Se usa la fuerza policial contra población civil en zonas de conflicto socio ambientales y existen convenios que entre la policía nacional peruana y empresas mineras, así lo sustentaron organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos. La Audiencia se realizó este lunes 1 de octubre en EE.UU. La Comisión Interamericana cuestionó estos convenios y fue enfática al señalar el conflicto de intereses en estas acciones.

Organizaciones como la Red Muqui, Derechos Humanos sin Fronteras, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); GRUFIDES presentaron información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el uso irregular de las fuerzas policiales en el Perú con el fin de proteger los intereses de empresas privadas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales.

En el documento de solicitud de la audiencia se afirma que “dicho patrón viene consolidándose en desmedro de los derechos fundamentales de personas y comunidades ubicadas en la zona de influencia de los proyectos de inversión”. Un ejemplo claro de ello, sería el uso de fuerzas policiales para desalojo de pobladores en Las Bambas, donde las organizaciones han reportado varios atropellos y violencia hacia poblaciones vulnerables.

Existen 23 convenios entre la policía y empresas extractivas, así lo reconoció el Procurador del Estado peruano, Carlos Reaño Balazero Afirmó a la Comisión Interamericana que se establece convenios con empresas mineras dentro de un marco normativo, respetando a los derechos humanos. También, aseveró que el Ministerio del Interior (MININTER) por resolución aprueba los convenios y que no hay relación de subrogación de los policías a las empresas, el pago se realiza al MININTER. “Esta actividad no limita cumplir con sus funciones a la policía”, aseguró. Sin embargo, las organizaciones sociales mostraron en su informe que la realidad es otra.

Jaime Borda, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, declaró que en el Sur del Perú, en la zona del Corredor minero entre Cusco y Apurímac existe uso de la fuerza indebida. Así, hasta el día de hoy esta zona de encuentra en Estado de Emergencia, anulando derechos fundamentales como la libertad de reunión. También afirmó que existe una persecución sistemática hacia líderes sociales, dirigentes y organizaciones de derechos humanos en la zona.

Por su parte, el Comisionado de CIDH, Joel Hernández, aseveró que “no queda claro el contenido del convenio. En que consiste la obligación a cargo de la policía nacional, cuál es la retribución que recibe la policía nacional por brindar ese servicio”. Fue enfático al señalar que “en otros países hay asociaciones de derecho privado y no se entra en conflicto de tener que distraer a la policía nacional de sus tareas”. Aseguró que en la práctica, quien dirige es la empresa privada.

El representante del Estado peruano respondió que el objetivo del convenio es mejorar los servicios en la zona de influencia del proyecto minero, para preservar el orden interno, orden público y seguridad ciudadana y pidió disculpas por los fallecidos durante los conflictos sociales. Sin embargo, ratificó que el uso de la fuerza se hace dentro del marco constitucional.

En el informe presentado ante la Comisión, las organizaciones sustentaron la desnaturalización de la función constitucional y de la actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y, el pago irregular de dinero por parte de empresas mineras a la Policía Nacional por servicios de seguridad privada, así como la ausencia de fiscalización y control, por parte del Ministerio Público, de los convenios firmados entre tales empresas y el Ministerio del Interior.

El caso del sur andino peruano (Regiones del Cusco y Apurímac), el informe presentando ante la Corte, demuestra el patrón en torno a los pagos irregulares que empresas mineras han realizado a la Policía Nacional del Perú. Así entre los años 2010 al 2014 la retribución económica de las que fueron beneficiarias las fuerzas policiales por parte de las empresas mineras Quechua, Las Bambas, Hudbay y Tintaya fluctúa entre montos muy semejantes; además se debe precisar que en el caso de la minera las Bambas y Hudbay la retribución económica se extendía a los oficiales superiores que se encontraban a cargo del convenio; entiéndase a éstos como los que firmaban el convenio o se les designaba alguna labor respecto al convenio sin que se encuentre en el destacamento minero

Los montos que los convenios contemplan pueden verse en el siguiente cuadro:

