LUEGO DE 4 AÑOS

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Celendín (Cajamarca) decidió archivar el proceso penal por usurpación agravada que la minera Yanacocha inició en el 2013 contra los dirigentes Ydelso Hernández, Manuel Ramos y Marco Arana, actual congresista de la República por Cajamarca.

Hace unos 4 años las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en el ejercicio de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera había colocado en los caminos ancestrales del lugar.

Esta decisión fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo, pues Yanacocha se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad.

Fue así que la diligencia de retiro de tranqueras fue pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013 sin ningún enfrentamiento, ni acto de violencia. Todo procedió bajo la supervisión del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, representantes de la minera, e incluso periodistas nacionales y extranjeros que fueron convocados.

No obstante, Yanacocha presentó una denuncia penal por supuesto delito de usurpación agravada en contra varios dirigentes campesinos, entre ellos Hernández, Ramos y Arana. De esta manera, la Fiscalía formuló la acusación penal y se solicitó que se les imponga cuatro años cárcel efectiva.

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ), al ejercer la defensa legal de la parte imputada, cuestionó el dictamen acusatorio y solicitó el sobreseimiento (archivo) de dicho proceso. En ese sentido, FEDEPAZ argumentó que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal por parte de los acusados.

Por el contrario, como defensa legal de Marco Arana aportó elementos de convicción de su inocencia que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín. “De estos elementos de convicción se ha dejado plasmado que no emerge una imagen, ni que se haya dejado sentado en acta, que los investigados efectuaran actos perturbatorios a la propiedad de la empresa minera Yanacocha”, especificó como defensa.

Asimismo, FEDEPAZ agregó que “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”.

En respuesta, la misma instancia judicial precisó que comparte criterios con la defensa de la parte imputada; es decir, "que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado. Por ello, se tiene que la conducta desplegada por los procesados no ha lesionado bienes jurídicos”.

Fuente: Fedepaz

Foto: Red Verde Cajamarca

TRAS POSTERGACIÓN DE SENTENCIA

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia reprogramó para el 3 de mayo la lectura del fallo que resolvería si se revierte, o no, el juicio que Máxima Acuña ganó contra Yanacocha, en donde se le pretendió acusar de usurpación agravada.

Los magistrados argumentaron que no tenían votos suficientes para emitir una opinión sobre el recurso de casación presentado por la empresa minera.

De manera que no hubo sentencia final que días anteriores, ya que no hubo quórum suficiente en las sesiones celebradas por la sala en las últimas semanas, y porque, además, uno de sus miembros estará de vacaciones en los próximos días.

A la salida de la diligencia, Mirtha Vásquez, abogada de la campesina, lamentó que el tribunal prolongue la incertidumbre de la familia y aseguró que la sala pudo notificar con anticipación sobre la postergación de la lectura de sentencia.

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“Esperamos que la próxima vez se emita la sentencia porque esto genera mucho desgaste emocional para Máxima y su familia. Ellos tienen que trasladarse desde muy lejos y les resulta un viaje muy costoso, ya que su hija, esposo y yerno fueron también están implicado en todo este proceso”, agregó.

Por su parte, Máxima Acuña aseguró a los periodistas que solo espera "justicia, y nada más". Escuetamente reiteró que no puede tener tranquilidad ya que la empresa sigue enviando a sus trabajadores para hostigarla y provocarla.

A su turno, Christian Schroder, Director Regional Legal de Yanacocha, insistió en que la minera solo busca entablar un diálogo con la familia desde hace dos años.

El funcionario minero aseguró a RED MUQUI, que pese a los procesos –civil y penal- que la empresa lleva contra la familia campesina, si están dispuestos a seguir promoviendo el diálogo, e incluso llegar a un acuerdo extrajudicial.

Finalidad de casación

Por medio de este recurso de casación presentado a esta máxima instancia, la minera pretende que se declare nulo el fallo que declaraba inocente a Acuña, y su familia, por la presunta comisión del delito de usurpación del terreno. Precisamente, ese fue el histórico proceso que la ganadora del premio Goldman ganó a Yanacocha ante la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, en segunda instancia.

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De esta manera se reabriría el juicio –en primera instancia- que en agosto de 2014 condenaba a Máxima, su esposo Jaime, su hija Ysidora y su yerno Elías a dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad (suspendida) y al pago de una reparación de S/.5,500.

Para Mirtha Vásquez, esta casación "es solo un recurso extraordinario donde Yanacocha intenta que se interprete la ley como a ellos les conviene".

