DERECHOS HUMANOS

  • Ello parte del gobierno de Canadá desde la política “Open for justice”

RED MUQUI estuvo entre las organizaciones que respaldaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en decisión de designar -a futuro- a un Defensor de Derechos Humanos que se encargaría de atender a las personas afectadas por compañías petroleras, gasíferas y mineras canadienses en el extranjero.

Es así que la RED MUQUI, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Nacional de Centros (ANC), manifestó su apoyo a esta iniciativa de “Open for Justice” del Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

“La creación de este Defensor permitiría una mejor gestión del impacto de las empresas canadienses en el mundo y brindaría una instancia a las personas afectadas desde sus respectivos países”, enfatizaron las organizaciones peruanas en la carta dirigida a Trudeau.

A ello agregaron que la existencia de una instancia que atienda denuncias de violaciones a los derechos humanos por responsabilidad empresarial en el sector extractivo, significaría un paso fundamental en la ‘justiciabilidad’ internacional de los derechos humanos, además de un efecto positivo en la reputación del sector extractivo canadiense.

Recomendaciones a Canadá

En la misiva, RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC, formularon algunas recomendaciones al gobierno canadiense en torno a esta nueva instancia.

La sociedad civil peruana consideró indispensable que la oficina del eventual Defensor de Derechos Humanos, debe mantener total independencia del gobierno y de las empresas del sector extractivo, cuya participación también debería ser obligatoria.

Asimismo, las organizaciones peruanas comprometidas con la promoción y protección de los derechos humanos, sugirieron que esta oficina posea facultad de investigar las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, así como evaluar que las empresas extractivas cumplan con un conjunto de estándares, de esta manera se podrá determinar si se ha ocasionado el daño alegado.

En otro punto, se exhortó a que se pueda llevar un proceso transparente que incluya la publicación de un informe público final con recomendaciones desde las empresas y el gobierno.  Luego de ello, sería necesario hacer un seguimiento sobre el cumplimiento efectivo de todas las recomendaciones. A ello se suma la recomendación de prever la posibilidad de que las empresas se vean limitadas en recibir apoyo del gobierno canadienses, en caso de no cumplirlas.

Para todo ello, la sociedad civil peruana indicó que estas recomendaciones se realizar en base al proyecto de ley The Global Leadership in Business and Human Rights Act: An act to create an independent human rights ombudsperson for the international extractive sector, elaborado por Canadian Network on Corporate Accountability (CNCA).

Referencias

RED MUQUI, APRODEH, CNDDHH y la ANC también dieron cuenta sobre las graves afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales por parte de las industrias extractivas en nuestra región.

Para ello citaron el estudio “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, que realizó el Grupo de Trabajo sobre Minería y Medio Ambiente en América Latina.

 

En dicho documento se analizaron veinte proyectos extractivos que pertenecían a empresas con casas matrices en Canadá, de ello se constató que, en cuatro de estos, hubo vulneraciones de varios derechos, entre ellos, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la propiedad, para las comunidades aledañas al proyecto minero respectivo.

Disponible en: http://www.dplf.org/sites/default/files/informe_canada_resumen_ejecutivo.pdf

 

Fuente: Carta dirigida al Primer Ministro Justin Trudeau, sobre llamado para la creación de un Defensor de Derechos Humanos para el sector extractivo canadiense en el extranjero.

Foto: Thisisinsider.com

A TRAVÉS DE DECRETOS LEGISLATIVOS

  • Sociedad Civil exige que borrador del marco de alianza que suscribirá el gobierno peruano, sea público
  • En este periodo de gobierno el BM nuevamente condiciona políticas de Estado a los préstamos que ofrece
  • Transparencia y acceso a la información, seguridad territorial y sector laboral son los más afectados

Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que 65 de los 112 Decretos Legislativos de reactivación económica que el Poder Ejecutivo ha emitido, entre diciembre 2016 y enero de este año, vienen debilitando aún más la institucionalidad ambiental del Estado, tal como sucedió en el gobierno de Ollanta Humala con los “paquetazos ambientales”.

Todo ello ha generado nuevamente un retroceso en los derechos de los pueblos indígenas, la institucionalidad ambiental, la transparencia y acceso a la información, la seguridad territorial, el derecho al agua, y ha dado paso a la flexibilización de la normativa minera, con la formalización de la minería informal.

A través de un pronunciamiento también suscrito por la RED MUQUI, la Sociedad Civil mostró su preocupación por estos impactos y su relación directa con el proceso de Alianza con el Perú 2017-2021, que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pronto firmará con el Grupo del Banco Mundial (GBM).

“Esta avalancha normativa no es un gesto aislado, un escenario similar se dio en el gobierno anterior con los llamados paquetazos ambientales. La Ley N° 30230, impulsada por el Banco Mundial como una “acción previa” a la aprobación de un DPL (Préstamos de políticas para el desarrollo, en inglés), ha sido señalada como nociva para la institucionalidad ambiental, ya que implicó el recorte de facultades fiscalizadoras del OEFA”, suscribieron más de 50 organizaciones.

