Diversas organizaciones de mujeres y de organismos de derechos humanos del Cusco, del Perú y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM) manifestamos nuestra preocupación por los hechos que viene ocurriendo en la provincia de Espinar; se han iniciado actos de hostigamiento, acoso social y político en contra
de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, de modo particular contra la defensora Elsa Merma Ccahua, los ataques se han incrementado contra ella en los últimos años, a raíz de los cargos dirigenciales que ha ocupado en el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar – (FUDIE).

Consideramos altamente preocupante las campañas de desprestigio, estigmatización, difamación y violencia física que se viene dando hacia defensoras y defensores de derechos humanos y sus familiares.Esta lamentable campaña está siendo impulsada por parte de algunos ex dirigentes, trabajadores municipales y comunicadores de determinados programas radiales de la provincia de Espinar, quienes acusan sin pruebas a Elsa Merma de estar asesorada, manipulada y pagada por las ONG’s, incluso hasta de obedecer intereses personales y partidarios, con ello quieren deslegitimar su participación como lideresa en la provincia de Espinar. Todo esto ocurre en una provincia donde existen serias denuncias de corrupción al gobierno local, y cuestionamientos a la gran minería por afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas, entre otros.

Por ello las organizaciones firmantes denunciamos los actos de hostigamiento y acoso social y político que se vienen dando contra la Asociación de Defensoras del Territorio y la Cultura K´ana de Espinar, en especial contra la defensora Elsa Merma Ccahua; rechazamos la violencia hacia las mujeres que genera y/o exacerba la minería, creando un ambiente hostil donde las defensoras deben realizar su labor con el consecuente riesgo para ellas y sus familias.

Respaldamos y reconocemos el trabajo que desarrolla la Asociación de Defensoras del Territorio y Cultura K’ana y muchas otras mujeres de Espinar para defender sus derechos ante situaciones de injusticia y abuso de poder por parte de autoridades locales de turno y otros grupos de poder económico en la zona; así mismo demandamos a la Justicia Peruana, y las instancias que corresponde, garantizar el pleno ejercicio de derechos de las mujeres de Espinar, por lo que es indispensable se investiguen los casos denunciados por el FUDIE sobre hechos de corrupción en esa provincia.

Finalmente exhortamos a las organizaciones sociales de base y la población espinarense a reconocer el valioso aporte de las y los defensores de derechos humanos en la provincia de Espinar.

Espinar, 19 de febrero del 2018.

Firman:
– Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) Cusco.
– Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
– Red Muqui.
– Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM).

La empresa minera Southern Perú acaba de ganar la licitación de uno de los proyectos más importantes del norte, Michiquillay.  La agencia de noticias Andina, informó esta mañana que logró la buena pro tras superar la oferta de la minera Millpo. Sin embargo, la mineria tiene un largo historial social y ambiental.

En Arequipa, dirigentes de Islay como Miguel Meza y Catalina Torocahua afirman que hay oposición de parte de las comunidades al ambicioso proyecto Tía María de Southern. Ellos aseguran que la minera está presionando al Estado y a las comunidades para que se le den los permisos comenzar a operar en la zona, donde en el 2009, mediante una consulta vecinal, la población dijo No al Proyecto Tía María y decidieron apostar con la agricultura y agroindustria.

Al respecto, el Ingeniero economista Juan Aste Daffós escribió en una columna de opinión para Red Muqui que “Que en el caso del proyecto Tía María debe señalarse que la empresa y la consultora nunca han podido responder de manera sustentada las observaciones de UNOPS sobre el alto riesgo del impacto por el polvo que emanará del tajo La Tapada, ubicado a menos de 600 metros del valle de Tambo”. La empresa tampoco ha aclarado cómo será su manejo del agua, de forma que no afecte a los agricultores del valle, cuya economía se mueven en torno a la agroindustria.

Por su parte, en el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Southern Perú por medio millón de soles. El OEFA indicó que la dispersión del material particulado puede causar efectos adversos al ambiente, tal es el caso de la calidad de suelo y agua. “Si tiene contacto con el agua y la atmósfera húmeda es potencial generador de aguas ácidas”, cita el diario La República.