“Si la casación sale a favor nuestro, este caso por fin quedaría cerrado. En la sala de Cajamarca lo que se dijo es que no se pudo probar que hubo ‘violencia’, que es el primer elemento para la configuración del delito de usurpación agravada”, explicó

DATOS:

  • El proyecto Conga, tiene una inversión prevista de 4.800 millones de dólares.
  • Para llevarlo a cabo se contempla el drenaje de cuatro lagunas que se encuentran en cabeceras de cuenca, dos de ellas para extraer oro y las otras dos para verter los residuos tóxicos.
  • Yanacocha compró entre 1996 y 1997 tierras para su proyecto minero Conga a la comunidad campesina de Sorocucho, donde se encuentra Tragadero Grande, la propiedad en disputa con los Chaupe Acuña.
  • La familia alega que poseen dichos terrenos desde 1994 por medio de un certificado de posesión. Yanacocha argumenta que dicho documento no es un título de propiedad.
  • El proyecto se encuentra paralizado desde 2012, después de que las protestas contra la mina causaran cinco muertos.

Fuente: RED MUQUI / EFE / Semana Económica

Fotos y videos: RED MUQUI

DESPÚES DE 4 AÑOS

  • Se determinó que pruebas eran inconsistentes
  • Fiscalía había solicitado 36 años de cárcel

El Juzgado Colegiado Supra Provincial de Cajamarca declaró inocentes a 16 líderes ambientales de Cajamarca, que hace 4 años fueron acusados de haber secuestrado a dos gobernadores de Celendín en medio del conflicto generado por el proyecto minero Conga, a cargo de la empresa Yanacocha.

La sentencia señala que no se han probado los cargos imputados, ya que las pruebas presentadas contra los procesados son inconsistentes como para hacer efectiva la condena de 36 años que solicitó la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín.

Como se recuerda, en el año 2013 Pedro Zamora Rojas y Luis Castañeda Pisco, entonces Gobernadores del distrito de Sorochuco y la provincia de Celendín, aseguraron que los defensores de las lagunas de Conga los secuestraron, agredieron físicamente y ultrajaron a los símbolos patrios.

La fase de juicio oral comenzó el 6 de marzo y duró unos 22 días. Es así que el 28 de marzo se hizo la lectura de la sentencia que acabó con 4 años de un tedioso proceso judicial contra los dirigentes, en represalia por cuestionar y oponerse al Proyecto Conga.

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Los líderes se mostraron conformes con la justicia y, a su vez, agradecidos de la defensa legal del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) y otras organizaciones de derechos humanos.

Asimismo, solicitaron mayor responsabilidad por parte del Ministerio Público, pues este proceso ha llegado hasta estas instancias debido a una acusación sin fundamento formalizada por la Fiscalía de Celendín.

También mostraron solidaridad con otros dirigentes y ronderos campesinos que pasan por procesos similares, reclamando el cese de la política de Criminalización de la Protesta Social en nuestro país.

“Aún hay varios casos post conflicto Conga, sobre todo los líderes han estado siendo acusados de manera sistemática por varios cargos. Este caso era especialmente preocupante porque la Fiscalía pedía hasta 36 años. Pero hay otros casos más”, indicó Mirtha Vásquez, abogada de los líderes ambientalistas.

Origen del caso

El 26 de abril del 2013, un grupo de dirigentes sociales asistió a una reunión que había sido convocada por el gobernador de Sorochuco. En dicho encuentro, los dirigentes le solicitaron a Pedro Zamora que era mejor trasladar la reunión a la Plaza de Armas de la localidad y así la población escuche y participe de la discusión sobre Conga.

Sin embargo, el gobernador Zamora defendió el proyecto minero durante las dos horas que duró la reunión; mientras tanto, los vecinos de Sorochuco hacían sentir su voz de rechazo.

Luego de ello, el gobernador interpuso una denuncia por secuestro agravado, argumentando que se le había obligado a participar de esa reunión pública bajo amenazas de usar piedras, palos y armas blancas para “agredirlo”.

DATO:

Las personas absueltas son: Milton Sánchez Cubas, Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños Ayala, José Percy Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, Fabio Rodríguez Rojas, María Bilda Silva Rodríguez, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García, Yeni Cojal Rojas, Arístides Arévalo Ortiz, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros / Grufides

Fotos: Grufides

ANTE CORTE SUPREMA

  • Minera pidió anular fallo que impide desalojar campesina Máxima Acuña

La empresa minera Yanacocha intentó convencer a la Corte Suprema de Justicia, de que Máxima Acuña y su familia cometió delito de usurpación agravada, luego de mostrar una foto captada desde una satélite, que presentó como nuevo elemento probatorio.

Con esta supuesta prueba, el abogado de Yanacocha, Eduardo Alcocer, intentó demostrar que el terreno en litigio le pertenecía a Yanacocha desde antes que llegara Acuña y su familia al lugar.

Durante la audiencia, Alcocer reiteró que los Chaupe Acuña a Tragadero Grande, de manera violenta, golpeando a policías y vigilantes privados, y así lograr apoderarse del terreno.

En respuesta, Walter Gutiérrez Roque, abogado de los campesinos, desestimó las pruebas presentadas por la minera, debido a que carece de "fuerza probatoria" y porque además no fue incluida al inicio del proceso que duró entre el año 2011 y 2014.