Ya que el GBM está elaborando su Estrategia Marco de Alianza País del Perú, las organizaciones firmantes consideran oportuno alertar sobre los potenciales impactos de los Decretos Legislativos emitidos en los últimos meses, y, sobre todo, exigir que se tenga la oportunidad de conocer públicamente el borrador de esta Alianza, para que los interesados tengan el tiempo necesario de ofrecer comentar y hacer aportes.

Fórmula sin éxito

Organizaciones de la Sociedad Civil recordaron que flexibilizar los controles socio-ambientales para tener inversiones sostenibles, ha sido un rotundo fracaso, pues La ley N° 30230 que prometía mayor inversión, no ha logrado que el Perú salga del puesto 67 de ranking de competitividad Doing Business desde el año 2011. Esto evidencia que no existe ningún efecto probado sobre la dinamización de las inversiones.

“El rol de la banca multilateral es apoyar las reformas políticas, sociales y económicas en pro del desarrollo nacional. Dónde sí hay indicadores es en el aumento de la conflictividad social, de emergencias ambientales, costos sociales y de la corrupción asociada a la falta de transparencia en grandes proyectos de infraestructura”, se asevera en el pronunciamiento.

Por parte del GBM, es importante el fortalecimiento de procedimientos para la evaluación de los riesgos ambientales y sociales de sus proyectos y no dejar estos procesos solo en manos de los Estados.

En el caso de los Pueblos Indígenas, los más afectados por la Ley N° 30230, se hace necesaria que la participación y los procesos de consultas ciudadanas e indígenas sean realmente procesos amplios e inclusivos Este proceso debe permitir y garantizar el acceso previo y adecuado culturalmente de la información a ser consultada, en lugar de promover el secretismo que se facilita con el D.L. N° 1353.

Proinversión y APP en la mira

Cabe mencionar que el GBM financió la ley marco de APP (Asociación Público Privada), en el marco del DPL sobre gastos públicos y política de financiamiento de desarrollo de gestión de riesgo fiscal, que promueve la inversión extranjera en megaproyectos de infraestructura a través de APP que genera riesgos de déficit fiscal, impactos socio-ambientales, entre otros.

En línea con esta política, el D.L. N° 1251 reforma la legislación de APP y la estructura de ProInversión con la finalidad de acelerar el proceso de promoción de proyectos; los cuales además se rodean de superpoderes de expropiación territorial a cargo de una nueva burocracia la APIP (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) adscrita a ProInversión (que a su vez depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF) creada por D.L. N° 1333.

Es así que la Sociedad Civil proponen que las APP deben ser estudiadas caso por caso y no impuestas como un dogma, evaluando los costos para los sectores populares y la precarización laboral, los impactos que genera y estableciendo mecanismos de transparencia en los contratos a fin de facilitar el monitoreo ciudadano.

¿Y la Transparencia?

“El GBM debe rendir cuentas en todo momento a los ciudadanos de sus operaciones. Las voces de la sociedad deben tener un espacio relevante en dichas instituciones y no solo dos reuniones anuales, y además debe contar con mecanismos específicos que garanticen la participación y vigilancia de los pueblos indígenas, trabajadores”, consideraron las organizaciones.

Precisamente, la Sociedad Civil cuestionó que el gobierno haya emitido el DL N°1353 que debilita el marco nacional de transparencia y acceso a la información pública en el país; cuando el GBM viene apoyando iniciativas internacionales de transparencia en industrias extractivas como el EITI.

“Reconocemos que las inversiones son importantes para el desarrollo del país, siempre y cuando sean en beneficio del pueblo, y no para favorecer a las grandes transnacionales que lucran y corrompen a funcionarios y partidos políticos de gobierno. Por eso no vamos a permitir que se basen en la flexibilización normativa”, exhortaron 52 organizaciones de la Sociedad Civil.

Fuente: Pronunciamiento “Las consultas del Banco Mundial y las reformas neoliberales”

Foto: UM Perú

ESTE 25 DE JULIO

  • Al igual que otras organizaciones, RED MUQUI donará publicaciones al público para dar a conocer su agenda de trabajo

La RED MUQUI participará por primera vez en esta 21 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL LIMA 2016), junto a otras organizaciones de la Sociedad Civil, como parte de la Jornadas de participación de las organizaciones y redes de sociedad civil en la FIL Lima 2016, espacio (stand N° 11) en el que cada día, una organización distinta hará uso del mismo para la presentación de sus últimas publicaciones, así como de las actividades y el trabajo que vienen realizando; de igual modo por medio del diálogo con el público interesado.