En Moquegua, donde Southern está a cargo del proyecto Quellaveco, hasta el 2015, la empresa tenía 9 multas ambientales que ascendían a 414,282 miles de dólares por diferentes infracciones ambientales entre las que estaban incumplimientos de usos de instrumentos ambientales. Hace poco se dio a conocer que la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando pruebas en el Río Torata, donde las comunidades afirman que hay contaminación minera, atribuida a la minera.

Tras la afirmación del viceministro de Minas, Ricardo Labó, que la empresa Southern Peru Copper Corporation habría mejorado su relación con la población de la zona de influencia del Proyecto Tía María, los dirigentes del Valle del Tambo contestaron que la posición de la población ya decidió no permitir el ingreso de la empresa a la zona.  Una movilización ha sido convocada para esta tarde.

“La empresa no ha intentado acercarse de buena forma, por el contrario, regalan cosas: tanques de agua, cemento. Son como los candidatos, incluso ofrece trabajo para poder ejecutar Tía María, pero la población no apoya el proyecto”, declaró a RED MUQUI, Catalina Torocahua Muñoz, ex presidenta del Frente amplio de defensa de los intereses de desarrollo de la provincia de Islay.

“Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo el permiso para la etapa de construcción. Nosotros rechazamos esto y vamos a realizar una marcha. Queremos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, comentó Miguel Meza dirigente del Valle del Tambo.

En la página de “Valle Unido”, espacio donde se publica información sobre el trabajo de responsabilidad social de la empresa, se han difundido fotos sobre reiteradas campañas de salud que está realizando la minera. “Parece una campaña política, tratan de convencer por todos lados para obtener los permisos, pero la población va permanecer firme en su decisión, a pesar de que se nos ha perseguido”, declaró Catalina Torocahua.

Por su parte, el economista, Juan Aste Daffós, asegura que Southern está presionando para ingresar a la zona porque este año se ha visto beneficiada por el alza del precio del cobre. “El 2017 obtuvo 1,471.8 millones de dólares de utilidad neta, 89.5% más que el 2016, por eso, han reforzado una campaña para intentar apurar proyectos sin licencia social como Tía María”, aseveró el analista.

El secretario de Red Muqui, Javier Janhcke afirma que “Southern está trasladando su Planta de Beneficio sin realizar al menos una modificación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solo a través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), que es aplicable para actividades de menor envergadura, al final, no sabemos cómo se podría repercutir en la zona”.  Con este comportamiento, se genera un escenario de mayor conflictividad.

El Defensor del pueblo de Arequipa se ha pronunciado y declaró al diario La República que “Es tarea de los gobernantes dar pie al diálogo anticipando un conflicto como el que sucedió en 2015”.  Los dirigentes, por su parte, afirman que se debe respetar la decisión de la población de Cocachacra que en un 95% votó, en una Consulta vecinal realizada en el 2009, por la defensa de su modelo económico basado en la agricultura y agroindustria. 

Culminó la semana de actividades de Papa Francisco en el Perú, y sus palabras dejan una estela de temas pendientes de tratar en nuestro país.

Desde RED MUQUI queremos rescatar los temas de respeto a nuestros pueblos originarios, minería legal e ilegal y corrupción, entre los muchos que nos ha planteado Su Santidad.

Es lamentable que haya tenido que venir una figura emblemática de la Iglesia Católica, para que recién nuestras autoridades, grupos de poder económico y periodistas, consideren estos temas como parte de nuestra agenda nacional. Muchas veces cuando se habla de ellos, han tildado a quienes los proponen como quienes están contra el desarrollo, contra las inversiones o incluso de ser terroristas, con la grave connotación que tiene ello en nuestro país. Evidentemente se ha buscado desprestigiar éstas propuestas y demandas, porque son incomodas para el gobierno y los intereses económicos. Pero, ésta vez no se han atrevido a decirle lo mismo al Papa, al contrario, como él los plantea ahora, si son temas de agenda pues.

