SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE TIERRAS COMUNALES

A marzo de 2016, el Perú alberga a un total de 10,529 comunidades rurales, de las cuales falta titular 4,023, así lo indican los últimos datos del informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas: “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, documento que fue elaborado por el colectivo Territorios seguros para las comunidades del Perú, del cual forma parte la RED MUQUI.

Durante la presentación del documento, se señaló que en la última década, apenas se ha formalizado menos del 1% de estas comunidades, lentitud que resulta preocupante y se agudiza, cuando el Estado no tiene cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales, así como de las poblaciones que habitan en ellas. Esto afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.

“A ese ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”, indicó Richard Smith, director del Instituto del Bien Común – IBC Péru, encargado de presentar este tercer reporte bianual (desde el año 2012).

Entre las novedades que el informe trae en su edición 2016, está la incorporación de un mapa de Tierras comunales y áreas protegidas en el Perú, en cual incluye el 95% de comunidades nativas, al 40% de comunidades campesinas originarias y 40% de las comunidades campesinas ribereñas. Des estas dos últimas no existe información georeferenciada, es decir, del área real de cada comunidad.

De igual modo, el documento da cuenta –por primera vez- de las nuevas oportunidades de proyectos inversión para llevar a cabo la titulación de tierras, que casi suman unos US$ 80 millones. Recursos con los que contará el nuevo gobierno para esta finalidad.

Entre las entidades que han asegurado estos proyectos está el BID-Perú (US$15 millones), Banco Mundial y BID (US$14.2 mil), Declaración de Intenciones Noruega-Alemania-Perú sobre Reducción de Deforestación y Degradación de Bosques (Hasta US$50 millones), Proyecto Política de Tierras Responsable en el Perú (BMZ-GIZ), MINAGRI-GORE Loreto (S/.3.87 mil) y el Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques (US$0.88 mil).

El primer capítulo sitúa en un marco global a las comunidades indígenas y a sus regímenes comunales sobre la tierra: no están solas en sus esfuerzos de preservar sus jurisdicciones y su control comunal sobre ellas. Ello tomando en cuenta que aproximadamente unas 3.5 mil millones de personas habitan en tierras comunales a nivel mundial.

El segundo capítulo presenta el amplio y diverso mundo de comunidades rurales que existe en el Perú. El tercero, destaca el valor de las comunidades rurales en el Perú, sus valores internos y su contribución a la sociedad peruana en su conjunto. El cuarto, presenta nuevas proyecciones de cifras de comunidades campesinas (incluyendo las ribereñas) y las comunidades nativas, penetrando así el manto de invisibilidad con que los gobiernos recientes han pretendido velarlas.

Finalmente, el quinto capítulo se enfoca en los esfuerzos que han hecho los últimos cuatro gobiernos –mediante una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas– para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician.

estado muqui

El informe “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro”, fue presentado ante organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Central Asháninka del Río Ene. 

 

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DATOS:

  • El total de la superficie del Perú suma 128.5 millones de hectáreas (has), de esta cifra el 49.1 % (aproximadamente 63 millones de has) es propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21 % carece de un título de propiedad.
  • En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada, y como tal, aplican normas y restricciones. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.

 

Fuente: IBC Perú

Fotos: Carlos Díaz Huertas para el IBC Perú / Comunicaciones RED MUQUI 

informe2015indigena

  • Señala informa anual sobre comunidades indígenas que la Sociedad Civil envía a la OIT
  • Partidos políticos fueron informados sobre agenda indígena pendiente
  • Otros temas son criminalización de la protesta, cambio climático, salud y educación intercultural y mujer indígena

La necesidad de saneamiento físico legal y titulación de las tierras, así como la efectiva aplicación de la ?Consulta Previa en comunidades campesinas y nativas, siguen siendo pendientes y de cumplimiento por parte del Estado, así lo indica la última versión del Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Por octavo año consecutivo, las Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (al que pertenece RED MQUI) han recopilado este reporte incluye eventos, procesos y desarrollos jurídicos que han tenido lugar entre julio de 2013 y junio de 2015.

El documento de 90 páginas forma parte del informe que se envía a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que revisa el grado de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo. En esta ocasión también fue presentado y entregado a los representantes de partidos políticos quienes también hablaron de su propuestas de gobierno.

VER PROPUESTAS DE PARTIDOS POLÍTICOS

En ese sentido, Jorge Bracamonte, director ejecutivo de la CNDDHH, remarcó el objetivo de tener un diálogo profundo sobre lo que cada agrupación hará, de llegar a gobernar.

La presentación del informe comenzó con la exposición de la agenda indígena nacional a cargo de Ketty Macedo, presidente del Pacto de Unidad (que agrupa a la mayoría de organizaciones indígenas del Perú).

Luego, la presentación de los temas sobre derechos pendientes y de mayor vulneración en el año 2015, estuvo a cargo de Javier Jahncke (Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI), Richard Smith (Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común) y Richard O’Diana (Abogado del  Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP).

Al referirse a consulta previa en minería, Javier Jahncke, señaló que hasta la fecha solo hay tres procesos culminados (Apurímac, Cusco y Ancash), los cuales se han dado en la etapa final de aprobación de los proyectos. En ese sentido el representante de la RED MUQUI recalcó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) recién realiza la consulta, de manera informativa, y en la etapa de la resolución de inicio de actividades.

Por su parte, Richard Smith se refirió como es que los textos de las leyes (30230 Y 30327) han ido cambiando en desmedro de la territorialidad de las comunidades indígenas en el Perú. Smith explica cómo es que, a través de decretos supremos, el gobierno de Ollanta Humala ha venido invisibilizando a los pueblos indígenas, a lo que se suma la falta de una cifra oficial de número de comunidades y titulación de tierras.

A su turno, Richard O’Diana señaló que no basta con que el Gobierno diga que existen 21 procesos de consulta previa culminados, de un total de 30 iniciados, ya que estos han concluido sus procesos de diálogo, pero "no han culminado oficialmente, la consulta termina con la promulgación de una medida, una medida que es la que se consulta", precisó. 

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Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / Servindi

Fotos: RED MUQUI

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