decretos legislativos y normas como los paquetazos ambientales. Además de conseguir beneficios tributarios.

“Hay un salto de producción minera, pero sin aporte tributario. La minería llegó a prepresentar casi el 50% del IR, y ahora es el 4%. El aporte tributario del sector minero viene a ser negativo por este mecanismo por devoluciones de IGV”, apuntó el Economista de CooperAcción.

A esto se suma, que el producto minero creció casi 20%, ahora con una mayor producción de cobre – a bajo costo- desde Las Bambas (Apurímac), Cerro Verde (Arequipa), Constancia (Cusco) y Toromocho (Junín).

“La minería forma parte de la matriz productiva del país, pero esta última debe ser diversa y sostenible. Se hace necesario pensar en escenarios de transición, y en cómo salir de este modelo extractivista –no extractivo- que alude a una extracción exacerbada y depredadora, que además afecta derechos. Se aspira a tener una lógica de extracción equilibrada”, puntualizó.

Extracción y derechos indígenas

Javier Jahncke, Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, cuestionó otro aspecto del modelo extractivista actual: la conflictividad social y la afectación de derechos territoriales de comunidades y pueblos indígenas.

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“Desde la actividad minera y el Estado, se ejerce una gran presión frente a los territorios de comunidades. Cuando se refieren a ‘calidad de vida’, solo se habla desde una perspectiva técnica de desarrollo. Una perspectiva en la que no todos los peruanos participan”, acotó.

Jahncke Benavente subrayó que en la región Lima existen unas 289 comunidades campesinas según base datos elaborada por el Instituto del Bien Común. A ello agregó que no se garantiza seguridad jurídica para las casi 10 mil comunidades campesinas (que ocupan el 50% del territorio peruano) ya que unas 4 mil no tienen título de propiedad.

“Si queremos proteger derechos o fortalecer perspectivas de desarrollo tenemos que tener instituciones ambientales fortalecidas para fiscalizar y supervisar, y otorgar seguridad jurídica de todos los peruanos, y que esto no esté al servicio de los poderes económicos”, enfatizó durant su exposición en la mesa sobre modelo de desarrollo.

La ‘maldición’ de los recursos naturales

El Economista Francisco Santa Cruz expuso sobre la paradoja que trae consigo la “bonanza” del modelo económico extractivista, sobre todo cuando este se ve golpeado por la baja en el precio de los commodities, y se desencadenan distorsiones políticas, mayor pobreza, inestabilidad institucional y desigualdad.

A todo, Santa Cruz lo denominó la “maldición de los recursos naturales”, aquella que sufren países ricos en estos, pero crecen a menor ritmo, bajan su productividad, tienen poblaciones empobrecidas y dan paso a procesos de alta corrupción.

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“Esta visión se intensifica minería, pues se produce volatilidad de precios, ingreso de divisas abundantes por altos precios que da lugar a una baja del tipo de cambio, y por ende a la baja en la competitividad de otros sectores. Y al cambiar el ciclo alto, viene una brutal reducción de ingresos fiscales que es lo que pasa en Perú en los últimos 2 o 3 años”, explicó.

En ese sentido, Santa Cruz expuso que, el generar economías de exportación minera se inhibe la diversificación productiva, se estanca el crecimiento, se anula la innovación tecnológica, se bloquea el surgimiento de nuevos sectores exportadores, y resalta la debilidad institucional, al impedir la capacidad de regulación de los Estados en el tema ambiental.

“La maldición es hacer de esos recursos naturales, una estrecha y absoluta dependencia sin capacidad de diversificar, es consecuencia de policías públicas y modelos de crecimiento. Los rubros de exportación primaria no han significado para el país un crecimiento y desarrollo sostenible de la población”, aseveró.

Convivencia de empresa y comunidades

De otro lado, el Economista Germán Alarco, profesor de la escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico, resaltó que el Perú necesita de la minería y los sectores extractivos ya que representan el 80% de divisas al país. No obstante, reconoció que contribuyen con poco en impuesto a la renta (IR), y se debe apuntar a que sean el elemento central para recaudación de impuestos y, así generar mayores ingresos fiscales.