Pero lo importante ahora es que efectivamente se aborden éstos temas y se incorporen en la agenda nacional, en la discusión sobre el futuro del Perú y el modelo de “desarrollo” económico que hoy nos rige, y no sólo quede como un mensaje y anécdota de la semana en que Papa Francisco nos visitó.

El problema es que la duda queda de que tanto habrá calado el mensaje del Papa en nuestras autoridades, cuando sólo un día después que Papa Francisco dejara nuestro país, luego de su mensaje a los pueblos indígenas y originarios en Puerto Maldonado, el Congreso de la Republica promulga la Ley 30723, que declara de prioridad e interés nacional la construcción en zonas de frontera en Ucayali, en los territorios de comunidades nativas, sin consultarles previamente ni considerar el llamado que hiciera Yesica Patiachi Tayor representante del pueblo Harakbut, quien delante del Papa Francisco, y con el Presidente Kuczynski en primera fila, le pidió “que nos defienda”. “Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestros territorios de distintas formas. Si logran quitarnos nuestro territorio, podemos desaparecer”, les dijo. Ojala todo no quede en anécdota y el buen recuerdo.

El gobierno del Presidente Kuczynski, presionado por los intereses económicos, en lugar de priorizar la eliminación de garantías para las tierras de las comunidades como ha hecho con el Decreto Legislativo 1333, y antes con las leyes 30230 y 30327, debe abordar con prioridad la problemática de los pueblos indígenas u originarios, eliminando los riesgos que sufren sus tierras más bien, facilitando la aplicación de la consulta previa antes de imponerles un supuesto “desarrollo”.

Como ha dicho Papa Francisco en Puerto Maldonado “No son un modelo de vida de antaño, son un modelo de vida que debemos recuperar “, refiriéndose a los modos de vida de nuestros pueblos indígenas y originarios, de quienes debemos aprender para cambiar nuestras perspectivas de vida frente al modelo de desarrollo actual, basado en “el neo extractivismo y la fuerte presión de intereses económicos”, como cito el Papa en su mensaje.

El tema de la minería informal es otro tema de importancia, por los graves impactos ambientales como la desaparición de bosques y de salud de las personas que genera con la contaminación, y sociales que deja como la trata de personas, que es el que especialmente ha denunciado Papa Francisco en Puerto Maldonado.

Pero es el gobierno que con sus decisiones facilita que no se formalice la minería informal. Sólo le interesa que lo haga por el aporte económico que puede brindar con los impuestos, pero con los decretos legislativos 1244, 1293, 1320 y 1336, facilita que las empresas mineras “formales”, mantengan el circulo vicioso de la minería informal, permitiendo que se mantengan operando en las concesiones de las que son titulares, y se elimine el delito penal con el solo hecho de presentar declaraciones juradas sobre los permisos para uso de tierras donde operan, y las medidas ambientales que van a tomar, sin considerar que no hay niveles de fiscalización adecuados a nivel regional. 

El tercer tema que nos plantea dar seguimiento Papa Francisco es el de la corrupción. En el sector minero se evidencia en las denominadas puertas giratorias. Ingresan funcionarios de empresas mineras al sector público minero, y aprueban estudios ambientales, sociales y de factibilidad, de grupos económicos en los que han prestado servicios, o luego son contratados por las empresas a las que les aprobaron dichos estudios. El sector público también, en algunos sectores, realiza estudios para empresas financiados por ellas.

Son temas de agenda que a los que es necesario dar seguimiento, en base a una premisa planteada por el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si: “Los seres humanos y la naturaleza no pueden estar al servicio del dinero”.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

La Fiscalía de Arequipa formalizó, hace unos días, la denuncia contra dirigentes sociales que protestaron contra el Proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper Corporation.  A todos se les acusó por Asociación ilícita para delinquir. RED MUQUI conversó con 4 de ellos, quienes argumentan que se le está implicando sin pruebas, con ánimo de generalizar y criminalizar la protesta.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez responden que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirma que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró. 

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados. 