Minera Quechua Minera Las Bambas Minera Hudbay Minera Tintaya
Jefe de destacamento 100.00 soles por día 110.00 soles por día 110.00 soles por día 110.00 soles por día
Efectivo policial 80.00 soles por día 100.00 soles por día 100.00 soles por día 100.00 soles por día
Oficiales superiores supervisores del convenio o a cargo el convenio -- 110.00 soles por día 110.00 soles por día --

Javier Jahncke, secretario ejecutivo de de Red Muqui, afirma que estos convenios y pagos irregulares que se dan entre la Policía y las empresas vulneran la Convención interamericana de Derechos Humanos, más allá de que en el Perú sean legales. Así nada garantiza la protección de  los derechos de  las personas en zonas de conflictos sociales. Comisionado de CIDH, Joel Hernández, finalmente, hizo mención que a pesar de que la policía actué en tiempo libre, como señaló el procurador se trata de agentes del estado que representan al país, y se sujetan a normas del país e internacionales.

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La semana pasada se presentaron observaciones a la Política de salud para afectados por metales que planteó el Ministerio de Salud. La Plataforma de afectados por metales tóxicos ha enviado sus observaciones, así como la Red Muqui. Piden precisión en los conceptos del documento: se debe denominar "metales tóxicos" y no "metales pesados"; que se establezca una instancia a nivel nacional para gestionar el tema. También se afirma que la data usada para los lineamientos de la política es imprecisa e incompleta.

El documento presentado por Red Muqui señala que “solo se ha avanzado con una parte de la política; tal como está, no constituye un mandato para su aplicación irrestricta, carece de precisión y obligatoriedad para su real cumplimiento, tampoco cuenta con un enfoque que respete la interculturalidad”.

La Plataforma de afectados, afirma que la política está dejando fuera a poblaciones afectadas como Loreto, Huancavelica y La Libertad. Tampoco hay un enfoque de prevención y promoción de la salud, todo lo contrario, se relaciona al “autocuidado, que posiciona al paciente como principal responsable de su estado de salud.

También observan que el sistema de financiación es ambiguo. “No se incluye la responsabilidad del Estado de financiar la implementación de estos lineamientos”, se lee en el documento, donde se establece, además, la opción de recibir financiamiento privado.

La Red Muqui por su parte remarca que “se mantiene el riesgo de que, el acceso a los servicios de salud sea, a lo sumo, para las personas que tienen capacidad económica”.

En otra parte del documento de Red Muqui, se suscribe que “es necesario establecer una instancia a nivel nacional, que tenga la capacidad de gestión mucho más allá de lo que actualmente hace la Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas afectadas por metales pesados y otras sustancias químicas, que articule y dinamice al interior del sector salud y la actuación trans-sectorial en los diferentes niveles de gobierno en todo el país”.

A la Plataforma de afectados le preocupa la participación y el impacto. “No se encuentra detalle de los mecanismos por los cuales se va asegurar la participación de la población en los implementos de los lineamientos, su monitoreo y evaluación”, remarca el documento.

El mes pasado representantes de los afectados por metales tóxicos estuvieron en Lima presentando una propuesta de política de salud que fue construida de forma colectiva por nueve regiones como Pasco, Junín, Cusco San Martín, Lima región que fue elaborado colectivamente. “Por fin el Estado está reconociendo que este es un problema nacional. No son unos pocos casos aislados, somos miles de peruanos contaminados con metales tóxicos y por eso hemos venido a proponer una política de carácter nacional”, señaló en ese entonces Ismael Julón, dirigente de Cajamarca.

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Vía Fedepaz.- Se ordenó el archivo definitivo del proceso penal por supuesto delito de usurpación agravada, seguido contra el referido Marco Arana Zegarra y los dirigentes campesinos Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos. Todos dirigentes y defensores ambientales, acusados cuando lideraron movilizaciones durante el conflicto socio ambiental Conga.

Como se recordará, las comunidades y rondas campesinas situadas alrededor del proyecto minero Conga, en el ejercicio de su facultad constitucional para administrar justicia, decidieron retirar las tranqueras que la empresa minera Yanacocha SRL había colocado en los caminos ancestrales de sus territorios. Esta decisión de las comunidades fue comunicada a las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo ya que la empresa se había negado a retirarlas alegando que se trataba de tierras de su propiedad. Por lo tanto, dicha diligencia de retiro de tranqueras fue pública y se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013, sin acto de violencia alguno y con la presencia del Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, representantes de Yanacocha SRL, de la prensa nacional y extranjera.