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Asimismo, Alarco coincidió con RED MUQUI en trabajar caso por caso a partir de cada proyecto minero y evaluar el costo beneficio que estos traen a la población local donde se desarrollan.

“Hay que cambiar las condiciones de trabajo con las actividades extractivas, evidentemente hay que mejorarlas. Hay que llegar a fórmulas de entendimiento donde estas actividades sean aceptadas”, comentó.

Modelo sin gestión de riesgos

A su turno, Orlando Chuquisengo, de Soluciones Prácticas, aseguró que existe una relación directa entre la situación de riesgos, el escenario de cambio climático y las actividades extractivas. Todo ello, indicó, se debe en gran parte al modelo de desarrollo que estamos implementando en nuestro país.

“Tenemos desarrollo, pero con una economía extractivista, la minería y la industria maderera -que arrasa bosques- y ciudades que no se saben ubicar, obras que se construyen por cualquier lugar”, señaló.

El experto en enfoque de gestión de riesgos, recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar de desastres en Sudamérica, y el tercero de vulnerabilidad frente al cambio climático. Igualmente, dio cuenta que entre el 2013 y 2016 se registraron 61 mil emergencias en el país, según INDECI con 15 millones de afectados, más de un millón de viviendas destruidas, 2.1 millones de cultivos perdidos.

“Se calcula que necesitamos unos US$6 mil millones -por año- en medidas para reducir los riesgos de desastres en los próximos 15 años. En el 2016 ha sido uno de los daños más costosos debido a los desastres, con US$175 mil millones, después del año 2012 en el que se llegó a US$180 mil.

DATO:

El objetivo central de CONADES es elaborar propuestas de políticas públicas orientadas a poner la economía y el estado al servicio de las personas. Desde su formación se realiza una conferencia con una problemática específica, acumulando conocimiento, propuestas programáticas y articulación con el movimiento social.

Fuente / Fotos: RED MUQUI

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DERECHOS HUMANOS

  • Ello parte del gobierno de Canadá desde la política “Open for justice”

RED MUQUI estuvo entre las organizaciones que respaldaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en decisión de designar -a futuro- a un Defensor de Derechos Humanos que se encargaría de atender a las personas afectadas por compañías petroleras, gasíferas y mineras canadienses en el extranjero.

Es así que la RED MUQUI, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Nacional de Centros (ANC), manifestó su apoyo a esta iniciativa de “Open for Justice” del Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

“La creación de este Defensor permitiría una mejor gestión del impacto de las empresas canadienses en el mundo y brindaría una instancia a las personas afectadas desde sus respectivos países”, enfatizaron las organizaciones peruanas en la carta dirigida a Trudeau.

A ello agregaron que la existencia de una instancia que atienda denuncias de violaciones a los derechos humanos por responsabilidad empresarial en el sector extractivo, significaría un paso fundamental en la ‘justiciabilidad’ internacional de los derechos humanos, además de un efecto positivo en la reputación del sector extractivo canadiense.

Recomendaciones a Canadá

En la misiva, RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC, formularon algunas recomendaciones al gobierno canadiense en torno a esta nueva instancia.

La sociedad civil peruana consideró indispensable que la oficina del eventual Defensor de Derechos Humanos, debe mantener total independencia del gobierno y de las empresas del sector extractivo, cuya participación también debería ser obligatoria.

Asimismo, las organizaciones peruanas comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos, sugirieron que esta oficina posea facultad de investigar las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, así como evaluar que las empresas extractivas cumplan con un conjunto de estándares, de esta manera se podrá determinar si se ha ocasionado el daño alegado.

En otro punto, se exhortó a que se pueda llevar un proceso transparente que incluya la publicación de un informe público final con recomendaciones desde las empresas y el gobierno.  Luego de ello, sería necesario hacer un seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de todas las recomendaciones. A ello se suma la recomendación de prever la posibilidad de que las empresas se vean limitadas en recibir apoyo del gobierno canadienses, en caso de no cumplirlas.

Para todo ello, la sociedad civil peruana indicó que estas recomendaciones se realizar en base al proyecto de ley The Global Leadership in Business and Human Rights Act: An act to create an independent human rights ombudsperson for the international extractive sector, elaborado por Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

Referencias

RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC también dieron cuenta sobre las graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales por parte de las industrias extractivas en nuestra región.