Este año, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) ha coordinado la presencia de unas 30 instituciones, entre organizaciones y sindicatos, que trabajan temas como: derechos humanos, pueblos indígenas, minería, educación, género, gestión del territorio y salud. El stand N° 11, asignado a la Sociedad Civil peruana, también será un espacio de diálogo para que cada representante de conocer cómo es que su institución aporta a la generación de políticas públicas y al desarrollo del país mediante resultados sostenibles en la calidad de vida de los peruanos, así como la importancia de las organizaciones Sociedad Civil como agentes claves y garantes de un Estado democrático y plural.

Algunas organizaciones, tal como es el caso de RED MUQUI, obsequiarán libros a los asistentes.  Estas publicaciones tratan diversas investigaciones e informes de casos, sobre conflictos socio-ambientales, comunidades y minería, medioambiente, industria extractiva, temas que forman parte del trabajo que realiza la RED MUQUI.

Otras, ofrecerán –en venta o donación– textos sobre temas como derechos humanos, ética corporativa, globalización, movimientos sociales, ciencias sociales y política, estado y gobernabilidad, género, comunicación política, economía solidaria, entre otros.

Entre los títulos que el colectivo pondrá a disposición de los asistentes de la FIL LIMA 2016, están: Análisis de los Paquetes normativos 2013-2015 y su impacto en los derechos fundamentales en el Perú (2015), Los Pasivos Ambientales Mineros: diagnóstico y propuestas (2015), Propuesta de políticas públicas para una nueva minería en el Perú (2014), entre otros.

Asimismo, el miércoles 27 de julio, la RED MUQUI presentará la publicación “Las luchas sociales por la tierra en América Latina: Un análisis histórico, comparativo y global”,  raíz del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, que organizó en coordinación con la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad San Marcos y el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Globales de la Universidad de Gante, de Bélgica.

DATO

La FIL 2016 se llevará a cabo de 15 al 31 de Julio y estará ubicada en Parque de Los Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María, Lima). El horario de atención al público será desde las 11:00 hasta las 21:30 horas.

Organizaciones y redes que participan: ANC, CLADEM, Asociación Filomena, CCP, CNA, COEECI, ALDEHUS, COPEME, Fortalecer, PROMUC, Onamiap, Fenmucarinap, CAAAP, AIDESEP, Grupo COP, MOCCIC, RAP, DAR, CGTP, CUT, CAT, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Foro Salud, Grupo Propuesta Ciudadana, Conamovidi, Femocpaalc, CONADES, Grupo Nacional de Presupuesto Público, y el FSP (Foro PanAmazónico).

Foto: Comunicaciones RED MUQUI

EN FERIA INFORMATIVA

La RED MUQUI junto con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), participó en la “Feria informativa sobre Derechos Humanos” que organizó la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) que forma parte de la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP).

En este encuentro, que se llevó a cabo el jueves 26 de mayo en el Colegio de Jesús (Pueblo Libre), participaron alrededor de 60 personas, entre religiosas y religiosos, laicas y laicos, que se identifican y conocen los grandes ejes problemáticos del país como: Industria extractivas, Economía ilegal, Migrantes y Trata de personas, Cambio Climático, Corrupción, Ideologías, etc.

El objetivo de esta Feria de organizaciones e instituciones, fue articular posibles trabajos o apoyos en común, así como dar a conocer a los religiosos y laicos, el trabajo que estas organizaciones realizan en distintas parte del Perú, y muchas veces de la mano con instituciones de la iglesia; tal como es el caso de la RED MUQUI que además de CEAS, tiene entre sus miembros a la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS) de La Libertad, el Centro Pastoral de Diócesis de Chulucanas (Piura), la Pastoral de la Dignidad Humana Arzobispado de Huancayo (PASSDIH) de Junín, la Pastoral Social del Vicariato Apostólico San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca) y la Vicaría de la Pastoral Minera de Pasco.

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Es así que los religiosos y laicos invitados por la Comisión DDHH/JPIC se pasearon por diferentes estantes para intercambiar experiencias con las organizaciones, además de recibir informes y publicaciones de las organizaciones de la Sociedad Civil que se hicieron presentes con sus respectivos materiales: Red Pan-amazónica, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Observatorio de los Jesuitas, CEAS, Instituto Bartolomé de la Casas, RED KAWSAY, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Cáritas Perú, la Mesa de Lucha contra la Pobreza , Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDHEP), Movimiento Peruano “Para que no se repita” (PQNSR), RED MUQUI, Religiosos y religiosas en la ONU, y otras agencias internacionales.

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DATO:

  • La Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú (CRP), decidió que es oportuno contar con un espacio de formación en temas sociales, a raíz del Seminario Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación que fue impulsado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosas/os (CLAR), en noviembre del año 2014. Es así que la CRP decidió crear la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Justicia, Paz e integración (DDHH/JPIC)

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA

Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales

Los resultados de la primera vuelta electoral nos colocan ante un escenario complejo para el país. La posibilidad de caer nuevamente en el autoritarismo y la corrupción es un riesgo que los peruanos y peruanas comprometidos con la democracia y la justicia social, no debemos permitir.