Sin embargo, Yanacocha denunció penalmente a diversos dirigentes campesinos por supuesta usurpación agravada. La investigación se formaliza, el Ministerio Público acusa penalmente a Marco Arana Zegarra, Ydelso Hernández Llamo y Manuel Ramos Campos como supuestos autores del delito, solicitando que se les imponga cuatro años de pena privativa de la libertad.

La defensa legal de Marco Arana, a cargo de FEDEPAZ, cuestionó por escrito el dictamen acusatorio y solicitó por escrito el archivo de dicho proceso, señalando que el Ministerio Público no había aportado elemento de convicción alguno que haga presumir una supuesta responsabilidad penal de su parte o la existencia de causa penal probable contra ellos.

Por el contrario, la defensa legal de Arana aportó elementos de convicción de su inocencia, que fueron ratificados por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín al señalar: “De estos elementos de convicción se ha dejado plasmado que no emerge una imagen ni que se haya dejado sentado en acta que los investigados efectuaran actos perturbatorios a la propiedad de la empresa minera Yanacocha”. Asimismo, agregó que: “Se advierte de la propia denuncia en prevención del delito, que no existe participación alguna de los investigados Manuel Ramos Campos y Marco Antonio Arana Zegarra”.

Igualmente, la misma instancia judicial precisó que “El Juzgado comparte criterios con la defensa de la parte imputada, es decir, que el hecho de la causa no se realizó o no pudo atribuírsele al imputado”. Por ello “se tiene que la conducta desplegada por los procesados no ha lesionado bienes jurídicos”, resolviendo “DECLARAR FUNDADA LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO”, que acaba de ser confirmado por Primera Sala penal de Apelaciones de Cajamarca.

En efecto, dicha Sala Penal, bajo la premisa de que “El Fiscal podrá formular acusación … sólo si existen suficientes elementos de convicción de la realidad y certeza del delito, así como la vinculación del implicado en su comisión”; expresa que “ha verificado que, conforme lo ha sostenido el a quo en la resolución impugnada, en el presente caso no existen elementos de convicción suficientes que corroboren de forma razonable que los hechos de carácter ilícito expuesto por el Ministerio Público, puedan ser atribuibles a los imputados”, por lo que “corresponde confirmar el auto de sobreseimiento”.

Al respecto, FEDEPAZ expresa su satisfacción por el archivo definitivo de este injusto proceso penal que se inició contra Marco Arana y los dirigentes comunales Ydelso Hernández y Manuel Ramos. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar brindando patrocinio legal a los defensores y defensoras del medioambiente, del territorio y de los derechos fundamentales de sus comunidades y que, por dicha defensa, son hostilizados, estigmatizados y criminalizados al ejercer su derecho a la protesta social.

 

Foto: El Comercio

El día de ayer se derramó líquido de un camión convoy que tuvo un accidente en la carretera de Yuricancha en Apurimac, este que emana un fuerte olor y ha causado dolor de cabeza y mareos a pobladores que viven en la zona donde ocurrió el derrame. A 100 metros del lugar donde ocurrió el hecho, se encuentra la institución educativa 50675 Yuricancha, por lo que se tuvo que evacuar a los niños que se encontraban en clase.

Edwin Huillca, secretario comunal de Yuricancha, señaló que no es la primera vez que ocurren estos incidentes y lamentó la escasa información para la población. Se refirió también a un anterior derrame en Pisacasa, en el que la Policía y la Empresa tomaron pruebas y no dieron los resultados.

Huilca ha declarado que: “lo han regado con las cisternas y al regar ha embarrado peor y al pasar el carro está levantando la polvareda y esa contaminación es la que nosotros respiramos. Ya no podemos permitir más estos atropellos”.

Este tramo de la carretera, que pertenece al Corredor Vial Apurimac- Cusco- Arequipa, se encuentra bajo Estado de Emergencia luego de la última prórroga del pasado jueves 12 de abril. RED MUQUI emitió un pronunciamiento hace unos días señalando su preocupación por la prórroga del Estado de Emergencia que recorta derechos a las comunidades.

circuló un comunicado de la empresa Las Bambas donde descarta cualquier vinculación con el incidente.