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Gutiérrez explicó que se pueden presentar nuevas pruebas durante el proceso, pero hay que demostrar que recién se ha tenido acceso a ellas. Según dijo, Yanacocha no ha podido hacerlo.

“La empresa no ha mostrado ningún argumento fuerte. Yanacocha aduce que durante el proceso (2011-2014) no se recusó a un juez que aparentemente tenía vínculo con rondas campesinas, y tampoco se les había aceptado otros elementos de prueba”, comentó Gutiérrez a RED MUQUI, al término de la diligencia.

Mecánica del proceso

En esta audiencia convocada por la Sala Penal permanente de la Corte Suprema, Yanacocha hizo una exposición oral de la casación que había formulado. Por su lado, la defensa de los Chaupe Acuña debía rebatir lo argumentado por la minera.

“Hubiera sido importante que la señora Máxima esté en la audiencia y sea escuchada, porque el trámite casatorio indica que después que abogados dan cuenta de un informe, la parte afectada tiene oportunidad de hablar”, comentó el letrado.

Porqué se admitió la casación

La casación es factible como recurso extraordinario con el fin de que la Corte Suprema pueda observar las sentencias previas.

“Hemos solicitado que se confirme la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, y que la casación sea declarada infundada e improcedente”, informó Gutiérrez.

La intención de la minera es que la Sala Penal Permanente declare nulo un fallo dictado en segunda instancia que declaraba inocente a Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación del terreno, y que más bien prevalezca la sentencia en primera instancia, donde fueron declarados culpables.

La defensa insistió que Corte Suprema vea que el tipo penal no se ha cumplido, ya que no ha habido violencia por parte de la familia, porque el predio siempre ha estado en posesión de la señora Máxima. “Lo que se tiene es solo el ejercicio normal de la posesión por parte de ella”, dijo Gutiérrez.

En esta oportunidad, la sala, presidida el juez supremo Josué Pariona en reemplazo de Javier Villa Stein, quien renunció al cargo hace unos días.

Ahora la Corte Suprema en lo Penal, debe emitir una resolución de casación que da por finalizado el trámite casasorio. La decisión de la Sala se conocerá este 12 de abril desde las 8:30 de la mañana.

Nuevo precedente

En opinión del abogado Walter Gutiérrez, en este caso la causal es generar doctrina jurisprudencial.

“Se podría sentar un precedente respecto al delito que se le está imputando a Máxima Acuña. La usurpación agravada necesitaba antes de alguien que para que uno usurpe, además de desposeer e ingresar directamente, también tendría que haberse demostrado que ejerció violencia. Que es lo que no hubo en este caso”, explicó a RED MUQUI.

Es decir, que, a partir de este caso la doctrina va a indicar que para que exista usurpación agravada debe cumplirse todos estos factores en un mismo momento, incluso violencia.

“De salir favorable la sentencia, podríamos revertir muchas otras correspondientes a otros procesos que mantiene la familia”, señaló.

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DATOS:

Máxima Acuña, su familia y su abogada Mirtha Vásquez, no pudieron estar presentes en la audiencia, debido a que no pudieron abordar el avión que los iba a traer a Lima. La aerolínea tomó esta determinación debido al mal tiempo y a las lluvias al norte del país.

Mientras se desarrollaba la audiencia, hubo un plantón de solidaridad a las afueras del Palacio de Justicia por parte de Fenmucarinap, Amnistía, CNDDHH, DEMUS y RED MUQUI.

Fuente: RED MUQUI / EFE

Fotos: Wayka / RED MUQUI

ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

  • Empresa presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia y este miércoles se revisará en audiencia
  • Sala que aun preside Javier Villa Stein verá el caso
  • Este proceso Yanacocha denunció por usurpación agravada a casi toda la familia Chaupe Acuña

Este miércoles 15 de marzo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia revisará la sentencia que –en última instancia– declaró inocente a la familia Chaupe Acuña del delito de usurpación agravada, y otros cargos formulados por la empresa minera Yanacocha.

En este proceso penal, que duró entre el año 2011 y 2014, fueron incluidos: Máxima Acuña; Jaime Chaupe, su esposo; Isidora Chaupe, su hija, y Elías Chávez, su yerno. Es por ello, que la ganadora del premio Goldman 2016 y toda su familia, acudirán a esta audiencia programada en la sede de la corte suprema en Lima.

En la sala penal, que aun preside Javier Villa Stein, se discutirán los argumentos de la empresa que buscan anular la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca (17 de diciembre del 2014), y reabrir el proceso con el fin de volver a juzgar a la familia bajo pena de cárcel efectiva.

Precisamente, esta fue la sentencia histórica que permitió a Máxima y a su familia permanecer en su predio al no haber pruebas concretas de la usurpación que denunciaba Yanacocha.

Pese a que la Sala Penal de apelaciones fue la última instancia para este caso y sus sentencias no se pueden apelar, la empresa Yanacocha y abogados, presentaron un recurso extraordinario, denominado “Casación”.