Para ello citaron el estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, que realizó el Grupo de Trabajo sobre Minería y Medio Ambiente en América Latina.

 

En dicho documento se analizaron veinte proyectos extractivos que pertenecían a empresas con casas matrices en Canadá, de ello se constató que, en cuatro de estos, hubo vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo.

Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf

 

Fuente: Carta dirigida al Primer Ministro Justin Trudeau, sobre llamado para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero.

Foto: Thisisinsider.com

  • ¿Se fortalecerá el rol del Minam como ente rector en materia ambiental? ¿Cómo piensan garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales?

Las 125 organizaciones de la sociedad civil integrantes del Colectivo de Plataformas para la Gobernanza Ambiental y Climática solicitaron al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, que sus representantes puedan participar como veedores en el proceso de transferencia de gobierno, y así facilitar la identificación de los ejes claves en la agenda ambiental y climática de la nueva gestión, que recoja las prioridades propuestas por la sociedad civil organizada. Dichas organizaciones han venido desarrollando durante décadas acciones de educación ambiental, promoción de tecnologías “verdes” y de promoción de la transparencia gubernamental. Esta experiencia constituye un aporte valioso con miras a iniciar un trabajo en conjunto y fructífero con la nueva gestión.

Para el Colectivo de Plataformas, uno de los requisitos para mejorar la gobernanza ambiental es el fortalecimiento de la institucionalidad, en este sentido, manifestaron su preocupación por el futuro del sector ambiental. En julio de 2015, Pedro Pablo Kuczynski dijo “Sería mejor que cada sector tenga una secretaría y que las secretarías estén coordinadas en no más de unos 10 ministerios”. Al respecto el Colectivo de Plataformas señala que el Ministerio del Ambiente, permite que el país cuente con una Autoridad Ambiental definida y ordena las funciones previamente dispersas entre varias instituciones. Recordemos que el antiguo Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) no tenía el peso político ni las facultades suficientes para garantizar una adecuada gestión ambiental.

Asimismo el Colectivo de Plataformas preguntan al presidente electo ¿Cómo piensan garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales como los capítulos ambientales de los TLC o el Acuerdo climático de París, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) entre otros?. El Perú ha logrado un rol de liderazgo en las negociaciones internacionales para enfrentar el cambio climático, y también ha tenido un rol protagónico en el desarrollo de ODS.

Finalmente en relación a las Contribuciones Nacionales presentadas por el Perú ante las Naciones Unidas, que comprometen al país a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 30% al 2030 y a implementar acciones de adaptación al cambio climático, el Colectivo de Plataformas pide al gobierno de Kuczynski cumpla todos los compromisos ambientales.

ppktransferencia

DATO:

Seis Plataformas de la Sociedad Civil (Grupo Perú COP, Movimiento Ciudadano ante el Cambio Climático - MOCICC, Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, Propuesta Ciudadana, Red Ambiental Peruana-RAE, Asociación Nacional de Centros-ANC) que representan a 125 organizaciones integran el Colectivo de Plataformas. Su objetivo es velar por el cumplimiento de los acuerdos climáticos asumidos por el Perú, por una gestión climática y ambiental transparente, participativa, sostenible y equitativa.

CIFRAS:

  • Al año 2014, el 64 % de las emergencias registradas a nivel nacional correspondieron a eventos de origen climático.
  • A nivel nacional se han perdido 42,64 % de superficie glaciar con respecto a lo registrado en el año 1970 (cerca de 871 km²). En algunas cuencas como la del río Santa, se espera que los estiajes sean cada vez más largos y severos.
  • El 15 % de las áreas naturales protegidas del país, bajo las condiciones de exposición y capacidad adaptativa actual, tendrán una alta vulnerabilidad al cambio climático y el 62 % de las ANP tendrá una vulnerabilidad media.