Por su parte, el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke advierte: "nos preocupa la formulación de esta denuncia porque sería un primer caso en que se aplique el tipo penal de asociación ilícita para delinquir en el marco de una protesta legitima por la defensa de la propiedad de tierra, la actividad agrícola como actividad fundamental y la decisión sobre su propio modelo de desarrollo. Esto podría sentar un precedente en la criminalización de próximas movilizaciones”.

Miguel Meza, dirigente de Islay, informó que mañana se realizará una movilización pacífica en Cocachacra en oposición a las presiones que está ejerciendo la empresa minera Southern para para obtener la autorización de parte del Ministerio de Energía y Minas para el inicio operaciones. “En cada casa se ha colocado una bandera en señal de que nosotros no queremos el proyecto minero Tía María. Mañana vamos a comenzar la primera marcha pacífica del 2018, porque Southern va reubicar su planta en el sector de Cachendo y está exigiendo que le faciliten el inicio de la etapa de construcción.  Rechazamos estas presiones de la empresa y exigimos que la ministra de Energía y Minas nos escuche”, puntualizó Meza.

El Papa criticó la forma en como se está amenazando hoy en día, la existencia de las comunidades campesinas y nativas esta mañana en el “Encuentro con los Pueblos de la Amazonía” que se realizó en Puerto Maldonado, al que asistieron comunidades andinas y amazónicas del Perú y de Ecuador.

En el coliseo, como asistente en primera fila, estuvo presente el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien también pudo escuchar los testimonios de los representantes de las comunidades quienes dieron a conocer sus sufrimientos por los impactos que generan las actividades extractivas minera y petrolera, planteando sus demandas y problemas con la esperanza que Papa Francisco pueda pronunciarse al respecto.

Los representantes de los pueblos originarios contaron la situación de vulnerabilidad que padecen. “Sufriremos cuando envenenen y malogren nuestros ríos convertidos en aguas negras de la muerte”, refirió Yesica Patiachi Tayor representante del pueblo Harakbut.  “Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestros territorios de distintas formas. Si logran quitarnos nuestro territorio, podemos desaparecer”, afirmó la representante Harakbut

Tras escucharlos, el Papa Francisco se refirió al extractivismo que está dañando a las comunidades.  “He querido venir a visitarlos y escucharlos. Reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, de la Tierra, defensa de la cultura”, comentó. “El neo extractivismo y la fuerte presión de intereses económicos” afectan a los pueblos originarios, afirmó. “Los grupos económicos negocian para acaparar las tierras y para los pueblos originarios los recursos naturales se vuelven inaccesibles”, dijo refiriéndose a la problemática por el territorio.

El Pontífice hizo referencia al dialogo intercultural, lo asume como necesario, “principalmente en grandes proyectos que afecten sus espacios”. Resalta el dialogo como el camino contra la exclusión y la discriminación. Hizo un llamado a que se den políticas en salud intercultural para atender a los pueblos originarios.

“Para algunos, ustedes son considerados un obstáculo, ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado que es cuidar la casa común”, acotó. “No son un modelo de vida de antaño, son un modelo de vida que debemos recuperar “, dijo en referencia a la preservación de costumbres y modelo de vida de los pueblos andino-amazónicos, que más que desechar y despreciar, debemos resaltar por su respeto a la naturaleza, por buscar el bien común y poner a la persona como centro.

Cabe recordar, que RED MUQUI y la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, enviamos una carta al Papa Francisco por medio de la Nunciatura Apostólica el pasado 15 de diciembre, donde le dimos a conocer la problemática ambiental minera que viven las comunidades campesinas y nativas en el país, evidenciando las contradicciones del gobierno peruano que busca desregular en materia ambiental y eliminar las garantías de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, en favor de los intereses económicos, todo lo contrario al mensaje de Papa Francisco, que llama al respeto de la tierra de los pueblos originarios y de nuestra naturaleza.

"Solo durante el presente gobierno del señor Kuczynski, entre octubre 2016 y marzo 2017, el gobierno emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de su objetivo, estos cambios en los marcos normativos han propiciado un clima de conflictividad social en el país, porque la mayoría de estos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general", indicaba nuestra carta.