Por su parte, OEFA mediante un comunicado de prensa informó que 

"El personal del OEFA verificó que el área afectada es de aproximadamente 500 metros lineales de suelo. Asimismo, se constató que personal de la empresa minera MMG Las Bambas, que indica no ser responsable del derrame, viene realizando acciones de limpieza en la zona a solicitud de los ciudadanos de Yuricancha. El OEFA, como autoridad de fiscalización ambiental, tomó muestras de suelo en la zona del derrame para determinar el grado de afectación"

El Grupo Perú, Ambiente y Clima, plataforma de la que forma parte RED MUQUI, junto a otras instituciones de la sociedad civil que velan por la protección del ambiente, enviaron una carta al presidente Martín Vizcarra. En la misiva saludan la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climática por unanimidad en el Congreso de la República y solicitan que el Ejecutivo la apruebe a brevedad posible.

"Consideramos que la aprobación de esta Ley tiene el potencial de ser el primer paso para alcanzar un marco normativo que establezca principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar las politicas públicas en adaptacion y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de participación de los pueblos indígenes u originarios", señala la carta.


El Ejecutivo tiene 15 días útiles para promulgar leyes aprobadas por el Congreso. El Plazo de la Ley Marco de Cambio Climático se cumple este 24 de abril. La carta enviada al presidente ha sido respaldada por 150 instituciones y organizaciones sociales, activistas, iglesias, ONGs preocupadas por que se tomen desiciones estatales en favor del bienestar social y del ambiente.

Carta Abierta al presidente de la República/ Grupo Ambiente y Clima by prensamuqui on Scribd

Así lo afirmaron organizaciones sociales y ciudadanos en un encuentro donde participó Máxima Acuña, dirigenta social de Cajamarca.

Ante la noticia de que la empresa minera Southern Perú iniciaría operaciones en el Valle del Tambo en el primer trimestre del año, diversas organizaciones de la zona se declararon en alerta y refirmaron su oposición al proyecto Tía María.

Como informaron el Diario La República y El Búho, el fin de semana se realizó el encuentro nacional: "Valle de Tambo, resistencia y lucha por la vida", donde participó Máxima Acuña. La agricultora, y mujer símbolo de la resistencia social al proyecto minero Conga, estuvo en Arequipa para apoyar la resistencia de los comuneros del Valle de Islay.

“Los campesinos queremos vivir tranquilos. Vivir en paz. Que se respeten nuestros derechos. Si no se van, tenemos que defendernos y luchar. La lucha es justa”, declaró para El Búho, Máxima Acuña.

Cabe resaltar que Southern está tratando de ingresar a la zona y trasladó una de sus plantas sin autorización. El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirmó al respecto que que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

Por su parte, en el último estudio que realizó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, se determinó que las lagunas de Mejía y la zona agrícola del valle de Tambo son las zonas de mayor fragilidad, una minería no responsable podría afectar gravemente este ecosistema.

El día de ayer se difundieron varios videos donde se daba a conocer una supuesta compra de congresistas de parte del Bloque de Kenji Fujimori para beneficio del ejecutivo y con el fin de evitar la vacancia presidencial. En uno de los videos de habla sobre el amarre de corrupción y lo “rápido” que pueden salir los proyectos con la venia de la Presidencia del Consejo de Ministros. Este trato “preferencial” contrasta con el que se da a la comunidades o poblaciones cuando solicitan reuniones con el Ejecutivo para atención de emergencias como atención de salud por intoxicación o remediación de pasivos ambientales.

El congresista Bienvenido Ramírez afirma en uno de los videos: “En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, evidenciando de esta forma arreglos internos y acuerdos bajo la mesa para facilitar beneficios personales.

En contraste, en otras situaciones, los ministerios han dado largas a procesos de diálogo, atención en salud, etc. El caso de los afectados por metales tóxicos es un ejemplo. Ante la indiferencia de las autoridades, familias del distrito más afectado por la minería en Cerro de Pasco se encadenaron en las rejas del Ministerio de Salud. Desde el 2012, que se declaró Emergencia ambiental, se venía exigiendo la atención primaria y especializada de las personas, especialmente niños, afectados por metales tóxicos, una clínica de desintoxicación, entre otros, pero cinco años después no había mayores avances.