El próximo gobierno está obligado a incorporar e implementar las demandas y reivindicaciones que un importante sector de la población depositó en las fuerzas políticas que expresaban un cambio en el modelo económico y la forma de hacer política en el país.

Frente a este escenario, las organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas que suscribimos este emplazamiento, exigimos al candidato de Peruanos Por el Kambio y a la candidata de Fuerza Popular que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, eliminando las persistentes desigualdades que las agobian, en línea con los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional.

1. Empleo digno y derechos laborales. 3 de cada 10 trabajadores/as peruanos/as tienen un empleo decente de acuerdo a los estándares de la OIT. 7 de cada 10 trabajan en la informalidad, en empleos precarios. Para promover la generación de empleos de calidad: ¿impulsarán la aprobación de la Ley General del Trabajo reconociendo y adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores? ¿Cuál será el futuro de los regímenes “especiales” que recortan derechos laborales y precarizan el empleo? ¿Se incrementará el salario mínimo para acercarlo al valor de la canasta básica familiar y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios?

2. Inversión en la Gente. Un 30% de peruanos/as no accede a servicios de salud por diferentes barreras. El Estado debe garantizar la provisión universal de servicios públicos de calidad como salud, educación, vivienda y sus servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad). Estos derechos no deben ser privilegios. El gasto público debe priorizar el fortalecimiento de estos servicios. ¿Cómo cumplirán con las metas del Acuerdo Nacional en educación y salud? ¿Cuál será el modelo de salud que implementarán en relación a sus determinantes sociales? ¿Cuál es su plan para mejorar la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria, la educación superior y la formación profesional técnica? ¿Cómo asegurarán que las políticas de educación y salud se apliquen con enfoques de género, territorio e interculturalidad? ¿Cómo abordarán la reforma del sistema previsional, sancionando los abusos de las AFPs y fortaleciendo la Seguridad Social?

3. Implementar una profunda reforma tributaria. La recaudación en el Perú, además de ser regresiva (mayor peso de impuestos indirectos que afectan a los consumidores), está por debajo del promedio regional y muy por debajo del promedio de las economías más desarrolladas. Esta situación no permite financiar servicios públicos adecuados y de calidad. ¿Cómo ampliará la recaudación tributaria para que sea más progresiva (mayor peso de impuestos directos a la riqueza) y transparente? ¿Cómo enfrentará la evasión y elusión tributaria de las grandes empresas y las fortunas personales? ¿Aplicará la Norma XVI, (cláusula general antielusiva tributaria) suspendida el 2014 por presión empresarial?

4. Fortalecer la gobernanza ambiental y la agricultura familiar. Para facilitar el desarrollo de la gran inversión, el actual Gobierno promulgó los llamados “paquetazos ambientales” debilitando la fiscalización ambiental, vulnerando los derechos de comunidades campesinas y nativas, y amenazando la propiedad de sus territorios. ¿Derogarán o revisarán estas normativas? ¿Qué medidas impulsarán para elevar los estándares ambientales y sociales, y fortalecer a los organismos encargados de implementarlos? ¿Qué plantean para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria? ¿Aprobarán la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Qué compromiso concreto asumirán para incrementar los recursos para la agricultura familiar y campesina? ¿Qué programas dirigirán a la agroecología como respuesta al cambio climático?

5. Implementar los derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado peruano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la cual se ha agravado en los últimos años debido a políticas que han debilitado el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales. ¿Qué proponen para garantizar la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas? ¿Cómo garantizarán el cumplimiento del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada? ¿Qué proponen para garantizar los derechos territoriales y concluir con la titulación colectiva de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país?

6. Seguridad Ciudadana. La delincuencia y el crimen organizado se expanden por todo el país, golpeando a diario a miles de familias peruanas. Exigimos tolerancia cero al crimen organizado y políticas de prevención del delito particularmente orientadas hacia adolescentes y jóvenes. Para ello es indispensable una profunda depuración y reorganización de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Frente a las peligrosas e ineficientes propuestas de militarización de las ciudades, exigimos medidas que fortalezcan el rol de los gobiernos locales y regionales en este punto, así como la activa participación de la ciudadanía organizada. ¿Qué opinan los candidatos frente a estas propuestas?

7. Reforma del Estado y descentralización. Vivimos un proceso de recentralización en diferentes aspectos. ¿Cuál es su propuesta para relanzar la descentralización y regionalización iniciada en 2001? ¿Incrementarán el presupuesto de los gobiernos regionales y locales? ¿Se iniciará el proceso de Ordenamiento Territorial, con mecanismos de participación ciudadana para darle valor y determinar los usos de nuestro territorio, evitando generar nuevas vulnerabilidades? ¿Se descentralizarán los programas sociales y se restituirán los mecanismos de participación ciudadana?