 

Fuente de datos y cifras: El Perú y el Cambio Climático: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Fotos: Agencia Andina / Cuenta de Twitter de Mercedes Aráoz


SOBRE CASO TÍA MARÍA

• Periodista insiste en que fiscalía señaló a RED MUQUI como financista de “huaraqueros” durante protesta en Islay
• Diario El Comercio tuvo que publicar resolución completa del Consejo de la Prensa Peruana


El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), resolvió que la periodista Cecilia Valenzuela presentó información inexacta sobre RED MUQUI, luego de determinar que la investigación fiscal (N°15060156000-2015-03-0), referida a los hechos de la protesta de Islay (Arequipa), en ningún momento concluye que RED MUQUI financió a grupos violentistas y fue cómplice de extorsión, tal como la columnista afirma en su artículo “La filiación política de la mafia de las lentejas” (miércoles, 14 de octubre del 2015).

“En dicho documento oficial no aparece la supuesta acusación contra la RED MUQUI, con lo que se está ante datos inexactamente consignados en la columna materia de la queja”, resolvió el Tribunal tras evaluar la queja de RED MUQUI, y de revisar la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR. De esta manera se declaró fundada la queja que RED MUQUI presentó en contra de la periodista y del diario El Comercio por esta publicación.

No se atenta contra la libertad de expresión
Como era de esperar, Valenzuela dedicó otra columna de opinión (“La tremenda corte”, miércoles 8 de junio de 2016) en contra del CCP, al asegurar que se está atentando con su libertad de expresión, además de continuar insistiendo en citar el documento fiscal y señalar a la RED MUQUI como financista de los “huaraqueros”.

En su Resolución N° 007-TE/2016 (25 de mayo del 2016), el CPP desestima estos argumentos y recalca que el artículo de Valenzuela no es equivalente a una “opinión” que puede ser contradicha por otra opinión, sino se trata de un caso de difusión de información inexacta en base a una fuente policial, sobre el que el Tribunal sí tiene competencia.

Mala intención
Cecilia Valenzuela tomó los resultados de una investigación fiscal, como si fuese verdad, para indicar que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa “…acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.

En su columna de opinión de octubre del año pasado, Valenzuela insiste en que RED MUQUI “…finge ser una genuina ONG ambientalista…” y que “…se pagaron los jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población arequipeña a someterse. Quemaron cultivos y casas; destruyeron el canal de agua con la que se riegan los campos de la Punta de Bombón, el local de bomberos de Cocachacra…(…) se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se asesinó, a golpes y pedradas a un policía…”.
Estas falsas afirmaciones que no tienen fundamento, fueron respondidas en su momento (octubre 2015) por el secretario general de RED MUQUI, Javier Jahncke. Para ello se envió una carta de rectificación al diario El Comercio en el que se solicitó un derecho a réplica para rechazar y desmentir las acusaciones ligeras de Valenzuela que vinculan a RED MUQUI con el delito de extorsión y complicidad con grupos violentistas.

Sanción a El Comercio
Si bien el diario decano cumplió en publicar una parte de la carta de rectificación de RED MUQUI (viernes 6 de noviembre de 2015), el Tribunal de Ética del CPP observó que “ésta se publicó recortada y seguida de la respuesta de la autora de la columna, lo cual contradice lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 3362-2004-AA/TC”.

Dicha sentencia señala que el medio de comunicación “no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental”. Es por ello que este 8 de junio, El Comercio cumplió con publicar –de manera íntegra– la resolución que da la razón a la queja presentada.

Posición de la RED MUQUI
En respuesta, a la resolución, a la columnista y al medio escrito, Javier Jahncke remarcó que la denuncia de RED MUQUI no busca “atentar contra la libertad de expresión y opinión.

“Buscamos que se informe con la verdad para no seguir con la teoría de la “conspiración” detrás de los conflictos, y más bien encontrar las verdaderas causas que están detrás, tal como: la marginación, el olvido histórico de nuestros pueblos, el diálogo abierto antes que la negociación, la atención a las agendas, demandas, preocupaciones y propuestas de las comunidades afectadas, bajo una perspectiva intercultural que considere sus propias nociones sobre desarrollo”, aseveró Jahncke.

Asimismo, recordó que la tarea principal de RED MUQUI responde al acompañamiento de comunidades y poblaciones que habitan en zonas mineras que confrontan muchos intereses económicos, a través de la generación de información y asesoramiento en tanto estas lo soliciten, y así buscar canales de diálogo para que hagan llegar sus demandas, preocupaciones y propuestas, con el fin de prevenir los conflictos.

Foto: Captura TVPerú

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