• Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
  • Indicó que de los defensores ambientales asesinados este año, 40% son indígenas

La relatora especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz refirió que las últimas agresiones contra Máxima Acuña, por la seguridad privada contratada por Yanacocha, corresponde a una técnica utilizada para amedrentar a los indígenas, similar a la que sufrió Bertha Cáceres en Honduras.

"Es lo mismo que pasó en Honduras, donde los implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron miembros de la seguridad privada de la empresa (constructora), incluyendo algunos militares", apuntó en relación al asesinato de la lideresa indígena ocurrido hace siete meses por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

En ese sentido advirtió que los defensores “carecen de protección porque los que gobiernan tienen más interés en lograr las tierras” y reveló que existen varios países que no tienen leyes que defiendan la postura de los ambientalistas.

maximaacuña

Al mencionar el caso de Perú, la comisionada por la ONU en materia de Pueblos Indígenas, remarcó que "la prioridad de los gobiernos, desde el pasado hasta ahora, ha sido generar crecimiento económico a partir de las industrias extractivas", lo que hace que los líderes indígenas sean una "amenaza para el deseo del Estado de usar las tierras y generar beneficio de interés para las grandes corporaciones mineras".

En reunión con agencias internacionales de prensa en Roma (Italia), Tauli-Corpuz señaló que esas personas "carecen de protección porque los que están en el poder son los que tienen más interés en lograr esas tierras". Asimismo, detalló que hay países que no poseen leyes que defienden los derechos indígenas y otros como Brasil (con empresarios agrícolas en el Parlamento) que sí las tienen, pero no las aplican porque dan prioridad a las que sirven para desarrollar proyectos mineros o hidráulicos.

Es por ello que recomendó que, ante la indefensión de los indígenas, la relatora instó a llevar ante la justicia nacional o internacional los casos de violación de sus derechos. Más aun cuando los indígenas representan alrededor del 40 % de los 137 ambientalistas y defensores de derechos humanos asesinados este año en el mundo.

La minera Yanacocha señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada.

El 4 de octubre último se denunció invasión a la propiedad de la familia Chaupe Acuña. Personal de la minera Yanacocha llegó a las 10 de la mañana y nuevamente destruyó unos cultivos. En esta ocasión, el esposo de Máxima Acuña, Jaime Chaupe se encontraba solo en el lugar.

Ese mismo día, la empresa señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada. También refirieron que Chaupe Lozano conversó con el representante de Asuntos Externos de la mina, Raúl Farfán, en presencia de periodistas, pero hasta el momento no se ha difundido dicho diálogo.

Territorios y derechos: materia de preocupación

El último Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas fue remitido por el Consejo de Derechos Humanos, y es revisado a profundidad en el 71° Período de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su informe que tuvo lugar en Nueva York, y concluyó este 30 de septiembre, afirma que el cierre de la brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y nacional, y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo su principal preocupación.

Tauli-Corpuz alerta de un número alarmante y creciente de casos en los que la inversión extranjera en los sectores de minería, petróleo y gas fue lo que resulta en graves violaciones de la tierra, el autogobierno de los pueblos indígenas y derechos culturales.

Acuerdos internacionales de inversión podrían agravar y exacerbar a los graves impactos de los proyectos de inversión sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La conservación y su impacto en los pueblos indígenas son un tema constante. Es por ello que, en su información, afirma que las zonas protegidas brindan la posibilidad de salvaguardar la diversidad biológica para beneficio de toda la humanidad.

Su texto concluye con recomendaciones sobre la manera en que pueden llevarse a cabo las actividades de conservación, tanto en la esfera normativa como en la práctica, respetando los derechos de los pueblos indígenas y mejorando la conservación sostenible.

El texto de Victoria Tauli, detalla que por zona protegida “se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos de conservación específicos. Las zonas protegidas adoptan modalidades de conservación muy diferentes, entre ellas parques y bosques nacionales, refugios de flora y fauna silvestres, zonas marinas, reservas privadas y reservas administradas por organizaciones no gubernamentales, zonas protegidas de los pueblos indígenas, tierras comunitarias y otras áreas donde la protección de la naturaleza y la práctica de una subsistencia sostenible fomentan la integridad de los ecosistemas”.

Tauli-Corpuz, afirma que los territorios indígenas tradicionales, constituyen 22 por ciento de la superficie del planeta, coinciden con áreas en las que se encuentra 80 por ciento de la diversidad biológica mundial.

DATOS

  • Un relator especial se encarga de presentar informes anuales sobre asuntos específicos o situaciones de especial importancia relativas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
  • También realiza visitas a países y comunica información recibida sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en países específicos.
  • Lleva a cabo actividades en países en seguimiento de las recomendaciones recogidas en sus informes de visita a países.
  • La Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar en 2001 un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, como parte del sistema de procedimientos especiales de la Comisión.