8. Respetar y fortalecer la institucionalidad democrática. Vivimos una crisis generalizada del sistema político que requiere una reforma urgente que vaya a la raíz de los problemas ¿Cuáles serán los componentes centrales de la reforma política electoral que impulsará? ¿Qué medidas

plantea para revertir la creciente captura del Estado por parte de intereses privados? ¿Qué propone para luchar contra la corrupción e implementar la reforma del Poder Judicial? ¿Cómo se promoverá una democracia paritaria, inclusiva e intercultural, garantizando que la participación ciudadana sea a través de los partidos políticos o espacios de concertación?

9. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Han transcurrido 13 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación emitió su Informe Final, y hasta el momento las heridas que abrió la violencia política persisten. ¿Cuál es su posición respecto de las políticas de reparación establecidas para las víctimas y deudos de la violencia política? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones y procesos dirigidos a esclarecer la verdad de lo sucedido y garantizar que esos hechos no se repitan?

10. Para garantizar la plena vigencia de nuestros derechos. ¿Cuál es su posición para garantizar el derecho a la movilización y protesta social sin que sean criminalizados? ¿Apoyarán la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Continuarán con la reparación y registro a las mujeres esterilizadas forzosamente por el Estado en la década del noventa?¿Habrá tolerancia cero para la violencia de género y feminicidio?

Exigimos a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Pablo Kuczynski (Peruanos Por el Kambio), que se pronuncien sobre estas demandas y expliciten sus propuestas. Las organizaciones y movimientos, ciudadanos y ciudadanas, nos ratificamos con la defensa de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Igualdad.

 

mayo, 2016

 

Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, y Red Muqui.

 

 

NO HAY DEMOCRACIA SIN IGUALDAD

  • Movimientos sociales de todo el país demandan propuestas concretas que se basen en la democracia y en la lucha contra las desigualdades persistentes.
  • RED MUQUI aportó y suscribió en comunicado público dirigido a candidatos presidenciales

A pocos días de las elecciones presidenciales del 5 de junio, organizaciones, movimientos y colectivos sociales, mujeres y pueblos indígenas, exigen al candidato de Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, y a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que asuman medidas concretas para garantizar los derechos fundamentales de las personas en plena vigencia de la democracia. Los/as representantes de estos grupos sociales coinciden en que no se puede hablar de democracia sin cerrar las brechas de desigualdad persistentes.

“Oficialmente siete millones de peruanos/as viven en situación de pobreza monetaria, muchos de ellos en zonas rurales. Si vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y carencias en el acceso a servicios, el número de peruanos/as pobres es bastante más elevado”, dijo Armando Mendoza, investigador de Oxfam. Mendoza explicó que si bien los programas sociales contribuyeron a reducir la pobreza en los últimos años, no han resuelto las persistentes desigualdades que se expresan en nuestro país en diversas dimensiones como el acceso a servicios básicos y género.

En el caso de los servicios básicos, solo un 30% de peruanos/as accede a la salud por barreras geográficas, culturales o económicas, señaló, Luis Lazo de Foro Salud. Lazo detalló que las brechas de déficit de infraestructura, equipamientos y recursos humanos, genera un abismo entre la necesidad y demanda de la población, y la capacidad de la oferta del sistema de salud vigente. De otro lado, ocho millones de personas en el país no acceden a agua potable.

Sobre los estándares laborales actuales, tres de cada 10 trabajadores peruanos tienen un empleo decente, mientras que siete de cada 10 trabajan en la informalidad y en empleos precarios. Por ello, se exige la aprobación de la Ley General del Trabajo Justa y Democrática, adoptando las propuestas presentadas por los trabajadores, así como eliminar los regímenes “especiales” vigentes.

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Para fortalecer la gobernanza e institucionalidad ambiental, José De Echave, ex viceministro de Ambiente e investigador de CooperAcción identificó como puntos clave la derogatoria de los paquetazos ambientales, la promulgación de la ley de Ordenamiento Territorial, así como el fortalecimiento de la autoridad ambiental y de sus organismos adscritos.

Atender las demandas de los Pueblos Indígenas, fortaleciendo el derecho a la Consulta Previa y a la titulación de tierras comunales, es una deuda pendiente del Estado.

La violencia contra la mujer es otra problemática desatendida. Según la Encuesta Nacional de Hogares (Endes 2014), 72% de las mujeres peruanas declaró haber vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con Diana Miloslavich, de Flora Tristán, se requiere continuar con los planes y programas actuales de violencia contra la mujer con mayor presupuesto y voluntad política.

Encarar estás problemáticas es clave para terminar con la desigualdad en nuestro país.