Mirtha Vásquez, abogada de Máxima Acuña y su familia, explicó que este recurso está prescrito en la ley y solo procede excepcionalmente, por causales específicas.

“Con esta casación no se puede volver a juzgar el caso (los hechos), pero sí se puede revisar que la sentencia haya sido dada conforme a ley, y que las normas se hayan interpretado de manera correcta”, puntualizó la letrada.

Asimismo, la defensora legal de Máxima Acuña, precisó que la sentencia dada en la segunda instancia (Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca) es absolutamente clara y no existe ninguna contradicción o vacío de ley.

“La empresa minera ha logrado que su recurso de Casación sea admitido, argumentando que se debe interpretar en otro sentido la norma que regula el proceso de usurpación. Ahora la Sala Penal de la Corte Suprema, señala en su resolución que es importante revisar el caso para sentar “criterios jurisprudenciales””, especificó.

Cabe recordar que la familia campesina y la minera estuvieron inmersos en un juicio que duró casi cuatro años (2011 al 2014), y en el que la empresa siempre argumentó que los Chaupe Acuña nunca vivió allí. Yanacocha adujo que el 9 de agosto de 2011 invadieron la propiedad violentamente, incluso “golpeando una veintena de policías”. 

Sin embargo, la familia asegura que fue en ese año (2011) que la empresa llegó hasta su predio Por su parte la familia, argumentaba que fue Yanacocha la que llegó hasta el predio y pretendió desalojarlos violentamente, agrediéndolos y destruyéndoles lo poco que tenían.  

Máxima junto a su familia, lejos de irse, se quedó en el predio y desde ese momento –hasta la fecha- es que resiste las constantes hostilizaciones e irrupciones de Yanacocha y su personal de seguridad privada cada cierto tiempo.

El 17 de diciembre del 2014 la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca, declaró absuelta a la familia de todos los cargos que la empresa les imputaba, en tanto no existían medios de prueba que acreditaban lo argumentado por la empresa.

Plantón de solidaridad

Desde las 8:00 horas del 15 de marzo, diversos colectivos, organizaciones de la Sociedad Civil y personas que se solidarizan con Máxima Acuña y su familia, han convocado a un plantón frente al Palacio de Justicia, lugar donde se ubica la Sala Penal Permanente. La audiencia está programada para las 8:30 de la mañana.

DATO:

  • Yanacocha y la familia campesina, se disputan desde hace años un terreno de no más de 25 Has., ubicado a 4000 metros de altura, y que sería parte del Proyecto minero Conga.

Foto: Chungo y Batann

POR USURPACIÓN AGRAVADA

  • Investigación preliminar culminó el 17 de febrero
  • Fiscal tomó como elementos probatorios vídeos registrados por el propio personal de Yanacocha

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Celendín (Cajamarca) notificó que su despacho fiscal decidió “Formalizar Investigación Preparatoria” contra la empresa minera Yanacocha por Usurpación Agravada en agravio de Máxima Acuña Atalaya y su familia. Así lo confirmó Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña.

Esto se debe a que la Fiscalía, a cargo del Dr. Marco Terán Arribasplata, determinó que que miembros de seguridad de la empresa minera sí ingresaron al predio que ocupa la denunciante los días 18 de setiembre y 4 de octubre del año pasado.

La defensora legal de la familia indicó que, si bien, los ataques son constantes desde el año 2014, en las fechas señaladas han ocurridos los ingresos “más violentos”. En ambas oportunidades, la empresa no solo destruyó los cultivos de papa y parte de la choza familiar, sino que se enfrentaron directamente a Máxima Acuña y a su esposo Jaime que se encontraban solos en el lugar.

“Luego de que la familia denunciara estos hechos (ocurridos en setiembre y octubre de 2016) se inició una investigación fiscal que ha concluido el 17 de febrero último, y que ha tenido como resultado esta disposición fiscal que encuentra indicios razonables para formalizar esta denuncia”, señaló a través de su cuenta personal en Facebook.

Vásquez recordó que, desde el año 2014, la Familia Chaupe Acuña viene sufriendo una serie de agresiones por parte de la empresa minera Yanacocha, quien de manera recurrente ha venido ingresando al predio ocupado por esta familia, aduciendo que estas acciones serían “defensas posesorias permitidas por ley”.

La abogada recordó que algunas de las denuncias han sido archivadas y otras se encuentran en curso. En cuanto a la decisión del Fiscal Terán, la letrada manifestó que el argumento de la defensa posesoria no tiene razón de ser. 

"Defensa posesoria sería una actuación inmediata cuando detectas que alguien te quiere invadir, pero la que posee ese terreno es la familia y no la empresa. Entonces, ¿cómo la empresa puede verse amenazada de que alguien la invada si no posee el terreno? Además, ese terreno está en litigio y mientras lo esté se protege a la parte que está en posesión de ese terreno", expresó.  