Otros afectados por metales tóxicos de Espinar, Chiriaco, Junín, San Mateo, Cuninico han solicitado reuniones con ministerios. El 28 de enero pasado estuvieron esperando 3 horas afuera de la oficina del ministro Salinas para poder agendar una reunión, que luego fue reprogramada. Ante esta indiferencia del Estado,  el ingeniero economista y especialista en conflictos sociales, Juan Aste Daffos señala que “al gobierno no le importa lo que digan las comunidades, va querer llevar a cabo los proyecto sí o sí”. Agregó que se prioriza la extracción del mineral por encima del bienestar de las poblaciones. “Al final todo está amarrado”, afimó.

Plataforma Nacional de afectados y organizaciones de sociedad civil esperan participar en propuesta 
Hoy miércoles 7 de marzo,el MINSA publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial N° 168-2018-MINSA que crea la Comisión Sectorial para elaborar y proponer la Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas.

La norma establece qué hay 5 días hábiles para instalar la Comisión luego de la publicación, y luego de ello 60 días hábiles para plantear la propuesta. 
Consideramos desde RED MUQUI que es un avance importante el logrado, luego de la incidencia realizada por la recientemente conformada Plataforma Nacional de afectados/as por metales tóxicos que integra 9 regiones que sufren los impactos de contaminación por metales tóxicos, en especial provenientes de las actividades extractivas, y luego de la reciente protesta de los afectados de Cerro de Pasco, que el pasado 1° de marzo se autoconvocaron en el MINSA ante los continuos incumplimientos de acuerdos, y suscribieron un acta en la que el MINSA se comprometió ha proponer ls citadas políticas de salud en 30 días, y no en 60 días como ha ocurrido. 
Esperamos que el gobierno cumpla los plazos establecidos, pese a que no fueron los acordados, pero también que incluya en la citada Comisión, no sólo a instancias del Estado, sino a la propia población organizada a nivel nacional en la Plataforma Nacional de afectados en salud por metales tóxicos, y a la Mesa Técnica que acompaña dicho proceso, que tiene propuestas que han sido presentadas al MINSA y a todas las instancia competentes en materia de salud, y que deben ser consideradas en la discusión de la propuesta que trabajarán las entidades del Estado.

RM_ N° 168-2018 MINSA Politica Nacional Atencion Integral Metales by prensamuqui on Scribd

El 20 de febrero 2018, se inició la campaña Rexistir - Tejiendo Cuerpos Territorios, promovida por la Red Latinoaméricana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales con la colaboración de los socios Enginyeria Sense Fronteres, Grufides y Catapa. La campaña busca visibilizar y denunciar ante la opinión pública y tomadores de decisiones a nivel regional y global, las múltiples y sistemáticas violencias cometidas, con total impunidad, por el sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial, a través de sus proyectos mineros, contra las defensoras  de América Latina, sus comunidades y territorios.

La campaña consiste en material audiovisual alojado en una plataforma web www.rexistir.com y artículos de opinión que retratan las diferentes formas de violencias hacia los territorios y cuerpos de las defensoras en contexto extractivista en América Latina. A partir del 20 de febrero de 2018, podrán descubrir semanalmente en las redes sociales de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensora y Grufides, los testimonios de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales de Latinoamérica que han tenido el coraje de denunciar las estrategias empleadas por las empresas y Estados para vulnerar sus derechos. A partir del 26 de febrero al 01 de marzo 2018, se inicirá una gira europea de incidencia y sensibilización de la campaña en distintos espacios de decisión, educativos y culturales.

* * *

REXISTIR, como palabra sensibilizadora en esta campaña recoge el sentido de la RESISTENCIA histórica de los pueblos y las mujeres frente al modo de vida capitalista y patriarcal y los efectos de destrucción socioambiental que genera. Una resistencia que DEFIENDE otros modos de vida dignos, justos y armónicos entre humanidad y naturaleza, entre géneros y entre pueblos, con la que se gesta procesos de organización y defensa territorial, como también de defensa de los derechos de las mujeres frente a las violencias. Entendemos que tejernos desde nuestros cuerpos-territorios en América Latina, es RESISTIR a la nueva colonización del extractivismo, reivindicando nuestras memorias, luchas y alternativas de Buen Vivir como mujeres, es por lo tanto crear nuevo mundo, es REXISTIR.