Conoce el comunicado REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EN DEMOCRACIA Demandas y propuestas de la sociedad civil a los candidatos presidenciales aquí: http://bit.ly/25hwCWC.

Quienes suscriben son: Actua.pe, Alternativa, ANC, Anpe, APRODEH, Caplab, CCP, CGTP, CNDDHH, CooperAcción, Demus, DESCO, Flora Tristán, Foro Salud, Forum Solidaridad Perú, GTCC, GPC, Grupo Nacional de Presupuesto Público, IESI, Latindadd, Manuela Ramos, Onamiap, Oxfam, Perú Cop20, Perú Equidad, Plades, Predes, Red Muqui.

DATOS:

  • Actúa.pe es una red de vigilancia de discursos políticos, de información y de propuesta, que impulsa la participación ciudadana electoral bajo un concepto interactivo que conecta a los votantes con los/as candidatos/as.
  • Está formada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos ciudadanos, e impulsa un proceso electoral en el cual la lucha contra la desigualdad sea parte fundamental de las propuestas políticas.

 

Fuente / Fotos: Actúa.pe

AL SER ACCIONISTA PRINCIPAL

Más de 60 organizaciones y redes –nacionales e internacionales– de la Sociedad Civil le pidieron a la trasnacional Newmont que, en su calidad de accionista principal, tome medidas urgentes e inmediatas para que la minera Yanacocha cese el hostigamiento que ejerce sobre Máxima Acuña y a su familia, desde el año 2011.

En una carta dirigida al presidente y CEO de Newmont, Gary Goldberg, las organizaciones civiles firmantes, cuestionaron que el funcionario acuda a la sétima conferencia internacional del EITI para promover la transparencia en minería y hablar sobre las comunidades afectadas por la actividad extractiva, mientras Yanacocha vulnera los derechos de una familia campesina que decidió no vender sus terrenos al proyecto Conga.

“Lamentamos (…) y rechazamos rotundamente que mientras usted inaugura un evento que promueve la transparencia en actividades extractivas, la trasnacional que dirige, junto con la empresa Buenaventura –su socia en Yanacocha– violen de manera sistemática, prepotente y abusiva, los derechos humanos de la Señora Máxima Acuña de Chaupe y su familia”, aseveraron en la carta a Newmont.

En ese sentido, las Sociedad Civil nacional e internacional, le detalló Newmont los atentados que estos agricultores vienen soportando por proteger su terreno de Tragadero Grande (Celendín, Cajamarca); del mismo modo le informaron a Goldberg sobre la situación judicial de este caso, tal como el fallo final de la Sala Penal de Cajarmarca (17 de diciembre, 2014), y la medida cautelar a favor de los Chaupe (5 de mayo, 2014) dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“(…) Yanacocha actúa ignorando los protocolos internos de Newmont y los principios voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, asumidos voluntariamente por las principales empresas mineras del mundo (…)”, se recalca en la misiva.

Tras resaltar que Newmont forme parte de la iniciativa EITI y que se oriente a generar transparencia desde la minería, la Sociedad civil peruana e internacional le recordó a Goldberg que solo sobre la base del respeto a los derechos humanos, es que se puede llevar un diálogo alturado y responsable sobre el rol de la minería en estrategias socialmente inclusivas y ambientalmente sostenibles.

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Goldberg en el EITI

El 24 de febrero último, Gary Goldberg expuso en la sesión plenaria de la 7ª Conferencia Global de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), y aseguró que junto a otros líderes del sector minero mundial, han participado en algunas reuniones con el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, organismo que ha venido recibiendo quejas y exhortos de comunidades y pueblos afectados por la minería en el mundo.

Según el presidente de la principal accionista de la minera Yanacocha, ahí pudo acercarse a la gente que afirmaba que la minería es la causa de todos los males. De igual modo, comentó que han invitado y llevado a diferentes organizaciones mundiales e instancias de la iglesia, a conocer los lugares donde realizan sus actividades extractivas. Ello para “desbaratar las mentiras que se crean en torno a la minería”.

Pese a ello, Gary Goldberg reconoció es muy importante lograr la licencia social, porque ello les permite desarrollar sus proyectos de oro, en el caso de Newmont.

“Es cierto que hemos cometido errores, pero estamos tratando de mejorar. Estamos buscando el bien común. Nos estamos asegurando que los ingresos lleguen a las comunidades”, apuntó Goldberg.

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Transparencia e imagen minera

En otro momento de la Conferencia Global del EITI en Lima, indicó que su trasnacional viene trabajando con otras 22 empresas en la mejora de la industria minera, a través del EITI.

Igualmente destacó que en sus 35 años de experiencia, ha ido cambiando su mirada hacia la búsqueda de nuevos compromisos y uno de ellos es la transparencia.

“Las empresas deben cambiar sus perspectivas respecto a la transparencia. Ello con el fin de que la percepción de la gente acerca de la minería cambie. La gran mayoría no confía en los informes que presentan las mineras”, afirmó.