Por el momento, el representante del Ministerio Público en Celendín (Cajamarca) señala que existen indicios de que Yanacocha cometió el delito de usurparción. En base a ello, el fiscal Terán ha decidido que debe iniciar una investigación preparatoria, que luego de realizarse tendría dos desenlaces: que se formalice la acusación o se archive el caso.

“Este es el primer caso en que un Fiscal resuelve seriamente el tema, valorando las pruebas y dando argumentos contundentes sobre la existencia de indicios de delitos, dando luz verde a la investigación”, resaltó Vásquez Chuquilin.

En esta etapa, el Fiscal ha creído conveniente realizar una investigación más profunda, tras culminar la preliminar (el 17 de febrero), sin embargo, aún no se ha formalizado una denuncia penal contra la minera.

La abogada de la ganadora de los premios Goldman, dijo que los agraviados esperan que en este proceso se desenvuelva de la manera más objetiva y sobre todo con celeridad para evitar que la empresa los siga agrediendo y justificando esta conducta abusiva y violenta en una figura legal como la defensa posesoria.

Llegar a un predio ocupado por una persona o familia, destruir e irse, de ninguna manera puede convalidarse como defensa posesoria; ahora, con este caso, está en manos del Ministerio Público y el Poder Judicial sentar precedente, diferenciar la figura de defensa posesoria e impedir que sea utilizada para generar abusos y delitos”, agregó la defensora legal de la familia campesina.

Los funcionarios de Yanacocha denunciados son los siguientes: Raúl Farfán Amat y León, director de asuntos externos; Gilberto Bazán Hernández, jefe del área de Tierras, Carlos Martos Chávarry, especialista de seguridad, Jean Carlo Serván Delgado, gerente legal, y Julio Feliz Herrán García, jefe de seguridad de dicha empresa.

Foto: Ojo Público

Fuentes: Facebook Mirtha Vásquez / La Mula / RPP

PARA IMPLEMENTAR MEDIDA CAUTELAR CIDH

  • Marisol Pérez Tello se reunió con Máxima Acuña el día de la No violencia contra la mujer
  • Familia campesina apenas recibe la visita de dos policías a la semana
  • Daniel Chaupe fue interceptado y hostilizado por personal de seguridad de Yanacocha  

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, admitió que el Estado no tiene desarrollado ningún protocolo de atención, ni medidas de protección para cumplir con la medida cautelar dictaminada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de los Chaupe Acuña. Así lo informó, Mirtha Vásquez, abogada de esta familia.

Como parte de la campaña “Máxima no está sola”, que Amnistía Internacional viene promoviendo a nivel internacional, se logró que Pérez Tello reciba a Máxima Acuña en la misma sede del Minjus, el último 25 de noviembre, día de la No violencia contra la mujer.

Durante este encuentro, Mirtha Vásquez comentó a RED MUQUI, que la ministra ofreció sus disculpas a Máxima por su situación, y le reconoció que el Estado no está haciendo casi nada por ella.

Asimismo, Pérez Tello se comprometió a visitar a Máxima en Cajamarca para este mes de enero. “Nosotros esperamos que cumpla con esta visita porque las autoridades deben conocer de cerca, qué es lo que implica un conflicto y cómo se violan los derechos humanos. Ella también ha ofrecido trabajar sobre el protocolo de protección”, remarcó la abogada.

De igual manera, Vásquez señaló que la titular de Justicia y Derechos Humanos, reconoció que tema de Máxima no se reduce a una disputa de propiedad, sino a un tema de derechos humanos. Además, la ministra manifestó su preocupación referente a las políticas de relacionamiento que tiene la empresa Yanacocha con ella y las comunidades campesinas.

Dos policías, dos veces por semana

La directora de Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) también señaló que lo único que el Estado le ha ofrecido a Máxima Acuña es enviar a dos policías a la semana, para que constaten cómo se encuentra ella y su familia.

“Este no es un mecanismo eficiente de protección. A veces estos efectivos llegan cuando ya han acabado los ataques. Lo único que hacen es levantar un acta de constatación. ¿Qué tipo de protección eficiente es esa? Solamente llegan en un momento puntual y luego se retiran. Ni siquiera hacen un registro de incidentes”, comentó Vásquez Chuquilin a RED MUQUI.

En diálogo con RED MUQUI, comentó que esto ya ha sido expuesto en la 159 audiencia de la CIDH, en la que también participó la ministra de Justicia. “No se puede hablar de protección cuando el Estado no tiene mecanismo y personal preparado para ejecutar estas medidas. No están preparados para ninguna acción frente a la empresa o al agresor”, aseveró.

Ante la CIDH, el procurador del Estado respondió que lo único que se podía pedir al Ministerio del Interior (Mininter), es mejorar el sistema de envío de policías.

“Para Máxima y su familia representan una amenaza y desconfianza, porque recordemos que la Policía han sido parte del convenio de seguridad privada que esta institución mantiene con la empresa Yanacocha”, advirtió.