Las mujeres defensoras de Abya Yala pensamos el cuerpo como nuestro primer territorio y al territorio lo reconocemos en nuestros cuerpos: cuando se violentan los lugares que habitamos se afectan nuestros cuerpos, cuando se afectan nuestros cuerpos se violentan los lugares que habitamos

(Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo).

El extractivismo es un modelo económico y político capitalista neoliberal basado en la extracción, usufructo y mercantilización de elementos, cuerpos, ciclos y funciones de la naturaleza. El extractivismo se basa en una cultura patriarcal, ya que existen paralelos culturales, históricos y simbólicos en los patrones de dominio de las mujeres y la naturaleza, por la cual a ambas históricamente han sido sujeto de dominación, control y explotación.

El sistema capitalista extractivista, patriarcal y colonial no puede funcionar si es que al mismo tiempo no mercantiliza, despoja y usufructúa los cuerpos de las mujeres y los tejidos sociales que reproducen la vida.

Las violencias que este sistema ejerce hacia nuestros cuerpos-territorios son múltiples y vulneran los derechos, en particular el de las mujeres que los defienden. El extractivismo conlleva la devastación ambiental y a la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones, violando el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la propiedad, la alimentación, al trabajo y a gozar de un ambiente sano, además, socava los derechos a la participación, a la protesta y a la libertad de expresión, de reunión y asociación.

Por ello se hace necesario visibilizar estas violencias y denunciarlas públicamente para velar por el cuidado, protección y defensa de nuestros cuerpos-territorios.

PÁGINA DEL PROYECTO: http://www.rexistir.com/

Primera parte

Saúl Juárez es un ex trabajador minero que denunció la empresa minera Antamina por afectar su salud. A fines del año pasado, pese a las pruebas médicas y las sanciones que tiene la empresa de parte del Estado, una Jueza desestimó la demanda. 

“Todos sabemos que la vida del minero es corta”, dice Saúl resignado.  Ha recibido una mala noticia.

Saúl tenía un trabajo de alto riesgo, operaba en la entrada del Tajo de Antamina en Ancash. En el 2005, cuatro años después de su ingreso a la mina, empezó a decaer, enfermarse por todo, hasta que su cuerpo no resistió más.  En el 2009, la gerencia de Antamina citó al trabajador para despedirlo y asegurarle que lo apoyarían. “Se hicieron los buenos para que no los denuncie”, afirma Saúl. Después de ello, poco a poco la empresa se fue desentendiendo de él.

En el 2011 cuando le dieron la noticia que tenía cáncer, Saúl preparó a su esposa para contarle la verdad. No había vuelta atrás, pero sospechaba que sus problemas y el de otros compañeros estaban relacionados con el trabajo de exposición a arsénico, cadmio, plomo, manganeso, cobre, todos metales tóxicos.  Por eso, decidió hacerse pruebas médicas especializadas y solo mediante un examen especial denominado metalograma se pudo determinar que Saúl tenía hasta 10 tipos de metales tóxicos en su organismo.

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A la casa de Saúl ha llegado la notificación de la Jueza Rosmery Velásquez Cano, su denuncia contra Antamina ha sido desestimada sin tomarse en cuenta todas las pruebas presentadas. El gigante parece haber ganado y Saúl, no sabe si molestarse o ponerse a llorar. Tiene cáncer, la sala llena de documentos sobre la cantidad de metales pesados que tiene el cuerpo “y el Poder Judicial ha decidido no creer” dice Juárez.

¿Cómo era trabajar en Antamina? Saúl recuerda que tenía esperanza en ascender, en lograr un mejor sueldo para pagar su casa, los estudios de sus niños. Poco a poco, la mina le fue quitando las esperanzas. Ahora, que ha intentado acercarse a la gerencia, solo ha recibido negativas, “Y pensar que les dediqué mi vida”, dice.