Asimismo, Goldberg propuso que en minería debe haber mecanismos que permitan mayor transparencia, más allá del vaivén de los precios de los minerales y la naturaleza cíclica de los mismos.

Como una cuestión pendiente, el máximo representante de Newmont advirtió que el sector minero debe tomar en cuenta las recomendaciones del EITI. “Solo 10% de las recomendaciones se llevan a la práctica. De cumplir con la mayoría de estas, podríamos mejorar la aplicación del EITI y lograr la transparencia que todos deseamos alcanzar como meta”, remarcó.

Foto: PT Newmont / Colectivo Tajo abierto / Twitter MINEM

La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.

Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.

Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:

Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.

Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.

Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.

Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.

La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.

Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.

Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.

La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.

Firmantes:

Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular

Amazónicos por la Amazonía (AMPA)

Asociación Arariwa

Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor

Asociación Civil Universidad Coherente

Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)

Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Cáritas del Perú

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)

Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)

Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)

Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)

Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)

Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte

Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Colegio Economistas Loreto

Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote

Confederación Campesina del Perú (CCP)

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Confederación Nacional Agraria (CNA)

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Consejo de la Prensa Peruana (CPP)

Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)

CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano

CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo

Cooperativa Norandino

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

DESCOSUR

Environmental Investigation Agency (EIA)

EarthRights International (ERI)

Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)

Foro Ecológico del Perú

FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)

Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Instituto del Bien Común (IBC)

IPSA - Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)

Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto

OXFAM en Perú

Paz y Esperanza

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)

Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca

RED MUQUI PERÚ

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)

Salud Preventiva Andina

Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)

Suma Ciudadana

AL NO PARTICIPAR EN INFORMES DE CONCILIACIÓN

Durante la presentación del V Estudio de Conciliación Nacional (ECN), de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), el Coordinador Ejecutivo de Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, advirtió que la ausencia de la minera Chinalco en los informes de conciliación, podría ser perjudicial en la calificación del país frente a la Secretaría Internacional del EITI.

“Chinalco es la empresa que no ha querido hacer pública, su información para el EITI. Esto afecta los avances del EITI en el Perú”, aseveró el también representante alterno de la sociedad civil de la Comisión Nacional EITI.

En ese sentido, Pilar Camero, representante de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lamentó que las empresas no continúen participando en los informes de conciliación como en el caso de Chinalco que posee una participación mayor al 2% en el sector.

Información social y ambiental en el EITI

Para Pilar Camero, también representante titular de la sociedad civil ante la Comisión Nacional EITI Perú, también se debe avanzar en incluir información ambiental y social. Asimismo, propuso que el EITI sea considerado una política pública para exigir la información económica de las empresas con mayor incidencia.

Por su lado, Epifanio Baca, sugirió que los gastos ambientales y sociales se incluyan de manera desagregada, lo cual contribuiría para evitar más conflictos sociales en el país, al igual que una publicación más oportuna de los informes, de lo contrario estos pueden perder vigencia e interés.

En respuesta, Carlos Aranda, representante de Southern Cooper, planteó que nuevos elementos como los ambientales y los sociales, podrían enredar el proceso. “El tema del uso de recursos a nivel regional debe ser prioritario, pero no incluir nuevos elementos”, consideró.

A su turno, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, respondió que el incluir nuevas variables en el EITI no puede ser una imposición, sino parte de los espacios de discusiones de empresas, estados y sociedad.

“Hay diferencia entre el Estado, las empresas y la sociedad civil (…) se debe evangelizar a las empresas y explicarles los beneficios al participar en el EITI. Por ejemplo, la gente podrá visualizar mejor como la minería aporta”, refirió.

Asimismo, la representante de DAR, recomendó que –a futuro- el reto del EITI debe ser alcanzar mayor agilidad al momento de brindar y recibir la información. “Cuando no hay información transparente de las empresas extractivas, se origina un elemento más para que se den conflictos sociales” remarcó Camero.

En qué está EITI en Perú

Previo a la presentación del estudio -en la reunión denominada Agenda Perú- la ministra de Energía y Minas (MEM), Rosa María Ortiz hizo un breve informe sobre cómo se ha ido manejando el EITI en el Perú.

Ortiz, resaltó que su sector ha venido trabajando la iniciativa EITI desde el año 2006 cuando se aprobó el primer “Plan de Acción para la implementación del EITI en el Perú” y se dio paso a la institucionalización de la Comisión Multisectorial EITI Perú con el Estado, las empresas y la Sociedad Civil. De igual modo, los Estudios de Conciliación Nacional (ECN) que el Perú ha producido. “Son cinco Estudios de Conciliación y dos Estudios de Transparencia Regional adecuados a estándares, con desagregación de información y debates públicos”, comentó.

