RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

Una vez más, este lunes 17 de julio se declaró como "desierta" la subasta pública del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina de cobre Cobriza, que estuvieron en titularidad de Doe Run Perú, cuya matriz es el Grupo RENCO de capitales norteamericanos.

Como se ha anunciado anteriormente, esta nueva postergación reduce -una vez más- el precio base de US$ 271.27 millones de dólares; es deicr, en un 15% para la próxima y última rueda del 26 de julio próximo. Con ello, igualmente se reducen los ingresos que la Junta de Acreedores -en donde el Estado está incluido- puede lograr.

Lamentablemente se insiste en facilitar un proceso de inversión que solo tiene una perspectiva económico-patrimonial y que no considera los graves impactos, a la vida y a la salud, que el funcionamiento del complejo metalúrgico ya ha generado, en una ciudad que se encuentra dentro del ranking de los diez lugares con mayor contaminación ambiental en el mundo, y en donde los niños han sido los más perjudicados –en un 90%- al haberse contaminado con plomo y otros metales.

En ese orden de ideas, resulta evidente que no hay una mirada integral de lo que implica la salud ambiental y humana en el Estado. No se asume -o no se quiere asumir- que ambas están directamente vinculadas, y que cualquier impacto ambiental por actividad extractiva (como la minero-metalúrgica) tiene consecuencias directas -o indirectas- en las personas.

Esto último se corrobora en el reciente decreto supremo que modifica los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Aire, de 80 a 250ug/m3 (24 horas), incremento que se realizó sin ningún sólido sustento técnico, por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM) y sin mayor coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA); todo ello con el claro objetivo de facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya y permitir otras operaciones que pueden ocasionar graves impactos negativos de carácter social y ambiental.

Al respecto, según lo ha señalado Monseñor Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, el propio Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Junín emitió en mayo  un comunicado en el que señala que “es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente para el dióxido de azufre el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud {OMS)". En repsuesta, las autoridades no han tomado en cuenta lo expresado por Monseñor Barreto, y más bien se han dedicado, conjuntamente con otras personas, a criticarlo e intentar demoler su honra.

Por ello, rechazamos la campaña iniciada contra el Arzobispo Barreto que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, como pastor de la Iglesia que representa, y como parte de la sociedad civil, una vez más se ha pronunciado sobre la contaminación en La Oroya, con fundamentos técnicos que lo avalan en su postura, y ha criticado la actitud del gobierno en este delicado tema.

Finalmente, exigimos a las autoridades nacionales, regionales y locales a priorizar la vida y la salud de las personas ante todo y, desde luego, cumplan con su deber de promover alternativas económicas sostenibles para todos los trabajadores y familias de la ciudad de La Oroya, que mejoren el desarrollo y la calidad de vida de la población, como sustento fundamental de cualquier decisión que tome el Estado con relación a este tema.

Lima, 19 de julio de 2017

"Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas.La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres" (Carta Encíclica Laudato Si', N° 20).

El 21 de julio del año pasado emitimos un comunicado "Posición de la Iglesia Católica ante la situación que vive Lo Oroya" y decíamos:

La Iglesia está preocupada por la grave disyuntiva que se plantea ante el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya -CMLO: la calidad de vida socio-ambiental o el trabajo remunerado, las ganancias de las Empresas y los impuestos que recibe el Estado. En ambos casos hay personas que se benefician, y otras que resultan afectadas.

La calidad del aire es esencial para la vida y la salud de las personas. Actualmente los pasivos ambientales afectan de manera especial a los niños.

• El proceso de venta del CMLO exige la adecuación de la calidad del aire a 80 ug/m3 para La Oroya, llo y Arequipa (Decreto Supremo N°006-2013 MINAM), pese a que en el resto del país la exigencia es de 20ug/m3 como nivel máximo de dióxido de azufre (Decreto Supremo N°003-2008 MINAM).

• Las exigencias ambientales no pueden flexibilizarse a favor de intereses económicos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Asimismo, la preocupación laboral debe garantizar un trabajo digno y una justa indemnización de los trabajadores.

• Por lo cual, invocamos al señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente electo del Perú: el gobierno debe tener muy en cuenta el mandato constitucional: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado" (Art. 1°).

Ante estas afirmaciones del Comunicado que emitimos el 21de julio de 2016, se cumple lo que afirma el profeta Ezequiel: "...escuchan tus palabras.,...pero no las practican..." (Ez., 33,30-33). Y ahora añadimos lo siguiente:

1. En mayo pasado el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Junín (CIP-CDJ) emitió un pronunciamiento claro y valiente indicando: "En el marco de lo legislación ambiental, es de opinión concluyente del CIP-CDJ, rechazar los nuevos parámetros y continuar con el estricto cumplimiento de los niveles del parámetro vigente paro el dióxido de azufre, el cual debe mantenerse en 20ug/m3 (24 horas), conforme o lo recomendado por lo Organización Mundial de la Salud (OMS)".

2. El 6 de junio 2017 se establecieron los nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante el D.S. N°003-2017- MINAM, elevando la norma de la emisión del Dióxido de Azufre de 80 a 250ug/m3 (24 horas).

3. con esta lamentable e incomprensible decisión, en el mes en que celebramos el 196 aniversario de la independencia de nuestra Patria, se realizará la segunda ronda de subastas. Una decisión Inmerecida para la Región Junín y para el Perú.