Mirtha Vásquez expuso que un mecanismo de protección adecuado, implicaría acciones desde varios sectores, entre ellos: el Mininter, Minjus y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

“Actualmente coordinamos con funcionarios de nivel intermedio del Minister. El MIMP envió unos psicólogos para que evalúen a la familia en el mes de octubre, pero luego no han regresado. En este caso, los daños no solo son físicos, sino psicológicos”, expresó.

Atentado contra el hijo de Máxima

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Otro hecho de hostilización sucedió el reciente domingo, aproximadamente a las 9:30 a.m., cuando Daniel Chaupe se dirigía en su motocicleta desde Tragadero hacia Cajamarca.

A la altura del sector de Quinuapampa, fue interceptado abruptamente por una camioneta, que provocó la caída de Chaupe al costado de la vía causándole varias heridas en todo el cuerpo.  La camioneta se dio a la fuga sin prestarle ningún tipo de auxilio.

El último 13 de diciembre, Daniel Chaupe Acuñafue nuevamente amenazado por personal de vigilancia de la empresa minera que se encuentra en inmediaciones del terreno de la familia: “Te vamos a encontrar en Santa Rosa y te vamos a pelar como a cuy”, le dijeron, mientras vertían una serie de insultos, pateando y destruyendo objetos descartables delante de él diciendo: “Ojalá éstos fueran tú”.

“Temo por la vida de mis hijos”

Máxima Acuña piensa que estos nuevos ataques pueden provenir de la empresa como represalia por haberse negado estos últimos días a hablar y recibir a funcionarios de la minera, que insisten en presionarlos para entrar en un supuesto diálogo. 

“Ya hemos dirigido una carta formal a los directivos de Newmont en EE.UU. donde expreso cuál es nuestra posición como familia frente a este grave problema. Entonces no entiendo por qué la empresa sigue mandando a sus funcionarios a cada rato a molestar a mi familia ofreciéndole becas, dinero, terrenos, como si esto fuera un negocio. Que nos dejen de presionar, de amenazar, de atacar. Yo temo por la vida de mis hijos”, dijo Máxima en Cajamarca, sumamente afectada por este último atentado contra su hijo Daniel.

Fuente: Comunicaciones RED MUQUI / GRUFIDES / Noticias SER

Fotos: Ministerio de Justicia / GRUFIDES

A TRAVÉS DE UNA CARTA PÚBLICA

  • Empresa minera presiona hacia un diálogo con funcionarios prepotentes que han actuado en contra de Máxima Acuña y sus otros familiares

La familia Chaupe Acuña dirigió una carta a Newmont –accionista mayoritaria Yanacocha– pidiendo que cesen los actos de hostilidad y cumplan con las recomendaciones del informe RESOLVE para dar solución al conflicto que mantienen ambas partes por el predio "Tragadero grande”, ubicado en Celendín (Cajamarca).

“Pensamos que producto de los resultados del informe RESOLVE, Newmont cambiaría su enfoque luego de aplicar algunas recomendaciones, como hacer na evaluación de riesgos específicos del caso, realizar un análisis de causa a raíz del conflicto de Tragadero grande; y hacer una investigación exhaustiva de los problemas de seguridad que son motivo de nuestra preocupación”, expresaron.

Empresa presiona con “diálogo”

En la carta dirigida al Presidente de Newmont Mining, David Goldberg, los Chaupe Acuña, cuestionan que la minera haya buscado dialogar con ellos de manera informal y con actos de agresión de por medio a cargo de algunos funcionarios de Yanacocha, como: Raúl Farfan (vocero de la empresa), Carlos Mercado y Héctor Zegarra.

“Estamos experimentando, en los últimos meses, es un insistente y forzado intento de acercamiento hacia nosotros, usando para ello a los peores interlocutores, los propios funcionarios responsables del mal manejo de este conflicto. Los que han dirigido y sostienen los ataques contra nuestra familia, tanto físicos, psicológicos, como mediáticos”, refieren.

Mirtha Vásquez, abogada de los Chaupe Acuña, indicó que el 5 de noviembre pasado, estos altos funcionarios de la empresa se acercaron a la casa de la familia, donde fueron escuchados. En esta reunión los representantes de Yanacocha insistieron sobre la adquisición del terreno, que para esta familia campesina es innegociable.

“La empresa ha enviado dos cartas – a mí y a Máxima- con el fin de dialogar. El problema es que desde entonces vienen presionando e insistiendo día a día para concretar otra reunión, lo cual constituye también un acto de presión y hostigamiento. Esta no es la manera de propiciar un acercamiento”, dijo la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES).

Ante ello, la familia manifiesta que precisamente son estos funcionarios los que siguen presionando, de manera confrontacional y agresiva, para llevar a cabo un diálogo.

“Sin duda algunos de estos funcionarios han sido los causantes de que el conflicto llegue hasta su estado actual, y hoy continúan empeorando la situación”, señalan a Newmont.