Asimismo se refirió a los Procesos del EITI a nivel sub-nacional con la implementación en Moquegua y Piura, donde se han instalado Comisiones Regionales EITI con el propósito de realizar Estudios de Transparencia Regional, en los cuales se presenta información sobre las transferencias acreditadas del MEF.

La titular del MEM, dijo esperar que el evento permita intercambiar experiencias en la implementación del EITI, ya que son 70 países del mundo que por primera vez se reúnen en América en el marco de esta conferencia internacional.

Por su parte, Numa Arellano, consultora de Ernst &Young y encargada de presentar los resultados del V ECN, remarcó que un problema frecuente, es que las empresas brindan información de forma voluntaria, pero sin haber renunciado a la reserva tributaria, lo cual no permite conciliar –comparar- con la información oficial.

En ese sentido, Arellano señaló que en minería, la información oficial y voluntaria tiene una diferencia del 9% en la conciliación, y que además solo el 85% de las mineras han brindado información.

“Aun así, el Perú es el primer país en América Latina en lograr el carácter de país cumplidor, por ello su participación no debe caer, sino aumentar para lograr materialidad en la información y que esta sea representativa”, acotó.

DATOS:

  • EITI (2005) es una alianza estratégica internacional integrada por 48 países que reúne a gobiernos, empresas extractivas (minería, petróleo y gas) y sociedad civil, para transparentar los pagos que hacen las empresas a los gobiernos.
  • Su finalidad es verificar una adecuada rendición de cuentas y que los recursos obtenidos fomenten el desarrollo de los países miembros.
  • Fernando Castillo de la Oficina de Gestión Social del Minem, indicó que coordina la incorporación de EITI en Arequipa y Loreto.

Foto: MINEM

POR MEDIO DE UNA CARTA

Organizaciones de la Sociedad Civil avocadas a temas medioambientales y de derechos humanos, expresaron su preocupación ante el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), y solicitaron que este pronuncie públicamente y exhorte al sector minero peruano, a construir un diálogo constructivo para prevenir o cortar el ciclo de los conflictos socio ambientales que se producen en nuestro país en torno a la minería.

Esta iniciativa de dirigirse al ICMM, responde a la posición de quienes dirigen algunas empresas y gremios mineros en el Perú, en desmedro del derecho a la consulta previa y a la situación social que existe detrás de proyecto minero.

Es así que este grupo de organizaciones y redes nacionales e internacionales, remitieron una carta al presidente del ICMM, Tom Butler, con citando algunas frases desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), que públicamente se emiten en contra de los organismos reguladores ambientales del Estado, de las comunidades afectadas por la minería, así como de ONG y dirigentes sociales de base a quienes denominan “terroristas antimineros”.

Para la sociedad civil estos comentarios de algunos miembros de la SNMPE en los medios de comunicación, contraviene a la minería social y ambientalmente responsable que promueve el ICMM, y que para ello es necesario garantizar una adecuada regulación ambiental, y el respeto a la ley de consulta previa a los pueblos indígenas del país.

“Tales comentarios no solo son opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos la sociedad civil hace para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente legal y social que permita el desarrollo sostenible del país”, resalta la carta al ICMM.

Para ello, las 16 organizaciones que dirigieron esta carta, adjuntaron las declaraciones –entre el 2013 y 2016– de Carlos Gálvez y Carlos del Solar, presidente y expresidente de la SNMPE, respectivamente; así como de Óscar González Rocha y Julio Morriberón, presidente y director de relaciones institucionales, respectivamente.

“Estamos convencidos de que comentarios como estos no reflejan los valores o principios del ICMM. Pero además, solo conducen a profundizar la polarización de la sociedad en torno a la minería., algo contraproducente en un país que necesita mejorar sus condiciones de gobernabilidad para hacer posible inversiones sostenibles”, afirmó la Sociedad Civil en la misiva.

Las organizaciones que suscribieron esta carta fueron: Oxfam América, COOPERACCIÓN, Arzobispado de Huancayo, Fundación para el Debido Proceso- DPLF, Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Programa Perú, Environmental Investigation Agency-EIA, RED MUQUI, Asociación Marianista de Acción Social (AMAS), Asociación Proyecto Amigo, CADEP "José María Arguedas”, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Paz y Esperanza, Red Uniendo Manos Perú, Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia – Piura (REDAD), Natural Resource Governance Institute (NRGI) y la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.

DATOS:

  • El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por su sigla en inglés) es una organización liderada por directores ejecutivos de la industria y dedicada al desarrollo sustentable.
  • Reúne a muchas de las empresas de minería y metales líderes en el mundo, así como asociaciones regionales, nacionales y de commodities.
  • Sus miembros están comprometidos a mejorar su rendimiento en el desarrollo sustentable y la producción responsable de los recursos de minerales y metales que necesita la sociedad.

VER CARTA

DECLARACIONES DEL SECTOR MINERO PERUANO

 

Foto: Perumin

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