Fuente: EFE verde / Servindi / unsr.vtaulicorpuz.org / RPP Noticias

Fotos: unsr.vtaulicorpuz.org / allevents.in

 

 

EN LIMA

  • Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH concretó importante reunión con exposición de casos
  • Relatora Victoria Tauli-Corpuz prepara un nuevo informe sobre Pueblos Indígenas que será presentado en setiembre de este año

La Relatora de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, se reunió con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derecho Humanos (CNDDHH), y recibió un informe sobre la situación de afectación de derechos de las poblaciones indígenas en base a una serie de casos.

En reunión que tomó dos días (miércoles 27 y jueves 28), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RED MUQUI, presentaron ante la funcionaria de la ONU, cómo es que los derechos de las poblaciones indígenas son vulnerados por efecto de las inversiones extractivas, inversiones en infraestructura y también por decisiones del Estado, a través de normativas que no contemplan el cumplimiento del convenio 169 de la OIT.

Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial ONU, refirió que ante el desconocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre las inversiones que van a impactar sus territorios y los tratados internacionales que los afectarán,  les ha recomendado enterarse de los contenidos de dichas acciones para afirmar mejor sus derechos.

Situación de la consulta previa en minería

Una de las mayores preocupaciones que fueron expuestas ante relatora, fue el de la situación de la consulta previa respecto a proyectos mineros en el Perú. El Secretario Ejecutivo de la RED MUQUI, Javier Jahncke, fue quien expuso sobre el proceso de consulta previa que inicia con el otorgamiento de una concesión minera, por parte del Estado. La relatora Tauli-Corpuz tuvo conocimiento que las partes involucradas –en este proceso– son el Estado (administrador de todos los bienes) y la empresa concesionarias, las empresas mineras en este caso.

“El problema de fondo radica en que nadie más es parte del proceso administrativo, los demás actores como: gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas o nativas y la población en general, solo son informados de las decisiones que se toman”, señaló Jahncke ante los relatores de la ONU.

De igual modo, el representante de la RED MUQUI explicó a la relatora que, tanto el Estado como la empresa concesionaria, realiza talleres informativos para presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son dirigidos por ingenieros y abogados, quienes utilizan un lenguaje técnico que las comunidades campesinas no manejan.

“La presencia de las comunidades, le es suficiente –a la empresa y al Estado- para asegurar que la población ha recibido información suficiente como participar en una audiencia pública posterior y exponer puntos de vista orientados a mejorar el proyecto, pero no para cuestionarlo”, puntualizó Javier Jahncke.

En ese sentido, el Secretario Ejecutivo de RED MUQUI, remarcó que en este proceso de consulta, la posición de las comunidades no tiene incidencia sobre la viabilidad del proyecto, ya que la decisión es tomada solo por el Estado y la empresa que solicita la concesión.

“Según las normas del sector la consulta previa se realizaría después de la aprobación de los EIA y de todas las autorizaciones necesarias para que las actividades extractivas inicien. Por lo tanto, no se consulta sobre ninguna resolución que involucre la realización del proyecto, la consulta previa se realiza en dos momentos en los que no se puede decidir nada”, finalizó.

Luego de culminadas las exposiciones, Tauli-Corpuz, saludó que la Sociedad Civil peruana mantenga una elaboración de reportes e informes que monitorean el cumplimiento de la ley y procesos de consulta previa en el Perú, y los consideró como insumos necesarios para aquellos funcionarios designados por el Estado en los procesos de diálogo con comunidades indígenas.

"Creo que los reportes e informes que están siendo trabajados por la sociedad civil, sobre consulta, pueden llegar a  ser un elemento importante en los procesos de diálogo, al exponer las violaciones al convenio 169”, indicó Tauli-Corpuz al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Se viene un nuevo informe

La comisionada por la ONU sobre Pueblos Indígenas, destacó la importancia de que las comunidades puedan decir sí o no, a las inversiones que se realizarán en sus territorios, así como de la aprobación de salvaguardas ambientales y de derechos humanos, por parte del Estado. En ese sentido, la relatora recomendó que los inversionistas sean transparentes en sus propósitos y las negociaciones deben hacerse de manera pública para que los ciudadanos tengan la posibilidad de intervenir y hacer estudios de impactos en los derechos humanos.

Victoria Tauli-Corpuz, anunció que en setiembre de este año presentará un informe referido a Pueblos Indígenas. Cabe recordar que la relatora elaboró el informe "Repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, Informe a la Asamblea General, 2015", el mismo que fue presentado a la 70ª sesión de la Asamblea General de ONU.

 “Los pueblos indígenas son las poblaciones más vulnerables y no queremos que se agrave la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Por esto tenemos el mandato de protegerlos, indicó”.

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DATOS

  • Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Baskut Tuncak, Relator Especial sobre Residuos Tóxicos, también de la ONU, y Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, llegaron a Lima para participar en un foro público, para analizar los alcances y las posibles afectaciones que sufrirían los pueblos indígenas del Perú y de otras 11 países, por el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).

 

Fotos: Comunicaciones RED MUQUI

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