En ese sentido, Mirtha Vásquez, quien también ha sufrido actos de hostigamiento por ejercer la defensa del caso de Máxima Chaupe, aclaró que hasta el momento no existe ningún diálogo iniciado con Yanacocha, ya que, hasta el momento, no se han establecido los puntos a conversar.

“La empresa debe comprender que este tema va más allá de una transacción comercial. En este caso se han trasgredido los derechos humanos de la familia. Si el diálogo que plantea la empresa va por negociar en base al terreno, no se llegará a nada, porque el terreno no está en venta, ni en posición de intercambio”, aseveró.

Asimismo, los Chaupe Acuña pidieron que la trasnacional, especifique bajo qué puntos pretende entablar un diálogo con ellos.

“Escribimos esta carta a la máxima autoridad de Newmont para pedirle que, mediante una comunicación clara, precisa y pública, nos exprese cuales son los puntos sobre los que Newmont desea dialogar con nuestra familia”, solicita Máxima Acuña junto a su esposo Jaime Chaupe.

En gran parte de la carta dirigida a Goldberg, Máxima y su esposo Jaime, le recordaron el resultado del informe RESOLVE, a cargo de la Misión Independiente de Constatación de los hechos de Yanacocha, que Newmont contrató para recopilar información sobre su caso. Específicamente lo referido a violaciones a derechos humanos.

“Lamentamos que el informe, a pesar de todas las importantes constataciones que hace, incluyendo el registro del uso sistemático de la fuerza contra nosotros, concluya ambiguamente en que no existen evidencias de violación de derechos humanos, aunque señale que sí existe riesgo sobre los mismos”, manifiestan los esposo Chaupe Acuña.

Fuente: Carta abierta a Newmont Mining

Foto: Gabriela Delgado

DESDE LATINOAMÉRICA
• Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia
• Petición fue firmada por 15 mil personas de varios países en el mundo

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales pidió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), interceda ante el gobierno del Perú, para que se otorguen garantías a Máxima Acuña y su abogada Mirtha Vásquez.

En el día internacional de la no violencia contra la mujer (25 de noviembre, último), este colectivo femenino internacional presentó una petición firmada por 15 mil personas de todo el mundo para pedir por la seguridad de todas las defensoras de la tierra y la vida en América Latina.

En la carta, se denuncia cómo es que los proyectos extractivos, y en particular las actividades mineras, están generando violencia con el cuerpo y el territorio, donde habitan mujeres indígenas que vienen denunciado y defendiendo ante la vulneración de derechos sociales y ambientales.

Esta entrega de petición, se hizo en cada una de las sedes de la ONU en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú. Próximamente serán entregadas en Panamá y en otros países.

En la carta a dirigida a Naciones Unidas se resalta que las mujeres son las más afectadas por las economías extractivistas. “Estamos expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios”, indican.

En el caso de Máxima Acuña, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, recordó a la ONU que, desde hace 4 años, Máxima Acuña y toda su familia han sufrido un claro hostigamiento por parte de la empresa minera Yanacocha, a causa de la disputa legal que mantiene por la posesión del predio Tragadero Grande.

“La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura, la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra. Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a sus animales y hasta retiro de sus cosechas de papas sin ningún reparo”, relatan en la carta dirigida a la ONU.

De igual manera refieren el caso de la abogada Mirtha Vásquez, quien también es víctima de intimidación, amenazas y seguimientos tanto ella como a su familia, desde que decidió tomar la defensa legal de la familia Chaupe Acuña. Asimismo, se le remite a la ONU que Vásquez Chuquilin se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio y desinformación.

Por la gravedad de los hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a Mirtha Vásquez y a Máxima Acuña, a fin de que el Estado peruano garantice la integridad de ambas, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido.Entre otros casos que marcan la violencia extractivista, se expuso el asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en Honduras en marzo de 2016; los desalojos forzados en medio de militarización y hostigamientos a mujeres y sus pueblos indígenas en Ecuador para implantar actividades mineras; el dejar sin agua y en condiciones de alta contaminación minera a comunidades enteras en Bolivia; los atentados con armas de fuego a la vida de mujeres por defender el territorio en Guatemala, etc.

“Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de esta petición nos dirigimos a los gobiernos de América Latina, para denunciar y exigir el cese inmediato de toda forma de violencia contra las mujeres, y pedimos medidas efectivas de protección para todas aquellas que se sientan amenazadas”, enfatiza la petición.

DATO:
La campaña de firmas virtuales fue impulsada por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales en coordinación con Salva la Selva desde su sitio web www.salvalaselva.org con mucha interacción de personas de diferentes países, que al conocer los ejemplos de violencia contra las mujeres por actividades mineras se sumaron a la petición con una firma.