“Existe la imposición de una serie de actividades económicas en países como el Perú que es visto geopolíticamente sólo como un productor de materias primas a bajo costo y de trabajo barato, funcional a los países industrializados”, suscribe Red Muqui.

La carta también da a conocer aspectos, recogidos hoy por el Santo Padre, sobre las alternativas al desarrollo que tienen las comunidades. “Los pueblos indígenas y comunidades, no quieren que se les siga imponiendo un modo de vida. Quieren vivir respetando la naturaleza de la que son y se sienten parte, quieren vivir de sus actividades económicas ancestrales, que también son las que mantienen nuestra canasta familiar a nivel nacional, como la agricultura familiar y la ganadería”, agrega.

Esperamos que el mensaje de Papa Francisco hoy, haga reflexionar a nuestras autoridades y a los grupos de poder económico, que en realidad con la presión que ejercen son los que gobiernan el país, para que entiendan, como ha dicho el Papa Francisco en su momento a los movimientos populares que debemos decir “NO a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye”.

Desde RED MUQUI insistimos en el llamado de Papa Francisco por el respeto de las tierras de nuestros pueblos originarios, por la existencia de nuestras comunidades ancestrales, y por priorizar el cuidado del ambiente que nos rodea, pues todos somos parte de una misma naturaleza que nos integra. 

El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

El día 11 de enero mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM, el gobierno del presidente Kuczynski, una vez más declaró en Estado de Emergencia el Corredor Vial Apurímac – Cusco y además Arequipa por 30 días. La zona de Apurímac-Cusco-Puno, justamente es la denominada por Red Muqui y sus instituciones miembros en el Sur como “el corredor minero”, por la realización de una serie de proyectos mineros a los largo de las carreteras que unen dichas regiones, que generan una serie de impactos acumulativos en la naturaleza, el ambiente y la salud de las personas, sin que haya institucionalidad ambiental que fiscalice adecuadamente la situación, y un Estado que garantice el derecho a la propiedad y posesión ancestral de las tierras de las comunidades campesinas, generando conflictividad social a la que el gobierno no ha sabido dar respuesta hasta la fecha, sin voluntad para un diálogo participativo e informado, y ante las protestas teniendo sólo como reacción la declaración de estados de emergencia, con la subsecuente suspensión de ciertos derechos y la represión de las fuerzas del orden. Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, institución miembro de Red Muqui, ha puesto en claro que la zona que ha sido declarada en estado de emergencia comprende 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, que es una vía donde se presentan constantes manifestaciones de las poblaciones locales frente a empresas mineras como: MMG Las Bambas, HudBay, Glencore, entre otras, para exigir que se les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos. Por esta vía transitan más de 500 vehículos por día y sumado a esta problemática los accidentes se están volviendo más frecuentes en este corredor vial.

La región Arequipa, también en estado de emergencia, no ha estado ajena a ello. La insistente imposición del proyecto minero Tía María de parte del gobierno y de la empresa Southern, pese a los graves y demostrados riesgos al ambiente, al agua, a la actividad agrícola y agroindustrial que conlleva, y con ello a la salud de las personas, ha generado la entendible reacción de los agricultores del Valle del Tambo, pero no hay ninguna voluntad de diálogo sincero del gobierno, con escucha y comprensión, sino con indiferencia, rechazo y reiterada “mano dura”. Por todo ello, desde Red Muqui manifestamos nuestra profunda preocupación por las prácticas autoritarias e inconstitucionales que viene tomando el gobierno del presidente Kuczynski frente a los conflictos sociales que vienen sucediendo en gran parte de nuestro país. La medida tomada por la PCM es lo que se ha denominado estado de emergencia “preventivo” y que tiene un carácter claramente inconstitucional ya que ordena suspender derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio sin que se cumplan los requisitos constitucionales para ello, pues no nos encontrarnos ante casos de perturbación de la paz o del orden interno, ni de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.