Antamina es una de las empresas más grandes del país, de las mayores productoras de cobre. En el 2012 uno de los ductos de propiedad de la empresa se rompió ocasionando que toneladas de relave minero cayeran al río Ancash. OEFA sancionó con S/. 207 200,00 el incumplimiento de instrumentos de prevención por parte de la minera. En una investigación realizada por el portal de investigación y datos Convoca.pe en el 2015, Antamina figura, además, con una deuda de 13 millones de dólares al Estado en multas ambientales.

La minera no solo tiene sanciones por daños ambientales, sino, también, por no asegurar a los trabajadores. Mario Ríos, abogado que está llevando el caso de Juárez, afirma que la jueza no tomó en cuenta para dar su veredicto la multa que SUNAFIL le puso a Antamina hace 5 años por no asegurar a sus trabajadores condiciones adecuadas. Entre las sanciones que se le aplicó figuran: El incumpliendo sobre el registro de enfermedades medico ocupacionales, no hizo un monitoreo adecuado de los agentes químicos, incumplió en la implementación de equipos de protección personal y no informó adecuadamente sobre la seguridad y salud a sus trabajadores.

“Las observaciones de SUNAFIL demuestran que la minera no utilizaba los procedimientos adecuados y por tanto, el Sr. Juárez al estar expuesto a minerales sin la protección necesaria empezó a intoxicarse”, asegura Ríos.

Las condiciones de trabajo en las minas son duras, señala Saúl. Los trabajadores de Antamina están expuestos a polvo de diferentes minerales todo el tiempo. Es tan cotidiano, al punto que muchos de los compañeros de Saúl empezaron a presentar alergias. Pero no hicieron caso. A veces, la temperatura en la sierra norteña era de 32 grados, los trabajadores desprevenidos se quitaban las mascarillas, cuenta Juárez.

Cuando hablamos de arsénico, a Saúl se le escarapela la piel. El cáncer que tiene se llama Linfoma no hodgkin y está directamente relacionado ese metal tóxico, como lo señala la Organización Mundial de la Salud. “Si se realiza, en este momento, pruebas de salud a Juárez es obvio que no se va encontrar metales pesados en sangre u orina, pero las enfermedades que tiene Saúl son por acumulación de arsénico en el organismo”, señala Ricardo Puell, médico que lo atendió.

Ese es uno de los problemas que tiene la justicia peruana para atender adecuadamente casos como los de Saúl donde el problema de salud se presenta después de años de trabajo. “La jueza está pidiendo pruebas de salud, pero no ve el histórico, no hay mecanismos para velar por la salud de un trabajador expuesto a metales tóxicos después de terminado su tiempo de labor”, señala Javier Janhncke, secretario ejecutivo de RED MUQUI.

Durante el proceso tampoco se tomó en cuenta otros exámenes realizados a Juárez. La parte demandada solicito que quien realice los exámenes sea una entidad independiente. Sin embargo, el pedido no fue aceptado y se determinó, por el contrario, que Saúl se estaba negando a colaborar con la Justicia.

Antamina solo ha contestado a Saúl por medio de comunicados, el último, emitido en febrero del 2017, afirma: “que la Compañía Minera Antamina es una empresa responsable, basada en valores humanos, comprometida con sus trabajadores y el desarrollo del país. La difícil situación médica que atravesó nuestro ex colaborador Saúl Juárez, siempre fue tratada con sumo respeto y consideración”. En ese mismo comunicado, Antamina señala que brindó cobertura médica a Juárez hasta el 2016, posteriormente, el ex trabajador afirma que se desentendió y sobre su familia han caído los gastos médicos.

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¿Qué procede? Saúl ha tenido que reponerse y apelar a la sentencia sin mucha esperanza. Carga con una delicada salud que decae poco a poco. Su labor de defensa de los derechos de los trabajadores fue reconocida en el 2016, cuando el Congreso lo condecoró como Defensor Ambiental y le otorgó un diploma de parte de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

El defensor se está muriendo, dice mirando al suelo. Y luego agrega “Pero no podemos permitir que se niegue el daño que Antamina les ha hecho a sus trabajadores. Hay más casos, no soy el único.” Saúl es solo uno de otros tantos que entregaron años de trabajo y cuyas consecuencias de salud se empiezan a sentir en su jubilación.

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