Fuente: Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Foto: SERVINDI

  • Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
  • Indicó que de los defensores ambientales asesinados este año, 40% son indígenas

La relatora especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz refirió que las últimas agresiones contra Máxima Acuña, por la seguridad privada contratada por Yanacocha, corresponde a una técnica utilizada para amedrentar a los indígenas, similar a la que sufrió Bertha Cáceres en Honduras.

"Es lo mismo que pasó en Honduras, donde los implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron miembros de la seguridad privada de la empresa (constructora), incluyendo algunos militares", apuntó en relación al asesinato de la lideresa indígena ocurrido hace siete meses por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.

En ese sentido advirtió que los defensores “carecen de protección porque los que gobiernan tienen más interés en lograr las tierras” y reveló que existen varios países que no tienen leyes que defiendan la postura de los ambientalistas.

maximaacuña

Al mencionar el caso de Perú, la comisionada por la ONU en materia de Pueblos Indígenas, remarcó que "la prioridad de los gobiernos, desde el pasado hasta ahora, ha sido generar crecimiento económico a partir de las industrias extractivas", lo que hace que los líderes indígenas sean una "amenaza para el deseo del Estado de usar las tierras y generar beneficio de interés para las grandes corporaciones mineras".

En reunión con agencias internacionales de prensa en Roma (Italia), Tauli-Corpuz señaló que esas personas "carecen de protección porque los que están en el poder son los que tienen más interés en lograr esas tierras". Asimismo, detalló que hay países que no poseen leyes que defienden los derechos indígenas y otros como Brasil (con empresarios agrícolas en el Parlamento) que sí las tienen, pero no las aplican porque dan prioridad a las que sirven para desarrollar proyectos mineros o hidráulicos.

Es por ello que recomendó que, ante la indefensión de los indígenas, la relatora instó a llevar ante la justicia nacional o internacional los casos de violación de sus derechos. Más aun cuando los indígenas representan alrededor del 40 % de los 137 ambientalistas y defensores de derechos humanos asesinados este año en el mundo.

La minera Yanacocha señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada.

El 4 de octubre último se denunció invasión a la propiedad de la familia Chaupe Acuña. Personal de la minera Yanacocha llegó a las 10 de la mañana y nuevamente destruyó unos cultivos. En esta ocasión, el esposo de Máxima Acuña, Jaime Chaupe se encontraba solo en el lugar.

Ese mismo día, la empresa señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada. También refirieron que Chaupe Lozano conversó con el representante de Asuntos Externos de la mina, Raúl Farfán, en presencia de periodistas, pero hasta el momento no se ha difundido dicho diálogo.

Territorios y derechos: materia de preocupación

El último Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas fue remitido por el Consejo de Derechos Humanos, y es revisado a profundidad en el 71° Período de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su informe que tuvo lugar en Nueva York, y concluyó este 30 de septiembre, afirma que el cierre de la brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y nacional, y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo su principal preocupación.

Tauli-Corpuz alerta de un número alarmante y creciente de casos en los que la inversión extranjera en los sectores de minería, petróleo y gas fue lo que resulta en graves violaciones de la tierra, el autogobierno de los pueblos indígenas y derechos culturales.

Acuerdos internacionales de inversión podrían agravar y exacerbar a los graves impactos de los proyectos de inversión sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La conservación y su impacto en los pueblos indígenas son un tema constante. Es por ello que, en su información, afirma que las zonas protegidas brindan la posibilidad de salvaguardar la diversidad biológica para beneficio de toda la humanidad.

Su texto concluye con recomendaciones sobre la manera en que pueden llevarse a cabo las actividades de conservación, tanto en la esfera normativa como en la práctica, respetando los derechos de los pueblos indígenas y mejorando la conservación sostenible.

El texto de Victoria Tauli, detalla que por zona protegida “se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos de conservación específicos. Las zonas protegidas adoptan modalidades de conservación muy diferentes, entre ellas parques y bosques nacionales, refugios de flora y fauna silvestres, zonas marinas, reservas privadas y reservas administradas por organizaciones no gubernamentales, zonas protegidas de los pueblos indígenas, tierras comunitarias y otras áreas donde la protección de la naturaleza y la práctica de una subsistencia sostenible fomentan la integridad de los ecosistemas”.

Tauli-Corpuz, afirma que los territorios indígenas tradicionales, constituyen 22 por ciento de la superficie del planeta, coinciden con áreas en las que se encuentra 80 por ciento de la diversidad biológica mundial.

DATOS

  • Un relator especial se encarga de presentar informes anuales sobre asuntos específicos o situaciones de especial importancia relativas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
  • También realiza visitas a países y comunica información recibida sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en países específicos.
  • Lleva a cabo actividades en países en seguimiento de las recomendaciones recogidas en sus informes de visita a países.
  • La Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar en 2001 un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, como parte del sistema de procedimientos especiales de la Comisión.

Fuente: EFE verde / Servindi / unsr.vtaulicorpuz.org / RPP Noticias

Fotos: unsr.vtaulicorpuz.org / allevents.in

 

 

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