La potestad del Estado peruano para las declaratorias de Estados de emergencia no es una potestad discrecional sino que debe responder a un análisis de proporcionalidad para que esta medida sea constitucional, por el contrario lo que advertimos es una reiterada práctica abusiva de restricción del derecho a la protesta que legítimamente pueden ejercer las comunidades afectadas por actividades extractivas. No es la primera vez que el Ejecutivo decide declarar estado de emergencia sin justificación razonable. Ya anteriormente han existido dos prórrogas en las zonas de Apurímac y Cusco, ahora con la presente declaratoria, se extiende esta medida a una vía de transporte estratégica para facilitar el desarrollo de un proyecto minero como Las Bambas. Consideramos que lo mencionado evidencia la intención del Estado de mantener el control de este territorio haciendo uso de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando sobre el uso de la fuerza y la acción de las Fuerzas Armadas , que se tienen que limitar al máximo en contextos de protesta social por el grave riesgo que corren la libertad e integridad de las personas.

Las organizaciones que conforman Red Muqui, junto a la Red Latinoamericana Iglesias y Minería enviaron una carta al Papa Francisco que busca resaltar su llamado al cuidado de la Casa Común y dar a conocer las problemáticas ambientales y sociales que viven las comunidades campesinas a raíz de las decisiones políticas del gobierno peruano.  El Sumo Pontífice llegará a Lima este 18 de enero y recorrerá tres regiones: Lima, La Libertad y Madre de Dios. Se espera que en su mensaje se incluya su preocupación por el respeto a las comunidades campesinas y nativas, y la protección de nuestro planeta Tierra.

En la encíclica Laudato Sí, publicada en el 2014, que plasma la postura del papa Francisco contra el consumo y abuso de la naturaleza. Allí, el Papa habla sobre los problemas ambientales, afirma que la causa principal del calentamiento global es la propia acción del ser humano, y ante ello, es necesario cambios “profundos” en los estilos de vida, modelos de producción y consumo. Critica el consumo masivo de bienes y hace un llamado a no seguir desgastando el planeta.

Red Muqui resalta, en la misiva, que el gobierno peruano actúa de forma incoherente al mensaje papal en la encíclica Laudato Sí. De forma que “se establecen políticas medioambientales que son permisivas frente al daño ambiental y social”.

"Solo durante el presente gobierno del señor Kuczynski, entre octubre 2016 y marzo 2017, el gobierno emitió 112 decretos legislativos, 65 de ellos aprobados bajo la consigna de reactivar la economía. Lejos de su objetivo, estos cambios en los marcos normativos han propiciado un clima de conflictividad social en el país, porque la mayoría de estos vulnera derechos fundamentales de comunidades y población en general", se añade en la carta.

Red Muqui reitera la preocupación de la sociedad civil por la forma en que el gobierno ha actuado irresponsablemente con el medio ambiente al flexibilizar estándares de calidad ambiental para facilitar inversiones en desmedro de la vida y salud de las personas.

Se concluye en la carta: “Esperamos en nuestro corazón que la presencia y mensajes de su santidad Papa Francisco en el Perú, contribuyan a mostrar que la responsabilidad de lo que ocurre en el Perú con la contaminación minera, es una responsabilidad compartida de las empresas mineras y del gobierno peruano”.

La misiva ya fue canalizada a la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica en diciembre. Se le hará llegar al Papa Francisco a su llegada al Perú el18 de enero.

El 17 de enero Red Muqui realizará el foro “Papa Francisco te esperamos escuchar” en Trujillo (Centro Cultural del Banco de la Nación: Calle Orbegoso N° 652), donde se expondrán detalles de la carta y se presentarán testimonios de comunidades afectadas.

Por su parte, a nivel nacional el 20 del mismo mes, un colectivo de organizaciones, entre ellas Red Muqui, están organizando una Vigilia por la Tierra y nuestros derechos. La actividad principal será en Lima desde las 5 de la tarde en el frontis la Nunciatura Apostólica, cuadra uno de la Avenida Salaverry, donde descansará el Papa Francisco.

Lee la carta completa AQUI

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