4. Sin embargo, "El Perú declaró desierto ayer, por falta de postores, la subasta del CMLO -administrado por Doe Run durante año, con severos daños medioambientales-, según informaron agencias internacionales... Lo agencia Reuters indica que para el 17 de julio, se ha programado una segunda subasta del complejo, y si esta fracasa, se realizaría otra el 26 de julio. En cada caso se reducirá el precio base en un 15%". (Diario CORREO - Huancayo, 07 de julio 2017)

5. Con la flexibilización de los ECA para el aire y la reducción del 30% en la tercera subasta a realizarse el 26 de julio próximo, se facilitaría la venta del CMLO que beneficiará a las instituciones-miembros de la Junta de Acreedores, presidida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

6. Debemos manifestar, con mucho pesar, que en dicha Junta de Acreedores participa el Grupo RENCO al cual pertenecía Doe Run Perú, y cuyo dueño, el Sr. Ira Rennen, enjuició al Estado Peruano solicitando $USD 800 millones de indemnización por no haber flexibilizado los ECA para el aire, en su debido momento.

7. La posible reactivación del CMLO, permitirá un empleo a los trabajadores. pero en un ambiente de alta contaminación del aire que seguirá perjudicando nocivamente su salud y la calidad de vida de las personas que viven en La Oroya, y la de sus trabajadores.

8. Con la probable venta del CMLO se condenaría nuevamente a la población de La Oroya a vivir en un ambiente insalubre, contrario a la dignidad de la persona humana y al espíritu de la Constitución Política a del Perú (Art.1°).

9. En ese sentido, debemos recordar que es obligación del Estado asegurar condiciones dignas y saludables de trabajo a la población de La Oroya, así como buscar otras alternativas de desarrollo sostenible para sus familias.

10. Igualmente nos solidarizamos con la población de Cerro de Paseo y con su Obispo Mons. Luis Alberto Barrera en la lucha por una vida digna y saludable.

11. Por último, ante la próxima visita del Papa Francisco, el hombre de la paz, el hombre que cuida toda la creación de Dios, un gesto solidario y efectivo del Estado peruano será reconocer que la dignidad y la salud de los pobladores de La Oroya están por encima de resultados económicos.

Deseamos a la gran familia peruana, en estas fiestas Patrias, una mayor unión de voluntades en la política, en la economía y en lo social, a fin de buscar el bien común en nuestro Perú. Por eso rezamos con el Papa Francisco: "Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. (Cfr. Carta Encíclica Laudato SI'N°246)

Estado Peruano debe mantenerse alerta

En abril del 2011, Renco Group y Doe Run Perú inició un proceso de arbitraje internacional contra el Estado peruano, pretendiendo una indemnización de 800 millones de dólares, alegando que recibieron un trato injusto, que el Gobierno le había exigido responsabilidades adicionales en el programa de manejo ambiental y que había un intento de expropiación de la planta por parte del Estado peruano.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones - CIADI, es una instancia de arbitraje internacional creada por el Banco Mundial para garantizar e incrementar los flujos de inversiones en el Estado receptor; motivo por el que, existe un sesgo de desconfianza, criticas y cuestionamientos a los mecanismos de funcionamiento y su alto grado de independencia del sistema judicial de los países. Su papel es atender las controversias que surgen entre los inversionistas y los Estados receptores de la inversión y aplicar mecanismo para la solución de controversias en materia de inversión establecido en los Tratados de Libre Comercio - TLC.

La resolución del 15 de julio del 2016, dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), a favor del Estado Peruano en su condición de árbitro para el caso de la demanda de arbitraje planteada por Renco Group y Doe Run Perú, nos permite expresar nuestra satisfacción y reconocimiento como un paso importante en el respeto a los reclamos de la población de La Oroya y la facultad que tienen los países receptores de inversiones para proteger los derechos de las poblaciones locales.

Sin embargo, ésta decisión unánime tomada por los miembros del tribunal arbitral del CIADI, fue prematura, debido a que se refiere al incumplimiento de Renco con el requisito formal del articulo 10.18 del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, por que Renco intentó mantener la posibilidad de demandar al Estado peruano en las cortes domesticas, cuando según la norma debía haber negado este derecho al inicio de este proceso.

Por eso, la decisión arbitral dice: “Renco no ha logrado establecer los requisitos para el consentimiento del Perú para arbitrar en virtud del Tratado”; “por tanto, los reclamos de Renco deben ser desestimados por falta de jurisdicción”, cortando por ahora este proceso que pudo haber durado mucho más.

Sin embargo, debemos tener en cuenta las amenazas de la transnacional Renco Group y Doe Run Perú, para volver a demandar al Estado Peruano, lo que debe mantenernos alerta, mediante acciones de mejoramiento de nuestras condiciones ambientales en La Oroya y Región Junín, así como el respeto de los derechos fundamentales a la salud y el trabajo.

Instamos a las autoridades actuales y a quienes asumirán el gobierno, a no caer en las decisiones fáciles de relajar los estándares ambientales, con el pretexto de poner en operación el  Complejo Metalúrgico de La Oroya; por el contrario, los instamos adoptar las medidas de cuidado y control ambiental necesarias, a realizar la remediación de los pasivos ambientales y la promoción de un desarrollo económico sostenible, más amigable con el ambiente, que respete la vida y salud de las personas.

 

Lima, 22 de julio de 2016

 

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